Marcelo Díaz, campesino en la comuna de Llay Llay, se levanta todos los días a dejar las vacas en su parcela. Antes, su padre las mandaba al cerro. Un lugar que según la Sociedad Nacional de Agricultura fue “improductivo”. Hoy estos mismos cerros están cubiertos por paltos, cuya huella hídrica es de 384,8 litros por kg, cuota que se reserva para estas plantaciones en desmedro de los habitantes de la zona donde escasea este vital recurso.
En 2015 Díaz, junto al pueblo de Llay Llay luchó en contra del acaparamiento de agua y la expansión de los cultivos de paltos. Una lucha sin frutos, ni victorias, que hoy puede dar un giro. Lejos del pueblo de Llay Llay - en Europa, el mercado más grande para la palta chilena-, se anuncia lo que podría apoyar la lucha asimétrica de Marcelo Díaz y otras personas humildes afectadas por el monocultivo de paltos de exigir su derecho al agua y saneamiento.
Lo que aún no se conoce muy bien en Chile es el hecho de que hace poco, tras un estudio que mostró el escaso impacto de la legislación actual no vinculante, la Comisión de la UE se comprometió a introducir legislación sobre la diligencia debida obligatoria para las empresas a principios de este año y acaba de lanzar una iniciativa formal de "gobierno corporativo sostenible". Y hay más noticias, al comienzo de septiembre, dos docenas de empresas, asociaciones empresariales e iniciativas han firmado una declaración conjunta en la que se suman a la iniciativa de pedir una legislación en la UE que exija al sector privado a que lleve a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente de forma vinculante.
La declaración dice: “Ya se ha introducido, o se está debatiendo, una legislación obligatoria sobre derechos humanos y diligencia debida medioambiental en varios estados miembros de la UE y otros países de todo el mundo, y ha obtenido un apoyo público sustancial de las empresas. La legislación obligatoria puede contribuir a un campo de juego competitivo, aumentar la certeza legal sobre los estándares que se esperan de las empresas para respetar los derechos humanos y el medio ambiente, aclarar las consecuencias legales cuando no se cumplen las responsabilidades, promover el compromiso y las acciones impactantes entre los socios de la cadena de suministro y, sobre todo, desencadenar e incentivar acciones impactantes y efectivas sobre el terreno. La legislación intersectorial a escala de la UE, que refleje la evolución nacional y con una clara responsabilidad, debería armonizar estas expectativas hacia las empresas, mejorando en última instancia los resultados para las personas y el planeta. Por lo tanto, acogemos con beneplácito los esfuerzos de la Unión Europea y sus estados miembros para introducir una nueva legislación obligatoria sobre derechos humanos y diligencia debida ambiental, como parte integral de la iniciativa para reconstruir una economía más resistente que funcione para todos”.
Es decir, se les exigirá a empresas y supermercados europeos no comprar productos como la palta de las comunas de Llay Llay o de Petorca, donde se priva a personas como Marcelo Díaz a su derecho al agua.
Aparte de los significativos cambios al nivel de la Unión Europea, también hay reacciones de países europeos individuales. En Alemania, los ministros del trabajo y desarrollo presentaron a finales de julio de este año un proyecto de ley de responsabilidad empresarial en las cadenas de valor, dada la baja capacidad de autorregulación que tiene este sector. Esta ley tiene como objetivo principal que las empresas respeten los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente.
La ley de responsabilidad empresarial en las cadenas de valor, en alemán Lieferkettengesetz, obligaría a las empresas alemanas a hacerse responsables de las externalidades negativas que trae consigo la producción de bienes y servicios en el extranjero. La ley se centra principalmente en el resguardo de los derechos laborales y en el cuidado del medioambiente, así como también, en que las empresas tomen medidas que impacten positivamente al país productor. De esta manera, si una empresa no adopta las medidas necesarias podrá ser procesada a través del juzgado alemán. Esta ley pondría en jaque a la agroindustria chilena, ya que esta vulnera a las comunidades y ecosistemas, debido al uso intensivo del agua y suelo por parte de las plantaciones.
Asimismo, el 6 de agosto del presente año, la Corte Suprema señaló que el Estado de Chile al ratificar diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, ha adquirido de forma voluntaria una serie de obligaciones que no está cumpliendo. Dentro de los casos se encuentra la Resolución 64/292 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010, donde Chile votó a favor. En ella, se reconoce que el derecho al agua potable y al saneamiento es esencial para la realización de todos los derechos humanos. Adicionalmente el pasado 20 de agosto el experto en Derechos Humanos al agua y al saneamiento de la ONU, Léo Heller, llamó al Estado de Chile a “dar prioridad a los derechos al agua y a la salud antes que los intereses económicos”. Este llamado de atención se genera dado que Chile es uno de los mayores exportadores de palta a nivel mundial. Esta plantación frutal ha contribuido a que la zona centro-norte del país presente una grave condición de escasez hídrica, la cual es acentuada por los efectos de la megasequía que se vive hace más de 10 años, siendo la provincia de Petorca una de las zonas más afectadas.
Frente a esta situación, las comunidades no cuentan con agua suficiente en sus territorios para cubrir necesidades básicas, por lo que el Estado ha destinado esfuerzos en realizar el suministro del recurso mediante camiones aljibe. No obstante, esta solución no ha sido más que una medida paliativa que no ha permitido asegurar a las personas agua en cantidad y calidad suficiente, ya que no alcanza los estándares mínimos de 50 a 100 litros por persona al día definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, no solo las personas han visto vulnerados sus derechos, sino que también los ecosistemas se han visto fuertemente afectados.
La zona central de Chile ha sido reconocida a nivel mundial por su alta biodiversidad de especies de flora y fauna, las cuales se han visto fuertemente afectadas por la actividad antrópica. Respecto a esto, el bosque esclerófilo ha sido uno de los ecosistemas más deforestados del país, sufriendo una pérdida cercana al 40% de su superficie en los últimos 50 años. Dentro de las principales causas de este escenario, está la expansión urbana y del agronegocio que promueve el reemplazo de ecosistemas por monocultivos de paltos. Según Fernanda Miranda, geógrafa de Fundación Terram, “En 1990 la superficie de paltos era de aproximadamente 8000 hectáreas y al 2020 aumentó a 30.000 hectáreas en todo el territorio nacional, lo que significa un incremento importante. Pese a que hay una intensa sequía en la zona mediterránea, esto no les ha impedido plantar, precisamente porque son quienes tienen el agua en desmedro de otros usos, como lo son el consumo humano, la agricultura familiar-campesina y la conservación ecosistémica”.
Desde hace tiempo la agroindustria no se limita a la zona centro-norte. Sin ir más lejos, yendo desde Santiago al sur, en la comuna de Las Cabras, ubicada en la localidad de Quilicura, VI región, la Sociedad Agrícola Tralcán SpA taló 40 hectáreas de bosque nativo para llevar a cabo su emprendimiento de paltos, hecho que fue denunciado por la comunidad y la diputada Alejandra Sepúlveda. Esto trajo como consecuencia la detención de los permisos, ya que la Contraloría General de la República dictaminó que existía una incompatibilidad entre los permisos de sustitución de vegetación nativa con la Ley de bosque nativo. En respuesta a lo anterior, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), en abril de este año, emitió un recurso de protección donde señala, entre otras cosas, que los terrenos están cubiertos por “malezas o especies de bajísima rentabilidad, como es el espino, el cual solo sirve para producir carbón”. Esta afirmación por una parte es imprecisa, ya que los bosques de espinos tienen importantes funciones ecosistémicas como enriquecer los suelos con nitrógeno, ser una especie pionera que posibilita la recuperación del bosque esclerófilo, entre otras. Por otra parte, da cuenta de la falta de responsabilidad que tiene el gremio con la sustentabilidad de los ecosistemas, considerando que este tipo de acciones trae consigo una gran pérdida de diversidad biológica.
Pero no solamente el derecho humano al agua y el equilibrio de los ecosistemas han sido vulnerados por los intereses de la agroindustria, sino que también el uso de pesticidas, que están prohibidos en otras partes del mundo, han puesto en peligro la salud de los trabajadores. Un reciente reportaje de la prensa suiza demostró claras deficiencias en el trato a las personas y las comunidades aledañas, mientras que las plantaciones de paltos mantienen conductas antisindicales y condiciones laborales indignas con sus trabajadores.
Frente a las críticas en contra de la producción de paltas, el gremio Palta Hass y algunos productores se han respaldado con una serie de certificaciones. Rainforest Alliance certifica en la actualidad alrededor de 85 empresas de producción de palta. Sin embargo, dos de ellas están vinculadas de manera directa al robo de agua en la provincia de Petorca. En este sentido ¿Qué tan confiable es un sello que certifica a aquellas empresas? No basta con la voluntariedad y los sellos que deberían cumplir con un determinado estándar. Se vuelve necesario obligar a las empresas a cumplir con ciertos estándares mínimos para sus producciones.
De aprobarse las leyes que actualmente se debaten en la lejana Europa, la lucha de Marcelo Díaz podría pensarse bajo otros términos. Si en Chile no se logra garantizar el Derecho Humano al agua, agricultores como el señor Díaz podrán recurrir a las cortes europeas. Esto, dado que la sobreexplotación del agua en Chile genera una falta de este vital elemento para las comunidades locales, el cual finalmente es consumido en forma de palta en los hogares europeos. En este sentido cobra vital importancia los procesos sociales que se han suscitado desde el 18 de octubre del año 2019, los cuales demandan cambios sustanciales en cuanto a educación, salud, pensiones y recursos hídricos, entre otros temas, para que sean consagrados como derechos sociales en una nueva Constitución.
Ad portas del plebiscito que se realizará el 25 de octubre para ratificar la redacción de una nueva carta fundamental, diversos sectores de la ciudadanía exigen un marco regulatorio de las aguas acorde al actual escenario de crisis hídrica. A su vez, se pide garantizar el Derecho humano al agua para todos y todas, considerando también los requerimientos ecosistémicos. De esta manera se espera terminar con la concepción prevalente en la actual Constitución de que el agua, en lugar de ser un bien común, es una mera mercancía o la propiedad privada de unas (pocas) personas.