resumen
¿Por qué el día internacional del no uso de plaguicidas?. En la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, una planta de Unión Carbide ubicada en Bhopal, India, comenzó a filtrar 27 toneladas del gas mortal isocianato de metilo. Ninguno de los seis sistemas de seguridad diseñados para contener una fuga estaba en funcionamiento, lo que permitió que el gas se extendiera por toda la ciudad produciendo la muerte de cerca de 15.000 personas. La problemática derivada de la utilización de plaguicidas no es nueva, muy por el contrario lleva más de 60 años de incidencia en el ambiente. Tampoco se vincula solo con el herbicida glifosato sino que abarca más de 400 plaguicidas, muchos de ellos categorizados como altamente peligrosos para la salud socioambiental. El nivel de utilización de los plaguicidas, así como los modos y condiciones de utilización, determinan un fuerte efecto ambiental, que a su vez constituye un problema de salud comunitaria. De los 445 principios activos registrados en la Argentina 126 de ellos, el 28 %, pueden ser categorizados como altamente peligrosos. Esta situación determina que en Argentina se utilizan plaguicidas que pueden causar daños irreversibles en la salud tales como el cáncer, alteraciones en el genoma (ADN) o alteración en la reproducción humana. Las soluciones no alcanzan con un manejo “racional”, que incluya una dosificación adecuada y la utilización de equipo de protección, sino que requiere un abordaje y estrategias de acción más radicales, sistémicas, integrales y profundas. Un problema político requiere soluciones políticas. En este caso se requiere la prohibición de importación, fabricación y uso de los plaguicidas. En segundo lugar proteger la salud socioambiental restringiendo las aplicaciones en zonas urbanas, periurbanas y residenciales así como en áreas sensibles como los cursos de agua. Por último se requiere un mayor apoyo a la instauración de estrategias y practicas agroecológicas entre los productores /as que hasta hoy llevan adelante agroecosistemas convencionales .
En la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, una planta de Unión Carbide ubicada en Bhopal, India, comenzó a filtrar 27 toneladas del gas mortal isocianato de metilo. Ninguno de los seis sistemas de seguridad diseñados para contener una fuga estaba en funcionamiento, lo que permitió que el gas se extendiera por toda la ciudad. El desastre se produjo al no tomarse las debidas precauciones durante las tareas de limpieza y mantenimiento de la planta, lo que hizo que el agua, cristales de cloruro sódico, restos metálicos y otras impurezas, entrasen en contacto con el gas almacenado, iniciando una reacción exotérmica que provocó la apertura por sobrepresión de las válvulas de seguridad de los tanques y con ello la liberación a la atmósfera del gas tóxico. Se estima que entre 6.000 y 8.000 personas murieron en la primera semana tras el escape tóxico y al menos otras 15.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de la catástrofe, que afectó a más de 600.000 personas.
No puede considerarse un accidente dado que trabajadores /as de la fábrica, vecinos /as y comunicadores ya habían denunciado las fallas estructurales existentes en la planta que podían originar fugas de gases y líquidos al exterior. Este incidente, aunque gravísimo a nivel de la salud socioambiental, no fue ni el primero, ni el último que involucra a los plaguicidas ya en sus fases de elaboración como de almacenamiento, utilización y desecho de envases. La problemática derivada de la utilización de plaguicidas no es nueva en América Latina, ni en la Argentina y en el mundo entero, muy por el contrario lleva más de 60 años de incidencia en el ambiente. Tampoco se vincula solo con el herbicida glifosato sino que abarca más de 400 plaguicidas, muchos de ellos categorizados como altamente peligrosos para la salud socioambiental. Tampoco se vincula exclusivamente al uso en áreas rurales y actividades agrícolas sino que nos increpa su utilización en áreas periurbanas, máxime en las cercanías de escuelas donde los niños y docentes se hallan expuestos, más allá de que las aplicaciones se realicen fuera del horario escolar. Por último, no es tan solo una problemática vinculada a las tecnologías y su uso adecuado sino que requiere un abordaje integral desde la salud hasta las cosmovisiones que involucran la inclusión de los seres humanos en la naturaleza.
La puja enrededor de los plaguicidas comienza desde su misma conceptualización. En este sentido, llamarlos fitosanitarios, venenos, plaguicidas, agrotóxicos no resulta neutral dado que el nombre asignado no solo implica tomar una dimensión de su peligrosidad, sino que a su vez aborda la dimensión a partir de la cual los seres humanos nos incluimos en la naturaleza. En este sentido desde el nombre asignado podemos generar, o no, estrategias para poner límites a su utilización así como barreras entre estas sustancias y los seres vivos.
El nivel de utilización de los plaguicidas y sus modos y condiciones de utilización, determinan un fuerte efecto ambiental, que a su vez constituye un problema de salud comunitaria. Respecto a la utilización de plaguicidas en la Argentina se pasó de utilizar 30 millones de kilos/litros en 1993 a cerca de 500 millones de kilos/litros en 2019. Este incremento se relaciona con el aumento de la superficie sembrada bajo la modalidad de monocultivos (soja, maíz, árboles exóticos, hortalizas). Los monocultivos al no reproducir las condiciones que posibilitan su misma existencia, por ejemplo la nutrición natural e integral de los suelos y las interacciones entre especies desde la diversidad biológica, requieren de la aplicación de dosis crecientes de plaguicidas. Este incremento en las aplicaciones y dosis de uso se vinculan con la recreación de resistencias genéticas especificas en insectos, hongos y plantas silvestres.
La segunda cuestión refiere a las características químicas y toxicológicas de los plaguicidas. En este sentido, es preciso aclarar que cada plaguicida, según sus características químicas, reaccionará de manera diferente en el ambiente. Es así como mientras algunos, como el herbicida atrazina, se diluyen en agua pudiendo ser arrastrados por el agua de riego o lluvia y así alcanzar las napas de agua de bebida, otros plaguicidas pueden ser retenidos por las partículas del suelo permaneciendo años, por ejemplo el caso del insecticida clorpirifos. Por último, algunos tóxicos pueden ser arrastrados por el viento o acumularse en las cadenas tróficas, pasando de las plantas a los animales, afectando a cada uno de los constituyentes de las fases que la componen. De lo dicho anteriormente se desprende que los plaguicidas pueden afectar la salud socioambiental más allá de donde se producen y aplican , atravesando territorios y comunidades.
Respecto a la peligrosidad y al efecto en la salud ambiental desde la Estrategia Mundial para el Manejo de Sustancias Químicas (SAICM) se recreó una nueva categoría normativa, el caso de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP). En la definición y categorización de PAP en el nuevo Código de Conducta sobre Manejo de Plaguicidas (adoptado por la FAO y la OMS) se tienen en cuanta las siguientes variables: deben presentar niveles particularmente altos de peligro agudo o crónico para la salud o el medio ambiente, estar incluidos en acuerdos o convenios jurídicamente vinculantes y ser causantes de daño grave o irreversible a la salud humana o al medio ambiente, en las condiciones de uso en un país. Adicionalmente, desde la Red de Acción en Plaguicidas (PAN Internacional) se agregaron otras variables para caracterizar a los PAP tales como su efecto cono disruptor endocrino o perturbador en la reproducción, persistencia en el ambiente o efecto sobre las abejas. A partir de un trabajo que hemos realizado durante el otoño de 2021 en la Argentina, en el cual comparamos las listas de plaguicidas registrados y utilizados en la Argentina con la lista de PAP confeccionadas por PAN Internacional podemos afirmar que de los 445 principios activos registrados en la Argentina 126 de ellos, el 28 %, pueden ser categorizados como PAP. Esta situación determina que en Argentina se utilizan plaguicidas que pueden causar causar daños irreversibles en la salud tales como el cáncer, alteraciones en el genoma (ADN) o alteración en la reproducción humana. Si ampliamos la mirada a la salud socioambiental se están utilizando sustancias que se bioacumulan, afectan a las abejas, o son muy tóxicas para los organismos acuáticos. Cabe destacar que estos plaguicidas no solo se manipulan en actividades agrarias desarrolladas en territorios rurales, sino también en las campañas sanitarias, por ejemplo contra mosquitos, y en los hogares para el control de insectos en mascotas, cucarachas, moscas y ratas, las llamadas líneas jardín. Respecto a las actividades agrarias se destaca su utilización en cereales , oleaginosas, tabaco, yerba mate, frutas y hortalizas. Estas dos últimas son las que revisten mayores problemas dado que se consumen en fresco, a veces sin pelar, donde por lo general los productores no respetan el tiempo entre la última aplicación y la cosecha (tiempo de carecía).
En la misma investigación pudimos determinar que los plaguicidas autorizados en Argentina que se hallan prohibidos o no autorizados en otros países alcanzan la cifra de 140 productos. Entre los plaguicidas prohibidos en otros países se destacan los herbicidas Glifosato, Alaclor, Atrazina y Paraquat, dada por posibilidad de generar daños en la salud de tipo crónico, como el cáncer y las disrupciones endócrinas. En el caso de los insecticidas se incluyen el Fipronil y el Imidacloprid que además de su efecto en la salud de seres humanos, accionan sobre la vida de las abejas poniendo en riesgo, no solo a la producción apícola, sino la continuidad en la prestación de servicios ecosistémicos como por ejemplo la polinización.
Los plaguicidas pueden afectar a nuestra salud de manera inmediata, efecto agudo, y a mediano y largo plazo. En este caso se destaca la posibilidad de generar enfermedades epigenéticas, entendidas como aquellas que pueden producir alteraciones en la expresión de la información genética sin alterar el ADN. En esta situación los problemas de salud pueden abarcan a más de una generación, tal es el caso de mujeres embarazadas de niñas que son expuestas a estos químicos.
De los dicho en párrafos anteriores sobresale que ya por la cantidad utilizada, por sus características químicas, físicas y toxicológicas, así como por las modalidades de almacenamiento y utilización, los plaguicidas pueden producir daños en la salud de los seres vivos que se hayan expuestos de manera directa o indirecta. Estos daños pueden ser de tipo neurológico, reproductivo, hepático, oftalmológico, cancerígeno, endocrino y mutagénico. En el caso de las intoxicaciones crónicas pueden producirse de breves exposiciones a pequeñas dosis pero continuas en el tiempo, ya sea por contacto directo así como por la ingestión de agua o alimentos o la inhalación de aire contaminado. Lamentablemente la ausencia de una notificación real de las intoxicaciones producidas en la Argentina, obligatoria según una ley que data de 1960, imposibilita tener un registro real del problema. En efecto, la existencia de barreras económicas, culturales y geográficas impiden que las personas que se intoxican puedan registrar anomalías en su cuerpo producto de la exposición a los plaguicidas, así como dificultar su concurrencia a los centros de salud para ser atendidos, y que realmente se notifique la intoxicación.
Aunque muchas veces se intente presentar al problema derivado de la utilización de los plaguicidas como un tema de raíz tecnológica, para lo cual se intenta solucionarlo con “buenas prácticas agrícolas”, el problema es mucho más grave. En este sentido, las soluciones no alcanzan con un manejo “racional” que incluya una dosificación adecuada y la utilización de equipo de protección, sino que requiere un abordaje y estrategias de acción más radicales, sistémicas, integrales y profundas.
En principio, la autorización para el registro legal, producción, comercialización y uso de los plaguicidas es una decisión política, en este caso, y para la Argentina, es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) quien determina los requisitos de aprobación y su categorización toxicológica (las bandas de colores que se utilizan para identificar la peligrosidad aguda de un plaguicida). Para esta categorización solo se tiene en cuenta la toxicidad aguda dejándose de lado la posibilidad de producir enfermedades crónicas. También es una decisión política autorizar el registro y uso de plaguicidas prohibidos en otros países. Amerita una reflexión la reducción de aranceles de importación de los precursores químicos a partir de los cuales elaboran los plaguicidas en la Argentina así como la liberación al ambiente de semillas transgénicas asociadas a paquetes tecnológicos. Respecto a las normativas, Argentina cuenta con 22 leyes provinciales de plaguicidas pero no cuenta con una ley nacional que regule el registro, producción, comercialización y manipulación de plaguicidas. Cabe agregar que existe un bajo monitoreo del cumplimiento de las disposiciones nacionales, provinciales y municipales.
Por último también es una decisión política la tomada en relación a la prohibición en la utilización, desde fines de 2022 en todo el territorio nacional, del insecticida Clorpirifós, pero se posibilita la importación del principio activo con vistas a la fabricación del producto formulado para su exportación.
Un problema político requiere de soluciones políticas. En este caso se requiere la prohibición de importación, fabricación y uso de los plaguicidas en principio comenzando con los altamente peligrosos. En segundo lugar, proteger la salud scioambiental restringiendo las aplicaciones en zonas urbanas, periurbanas y residenciales así como en áreas sensibles como los cursos de agua. Por último, se requiere un mayor apoyo a la instauración de estrategias y practicas agroecológicas entre los productores /as que hasta hoy llevan adelante agroecosistemas convencionales.
La prohibición en la fabricación, registro y uso de plaguicidas así como su remplazo por estrategias, prácticas y tecnologías agroecológicas requieren tanto de la instauración de políticas publicas así como de la toma de decisiones por parte de los productores /as los cuales deben ser acompañados en todo el proceso que implique la transición pero respetando sus ideas, iniciativas y propia cosmovisión.