En Chile, se conmemora el quinto aniversario del Estallido Social. El 18 de octubre de 2019, se registraron masivas protestas en la capital; aunque hoy por hoy, la discusión se centra en las imágenes de destrucción y actos de violencia que se vivieron en ese período. Las violaciones de derechos humanos, debido a la escalada de violencia policial y la destrucción indiscriminada, especialmente en el centro de la región Metropolitana, siguen marcando la memoria reciente de esos días, en los que 34 personas perdieron la vida.
En el debate actual, a menudo se ignora que el levantamiento del 18 de octubre no fue un hecho aislado, sino la culminación de un largo proceso de insatisfacción de la población chilena, que se gestó durante décadas y se expresó en diversas movilizaciones. Un ejemplo claro son las protestas estudiantiles de 2006 y 2011, cuando estudiantes y escolares llevaron a las calles su legítima crítica al sistema educativo privatizado, que limita las oportunidades de movilidad social para los hogares de menores recursos y profundiza la extrema desigualdad en el país.
“Chile despertó” y las demandas por una democracia moderna
Las masivas manifestaciones de hace cinco años se dirigieron contra todo el sistema y su política, que, aunque había sido parcialmente ajustada desde el retorno a la democracia, no había cambiado fundamentalmente en su núcleo neoliberal. Los millones de personas en las calles, provenientes de todos los sectores de la población, no buscaban una radicalización de las fuerzas polarizadas y rechazaban los actos criminales que ocurrieron durante las protestas. Sus voces exigían una democracia moderna, con instituciones capaces de atender las necesidades de la ciudadanía y promover el desarrollo del país.
Estas demandas de transformación estructural fueron abordadas tras los disturbios, que en algunos casos fueron violentos, con esfuerzos significativos. “Chile despertó” se convirtió en el lema que dio esperanza a la gente por un futuro más justo. Inicialmente, la tensa atmósfera del país se alivió con la firma de un acuerdo de paz por parte de los partidos democráticos, lo que allanó el camino para una nueva constitución. Al mismo tiempo, se impulsaron investigaciones judiciales sobre los delitos cometidos durante los levantamientos. Un aspecto destacable en este contexto fue la capacidad de respuesta de los tomadores de decisiones políticas, quienes reconocieron el peligro inminente y buscaron vías institucionales para negociar la viabilidad de las demandas de transformación.
Al principio, todo parecía avanzar positivamente: Gabriel Boric, candidato progresista, fue electo Presidente, y el primer proceso constitucional reflejaba la diversidad de la sociedad chilena. La convención, conformada por 155 miembros, fue elegida de manera paritaria y con una adecuada representación de los pueblos indígenas. Temas como la ecología, el feminismo y la plurinacionalidad se plantearon como ejes transversales en la redacción de la nueva Constitución.
La coexistencia de un gobierno progresista con la oportunidad de liberarse de la Constitución de la dictadura de Pinochet brindaba una excelente base para establecer un verdadero Estado de Bienestar. Esto implicaba repensar los sistemas de pensiones, educación y salud, al mismo tiempo que se reconocían los límites planetarios. Además, dada su riqueza en recursos naturales, Chile debería redefinir su papel en la necesaria neutralidad climática global mediante asociaciones internacionales innovadoras y equitativas.
En este contexto, no se puede olvidar la pandemia de COVID-19, que irrumpió en una sociedad chilena en transformación. A partir de ese momento, las personas se enfrentaron a restricciones extremadamente severas en comparación con el resto del mundo. Las masivas protestas se volvieron imposibles debido a las medidas de cuarentena, y muchos hogares que ya vivían al borde de la subsistencia debieron afrontar la posterior crisis económica.
Los procesos de cambio institucional continuaron, pero enfrentaron retrasos debido a los aplazamientos electorales. Por diversas razones, el primer proceso constitucional fracasó, y la responsabilidad pasó a los partidos (ultra)derechistas para un segundo intento de redactar una nueva Constitución. Después de que este también fue rechazado por la población, en Chile emergió una fatiga hacia los cambios sistemáticos fundamentales, dando la impresión de que el país había regresado a su "business as usual".
Destellos de esperanza en la “Realpolitik” del gobierno actual.
El gobierno de izquierda progresista ha tenido que forjar amplias alianzas con los partidos tradicionales de centro-izquierda para implementar destellos de esperanza en la política real, a pesar de no contar con mayorías en el parlamento. Esto incluye, sobre todo, la agenda de seguridad, que responde al aumento de las tasas de criminalidad y aborda de manera seria la sensación de amenaza en la sociedad. Además, se ha reducido la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas y se ha elevado el salario mínimo a 500 euros. Otro destello de esperanza ha sido la introducción de royalty minero, que generan ingresos fiscales municipales y permiten un desarrollo autónomo en las áreas rurales, fomentando así la necesaria descentralización del país. En el ámbito de la política climática, Chile se ha posicionado como un líder en la región de América Latina. Con la Ley Marco sobre Cambio Climático, introducida en 2022, la proporción de energías renovables sigue aumentando, y se espera alcanzar la neutralidad climática en 2050 y eliminar el uso del carbón para 2040.
Así, la política se refleja en la vida de las personas, pero está lejos del cambio sistémico demandado por las masivas manifestaciones de hace cinco años.
Las persistentes desigualdades del sistema chileno se han puesto de manifiesto en un reciente escándalo, considerado uno de los casos de corrupción más grandes en la historia del país. Este asunto afecta el corazón de toda democracia: la justicia. Mientras la investigación actual sobre el abuso de fondos y, especialmente, las relaciones de poder en el llamado caso Hermosilla acapara la atención pública, parece que, en esta fecha históricamente significativa, nada ha cambiado. Al mismo tiempo, el país se prepara para enfrentar elecciones municipales y regionales el próximo fin de semana. Será en este contexto donde se evidenciará qué fuerzas políticas logran movilizar más votos y si aún existe espacio para las transformaciones fundamentales que son urgentemente necesarias.
El deseo de justicia persiste
Según un reciente estudio del PNUD (https://www.undp.org/es/chile/publicaciones/informe-sobre-desarrollo-humano-en-chile-2024) de las Naciones Unidas, persiste un fuerte deseo de cambios profundos en el país. Esto abarca la búsqueda de mayor seguridad, la ampliación de los derechos sociales y un crecimiento económico responsable que respete los estándares ambientales y de derechos humanos. Sin embargo, la capacidad de las fuerzas políticas para satisfacer estas aspiraciones de transformación de la población, es altamente cuestionable, especialmente ante el creciente desinterés por la política. Hasta ahora, se carece de visiones comunes que orienten el futuro del país y de soluciones efectivas a los problemas planteados por los movimientos de transformación desde octubre de 2019.
Este panorama demanda una profunda reflexión sobre la necesidad de un Nuevo Modelo de Desarrollo que priorice el bienestar de la ciudadanía y la sostenibilidad ambiental. Desde la Fundación Heinrich Böll se propone avanzar hacia un enfoque que integre la justicia social y ambiental, con políticas públicas que respondan a las realidades de la población y fomenten la participación ciudadana. La construcción de un Chile armónico y justo depende de la capacidad para transformar el sistema actual y abordar los desbalances que persisten, estableciendo un futuro donde el desarrollo económico esté alineado con los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
En este contexto, la transición energética basada en energías renovables debe ser un pilar central, impulsando tanto la productividad como la electrificación, e incluyendo un enfoque inclusivo para abordar desigualdades históricas. Además, un Nuevo Modelo de Desarrollo debe priorizar la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, integrando prácticas de conservación en la estrategia económica de Chile. Esto implica garantizar el uso responsable de los recursos naturales y proteger los derechos de las comunidades locales e indígenas, cimentando así un camino hacia un Chile más justo, democrático y sostenible.