El 11 de septiembre de este año se cumplen 40 años desde la mañana en que las fuerzas armadas comandadas por el general Augusto Pinochet tomarán el control del país deponiendo el gobierno del médico socialista Salvador Allende, iniciando así una dictadura militar que duró 17 años en el poder y que instaló los cimientos de una nueva institucionalidad y sociedad chilena que –aún después de más de 20 años de democracia- continúan vigentes.
El mundo ha podido ver como en los últimos 8 años el movimiento estudiantil chileno ha sido protagonista de una movilización social sin precedentes en cuanto a su magnitud. Una movilización que se levanta en contraposición frontal a las políticas heredadas de la dictadura y profundizadas por los gobiernos de la coalición opositora al régimen militar, la Concertación de Partidos por la Democracia, entre 1990 y 2009. Esta movilización por una educación pública, gratuita y de calidad ha contado desde sus comienzos con un gran respaldo ciudadano constatado en diversas encuestas y ha sido capaz de abrir un cuestionamiento total a la sociedad que como país hemos construido. Como fruto de esta se han puesto sobre la palestra temas tan diversos como el sistema político, la descentralización, el medio ambiente, la segregación, la desigualdad, la construcción de comunidad nacional y el sistema impositivo, entre otros.
La educación es por un lado la materia en donde más estructural y
decididamente se incrustaron las ideas neoliberales que caracterizaron al
gobierno de Pinochet y por otro, es el tema que inspira al movimiento social
que mayor capacidad ha tenido de golpear los consensos de la clase política, agrietar el pacto de la transición y visibilizar y articular un malestar real y tangible en las capas medias, mostrándonos a todos y al mundo los enormes costos que ha pagado el pueblo chileno para generar la tan celebrada “transición”. Las políticas educacionales chilenas de los últimos 40 años sirven para ilustrar perfectamente la historia política del país en ese periodo.
Así, el debate por la educación estuvo muy presente en la antesala del clima político que nos llevó al golpe de estado. El gobierno de Allende tuvo un gran impulso para agilizar una tendencia hacia lo público existente en Chile desde principios del siglo XX. Entre lo más destacable en la materia, estuvo aquello que dice relación con un incremento sustantivo en el financiamiento, la matrícula y las responsabilidades de la Universidad Técnica del Estado (UTE) y sus sedes regionales. En materia escolar, se realizó el polémico proyecto denominado escuela nacional unificada (ENU). En él se pretendía que todos los colegios de Chile tuviesen la misma administración, proyecto educativo, financiamiento y calidad, para así generar una unidad en la construcción de ciudadanía. Del mismo modo sus políticas asociaban elementos tales como el control social y democrático del proceso escolar y la idea de incluir al sistema educativo el avance sustantivo realizado en materia de participación social en el nuevo modelo productivo que se estaba construyendo.
El régimen militar de Pinochet intentó hacer todo lo contrario y reconstruyó el país bajo el paradigma del estado subsidiario, privatizando empresas y
financiando con dineros estatales la generación de negocios privados en áreas en que antes no existía un mercado. En materia educacional, se tenía la concepción de la educación como un bien de capital, en el cual una inversión individual genera un retorno exclusivamente privado (en salario), razón por la cual su financiamiento sería responsabilidad únicamente de los estudiantes y sus familias. La calidad de esta educación sería el resultado de la competencia entre las instituciones
educacionales. A su vez, el rol del Estado, en tanto ente que articula el interés social, debe ser mínimo y subsidiario a la intervención de los privados, siendo la posibilidad del retiro de excedentes por parte de los proveedores privados de educación el mejor incentivo y motor para la creación de un sistema educacional que cumpla con el rol que su consumidor demanda.
Las políticas escolares más relevantes durante la dictadura son precisamente aquellas que van a contrario sensu de los programas del presidente Allende, apuntando en todo momento a la privatización del proceso educativo:
En primer lugar el ministerio de educación, se desentiende de la administración de las escuelas públicas pasando éstas a manos de la municipalidad -la unidad territorial básica de cada comuna en Chile. Dada la segregación social que existe en las grandes ciudades y entre las regiones de Chile, hay diferencias groseras en los recursos que manejan unas y otras comunas, lo que se refleja directamente en sus capacidades de administrar los colegios municipales.
En segundo lugar, se puede observar al día de hoy que las estructuras de las municipalidades no cuentan con un cuerpo técnico pedagógico capaz de guiar el proceso educativo, siendo las decisiones presupuestarias de los alcaldes las que muchas veces priman.
En tercer lugar se implementó un sistema de financiamiento estatal vía Voucher, es decir, un “vale portable” o una subvención escolar estatal que reciben tanto los colegios públicos administrados por los municipios, como colegios privados, los denominados colegios particulares subvencionados, por cada alumno que educan. De esta forma comienzan a competir escuelas públicas con escuelas privadas en la captación de alumnos para así poder recibir un mayor aporte estatal. Se genera un enorme nicho de negocios, en donde la ausencia de liceos municipales en muchos barrios hace que los colegios particulares subvencionados no necesiten invertir en la calidad de la educación para mantener la demanda constante.
Terminado el gobierno militar, la Concertación llevó a cabo una serie de
reformas al sistema de educación escolar que en varios casos profundizaron los mecanismos impuestos en dictadura, siendo la más emblemática la instauración del llamado “sistema de financiamiento compartido”, implementado en 1993 y vigente hasta la actualidad. Esta reforma consiste en autorizar a los colegios privados que reciben subvención estatal a cobrar a los alumnos aranceles para poder asistir a su colegio, llegando al absurdo de tener escuelas privadas que cobran en aranceles cantidades similares al doble de lo que reciben por parte del Estado. Esto significa, en palabras claras: el Estado financia a través de subvenciones ganancias privadas, en este caso las ganancias de los propietarios de colegios particulares.
El resultado de este sistema ha sido ordenar a los estudiantes según el ingreso de sus padres con altos niveles de exactitud. Hoy día los niños de Chile tienen más posibilidades de compartir con niños distintos a ellos en su barrio que en su escuela, generando terribles consecuencias sobre la estructura de relaciones sociales del país. Nuestros ciudadanos llegan a la adultez sin haber compartido en su vida con personas distintas a ellos. ¿Cómo estamos preparando a nuestro país para ejercer la democracia? En definitiva, un sistema con uno de los niveles de segregación más altos del mundo, en donde las decisiones de la escuela son tomadas por el ente sostenedor, quien en el mayor de los casos hoy en día es una persona que realizó una inversión de capital que espera ser retribuida, razón por la cual en la toma de decisiones son más relevantes los motivos financieros que los técnicos-pedagógicos.
En el ámbito de la educación superior la dictadura intervino directamente. Sacó a los rectores para poner militares en sus cargos, desmembró la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado de sus sedes regionales, redujo hasta el absurdo el financiamiento estatal a las universidades, haciendo competir a nuevas universidades exclusivamente docentes en un supuesto mercado por igual con las centenarias universidades tradicionales que cumplían algún rol público.
Probablemente en el caso de universidades como la Universidad de
Chile y la UTE la mayor preocupación del régimen fue eliminar el foco de
resistencia política que ellas representaban. El nuevo sistema trajo consigo un gran incremento de la matrícula, los segundos aranceles universitarios más altos del mundo, las universidades públicas destruidas y una generación de profesionales egresados de instituciones de dudosa calidad cuyo título no tiene mucho reconocimiento en el mercado laboral.
En este contexto en el año 2005 se instaura el sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE), mecanismo mediante el cual los estudiantes sin los recursos suficientes (la gran mayoría en el país debido a los altísimos aranceles) se veían obligados a pedir un crédito a un banco para poder costear sus estudios. La tasa de interés de este crédito llegó a bordear el 6% produciendo un endeudamiento asfixiante para muchos estudiantes. Al mismo tiempo, los créditos con menores tasas de respuesta eran comprados por el Estado.
Muchos especialistas en la materia concluyeron que la implementación del CAE era una fracaso total, calculando inclusive que al estado le habría sido más barato financiar directamente a los estudiantes de bajos recursos en vez de pasar por la banca. Sumado a la gravedad que tienen en sí mismos aquellos niveles de endeudamiento y descalabro fiscal en favor de los bancos, surge la pregunta, a qué instituciones los estudiantes pagaron esas cifras. El año 2012 estalló el escándalo de una universidad cuyo rector confesó realizar casi nula inversión en la calidad del proceso educativo, aun cuando los aranceles eran altísimos, siendo el verdadero uso del dinero el retiro de este para beneficio de los dueños. Luego se destapó una red de corrupción entre las universidades privadas y la agencia estatal que entregaba las acreditaciones. Rectores y académicos vinculados a este escándalo están siendo actualmente procesados ante la justicia. El desarrollo del sistema educativo desde el año 1990 hasta hoy da cuenta de algo sumamente relevante para comprender Chile: Pinochet no fue derrotado sino que fue reemplazado por fuerzas políticas que aceptaron y creyeron en su modelo.
Gracias a las movilizaciones sociales hemos podido presenciar un
debilitamiento simbólico de la estructura ideológica del sistema, aunque el
modelo no se ha derrumbado y las instituciones en las que se basa están tan vigentes como siempre, al igual que las relaciones de fuerza que lo sustentan. Aquí hay un problema que no es estrictamente técnico sino un problema de mintereses contrapuestos, un problema político. Creemos por lo anterior, que la msalida definitiva está en manos de la política, la deliberación democrática y el diálogo con la ciudadanía para la creación de un nuevo sistema que no se organice de manera exclusiva de acuerdo a los vaivenes de los precios sino mque se estructure en torno a la respuesta que la sociedad le entrega a la mpregunta: ¿para qué educar? Debe ser un sistema que entienda la educación como un derecho social universal en que el proceso formativo y la producción de conocimiento sean capaces de crear un ámbito de diálogo y de transmisión de cultura donde los sujetos puedan constituirse.
Creemos que el país debe avanzar hacia la creación de un sistema Nacional de Educación cuyo pilar sea la educación pública, con acceso gratuito para los estudiantes, con autonomía para los establecimientos de educación, con nestructuras democráticas y con respeto a la interculturalidad presente en nuestro país. Con miras a la creación de aquel sistema público, serían avances sustantivos:
En primer lugar comprender que la educación escolar municipal no se sustenta con la subvención actual que entrega el ministerio, siendo necesario entregar nuevos aportes basales que no dependan de la demanda que estas escuelas tengan, sino de la manera en que la educación que entregan se corresponda a nla necesidad educativa del país. Del mismo modo creemos que deben dejar de ser las municipalidades las instituciones encargadas de administrar los recursos de la educación pública escolar, siendo urgente la creación de una nueva institucionalidad, que permita la profesionalización de la gestión, el financiamiento constante a los planes de estudio, la cohesión social y sobre todo la participación comunitaria en las tomas de decisiones educativas, cambiando definitivamente el paradigma del estado subsidiario hacia un estado que garantice el ejercicio del derecho social a la educación. A la vez, es necesario que la subvención estatal que se entrega a los proveedores privados de educación sirva efectivamente para garantizar una educación para todos que no segregue a los chilenos y que se utilice efectivamente en educar. Para ello es urgente establecer por ley que los proveedores privados sean personas jurídicas sin fines de lucro que tengan prohibido tanto el retiro de excedentes como el cobro de aranceles. Para que lo anterior sea efectivo la ley debe comprender además de multas y sanciones, la posibilidad de que la escuela que incumpla estas normas pase directamente a ser administrada por el estado. Además, es imprescindible la creación de un sistema de educación técnica profesional pública y gratuita en coordinación con la educación escolar técnica profesional. Materia que realmente coja actualmente en nuestro país.
En segundo lugar creemos que para avanzar hacia la creación de un sistema nacional y público de educación superior es necesaria y urgente un aumento a los aportes basales a la universidades de parte del Estado mediante el presupuesto nacional, para que se desarrollen los procesos académicos que la sociedad demanda. Estos aportes deben llegar en el corto plazo al 50% del presupuesto de estas casas de estudios con miras a que en el mediano plazo vuelvan a ser gratuitas para sus estudiantes. Además es necesaria la creación de un sistema de acreditación y superintendencia que permita la correcta supervisión de la prohibición del retiro de los excedentes por parte de las universidades y que a su vez faculte al ente fiscalizador para administrar provisional o permanentemente aquellos establecimientos privados que incumplan reiteradamente las condiciones mínimas de calidad.
En tercer lugar es urgente que sean derogadas una serie de normas legales y reglamentos que prohíben la organización sindical tanto de funcionarios de la educación como de estudiantes, viendo nuestro legislador, en ella un peligro. Creemos al contrario, que estas instancias de participación son sumamente útiles para la creación de un proceso educativo que realmente sea capaz de estar a la altura y medida de lo que su pueblo requiere, con miras a que nuestro sistema educativo sea finalmente el impulso, y no la traba para que dejemos de ser un país de meros consumidores y pasemos a ser uno de ciudadanos que comprenden que el conocimiento puede ser más rentable que el cobre en el siglo que viene.