Persistencia de la dictadura del cuerpo en Chile: el aborto un derecho pendiente.

Hay un antes y un después de la histórica movilización por el aborto libre en Argentina, somos testigos del fortalecimiento del feminismo sudamericano y el posicionamiento en las agendas de los grandes temas como nunca antes. El 8 de agosto el patriarcado nuevamente ha puesto una barrera hacia la libertad de las mujeres argentinas, impidiendo la despenalización del aborto en medio de un fuerte debate en el Senado, que rechazó la demanda popular por 38 votos a 31.

Este impacto generado no es algo que se disolverá facilmente por el fracaso de una iniciativa legal, sino que al contrario, fortalecerá la conciencia y la unión internacionalista del movimiento feminista y de mujeres en toda la región.
Chile fue durante muchos años, uno de los únicos cinco países en el mundo que prohibía el aborto en toda circunstancia y recién en diciembre de 2017 se legisló a favor de un mínimo piso de tres causales.

Hoy el feminismo del Cono Sur se levanta con más fuerza visibilizando las demandas de las mujeres.

Antecedentes

En Chile hasta hace muy poco tiempo, existió la prohibición absoluta del aborto, sumada a las ofensivas fundamentalistas de los gobiernos y de las iglesias que constantemente han presionado para que incluso la ley de Aborto en tres causales, no se operacionalice y tenga trabas de acceso público.

La legislación que se promovió en dictadura, desde el año 1989, fue la derogación del artículo 119 del Código Sanitario, que permitía el aborto terapéutico y fue reemplazado por la ley 18.826, que en su artículo único dice “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”.

La derogación de esta norma fue producto de un acuerdo entre la dictadura y la jerarquía de la iglesia, preparando el terreno para una transición democrática y que por recuperar la “democracia”, a las mujeres y feministas se instala un castigo moral y penal, que traspasó 4 gobiernos de la Concertación, uno de derecha y uno de la Nueva Mayoría (otro acuerdo de partidos), al finalizar el año 2017 y terminando el programa del segundo período de gobierno de Michelle Bachelet es que se aprueba la nueva ley 21.030 que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Por tanto desde 1989 y hasta 2017 Chile no contaba con ningún protocolo de salud para acceder al aborto bajo ninguna circunstancia, es decir una dictadura que persistió en el cuerpo de las mujeres hasta ahora, aprobándose en 2017 una ley mezquina que sólo llegaría según estudios, al 3% de la población chilena. Además esta misiva tiene la traba de la objeción de conciencia institucional, se frenaría por tanto el acceso a las tres causales específicas  o situaciones de excepción que se detallan a continuación:

1.- Peligro para la vida de la mujer.

2.- Embrión o feto padezca una patología incompatible con la vida extrauterina independiente.

3.- En caso de carácter letal y violación.

Por tanto fuera de estas causales  el aborto continúa siendo ilegal.

Intervenciones en el Congreso

Durante los años 2013 al 2017 se generaron debates para legislar sobre la interrupción del embarazo, las discusiones en el Congreso fueron de mucha controversia. La discusión propuesta por el gobierno de turno sobre la ley de interrupción del embarazo en tres causales, estuvo congelada en la cámara del Senado por mucho tiempo. En toda su tramitación legislativa, los partidos políticos no han tomado en cuenta la investigación de organizaciones feministas como un antecedente veraz, todo lo contrario, se caricaturiza, ignora o se burla de quienes entregan información seria con respecto al aborto.

Las intervenciones en el Congreso durante la discusión del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales, recordó otras frases que causaron controversia desde que comenzó el debate nacional.

“Legalizar la eugenesia significa que se acabó la Teletón, se acabaron los niños con discapacidad. Implica que hay una afrenta contra aquellas personas que nacieron con algún problema físico o psicológico y que hoy día las mujeres van a optar por abortar”, fueron las palabras que Hasbún entregaba este miércoles como fundamento a su rechazo al proyecto.

Sin embargo, no solo el diputado UDI generó críticas por su argumento, hubo otros parlamentarios que compararon el aborto con la esclavitud, o con el Gobierno Militar durante la jornada de discusión en la Cámara de Diputados.

-“Despenalización del aborto es tan grave como permitir la esclavitud”, José Manuel Edwards (RN)

- “Solo una maquinación intelectual es capaz de decir que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo”, José Antonio Kast (UDI)

- -“Hay violaciones que son violentas y otras que no son violentas (…) La dignidad de una mujer no se pierde por el hecho de ser violada”, Marisol Turres (UDI)

Estas discusiones ponen en evidencia el tutelaje que las mujeres tienen al momento de decidir, es la expresión total de desprecio hacia las mujeres y la negación que se tiene al acceso a derechos. En ese momento nuestra reacción fue indicar lo siguiente: “La prohibición del aborto es violencia estatal. Es violento que las mujeres arriesguemos ir a la cárcel, que arriesguemos la vida, por abortar clandestinamente; que se nos criminalice moral y jurídicamente (por decidir sobre nuestros cuerpos/nuestras vidas/nosotras mismas). Es violento que las más pobres no tengamos acceso a un aborto seguro e informado, mientras que aquellas con recursos pueden acceder a clínicas privadas. Pese a todo, las feministas seguimos luchando y nos organizamos para enfrentar esta violencia. Porque las mujeres abortamos y continuaremos abortando”.

Luego de tres años de discusión se aprueba la Ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas. Sin embargo hoy la ley es precaria e ineficiente, además de restrictiva, se puede señalar que la objeción de conciencia es uno de los puntos críticos de la implementación de la Ley, la objeción reconoce a los y las médicas el derecho a declararse objetor/a de conciencia y de esta manera excusarse de realizar la interrupción del embarazo a una paciente que se encuentre en alguna de las tres causales. Asimismo, se reconoce este derecho a otros profesionales y trabajadores/as de la salud a quienes corresponda desempeñarse al interior del pabellón quirúrgico en la referida intervención; como igualmente a instituciones privadas. Por tanto la objeción de conciencia puede afectar el acceso de mujeres y niñas a la interrupción voluntaria del embarazo en alguna de las tres causales[1].

Si bien no hay cifras exactas, El estudio de Corporación Humanas permite aproximarse, en primer lugar, al modo en que los/as médicos/as obstetras contratados/as en hospitales públicos se enfrentan a la interrupción voluntaria del embarazo en alguna de las tres causales. Conforme a los resultados obtenidos, se aprecia que las causales riesgo vital e inviabilidad son en mayor medida aceptadas que la invocación de la causal violación sexual para la interrupción del embarazo. De hecho, la causal violación sexual enfrenta un 47,2% de obstetras objetores de conciencia (casi uno de cada dos profesionales especializados); mientras que frente a las causales inviabilidad y riesgo vital la proporción de médicos/as obstetras objetores alcanza el 27,3% y el 20,3%, respectivamente, lo que representa uno de cada cuatro profesionales especializados en la causal inviabilidad, y uno de cada cinco profesionales en la causal riesgo vital.

Una segunda conclusión dice relación con la amplitud con que médicos/as obstetras de hospitales públicos se acogen a la objeción de conciencia individual. De un total de 66 hospitales públicos, únicamente en tres (3) establecimientos no existen médicos/as que se declaren objetores/as en ninguna causal: el Hospital de San Carlos, el Hospital de Talcahuano y el Hospital de Quellón. En contraposición, particularmente grave es la situación de dos (2) hospitales públicos, el Hospital de Vallenar y el Hospital Intercultural de Nueva Imperial; en que todos/as los/as médicos/as obstetras se declaran objetores/as de conciencia en las tres causales.

En tercer lugar, la causal riesgo vital de la mujer se identifica como la causal que presenta menos riesgos en términos de accesibilidad, en base a la proporción de médicos/as obstetras que la objetan. Sin embargo, del total de hospitales públicos que pueden realizar la interrupción legal del embarazo, sólo en 16 (24,2%) ninguno/a de los/as médicos/as obstetras se declara objetor/a de conciencia. Además, preocupa observar que en nueve (9) hospitales públicos más del 50% de los profesionales objeta esta causal; y que en tres (3) de estos, la totalidad se acoge a la objeción de conciencia. Si bien la causal riesgo vital corresponde a la causal mayormente accesible en establecimientos públicos de salud, resulta llamativo que uno de cada cinco profesionales objete en dicha causal considerando que durante la discusión legislativa se planteó como argumento para sostener que no se necesitaba legislar al respecto, la existencia de una práctica consolidada entre profesionales de la salud para proceder a la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer se encuentra en riesgo.

Una cuarta conclusión dice relación con la inviabilidad fetal, causal que resultaría accesible en el 53% de los hospitales públicos, incluyendo 12 establecimientos (18,2%) en que no existen obstetras objetores/as de conciencia. En tanto, en siete (7) hospitales (10,6%) la accesibilidad es mínima o nula, incluyendo cuatro (4) recintos en que la totalidad de los/as obstetras objeta la referida causal. La relativa aceptación de las causales riesgo vital e inviabilidad podría explicarse por cuanto ambas corresponden a problemas de salud cuyo manejo, riesgos y consecuencias son conocidos por los/as profesionales; en cambio, la violación sexual no sería identificada como un problema de salud en sentido estricto, lo que sitúa el eje de dicha causal más en el ámbito de la consideración y reconocimiento de las mujeres y las niñas como sujetas de derechos con autonomía para decidir al respecto.

En quinto lugar, la alta objeción de conciencia en la causal violación resulta crítica, especialmente considerando que la incorporación de la violación sexual entre las causales de aborto legal se sustenta en la necesidad de proteger a mujeres y niñas de las gravísimas consecuencias que derivan de un embarazo forzado. Casi la mitad de los y las obstetras que se desempeñan en hospitales públicos no está dispuesto a realizar un aborto a una mujer o niña que ha sufrido una violación sexual (47,2%). Sólo 12 establecimientos (18,2%) no presentan riesgos significativos para el acceso al aborto en dicha causal, puesto que menos de una cuarta parte de los/as médicos/as obstetras se declaran objetores/as. En cambio, en uno de cada dos establecimientos de salud (53%), más de la mitad de los/as profesionales objetan esta causal, dificultando seriamente el acceso al aborto a mujeres y niñas que lo requieren.

Finalmente, la objeción de conciencia institucional se encuentra regulada de manera excesivamente amplia, sin exigir siquiera requisitos vinculados a la fundamentación de la misma en base a los valores o ideario de la institución que la invoca. De acuerdo a la información que publica el Ministerio de Salud en su página web, actualizada al 19 de abril de 2018; seis (6) establecimientos privados se han acogido a la objeción de conciencia institucional. Ello corresponde a la Universidad de los Andes, que respecto de tres (3) establecimientos declara la objeción de conciencia en las tres causales; y a la Clínica Indisa, que respecto de tres (3) establecimientos objeta la causal violación sexual.

Claramente el antecedente sobre la objeción de conciencia es un problema para que las mujeres de cualquier parte de país pueda acceder a alguna de las tres causales, siendo un problema institucional, donde la burocracia y la religiosidad prima ante los derechos de las mujeres.

¿A quiénes afectaría esta traba institucional? ¿Quiénes por tanto accederían a esta ley? ¿Las mujeres rurales, indígenas podrán ir  al hospital y solicitar la interrupción del embarazo? Es importante visualizar entonces la problemática que viven las mujeres pobres cuando se realizan un aborto, estas son encarceladas y discriminadas por haber tomado la decisión de abortar, pues este tema esta cruzado por un asunto económico y de clase, ya que las mujeres que pueden acceder y tienen recursos lo pueden hacer y comprar los medicamentos correspondientes, por tanto se puede indicar que esto no es un problema de género, sino que se debe considerar como un asunto de clase, en Chile se realizan abortos en clínicas privadas o viajes al extranjero, al tiempo que las mujeres pobres mueren por procedimientos insalubres y precarios. La interrupción del embarazo se ha planteado siempre como un problema, pero el Estado no se hace cargo, ni tampoco las políticas públicas, sin embargo se penaliza, se castiga con cárcel y también socialmente. Si las mujeres tenemos derecho a decidir ¿Por qué existen tantas trabas para legislar?

Si nadie se hace cargo en términos institucionales  las organizaciones feministas fuera de todo orden estatal, se proponen acompañar en este proceso y  fuera de toda normativa o legislación, comienzan a hacer frente a esta problemática que enfrentan las mujeres. Diversas organizaciones y feministas post dictadura comienzan a trabajar fuertemente en los derechos sexuales y reproductivos, además de la reposición del aborto terapéutico, décadas de trabajo.  Hasta que en el año 2013 se organiza una manifestación contra la violación de una niña en particular pero que encarna la naturalización de la violación hacia las mujeres. Desde ese momento algo surge y se generan manifestaciones feministas en todo Chile y el extranjero.

Organización Feminista

Yo aborto el “25 de Julio” es un llamado a Marcha Nacional convocada por organizaciones feministas de Chile para decir basta a la penalización del aborto. Exigimos aborto a secas, esa fue la propuesta de las más de 60 organizaciones que coordinamos la salida pública, entonces ya no hablamos más de la reposición del aborto terapéutico, hablamos entonces del Aborto Libre, seguro y gratuito. Marcamos el hito en esa primera marcha que termina en la toma de la catedral, exigiendo a la iglesia que no siga presionando al Estado y deje el derecho a decidir en mano de las mujeres.

Bastó con un hecho de injusticia y criminalización a una niña para articularnos y vernos las caras, fue entonces que en Santiago sucede algo inédito, las redes sociales funcionaron y se activa la rabia y el desencanto de ver como se criminaliza diariamente a mujeres y niñas por el hecho de abortar, mujeres encarceladas por el propio sistema de salud y presenciamos indignadas como el entonces presidente anuncia que una niña de 11 años es consciente y madura para ser madre (niña abusada por su padrastro). Todos esos elementos nos llevaron a organizar una reunión a la que llegaron alrededor de 60 personas, un hecho histórico, feministas organizadas y también sueltas, se auto-convocaron para decidir que teníamos que salir a la calle y exigir el aborto como un asunto de clase y derechos. Desde ese momento se han ido tejiendo redes, conversaciones, atando luchas, el 25 de julio del 2013 nos propusimos poner en el tapete el tema del aborto como un asunto de derechos y de autonomía de las mujeres.

Nuestra acción para el 25 de julio fue coordinar la partida de la marcha sin permiso, nuestro lienzo fue a la cabeza de la marcha y nos manifestamos desde la diversidad de posturas. Por ello hicimos un llamado y aclaramos que: “no estamos promoviendo el aborto, sino que consideramos necesario prevenir el aborto a través de la educación sexual, sin embargo, entendemos que esta no es suficiente para solucionar el problema de los abortos clandestinos e inseguros. Las mujeres no venimos al mundo a ser madres”.

Luego de este hecho y la ruptura con todo organismo, es que se decide defender el aborto a secas y no el aborto terapéutico, que entendemos es un avance, sin embargo nos atará por mucho tiempo, ya que no indica que no se criminalizará a las mujeres que decidan abortar fuera de las tres opciones que hoy propone el gobierno.

Poco a poco se ha ido trabajando para organizar acciones colectivas, el 8 de marzo fue nuestro primer acto de rebeldía y nos desmarcamos nuevamente de los partidos políticos la idea es articularse desde la diferencia, porque estamos vigilantes a lo que las políticas de género impongan en este nuevo contexto de una mujer en la presidencia. Estamos conscientes que “Somos un movimiento que surge de posicionamientos políticos feministas diversos. Nos agrupamos, en el contexto de julio del año 2013, a partir de un impulso colectivo deseante de acción y confrontación frente al estado de sometimiento, dominación, silenciamiento y penalización de las prácticas culturales abortivas, las que históricamente han estado en las manos de las mujeres en nuestro país y en este Continente moreno” (Manifiesto 2013).

Desde el feminismo podemos visualizar las contradicciones del sistema capitalista, la naturalización de la maternidad y los roles impuestos, es por ello que hacemos un llamado desde el movimiento feminista anticapitalista, que desea continuar luchando por el aborto, libre, seguro y gratuito. Para que el Estado no siga criminalizando a las mujeres, condenándolas a la cárcel por el derecho a decidir autónomamente sobre sus cuerpos.

La primera marcha masiva a favor del aborto libre, seguro y gratuito, se gestó en un territorio cultivado por instancias casi invisibles, feministas y no feministas, que forman parte de movimientos de los movimientos políticos incesantes en este país. La Coordinadora Feministas en Lucha, sale a la luz en este cultivo, bienvenido este crisol de posicionamientos y, lo más benéfico, ha continuado, persistentemente, su lucha político feminista hasta este presente de hoy. (Gilda Luongo)

Sabemos que esta no es la primera marcha  que se realiza por el aborto, sin embargo es la más masiva desde los 90’ en adelante y que hay mucha historia detrás de este hito, sin embargo seguimos trabajando arduamente para despenalizar socialmente el aborto, organizando no sólo actividades masivas sino que seminarios, encuentros, conversatorios, todo esto con la idea de trabajar colectivamente el aborto sin causales. Por la historia de dictadura y la imposición de la iglesia es necesario ampliar el diálogo, conversar sobre los mitos que se difunden al momento de decidir.

Proyecciones

Para avanzar en despenalizar socialmente el aborto se debe trabajar con todas las mujeres, porque el aborto es una práctica real, que se realiza desde tiempos inmemoriales, desde distintas culturas con o sin fármacos y por más que exista la penalización social y legislativa se realizará de todos modos.

En Chile aún tenemos trabas para decidir sobre nuestros cuerpos, el fundamentalismo se hizo presente en la sexta marcha por aborto libre en Chile donde miles de personas salir a manifestarse y un grupo de neonazis apuñala a tres mujeres que estaban en la marcha y al finalizar en pleno acto, fueron amedrantadas por estos grupos fascistas. Por supuesto no hay ningún indicio de justicia para estas mujeres que sufren las consecuencias de pensar diferente y manifestar abiertamente su posición política.