Para Juan Emilio Cheyre, ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile y hasta ese momento presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (SERVEL), la situación era sumamente incomoda: a mediados de agosto se encontró en un programa del canal chileno TVN con Ernesto Lejderman, hijo de una pareja mexicano-argentina que a fines de 1973 fue asesinada por una patrulla del regimiento “Arica” (en la ciudad de La Serena, ubicada 500 km al norte de Santiago) mientras intentaban cruzar la frontera hacia Argentina en plena montaña. Cheyre, que en aquel momento era ayudante del comandante del regimiento “Arica”, fue encomendado a entregar personalmente a Ernesto, de apenas dos años, a un convento de monjas. Como en ocasiones anteriores, volvió a afirmar en el programa de televisión no haber estado informado sobre el asesinato de los padres. Había creído la versión “oficial” que sostenía que el matrimonio se había suicidado con explosivos delante de los ojos del niño. Esta declaración a muchos no les pareció muy convincente, ya que el involucramiento de Cheyre en otros casos también suscitaba y suscita dudas. Como por ejemplo, en el caso de la “caravana de la muerte”, un comando de ejecución que comenzó a operar inmediatamente después del golpe a lo largo de todo el país. El comando, que se caracterizó por su gran brutalidad, perpetró, entre otras tantas acciones, el asesinato de 15 detenidos, en colaboración con el regimiento “Arica” al cual pertenecía Cheyre.
El día después del programa, el ex general se vio obligado a renunciar a la presidencia del SERVEL, aunque “con su conciencia en paz”, como subrayó, ya que se había enterado de las violaciones a los Derechos Humanos del régimen recién años después.
El caso da una idea sobre la forma en la que Chile enfrenta su pasado reciente: Pese a una notable cantidad de juicios contra represores de la dictadura (mayoritariamente de rangos inferiores y con penas reducidas), el país hasta el momento esquivó un debate abierto y sincero sobre el pasado, sobre la continuidad del personal y las estructuras heredadas del régimen. Tanto a los autores directos de crímenes y los principales responsables civiles y militares, como a los cómplices pasivos, les resulta sumamente difícil quebrar el pacto de silencio.
Hasta el día de hoy todavía no están resueltos más de 1000 casos de “Detenidos-Desaparecidos”, entre ellos varios menores de edad en el momento de su detención. En estos casos la búsqueda de informaciones y las investigaciones para los juicios penales se ven obstaculizados, porque una gran cantidad de autores imputados o desconocidos todavía mantienen un arduo silencio.
Cerca del aniversario del golpe y en pleno período electoral, el caso Cheyre vuelve a otorgarle virulencia política al escaso y deficiente tratamiento jurídico de numerosos casos de violaciones de Derechos Humanos. Pero a la vez, en este momento político particular, surgen, con más fuerza que nunca, también preguntas y cuestionamientos sobre las continuidades estructurales y las consecuencias e impactos adicionales y más profundos que ha tenido la dictadura sobre el carácter de la democracia chilena.
Considerando la cuestionada historia reciente de las fuerzas armadas chilenas, la decisión de nombrar precisamente a un ex general –aún con los reconocidos antecedentes académicos-civiles de Cheyre- como presidente del servicio electoral nacional, uno de los órganos centrales de la democracia chilena, causó bastante asombro a muchos observadores nacionales e internacionales. Además, en momentos en que el SERVEL enfrentaba reformas difíciles, después de numerosos problemas en las elecciones municipales de 2012.
Las contorsiones argumentativas en el caso Lejdermann solo fueron el factor desencadenante para la renuncia de Cheyre a la presidencia del SERVEL. Poco después de su polémico nombramiento por el gobierno conservador de Piñera, Cheyre, con sus reacciones frente a los reclamos de la iniciativa “MarcaTuVoto – por una Asamblea Constituyente AC”, había mostrado ciertas inseguridades en el manejo del derecho electoral vigente. Primero negó la validez de votos marcados (votos que no solo indican la preferencia por un candidato, sino que contienen adicionalmente un marca “AC” en la parte superior derecha del voto). Sólo después de que varios expertos en derecho constitucional de la campaña probaran lo contrario indicando el respectivo artículo de la ley electoral, finalmente se vio obligado a dar vuelta atrás y a admitir el error. El vaivén en esta cuestión, en un momento muy inoportuno antes de las elecciones presidenciales, ya casi había provocado el retiro de Cheyre y desencadenado fuertes turbulencias entorno al SERVEL, institución que en las elecciones municipales del 2012 ya había sido blanco de constantes críticas por irregularidades en los registros electorales y en el conteo de votos.
Pese a todos los actos conmemorativos y los casos de violaciones de Derechos Humanos no resueltos, la virulencia del debate sobre una Asamblea Constituyente y las confusiones en el SERVEL, así como las persistentes movilizaciones sociales, ponen de manifiesto que a 40 años del golpe y a 23 años del término formal de la dictadura el foco de la mayoría de la ciudadanía está en el legado sistémico del régimen militar. A pesar de todos los progresos y las reformas puntuales de las últimas décadas, la constitución de Pinochet y el sistema político aparecen como un chaleco de fuerza para la democracia chilena, que eternizan un presidencialismo extremo con un parlamento casi sin derechos básicos legislativos y muy poco representativo (por el sistema electoral binominal).
Además, y a pesar de la disminución de las tasas de pobreza oficiales, las extremas desigualdades y las precarias condiciones de vida de una mayoría de las ciudadanas y ciudadanos están fuertemente relacionadas con las reglas del juego impuestas durante la dictadura y amarradas en la actual constitución.
Hoy Chile sigue teniendo una de las mayores tasas de concentración de riqueza y de desigualdad de ingresos de toda la región, con un sector de bajos salarios que está entre los más grandes del continente. En esta realidad socioeconómica, casi totalmente dominada por empresas privadas y mayormente organizada en estructuras cuasimonopólicas, a muchos chilenos les resulta imposible financiar el acceso a una educación de calidad, a servicios de salud adecuados o a una pensión aceptable, y en muchos casos solamente lo pueden lograr con un endeudamiento permanente y cada vez mayor. En el día a día, los chilenos son más bien consumidores de servicios privados que ciudadanos con derechos – a lo que se suma una insuficiente protección del consumidor. El casi inviolable derecho a la propiedad, que en la constitución es fuertemente priorizado, en la práctica restringe otros numerosos derechos (entre ellos los derechos colectivos) de tal manera que cualquier reforma a la constitución solo representa un parche. A la vez, para un país miembro de la OCDE, la reducción del Estado a un mínimo, justificada ideológicamente, hoy en día resulta sumamente contraproducente, ya que lo priva de sus capacidades de implementar estrategias de desarrollo modernas e innovadoras. El país no solo desperdicia innumerables talentos con su injusto sistema educacional. También se autolimita con su enfoque prioritario hacia el sector de recursos naturales, ya que no deja espacio para estrategias políticas de desarrollo de sectores industriales y de PyMEs sustentables con empleos más calificados. Por el contrario, la economía basada en recursos naturales produce nuevas dependencias y vulnerabilidades en relación a coyunturas internacionales y aumenta el riesgo de conflictos nuevos sobre recursos escasos como agua y energía.
Fueron principalmente las movilizaciones estudiantiles y de otros movimientos sociales de mediados de los años 2000, sobre todo desde 2011, las que articularon demandas claras que pusieron en la agenda política los aspectos de discriminaciones estructurales y de deficiencias del sistema político y económico que fue impuesto durante la dictadura y desde entonces casi no ha sido reformado.
Sobre todo en un año de elecciones presidenciales, la elite política -hasta el momento bastante autoreferente- ya no puede negar la necesidad de reformas fundamentales: Ahora incluso una gran cantidad de miembros del partido gubernamental Renovación Nacional (RN) comparte la convicción de que es necesario, por ejemplo, reformar el sistema electoral binominal y fortalecer el parlamento. Muchos chilenos echaron de menos esta aparente y dinámica voluntad de cambio durante el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), quien tiene grandes posibilidades de volver al poder el año próximo. Cabe destacar que, pese a la retórica a veces exagerada, a 40 años del golpe, la mayoría de las reivindicaciones ciudadanas actuales sobre reformas en áreas como la educación son _por ejemplo y salvando las distancias_ parte de un consenso político transversal en países como Alemania.
Además de una reforma de la constitución y del sistema político, y de más participación ciudadana, están en la agenda demandas fundamentales como una reforma de los sistemas de educación y de salud, del sistema tributario, del derecho laboral, pero también de la gobernanza de los recursos naturales y del medioambiente con sus numerosos conflictos en torno al agua, la contaminación medioambiental, los proyectos de energía y de minería.
Con el presente dossier de análisis actuales de autoras y autores cercanos a la Fundación, queremos ofrecer a 40 años del golpe, un balance y, sobre todo, una mirada hacia los desafíos más urgentes de Chile en los próximos años.