Argentina: entre el empuje del movimiento de mujeres y el tránsito lento de las políticas públicas

Argentina: entre el empuje del movimiento de mujeres y el tránsito lento de las políticas públicas

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Por Sonia Tessa y Dahiana Belfiori*.

Como si estuviéramos ante una autopista, el tránsito del primer año del gobierno de Mauricio Macri en la Argentina podrá recordarse en dos dimensiones que no se tocan o que apenas confluyen en algún cruce. En una de las vías, la propia gestión gubernamental tomó varias medidas que horadaron derechos, lo que siempre significa una mayor afectación para las poblaciones más vulnerables. Por la otra vía, 2016 también fue el de la mayor movilización del movimiento de mujeres y feministas, lesbianas y trans en la historia argentina. Ambos carriles requieren ser analizados. Apenas asumió, Macri designó en el Consejo Nacional de las Mujeres a una feminista respetada, Fabiana Túñez, presidenta de la organización no gubernamental La casa del encuentro. Siete meses después, presentó el reclamado Plan Nacional de Acción contra la Violencia. Según datos de La casa del encuentro, la estadística elaborada en base a publicaciones periodísticas -por lo tanto parcial y no oficial-, entre enero y octubre de 2016, los femicidios llegaron a 230 en la Argentina, uno cada 30 horas. Así y todo, este año podrá ser recordado por la escasez de métodos anticonceptivos en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, quedará como el año en que el presidente dijo y repitió que estaba en contra de legalizar el aborto. No fue original: antes se había expresado en el mismo sentido su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner. Los severos recortes en el Programa de Educación Sexual Integral, política de largo plazo contra la violencia machista por su perspectiva de género, es otro de los retrocesos en marcha.

En este año, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), registró que la desocupación de las mujeres -y teniendo en cuenta que siempre está por encima del índice general-, volvió a los dos dígitos, con un 10,5% y trepó a 25% en las mujeres jóvenes del conurbano bonaerense, la amplia franja de población que rodea a la capital Federal. Desde el instituto dependiente del Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra) y la Universidad Metropolitana del Trabajo (UMET) registraron un 44,2 por ciento de inflación interanual para la población de menores recursos, y una pérdida del 6 por ciento del poder adquisitivo de lxs trabajadorxs. En este contexto, las poblaciones siempre más castigadas, como la de las personas trans, cuya expectativa de vida no supera los 35 años, son las que sufren mayores vulneraciones.

Todo eso es tan palpable como que 2016 marcó un hito porque escaló la movilización del movimiento de mujeres que estuvo todo el año en las calles y que reclamó en forma sostenida por la liberación de “Belén” (es su nombre de fantasía) hasta lograr que se pusiera fin a su detención arbitraria de 29 meses por un aborto espontáneo en la provincia de Tucumán. Aun así, el proceso continúa y la Corte Suprema de Tucumán ha excedido los tiempos para expedirse en cuanto a la anulación de su condena. Al analizar su causa, la Organización de Naciones Unidas recomendó al gobierno argentino que descriminalice el aborto. La presencia en la calle fue permanente, intensa y multitudinaria. El 3 de junio se consolidó una fecha que llegó para quedarse en la agenda política argentina: nacida en el 2015 con la consigna “Ni una menos”, y reforzada este año con la de “Vivas nos queremos”, la movilización fue imponente en Argentina y se replicó por todo el continente, con expresiones en Perú y México, entre otros países.

Las tensiones existentes al interior del movimiento de mujeres y feminista durante el gobierno kirchnerista se atemperaron, lo que permitió renovar alianzas estratégicas frente a un adversario común: el gobierno conservador de Macri que forma parte de una oleada continental. Eso pudo constatarse en la calle: donde las grandes manifestaciones públicas se bifurcaban, este año se unificaron. El 10 de octubre hubo 100 mil personas marchando por Rosario en el cierre del Encuentro Nacional de Mujeres. Las identidades eran diversas –con enorme mayoría de mujeres- y también las consignas pero dos atravesaron toda la columna de más de 30 cuadras: Aborto legal y Basta de Violencia Machista. Esa marcha terminó, por segundo año consecutivo, en una represión que se pareció a una emboscada. El movimiento de mujeres repudió la violencia estatal, pero no pudo evitar la estigmatización social -atizada por los medios de comunicación hegemónicos- con tinte ejemplificador. El mismo día que miles de mujeres se reunían en ese Encuentro que es una experiencia singular en el mundo, Lucía Pérez, una adolescente de 16, años fue asesinada con un grado de crueldad inimaginable en Mar del Plata. Este femicidio potenció e intensificó la indignación mucho más allá del movimiento de mujeres, pero fue la organización la que logró el primer paro nacional de mujeres, lesbianas y trans contra la violencia machista, el 19 de octubre, con movilizaciones en todo el país. Hasta las fechas clásicas de la agenda feminista, como el 25 de noviembre, tuvieron una masiva presencia en las calles.

En retroceso

En el amplio capítulo de derechos sexuales y reproductivos, la escasez de métodos anticonceptivos provistos por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) fue la gran alerta que marcó el deterioro de las políticas públicas. Analía Bruno, médica generalista integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, describió que “hubo muchísima discontinuidad en métodos anticonceptivos, hubo meses de nada, en todos los insumos que se proveen por licitaciones hubo meses de vacío”. Aún lugares razonablemente abastecidos, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sufrieron merma. “En implantes subdérmicos, hubo una gran demanda que se estimuló desde el sistema de salud, pero después, la provisión no estuvo acorde a la expectativa generada”, planteó Bruno. Otras provincias, como Santa Fe, debieron hacer compras propias de métodos que antes aportaba la Nación.

Estela Díaz es secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores, una de las cinco centrales sindicales que existen en la Argentina. Integra también el Consejo Asesor de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. “Este no fue un año de noticias favorables para las mujeres”, sintetizó la dirigente gremial, quien consideró que “en poco tiempo deberemos plantear que entramos en emergencia en derechos sexuales y reproductivos”. Como muestra de la falta de voluntad política en el área, Díaz señaló que “las dos funcionarias que están a cargo del programa, Silvia Oizerovich y Gabriela Perrotta, no han sido designadas todavía y por lo tanto, no tienen firma autorizada para llamar a licitación o desarrollar cualquier otra acción del programa, como la organización de capacitaciones”. En esa línea, Díaz puntualizó que “hace meses que no se compran métodos anticonceptivos, tuvimos diez años del programa que tuvo resultados positivos y se dejan sin efecto. También renunció Carlos Falistocco, el titular del programa de VIH sida por la falta de preservativos”. Díaz alertó que este desabastecimiento tendrá consecuencias inapelables: “si aumenta la cantidad de embarazos no deseados habrá más abortos, y por lo tanto, aumentarán las muertes de gestantes por aborto clandestino”.

En la Argentina hay interrupciones legales del embarazo (ILE) por causales que deberían ser garantizadas por el sistema de salud público y privado a partir del fallo F., A. L., de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de marzo de 2012. El protocolo ILE es una herramienta del Ministerio de Salud nacional a partir de ese fallo, para garantizar que se realicen los abortos previstos en el artículo 86 del Código Penal, que declara no punibles los abortos cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo fuera producto de una violación. Ese recurso nunca alcanzó el rango de resolución ministerial: no lo hizo el gobierno anterior, que lo elaboró. Con esa dificultad de origen, tiene un alcance dispar en todo el país. Nueve provincias no cuentan con ningún protocolo y otras nueve han adecuado sus reglamentos a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia. Otras siete jurisdicciones cuentan con protocolos que limitan el acceso de las mujeres a su derecho.

En octubre, la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, la provincia más poblada del país, decidió dejar sin efecto la adhesión al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo que había firmado su ministra de Salud, Zulma Ortíz. En forma concomitante con esa decisión, el Protocolo dejó de estar visible en la página de internet del Ministerio de Salud de la Nación. En septiembre, directamente, lo habían eliminado, pero por la presión de la sociedad civil debieron restaurarlo. “El día que bajaron la guía recibieron unos 200 llamados para reclamar que se reponga”, graficó Analía Bruno. Aún así, es muy difícil encontrarlo en la página.

Efectivamente, el acceso a los ILE es dispar. La mayoría de las situaciones quedan al arbitrio de los equipos médicos. “Con respecto a ILE, tenemos una heterogeneidad muy grande, por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires, como también se hace en Rosario, en el primer nivel de atención, los garantizamos a mujeres que están embarazadas de hasta 12 semanas, porque tenemos una visión amplia de la causal salud integral”, explicó Analía Bruno, desde su experiencia en la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. La misma profesional destacó que “cuando tenés que recurrir al hospital, porque es un embarazo que está por arriba de las 12 semanas, o porque a la mujer le falló la medicación, o porque se le hace imposible hacer un aborto en casa, ahí, cuando se hace necesaria la articulación con el hospital, llegan las 15 millones de resistencias y casi no hay garantías. Y cuando no pueden negarse, porque el embarazo es producto de la violación, la mujer internada sufre maltratos”. Que las mujeres accedan a las interrupciones legales del embarazo depende de la suerte que tengan a la hora de encontrarse con profesionales que garanticen sus derechos en el sistema de salud. Desde adentro del sistema, las trabas se viven nítidamente. “Hace 15 años que trabajo en derechos sexuales y reproductivos, siempre es difícil avanzar, si bien este año tuvimos otras dificultades que tienen que ver con la gestión, hay resistencias en temas de interrupción del embarazo y en temas de métodos anticonceptivos, de parte de la corporación médica, ginecológica, obstétrica. Por ejemplo, a diez años de la ley de ligadura tubaria y vasectomia, casi no se practican”, confió Analía Bruno. La médica generalista avizora nuevas restricciones. “Se viene como la gran traba, hasta ahora, lxs profesionales que trabajamos por el derecho a decidir pudimos empujar la causal salud integral y con esta mirada, todos los abortos son legales, porque cualquier mujer que no quiera continuar su embarazo va a ver afectada su salud integral. Pero hay muchísimas resistencias con esto, porque todas las mujeres estarían dentro de la legalidad”, refirió.

Mucho más que resistencias son las acciones criminalizadoras de algunxs profesionales de la salud. En marzo de 2014, Belén concurrió al hospital Avellaneda de Tucumán con un aborto espontáneo -ni siquiera sabía que estaba embarazada- y terminó denunciada por quienes debían atenderla. “Belen fue un caso paradigmático, pero es lamentable que aún existan. La ley de Salud Sexual y Procreación Responsable tiene 14 años y el código penal es de 1921, entonces no pueden ser los servicios de salud tan violadores de los derechos de las mujeres. Es inadmisible”, subrayó Mabel Bianco, de la Fundación de Estudios e Investigaciones de la Mujer. “Por eso, el Ministerio de Salud de la Nación debe aprobar el protocolo de Interrupción legal del embarazo por resolución ministerial y además debe negociar con los ministros de salud de todas las provincias se comprometan a cumplirlo. Esto lo debe hacer a través del Consejo Federal de Salud”, puntualizó Bianco. La tasa de muerte de gestantes es de 32 cada 100.000 nacidos vivos según los últimos datos oficiales del Ministerio de Salud disponibles, de 2013. Ese año, 243 mujeres perdieron la vida por razones relacionadas al embarazo. El 23 por ciento de esas muertes se deben a abortos inseguros. Se estima que en el país se hacen entre 400 mil y 500 mil abortos por año, según la revista Notas de población número 87, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El aborto fue un tema de agenda todo el año. En junio se presentó por sexta vez el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que legaliza la práctica hasta la semana 14. “El derecho al aborto ingresó una vez más el 30 de junio con un gran acto, fue un gran acto con presencia de todos los sectores políticos, también del gobernante Cambiemos, que no se reflejó en una acción consecuente, porque recién hace pocos días se hizo un debate informal en la comisión de salud, pero al haber tantos diputados presentes se hubiese podido lograr un dictamen favorable, que no se logró. Fue una puesta en escena del tema pero no se avanzó nada”, subrayó Marta Alanis. Ninguno de los proyectos anteriores presentados por la Campaña desde 2007 logró tratamiento en comisión. Mientras el marco legal es restrictivo, hay experiencias que van en el sentido de la despenalización social del aborto, como Socorristas en Red, que desde 2012 asiste por teléfono a mujeres que requieren asesoramiento para interrumpir sus embarazos. A lo largo de estos años de acompañamientos -cada vez más numerosos- esta red de colectivas feministas ha detectado en el sistema de salud los sectores que garantizan las prácticas, y tejió alianzas con ese sector, acercando a muchas mujeres para que ejerzan sus derechos en el sistema de salud, siempre que eso sea posible. No sólo la permanente lucha del movimiento de mujeres sostuvo al aborto en la agenda. La máxima autoridad del gobierno nacional se pronunció sobre el tema más de una vez. Por ejemplo, el 19 de junio de 2016, el presidente defendió la “vida desde la concepción hasta la muerte” nada menos que en el Congreso Eucarístico Nacional en la provincia de Tucumán, frente a toda la jerarquía eclesiástica argentina. Para el gobierno, el aborto fue una prenda de paz con Francisco, el papa argentino. El cuerpo de las mujeres fue la ofrenda del estado nacional para aligerar una relación tensa.

Un pantallazo a la situación de los derechos de las mujeres en un solo artículo periodístico es una misión imposible en un país donde estos reclamos forman parte de la agenda política cotidiana y urgente. La emergencia de la violencia machista como un tema de prioridad absoluta amerita un análisis extenso, que excede el alcance de esta nota (ver aparte). Con un grado de movilización inédito, el movimiento de mujeres y feminista todos los días denuncia vulneraciones de derechos, impulsa reclamos e iniciativas. Este carril de la autopista tiene un tránsito mucho más activo que el tránsito lento de las políticas públicas, que deberían garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

 

Sobre las autoras:

Sonia Tessa,  periodista, reside en la ciudad de Rosario,Argentina. Es secretaria de redacción de Rosario 12 y escribe también en el suplemento Las 12, mirada de mujeres de Página 12. Participa de los programas de radio La Noche Impertinente y Juana en el Arco, con perspectiva de género, en dos emisoras de Rosario. Ha recibido el premio Juana Manso y es Periodista Distinguida del Concejo Municipal de su ciudad. 

Dahiana Belfiori, escritora, poetisa y activista feminista argentina.  Autora del libro Código Rosa, relatos sobre aborto. Integrante de la colectiva Socorristas en Red (feministas que abortamos)

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Las opiniones vertidas en este artículo pertenecen exclusivamente a sus autoras

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