El pasado 9 de abril el gobierno entregó la actualización de su compromiso de reducción de emisiones y medidas para enfrentar el cambio climático[1]. Anunció con orgullo que se compromete a alcanzar el peak de emisiones de gases con efecto invernadero de Chile para el año 2025. Eso significa que como país nos comprometemos a seguir incrementando las emisiones por cinco años más. Como si a un paciente con obesidad, hipertensión, diabetes y colesterol alto le recetaran sedentarismo y una dieta alta en azúcar refinada, sal y grasas saturadas por cinco años más.
El Ministerio del Medio Ambiente mantiene intactos sus compromisos en materia de bosques, sin atender a las recomendaciones del panel científico. Insiste en comprometer manejo de bosque nativo como medida climática, a pesar de que CONAF tramita con total falta de transparencia los planes de manejo de bosque nativo. Además, diversas evidencias nos muestran que tal manejo dista de ser sostenible: Existe una pérdida sostenida de bosques nativos en el país, autorizó ilegalmente la tala de 22.000 hectáreas de bosque nativo en la zona central del país para fines agrícolas y es responsable de la tala de unas 40 araucarias como parte de una estrategia de prevención de incendios forestales en el Parque Nacional Nahuelbuta.
El Ministerio del Medio Ambiente continúa comprometiendo 130.000 hectáreas que podrían estar compuestas por monocultivos forestales de rápido crecimiento, como pinos y eucaliptus, como una contribución climática, sin ajustarse a ningún sustento científico. Existe abundante evidencia que señala a las plantaciones de la industria forestal como uno de los principales responsables de la pérdida de ecosistemas naturales, de la disminución en la disponibilidad hídrica y de un incremento en la incidencia y magnitud de los incendios forestales. De esta superficie, 100.000 hectáreas podrían transformarse en pulpa de celulosa, profundizando los impactos ambientales y sociales de la industria forestal en el país y sin contribuir en el largo plazo en la captura de carbono.
El compromiso del gobierno en materia de degradación y deforestación se reduce a cálculos de emisiones. Sin embargo, estos cálculos tienen profundos problemas metodológicos, como son el no contabilizar emisiones cuando la corta de bosque nativo es programada y contabilizar como degradación cuando se sustituye el bosque nativo por monocultivo de especies exóticas. No se atiende al hecho de que en Chile, de los 127 ecosistemas terrestres identificados, la mitad está amenazado y 14 han sido clasificados En Peligro o En Peligro Crítico. Ni tampoco al hecho de que en Chile se estima una pérdida de bosque nativo de hasta 71.000 hectáreas anuales en las últimas décadas[2], o que se estima una pérdida de humedales continentales de hasta un 75%[3].
Por último, el anuncio de incluir al año 2030 la restauración de paisajes en un millón de hectáreas debe revisarse en profundidad. Un Plan Nacional de Restauración de Paisajes no tiene ningún sentido si no se detiene simultánea e inmediatamente la destrucción de los ecosistemas naturales. La restauración es una opción más costosa, ineficiente e incierta que la conservación de los ecosistemas y su funcionamiento. Por otra parte, el Plan Nacional de Restauración de Paisajes (2020-2030) que se sometió a consulta pública[4] y que anuncia ser presentado el 2021, debiera ser sometido a Evaluación Ambiental Estratégica. Este plan comprendía los elementos del paisaje de manera sectorizada y carecía de una aproximación integral que permitiera una restauración del paisaje para recuperar los servicios ecosistémicos esenciales.
Tal como fue sometido a consulta, el plan podría transformarse en un nuevo instrumento de fomento forestal, como el cuestionado DL 701, o en una estrategia para instalar más monocultivos de frutales. Contemplaba la recuperación de la productividad de suelos agrícolas y forestales, a pesar de ser estas actividades las principales responsables de la pérdida de ecosistemas naturales y sus funciones ecológicas junto con la urbanización. Por otra parte, en el plan no existe claridad sobre cómo se definirían las prioridades territoriales, no sabemos si existirá transparencia en el proceso de definición de esas prioridades, si existirá un proceso participativo, quiénes y cómo acompañarán el proceso, ni tampoco sabemos si será un proceso vinculante y democrático. Tampoco conocemos con qué criterios se seleccionaron las regiones de Coquimbo a la Araucanía para ser objeto del plan, y cómo se estimaron las superficies por región que fueron presentadas por la Ministra Schmidt.
La crisis climática requiere de transformaciones urgentes y sin precedentes considerando los contextos locales y las necesidades de las personas. Así lo ha señalado el Panel Intergubernamental por el Cambio Climático. La situación en Chile es crítica y para el gobierno no lo es. Un millón de habitantes del territorio nacional no tienen acceso asegurado al agua mientras la industria agrícola y forestal es responsable de un 96% del consumo de agua a nivel nacional[5]. Más de 9 millones de habitantes están expuestos a la contaminación atmosférica[6], más de 3.000 personas mueren al año prematuramente por exposición crónica a esta contaminación y en Chile están 9 de las 10 ciudades más contaminadas de toda América Latina. Para poder detener el avance de la crisis climática es prioritario reducir emisiones, detener la destrucción de ecosistemas naturales y mantener caudales ecológicos en ríos y esteros.
El Sexto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile[7], elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente, reconoce que el cambio de uso de suelo impulsado por la industria agrícola y forestal y la urbanización son los principales causantes del deterioro de los ecosistemas terrestres del país, y reconoce que la minería afecta ecosistemas frágiles por la extracción de aguas subterráneas, la contaminación de acuíferos, las faenas abandonadas, paralizadas y sus residuos, incluyendo entre ellos los relaves, que representan un riesgo para la vida y la salud de las personas y al medio ambiente.
Las recomendaciones del panel científico coinciden en señalar la importancia de proteger de manera efectiva e inmediata los ecosistemas naturales remanentes, lo que se traduce en su conservación en el tiempo, evitando el cambio de uso de suelo y su degradación. No cinco turberas. No diez humedales. Todos: Bosques nativos y bosques ribereños, matorrales y pastizales, glaciares y humedales, desde bofedales, vegas, salares, bosques pantanosos, ñadis y turberas, incluyendo lagos, lagunas, pantanos, ríos, esteros y arroyos, maximizan la captura y secuestro de carbono, aseguran la provisión hídrica y la regulación de los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos y mantienen las condiciones para conservar la biodiversidad, aportando bienestar, beneficios y bienes a las personas. Son la infraestructura crítica que por ahora debieran estar protegidos como política de Estado, procurando el bienestar y seguridad de las personas, y avanzar en materia legislativa y regulatoria para asegurar su protección en el tiempo.
No hay nada que celebrar.
[1] https://mma.gob.cl/gobierno-entrega-la-actualizacion-de-su-compromiso-de-reduccion-de-emisiones-y-medidas-para-enfrentar-el-cambio-climatico/
[2] Lara, A., Urrutia-Jalabert, R., Reyes, R., González, M.E. Miranda, M., Altamirano. A. Zamorano-Elgueta, C. 2019. Bosques Nativos. En: Informe País, Estado del Medio Ambiente en Chile. Instituto de Asuntos Públicos. Centro de Análisis de Políticas Públicas. Universidad de Chile. Santiago, Chile.
[3] Bravo, R., Díaz H., Herrera, M. & E. López. 2019. Ecosistemas marinos y del borde costero. En: Informe País, Estado del Medio Ambiente en Chile. Instituto de Asuntos Públicos. Centro de Análisis de Políticas Públicas. Universidad de Chile. Santiago, Chile.