Hoy se conmemoran 5 años del estallido social que vivimos el 18 de octubre de 2019. La antesala a dicha fecha, las expresaban las palabras del expresidente Sebastián Piñera “Chile es un verdadero oasis dentro de una América Latina convulsionada en materia política”. Lo anterior es el reflejo del pensar de las élites económicas y políticas, quienes ratificaban ver a nuestro país como un vergel del desarrollo, con una economía pujante, llena de oportunidades, el que se destacaba por su orden al ser comparado con los pares Latinoamericanos.
Era tal la burbuja de que todo marchaba bien, que incluso ese año en el mes de noviembre se albergaría el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC sigla en inglés) y en el mes de diciembre la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP25), aquellos botones de muestra ratificaban el discurso de quienes detentaban el poder económico y político, teníamos las espaldas para llevar estos eventos de carácter internacional y nos colocaba a la altura de los países más desarrollados, por lo que se destacaba a viva voz, por quienes nos dirigían en ese momento.
Como toda burbuja, esta se reventó la tarde del 18 de octubre y días posteriores, develando que el oasis, solo era para una pequeña porción de personas en nuestro país, personas que poco conectaban con la realidad de la mayoría de chilenos y chilenas, teniendo como uno de los síntomas de la desconexión con la realidad, la concentración de la riqueza, “Según el informe World Inequality Report de 2022, el 1% más rico de Chile concentra el 49,6% de la riqueza total del país” por lo que el quiebre social mostraba los sinsabores que a diario se acumulaban en el general de la sociedad.
A su vez, vivimos en un modelo impuesto por la dictadura, modelo que enriqueció en extremo a la élite del 1% en nuestro país y que llevó a la mayoría de la sociedad a endeudarse para poder acceder a la salud, vivienda, educación y alimentación. Cabe destacar que este 1% concentra la mayoría de sus negocios, según Forbes, en los sectores de Finanzas, Minería y Forestal, por lo que además se relaciona con sectores basados en la extracción de recursos naturales, los que además profundizan la perdida de ecosistemas y conflictividad socioambiental que existen en las diversas regiones de nuestro país.
En estos cinco años, tras el estallido social, fuimos testigos de dos procesos constituyentes, el primer proceso, instaló las diversas problemáticas que la ciudadanía poseía con aciertos, dificultades, errores y diversos pulsos, se colocó en la palestra las desventuras que la sociedad debía vivir en torno a los derechos humanos sociales, económicos, políticos y ambientales, y pudimos conocer ampliamente la dura realidad que vive la población en un Chile urbano y rural, azolado por la contaminación y las desigualdades.
El segundo proceso constituyente, desde mi punto de vista, no debiese haber sido convocado, debido a que necesitábamos como sociedad poder digerir lo ocurrido con el primero. Dicho proceso se destacó por tener representantes en su mayoría de un Chile elitista, conservador, que no deseaba cambios reales, dado que avanzar en aquello implicaba mirar y releer aquellas cuestiones de fondo que necesitaban ser transformadas y que implicaban desconcentrar la riqueza, distribuir y balancear el poder, como también retornar a nuevo contrato social en el que se abordara nuestra relación con la naturaleza.
Actualmente nuestro país, y el mundo, requieren concretar medidas que permitan abordar la crisis climática y ecológica, la gravedad de ambas se hacen patente en el avance del traspaso de los limites planetarios descritos por el Centro de Resiliencia de Estocolmo, en 2009, se destacaba que se habían traspasado tres limites, 6 años después habíamos traspasado 4 y en 2023 tan solo 13 años después, el traspaso es de 6 limites planetarios de forma grave. El escenario que se comienza a dibujar es de una total vulnerabilidad, en donde tanto el mundo ecologista y científico, han hecho un llamado a la urgencia en las acciones que se deben tomar para abordar ambas crisis y la necesidad de generar transformaciones.
Los cambios de fondo que se necesitan en Chile en torno al escenario descrito anteriormente, se encuentran en foja 0, la Constitución que perdura no nos permite abordar los desafíos que ambas crisis nos colocan, un ejemplo de ello es el modelo de propiedad del agua, sumado a la profundización de una economía basada en la extracción de naturaleza que no conversa con un ordenamiento territorial, que pasa por alto a los ecosistemas y que se encuentra en una carrera de vender lo que queda al mejor postor.
La naturaleza es la base y sustento de la vida de todas las especies de nuestro planeta, el Informe Planeta Vivo en su versión 2024, documenta la grave y acelerada pérdida de biodiversidad, de continuar en dicha senda, vamos corriendo a ser testigos de la sexta extinción de masiva de especies, lo que tiene consecuencias gravísimas para nuestros sistemas de vida, es por ello que se requiere con urgencia revisar los cambios legales y de producción de nuestra economía si queremos generar una transición ordenada y justa.
Hoy la situación socioambiental, sin los cambios que se requiere, sumado a la demanda de los países desarrollados del norte global de materias primas y la priorización de la mitigación de dichos países, sin preocuparnos por medidas de adaptación y soluciones basadas en la naturaleza del nuestro, propician el escenario perfecto para el empobrecimiento de la ciudadanía, la perdida de ecosistemas claves para generar trabajos y una economía desde la adaptación.
A su vez, con preocupación se observan los discursos tecno-optimistas que se plantean desde un capitalismo vestido de verde, en donde las soluciones propuestas profundizan las desigualdades entre países ricos y pobres, ya que se sostiene en patrones neocolonialistas que colocan todas las esperanzas en continuar con modelos de vidas basados en el consumo y el crecimiento eterno en un planeta finito, a través de un mero recambio tecnológico en el uso de la energía.
Lamentablemente, lo anterior es un disparo en los pies, ya que, de continuar en dicha senda, se pasan por alto otros modelos de vida que se pueden llevar adelante y que conversen con la peligrosa realidad de la cual ya somos testigos. Nuestro país se está colocando en una posición complicada ante este escenario, siendo parte de un discurso tecno-optimista que refleja una visión antropocéntrica y utilitarista de la naturaleza. Es urgente que avancemos hacia otras narrativas que no se sostengan en lo que dicta el norte global, que permitan trabajar los escenarios para enfrentar las diversas crisis en nuestro país, eso implica una conversación profunda y honesta, sin los prejuicios y negaciones que se quieren hacer de la ciencia y del mundo ecologista que han sido los dos mundos que llevan anunciando por largo tiempo la debacle de la cual ya somos testigos.
Por último, tanto la crisis climática y ecológica generarán un déficit en el bienestar material de las personas, aquello dará pie para numerosas situaciones que serán caldo de cultivo para un nuevo estallido social. Por ello, se requiere un cambio en la norma constitucional que otorgue la flexibilidad para que los diversos actores que constituyen la sociedad, y principalmente desde la ciudadanía, se cuente con las herramientas para enfrentar esta compleja situación. Sin ese abordaje entraremos en la realidad del “sálvese quien pueda”, sin haber visto las múltiples posibilidades que existen y que pueden ser nuestra ultima oportunidad, para una transición socioecológica justa, con mirada local, que coloca en el centro a las personas y los ecosistemas en una relación equilibrada y de beneficio colectivo. Solo así, seremos una sociedad fortalecida y preparada ante los peligros, riesgos y desastres que se asoman.