El impacto socio-ambiental de la industria de paltas en la provincia de Petorca

Frente a la sesgada campaña  mediática realizada por parte del lobby chileno de exportación de paltas, decidimos resumir y presentar información de fuentes confiables sobre el contexto socio-ecológico sobre la producción de este fruto en la provincia de Petorca, ubicada en la Quinta región, Chile.

La información seleccionada se basa en fuentes de organizaciones públicas chilenas (Instituto Nacional de Derechos Humanos, Dirección General de Agua, diversos ministerios), trabajos de investigación de académicos y de prensa (inter)nacional especializada en materias de derechos humanos y derechos ambientales.

El material está disponible en tres idiomas (castellano, inglés y alemán) y se actualizará regularmente.

El portal contiene información sobre:

1. Violación al derecho humano al agua en la provincia de Petorca.
2. Amenazas y  represión en contra de organizaciones de la sociedad civil que han denunciado la situación en la provincia de Petorca.
3. Agroindustria, cambio climático y el desastre ecológico en la provincia de Petorca.

1) Violación al derecho humano al agua en la provincia de Petorca

Chile contra la corriente mundial: La (casi completa) privatización del agua

Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas – tanto servicios como fuentes - casi completamente privatizadas. Aunque el agua se define como bien nacional de uso público, el Art. 19 No. 24 de la Constitución y el Código de Aguas, ambos fraguados por la dictadura cívico-militar en el transcurso de los años 80, permiten al Estado chileno traspasar sus derechos de agua a privados sin ninguna restricción temporal o sobre formas y prioridades de uso. A contar de dicho período, el Estado Chileno entregó sus derechos de agua a privados en forma gratuita y perpetua. Los dueños de los derechos de agua después pueden lucrar libremente en un mercado  con poca regulación por parte de la Institucionalidad a cargo como lo es la Dirección General de Aguas (DGA). Esto llevó a una creciente concentración de los derechos de agua en manos de pocos grandes empresarios del sector agroindustrial, las forestales y la mega-minería.[1]

Aproximadamente el 80% del agua potable en Chile se gasta hoy día en la agroindustria, especialmente en la exportación de frutas. Con drásticas consecuencias para la población local. Una investigación de Ciper Chile mostró que el Estado Chileno gasta alrededor de 25 millones de euro anualmente para abastecer con agua a medio millón de personas a través de camiones aljibe. Esto se debe parcialmente a problemas de escasez hídrica, parcialmente a una falta de inversión por parte del Estado y las empresas sanitarias en áreas rurales o (semi)urbanas precarias.

Aunque el World Resource Institute clasificó a Chile como uno de los 30 países más afectados por estrés hídrico, el Estado chileno ya no tiene el control sobre sus aguas. Por tal motivo, el Informe de Evaluación Ambiental de la OCDE (2016) critica la falta de garantía del derecho humano al agua en Chile, la alta fragmentación de las organizaciones públicas a cargo de las políticas públicas de provisión de agua, y la alta concentración de derechos de agua y la falta de inversión en infraestructura necesaria. Sin embargo, la fragmentación de las instituciones a cargo de la planificación y política hídrica no es el único problema. La DGA no tiene información relevante como para llevar adelante un proceso de planificación de políticas públicas hídricas y de distribución de  derechos de agua de forma generosa, incluyendo en comunas declaradas zonas de escasez hídrica. En la mayoría de las 101 cuencas hidrográficas de Chile, los derechos de agua tanto superficiales como subterráneos están sobre-otorgados. Muchos ríos se secaron, las napas subterráneas se están agotando.[2]  En resumen, el problema que vive la provincia de Petorca no es un problema aislado sino un problema nacional.

La Situación en la Provincia de Petorca

Los dos ríos que abastecen la provincia de Petorca se secaron hace años y solamente llevan agua un par de días durante el invierno. El Río Petorca fue declarado agotado en 1997 y el Río Ligua entró en la misma condición en 2004. Aunque los ríos de la región ya estuvieron bajo estrés desde los años 1990, la DGA seguía entregando derechos a base de un balance hídrico publicado en Mayo 2002 Informe Tecnico Sit 80 cuestionado por académicos por la metodología aplicada.[3] Según un estudio de la Fundación Chile en el caso del Río La Ligua, los derechos de agua se sobre-otorgaron en un 29%, el río Petorca se encuentra en estrés porque se otorgaron casi el 90% de los derechos de agua disponibles, es decir sin un cauce ecológico mínimo y con riesgo de agotamiento de las napas subterráneas. Otra Investigación realizada por el Centro de Estudios de Recursos Naturales (CIREN) muestra, que gran parte de las plantaciones de paltos se encuentran en suelos no aptos para el cultivo agrícola, factor que aumenta el peligro de degradación. Según un estudio de Paola Bolados, académica  de la Universidad de Valparaíso,  publicado por Ciper Chile, gran parte de los derechos de agua en la provincia se concentra en apenas cuatro familias que tienen derechos de más de 2.323,32 litros/segundo.

Aparte del problema de sobre-otorgamiento y monopolización de derechos de agua en manos de pocas familias, hay un problema perseverante con drenes y pozos ilegales que se encontraron en toda la provincia. En 2011, un informe mediante técnicas de teledetección aeroespacial identificó la existencia de 456 pozos y 65 drenes en los acuíferos de los Ríos La Ligua y Petorca. Con los Informes Técnicos de Fiscalización No. 48/2011 y No. 49/2011 de la DGA de la Provincia de Valparaíso se empezó un proceso de fiscalización.[4] Sin embargo, la falta de recursos para fiscalización, multas muy bajas por el delito de usurpación de agua[5] y presiones políticas que terminaron con la renuncia del entonces Gobernador Gonzalo Miquel Wenke[6] impidieron un proceso de fiscalización eficiente.

Las violaciones al derecho humano al agua en la provincia también fueron investigadas por el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) en una misión a terreno en el año 2014, sin embargo hasta ahora las recomendaciones de la misión se realizaron solamente parcialmente. Ya el año anterior, el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales dedicó un capítulo a las violaciones a los derechos humanos en la provincia de Petorca.

Solamente cuando la prensa europea toma el tema de usurpación de agua en la provincia de Petorca, hay una revitalización del proceso de fiscalización. En una misión de fiscalización de la DGA a Petorca en junio de 2018 se detectaron 27 situaciones irregulares en 54 pozos.[7] Anteriormente, el Informe N°. 254/2017 con fecha del 6 de julio de 2017 del Gobierno Provincial de la Provincia de Petorca resume datos sobre el mercado negro en la provincia y la dependencia de parte de la población de camiones aljibe.[8]

Las violaciones al derecho humano al agua actualmente están investigadas por la DGA y por comisiones parlamentarias. El Instituto Nacional de Derechos Humanos volvió a la provincia en julio de 2018 con otra misión de observación para actualizar el diagnóstico y verificar que se priorice el uso humano del agua en la provincia.[9]

En resumen, hay evidencia confiable y abundante que la población rural de la Provincia de Petorca, declarado otra vez como zona de escasez hídrica el 5 de julio de 2018 efectivamente padece de violaciones al derecho humano al agua.  

1. La historia de represiones en contra de la organización MODATIMA

La Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll con sede en Santiago de Chile trabaja desde fines del año con la organización MODATIMA (Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente), movimiento que nació en 2010 en la provincia de Petorca debido a la grave crisis hídrica. Los miembros de MODATIMA sufrieron tanto amenazas de muerte como otras formas de hostigamientos que se recrudecieron cuando aparecieron los primeros reportajes sobre el impacto socio-ecológico de las plantaciones de palta en Europa.

En 2017, Amnistía Internacional, por primera vez en un caso chileno , inició una acción urgente para proteger las vidas de Rodrigo Mundaca, Verónica Vilches y otros miembros de MODATIMA que habían recibido amenazas de muerte por denunciar extracciones ilegales de agua en la provincia de Petorca en medios internacionales. En abril de 2017 el Instituto Nacional de Derechos Humanos dictó medidas de protección; en junio de 2018 el Fiscal Regional reiteró la necesidad de poner a Rodrigo Mundaca y a Verónica Vilches bajo protección policial. Fiscalizaciones por parte del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas (DGA), como también investigaciones de las Comisiones Parlamentarias de Recursos Hídricos y Agricultura de ambas cámaras del Parlamento Chileno muestran la veracidad de las denuncias.

Es decir las afirmaciones del lobby de los exportadores de palta señalados en Europa de que supuestamente no hay ningún antecedente de amenazas en contra de los miembros de nuestra contraparte MODATIMA son absolutamente falsas.

Una selección de fuentes confiables con información respecto a la criminalización de los miembros de MODATIMA aquí:

https://danwatch.dk/en/activist-receives-death-threats-following-danwatch-avocado-investigation/

https://www.raconteur.net/sustainability/human-rights-are-now-part-of-business

https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/protect-chile-human-rights-defender-rodrigo-mundaca-and-modatima-members/

https://www.business-humanrights.org/en/rodrigo-mundaca-modatima

https://www.amnesty.org/en/press-releases/2018/06/chile-authorities-must-protect-rodrigo-mundaca-and-other-environmental-defenders/

http://www.terram.cl/2018/05/escala-conflicto-en-petorca-y-senadores-piden-citar-a-jorge-abbott/

Aparte de amenazas de muerte, miembros de MODATIMA también fueron víctimas de otras formas de represión como el uso de una ola de querellas para intimidarlos. Entre julio de 2012 y agosto de 2014, el vocero de MODATIMA compareció 24 veces a 4 tribunales distintos. A pesar del hecho que investigaciones recientes muestran claramente que la extracción ilegal de agua en el contexto de la producción de paltas de exportación es un problema continuo en la provincia de Petorca, en noviembre de 2014 Rodrigo Mundaca fue condenado por supuesta calumnia a 61 días de cárcel. La condena se conmutó posteriormente por firma mensual antes gendarmería (noviembre 2014 a Noviembre 2015) y la multa se pagó en monedas de un peso a través de la campaña "sácate un peso de encima", una acción solidaria realizada a lo largo de todo el país. Mientras Rodrigo Mundaca pagó la multa, las medidas dictadas por tribunales chilenos en contra de los exportadores de palta aún no se cumplen. Entre otros, el ex-Ministro del Interior Edmundo Pérez-Yoma hasta hoy día no cumple con el fallo de la Corte Suprema con fecha de mayo de 2017 que lo obligó a devolver los derechos provisorios de agua.[10][c6] 

1. Agroindustria, cambio climático y el desastre ecológico en la provincia de Petorca: El negacionismo del lobby paltero

Hasta ahora la estrategia comunicacional de los gremios palteros se concentró en las siguientes líneas:  1) difamar a las y los defensores del derecho humano al agua como una especie de eco-terroristas o extremistas sobre-ideologizada/os que dañan el imagen del país; 2) minimizar su propia responsabilidad en la crisis hídrica en Petorca, enfatizando factores como a) el cambio climático y la falta de lluvia; b) problemas de gobernanza hídrica causados por la Dirección General de Aguas (DGA) o la empresa sanitaria de la zona – ESVAL - o ambos; 3) acusar los miembros de MODATIMA como fuente “poco confiable” y a la prensa europea por sobredimensionar la huella hídrica en el cultivo de paltos y presentar información falsa.

En junio 2018 una delegación del lobby paltero, compuesto, entre otros por el Presidente de las Asociación de Exportadores de Fruta (ASOEX) y el Presidente del Comité Palta Hass se fue a un tour en Europa supuestamente para “desmentir” la información difundida por medios de comunicación europeos sobre la situación de derechos humanos y la crisis hídrica en le Provincia de Petorca. Insistieron que la escasez hídrica es producto del cambio climático y negaron la co-responsabilidad de los grandes productores en la crisis socio-ambiental que vive la provincia actualmente.

Obviamente el cambio climático tuvo un impacto en la dramática situación que vive la provincia hoy día. Petorca siempre se caracterizó por grandes variaciones de precipitaciones por año y la última década las precipitaciones anuales fueron bajo el promedio de 309 mm/año. Sin embargo, el cambio climático es solamente una parte del cuadro. Lo que les molestó a los exportadores de paltas es que los reportajes en Europa, aparte de factores climáticos, también mostraron los factores políticos detrás de la tragedia que vive Petorca hoy en día. El Artículo 19, N° 24 de la Constitución y el Código de Aguas convirtieron el agua en una mercancía y favorecieron además la concentración de los derechos de agua en las manos de pocos propietarios. Adicionalmente la actual legislación no asigna prioridades de uso y al Estado le falta información y capacidad fiscalizadora para asegurar el derecho humano al agua. En un contexto de creciente escasez hídrica, el acceso al agua en la provincia de Petorca se convirtió en un privilegio. La población rural tiene que competir con la industria exportadora de paltas para satisfacer sus necesidades básicas. La pregunta “ ¿cuántos litros de agua se requieren realmente para cultivar palta?” es una pregunta abierta. Las estimaciones varían entre 1000 y 369 litros publicados por Water Footprint Network y fuentes del gremio paltero respectivamente. Sin un balance hídrico detallado, que fue vetado por los grandes exportadores hasta hace poco, no es posible establecer la cantidad exacta. De acuerdo a una investigación realizada por Roberto Castro y Marión Espinoza, “cada árbol de palta puede utilizar hasta 187,4 litros de agua al día en periodos de riego como enero, febrero y marzo. La totalidad de las plantaciones en laderas se encuentran en zonas de muy alta fragilidad, lo que implica, tal como ha venido ocurriendo, conflictos por el uso del recurso agua con las zonas de valles", añade el estudio.

Sin embargo, se puede afirmar que aunque la superficie plantada por paltos se redujo considerablemente después de la prolongada escasez y la helada de los años 2007 y 2008, el sobre otorgamiento de derechos y la demanda de agua por parte de la agroindustria continúan poniendo en peligro el frágil balance de los ecosistemas en la provincia.[11]

En resumen, hay factores políticos – aparte de la innegable influencia del cambio climático – detrás de la escasez hídrica en la provincia y se requiere un diálogo político serio para resolver el problema. Hasta ahora los agro-exportadores se limitaron a difamar tanto nuestro contraparte MODATIMA como ”extremistas”o “eco-terroristas“ y acusaron a la Oficina Regional Cono Sur de proveer información falsa a la prensa internacional.

Lo que los grandes exportadores de palta aparentemente no entendieron es que el periodismo investigativo internacional es riguroso y autónomo. Además, como todos sabemos, las leyes europeas respecto a medios de comunicación son estrictas Si medios de comunicación difunden información falsa tienen la obligación de corregir los errores e informar a sus lectores. A pesar de los anuncios del lobby de exportadores de palta de tomar medidas legales, hasta ahora, ningún medio de comunicación europeo tuvo que corregir la información publicada. Todos los reportajes siguen en línea sin correcciones algunas:

Danwatch “Avocados and Stolen Water”

Weltspiegel/Deutsche Welle: “El aguacate, el lado oscuro del superalimento”

The Guardian “Chilean Villagers claim British appetite for avocados is draining village dry”

Aunque el gremio paltero con apoyo de parte de la prensa nacional chilena – no exactamente independiente de intereses gremiales – hizo un esfuerzo quijotesco para presentar un contundo fracaso como éxito, el resultado del tour de marketing fue nefasto para el gremio. En lugar de responder las inquietudes de los consumidores europeos y de las cadenas de retail y mostrar su disponibilidad para abrir un diálogo con la población afectada de Petorca, se presentaron como dueños de latifundio atacando a un buen número de los medios de comunicación europeos con más prestigio como “mentirosos” sin presentar la información necesaria para comprobar sus acusaciones.

En resumen, el mensaje que aún no llega a las grandes empresas exportadores de paltas es que en un mundo cada vez más integrado por el comercio internacional, estándares de derechos humanos también se globalizan y forman parte del negocio (artículo de Jim McClelland en suplemento “Empresa Responsable” de The Times, London). El mensaje central del artículo en The Guardian transmitido por un portavoz del British Retail Consortium, organización que representa las principales cadenas de supermercados en Gran Bretaña fue bien simple: “Salvaguardar el bienestar de las personas y las comunidades en las cadenas de suministro es fundamental para nuestras prácticas de abastecimiento como una industria responsable”. Lo que se les escapó a los empresarios chilenos fue el hecho de que mercados globales no solamente están compuestos por flujos de capital y productos sino también por consumidores cada vez más exigentes en términos de cumplimiento con estándares de derechos humanos y ambientales. Es decir, para mucha/os europea/os el valor de un producto hoy día ya no se expresa solamente en el precio y la calidad sino también en la responsabilidad hacia los derechos de las personas involucradas en la producción del producto a lo largo de la cadena de suministro. Crecientemente el éxito comercial de una empresa en Europa también depende de su reputación en materias de derechos humanos y ambientales. “Cuando se trata de su reputación, una empresa solamente vale tanto como su cadena de suministro” (artículo citado de JimMcclelland en suplemento “Empresas Responsables” The Times, London). Como respuesta a consumidores cada vez más conscientes, empresas internacionales y marcas globales han empezado a producir sus propios informes en materias de derechos humanos para comprobar su cumplimiento con sus responsabilidades más amplias y exigencias de transparencia. Parte del negocio es ahora un extenso mapeo de potenciales implicancias éticas y ecológicas del producto a lo largo de la cadena de producción y suministro. “Extender el alcance para incluir eventos y externalidades más allá de impactos directos lleva a empresas a la arena de los derechos humanos. Como es el caso en trabajo forzado e infantil,  esto puede significar tomar en cuenta una comunidad más amplia y asuntos sociales, como por ejemplo la extracción de agua en zonas afectadas por sequía, emisiones contaminantes en países con regulación débil, soborno y corrupción, o incluso comercio financiando directamente a conflictos o el terrorismo”(ibid.).[12]

La Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll seguirá trabajando con organizaciones de derechos humanos en Europa para informar a consumidores críticos sobre el cumplimiento estándares ambientales, sociales y derechos humanos a lo largo de la cadena de suministro de paltas. También fomentará un debate sobre procesos de certificación que incluyan estándares sociales e ambientales y factores como el derecho humano al agua que favorezcan también las necesidades de pequeños productores.

Dra. Ingrid Wehr, Directora Oficina Regional Cono Sur, Fundación Heinrich Böll

La Oficina Regional trabaja desde fines del año 2014 con la organización MODATIMA para visibilizar la violación al derecho humano al agua