Aborto, memoria y debate legislativo en Chile

En el actual escenario político, ad-portas de las elecciones de candidatas/os a la Convención Constituyente para la redacción de la nueva Carta Magna del país, surge con fuerza el debate sobre aborto a partir de la discusión de un proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta las catorce semanas de gestación. Esta discusión legislativa se da en el marco del avance de la Marea Verde desde el otro lado de la cordillera y la incansable lucha del movimiento feminista por el aborto en Chile.

Los debates legislativos en el congreso se remontan al inicio de la década de los 90´, poco después del término de la dictadura cívico militar, cuyo último legado fue la penalización del aborto terapéutico bajo cualquier circunstancia, antes permitido en el país. Es por ello, que desde 1991, se presentan en el Congreso proyectos de ley con el fin de modificar el artículo 119 del Código Sanitario. Dicha modificación establece la despenalización del aborto solamente con fines terapéuticos, con la autorización de dos médicos – cirujanos. Las reformas a dicho código son debatidas únicamente en la Cámara de Diputados y quedan sin efecto.

En los años posteriores, se suma una seguidilla de intentos de reforma del Código Penal, que buscaban despenalizar el aborto en situaciones en las que peligra la vida de la mujer. La decisión seguía recayendo exclusivamente en médicos y cirujanos. En el año 2006 se envía un proyecto por tres causales, en ese entonces la discusión no prosperó. Las presiones de la Iglesia Católica, de movimientos fundamentalistas y conservadores impidieron el avance legislativo.

En el año 2015 se presenta nuevamente un proyecto de ley que regula la despenalización del aborto en tres causales. El debate se extiende hasta el año 2018 cuando finalmente es aprobada la actual Ley 21.030 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Dicha ley, de una gran precariedad en el sentido amplio de los derechos humanos y la salud, establece la Objeción de Conciencia, la posibilidad de que cualquier funcionario del área de la salud que intervenga en la atención, se niegue a la realización de los procedimientos que le correspondan. Esta cronología muestra una radiografía de la insistente negación de derechos de las mujeres en la supuesta transición a la democracia.

En ese marco, a pesar de los diversos intentos por legislar y despenalizar el aborto, éste continúa teniendo una carga moral que lo penaliza socialmente. La interrupción de los embarazos es un tema de salud pública y derechos humanos y debe ser tratado como tal. El ejercicio de la violencia y la supervisión sobre los cuerpos de mujeres y niñas gestantes está relacionado al control y orden moral que imponen las diversas instituciones del Estado. Las restricciones que imperan sobre los cuerpos y la sexualidad establecen a la maternidad como una obligación moral y no como una decisión libre e informada.

En ese escenario, el movimiento y las organizaciones feministas han hecho frente a la penalización con años y años de persistente activismo, callejero, de base, de denuncia, de articulación y de investigación. Se han construido espacios para escuchar, para informar, para acompañar; con múltiples lienzos e instalaciones de arte se ha mostrado la realidad del aborto. Se han infiltrado los espacios, se ha llevado la discusión a las organizaciones barriales y las universidades. El aborto y la lucha por este derecho está en la base y memoria del feminismo, no surge por generación espontánea ni por la iluminación de nadie, se ha construido a partir de la articulación y tejido de mujeres que durante años han puesto el cuerpo, la energía y la vida en ésta, una lucha centrada en la dignidad y el amor a las mujeres.

Por tanto, a la par de una nueva constitución, escrita en clave feminista, el aborto debe, cuando menos, ser despenalizado legalmente.