En los últimos cinco años, tras la reapertura de los procesos penales por crímenes de lesa humanidad decidido en 2005 por la Corte Suprema de Justicia argentina en el caso “Simón”, se produjo un formidable proceso de reactivación de causas vinculadas con el terrorismo de Estado vigente entre 1976 y 1983, proceso que desde 2005 y hasta la fecha cuenta con una ciento cincuenta causa en todo el país, que involucra a casi mil quinientos acusados, algunos de ellos ya condenados y en su mayoría sujetos pasivos de juicios orales y públicos que se irán desarrollando a lo largo de estos años.[1]
Investigaciones amplias
En el caso de la causa que tengo a mi cargo como Titular del Juzgado Federal Nº 3 de la ciudad de Buenos Aires, conocida como “Primer Cuerpo de Ejército”, en ella, durante estos últimos cinco años, se han reconocido judicialmente un millar de víctimas, y se ha detenido y procesado a unos ciento veinte acusados, entre militares de Ejército y Fuerza Aérea, integrantes de fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia y cuerpos penitenciarios.
Las imputaciones abarcan desde el Jefe máximo (ex Presidente de facto y Jefe del Estado Mayor General del Ejército Jorge Rafael Videla), pasando por los mandos intermedios, hasta los secuestradores y torturadores de propia mano, la mayoría de los cuales serán juzgados en instancia oral y pública.
Así, la investigación se fue organizando en torno a la existencia de los centros clandestinos de detención y tortura (CCDT), ya que ellos conformaban el corazón de la represión ilegal; desde allí partían los “grupos de tareas” a secuestrar víctimas, allí se obtenía información de inteligencia arrancada bajo torturas sistemáticas, allí se mantenía a los cautivos suspendidos entre la vida y la muerte a la espera de su destino final, desde allí era que partían los “traslados”, esto es, el retiro de un grupo de víctimas del CCDT para ser fríamente ejecutadas, mediante fusilamientos, vuelos de la muerte u otros métodos.
Programas de protección y asistencia a testigos y víctimas
En estos procesos, tanto en la etapa instructoria como en la oral y pública, miles de testigos acuden a dar su testimonio, y para ello se han implementado a nivel nacional, provincial y municipal una serie de programas de protección y asistencia a testigos y víctimas de estas causas, con un razonable nivel de eficiencia y de coordinación entre los diversos programas y con los distintos actores del sistema de administración de Justicia.
En tal sentido, en mi opinión, teniendo en cuenta la presencia masiva de estos testigos y damnificados en todo el país, y el nivel de detenciones, procesamientos y condenas a los que se está asistiendo en estos últimos años respecto de estos crímenes, el nivel de violencia contra aquéllos ha sido hasta ahora relativamente bajo, a excepción de aquel tremendo episodio que involucró la desaparición de un testigo en un proceso penal en la ciudad de La Plata, Julio López, de quien hasta hoy nada se sabe acerca de su paradero y de su suerte.
Nuevos juicios bajo estrictos principios constitucionales
El escenario al que asistimos en este momento en la Argentina, es el de un país que ha logrado –no sin esfuerzo- remover todos y cada uno de los múltiples obstáculos materiales y jurídicos que impedían el avance de estos procesos, y de este modo, está transitando el siempre doloroso y dificultoso camino de recuperar la memoria y construir en forma honesta la historia de nuestro cruento pasado reciente.
Ello se está llevando adelante mediante una sólida y coherente coordinación entre los tres poderes republicanos y sostenida en el tiempo, por medio de la cual, se asiste a un escenario en el que día a día, con mucho esfuerzo, se va arrojando luz en donde había oscuridad, se va descubriendo la verdad y se va afianzando la Justicia, siempre en el marco de respeto que exige la vigencia irrestricta de todas las garantías constitucionales propias del Estado Constitucional de Derecho, desde el estado de inocencia, pasando por la defensa en juicio y la doble instancia, hasta la principio de estricta legalidad y de culpabilidad.
En suma, la impresión general que evidencia este proceso histórico de obtención de Justicia y Verdad en la Argentina, mediante las herramientas jurídicas disponibles en el marco del Estado de Derecho, es la de una política de Estado muy clara y muy decidida, en la cual todos los operadores estatales involucrados, especialmente el Poder Judicial, están preocupados por llevar adelante estas investigaciones y juicios orales respetando todas las garantías penales y procesales que asisten a estos imputados.
Reforzamiento de los procecos actuales
Puede hablarse de un círculo virtuoso que afianza la legitimidad de estos juicios:
► Los tres poderes del Estado democrático deciden reiniciar estos procesos judiciales, con amplio respeto por las garantías constitucionales;
► Los procesos y juicios orales se van concretando en todo el país;
► Diarios, TV y demás medios de comunicación reflejan a diario el devenir de las causas y de las audiencias, y a través de ellas, los crímenes del terrorismo de Estado.
► Se genera en la opinión pública una corriente de indignación, de identificación con las víctimas y de repudio con los perpetradores.
► Retroceden claramente los discursos que negaban o justificaban la represión ilegal (los “dos demonios”, la “guerra sucia”, etc.).
► Se refuerza la legitimación pública del proceso de verdad y justicia y el círculo vuelve a comenzar.
► La sociedad civil se aleja del modelo autoritario y se afianza en el camino de la democracia.
Asimismo, la perspectiva durante los años venideros es de que esta política de Estado y esta convicción de respeto por el debido proceso legal y sustancial va a continuar y a consolidarse, de la mano de una opinión pública que vaya cayendo en la cuenta, precisamente a partir de la difusión de los hechos a través de los juicios, de lo importante e indispensable que resulta para la consolidación de la democracia este proceso que se da en el ámbito judicial.
En definitiva la Argentina, con estos procesos, a mi juicio ejemplares, se aleja inexorablemente del modelo autoritario de Estado que supo dominar la escena política durante buena parte del siglo XX, y consolida definitivamente la cultura democrática y el Estado de Derecho, reafirmando el mensaje universal frente a este tipo de crímenes aberrantes: “Nunca más”.
* Profesor Regular –grado y posgrado- de Derecho Penal, UBA, Universidad de Palermo (Buenos Aires) y Universidad Nacional de Rosario. Doctor en ciencias penales (Facultad de Derecho, UBA). Juez Federal en lo Criminal, ciudad de Buenos Aires .Email: drafecas@gmail.com
[1] Las cifras muestran una gran dinámica a partir del avance de los juicios y la apertura de nuevas investigaciones. Para mantenerse actualizado al respecto, consultar la página www.cij.gov.ar, ya mencionada, o bien www.cels.org.ar.
Daniel Rafecas es Doctor en Ciencias Penales en la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires y Juez Federal en Buenos Aires/Argentina. Tiene a su cargo -entre muchos otros- el proceso de mayores dimensiones (por autores, víctimas y territorio) vinculado con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), causa conocida como "Primer Cuerpo de Ejército". Lleva procesados 120 autores y reconocidas miles de víctimas, además de decenas de centros clandestinos de detención y tortura. En estos momentos se están llevando a cabo cinco distintos juicios orales a partir de causas elevadas desde el juzgado federal.
Además, es profesor regular (grado y posgrado) de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Rosario. Es autor de varios libros y trabajos científicos sobre Ciencias Penales en la Argentina. Es ex becario de Yad Vashem, Jerusalén y Consejero Académico del Museo del Holocausto en Buenos Aires.