Argentina 2010: El derecho de autor y la democracia en la sociedad del conocimiento

Prólogo para el libro Argentina Copyleft! La crisis del modelo de derecho de autor y las prácticas para democratizar la cultura.
Un libro de la Fundación Vía Libre y la Fundación Heinrich Böll Cono Sur

Casi ya un lugar común, el 2001 - como punto culminante de un proceso continuo de deterioro socioeconómico y de la gobernabilidad democrática desde al menos principios de los 70- significó no sólo un derrumbe político y socioeconómico sin precedentes en la complicada y dolorosa historia reciente de Argentina, sino también una reorientación del sistema de coordenadas político-sociales de la mayoría de sus ciudadanos. Mientras que la década de recuperación de la democracia en los 80, consiguió establecer al menos una práctica democrática formal (comola celebración regular de elecciones, el cambio de gobierno y un funcionamiento de los distintos poderes del Estado) como un hito irrevocable y claramente consensuado, las políticas de Estado en los noventa con su orientación privatizadora y desestatizante ahondaron la profunda segregación social y exclusión de una gran mayoría de la ciudadanía. Por lo general, es poco conocido en Europa hasta dónde llegó el afán de privatizar, reducir y hasta desprestigiar no sólo al Estado y sus instituciones como un instrumento democráticamente legitimado de construcción societal y desarrollo sociopolítico, sino el concepto de “lo público” en un termino más general, desde el remate de todos los activos del Estado y la desarticulación de políticas públicas como tales hasta el casi estratégico descuido de los sistemas de educación pública, de salud y previsional y una individualización caníbal. 

Sorprendentes (¿o no?) en consecuencia las reacciones y estrategias de los argentinos a la hora de superar la hecatombe, desde las experiencias más bien comunitarias como autoorganización y reivindicación organizada (piqueteros), trueques y empresas recuperadas en los estratos más castigados hasta la desesperada reacción de la clase media autodefinida como tal –ya no económicamente- de sumergirse en un redescubrimiento de una identidad definida ya no por artículos importados de Miami o Europa, sino por su educación, su conocimiento y sus prácticas culturales, casi olvidadas en medio de una década vertiginosa de consumismo material e intelectual superficial y frivolizado. 

Hablando en términos generales, esa experiencia de redescubrir no sólo el espacio público para la articulación política (en las manifestaciones), sino “lo público” y sin fines de lucro, como por ejemplo instalaciones e instituciones educativas y culturales para una articulación identitaria resaltó en la percepción general de la vinculación entre conocimiento y educación por un lado, y la capacidad de articulación y reivindicación política y progreso socioeconómico por el otro. Asimismo, quedó revalorizado hasta tal punto el concepto de educación pública que hoy en día ni siquiera las fuerzas políticas más atávicas se atreverían a postular públicamente el desmantelamiento de la educación pública, sobre todo por ser ésta la herramienta fundamental de la movilidad social que constituyó históricamente un sello distintivo e indeleble de identidad, sobre todo de la clase media argentina. 

Si bien una cosa suelen ser los dichos y otra los hechos, en este contexto es perceptible una recuperación de la educación pública y gratuita desde el Estado con una política de apoyo a la institucionalidad de la educación pública, dentro de un marco presupuestario bastante ajustado por otras prioridades y, dicho sea de paso, por la falta de una reforma tributaria hacia un sistema más amplio, progresivo y con eso justo. En los últimos años post 2001, el gasto público en educación volvió a crecer hasta casi alcanzar el nivel porcentual del PBI de los países desarrollados; las universidades nacionales por ejemplo reciben en el 2010, según datos del Ministerio de Economía, más de 10 mil millones de pesos en transferencias. Más allá de las falencias persistentes, en parte debidas a la federalización de la educación, hay que constatar que al menos las políticas nacionales están orientadas a aumentar cantidad y calidad tanto como accesibilidad a la educación en todos los niveles, y que están articuladas con otras iniciativas y programas: por ejemplo con el programa de la asignación universal por hijo, que por primera vez vincula un apoyo económico universal para los sectores de más bajos ingresos a la asistencia escolar y sanitaria, apuntando así a reducir el elevado grado de deserción o abandono escolar. 

Es decir, aunque sea discutible si suficiente o no, al menos sí hay una respuesta del Estado a un requerimiento de la sociedad por un mayor y gratuito/libre acceso a la educación y al conocimiento, aumentando la igualdad de oportunidades. En primer lugar, porque constituyen un derecho establecido en la constitución argentina y además, una herramienta fundamental para el progreso socioeconómico y con eso para la superación de la pobreza y exclusión socioeconómica histórica del país. La garantía como el derecho humano a la educación (y por lo tanto al conocimiento), afirmado en la constitución argentina y por tratados internacionales ratificados por el país como del derecho a la inclusión socioeconómica, son pilares fundamentales, sino constituyentes, de una democracia que quiera merecer ese nombre, y se sobreentiende que no sólo en Argentina. Y no son transables por la garantía formal de los derechos políticos, porque el ejercicio pleno e igualitario de estos se dificultan o directamente son imposibles para aquellos sectores de la sociedad que no disponen ni de los medios económicos ni de los conocimientos que les permitan formar y expresar sus opiniones y posiciones como ciudadanos activos y partícipes de los procesos democráticos de su país. 

Si bien en este sentido parece haber un consenso o al menos una clara estrategia del Estado respecto a su deber activo como promotor de un marco educacional gratuito y de acceso al conocimiento a modo de garantizar derechos no sólo sociales, sino también políticos, sorprende por otro lado la restrictividad legal en torno al derecho de autor como marco legal básico para el conocimiento en un contexto de una sociedad no sólo cada vez más diversificada, capacitada y dispuesta a comunicar e intercambiar conocimiento por nuevas tecnologías, sino también con eso a participar activamente en la formación de su cultura como país. Los casos más sonados son el del profesor Horacio Potel (véase el artículo “Las miserias contra la filosofía”) y el de las bibliotecas públicas o universitarias, (véase introducción y el artículo “Las amenazas a la misión de las Bibliotecas”), pero no se limita a estos: abarca la creación y producción de música, arte audiovisual y cinematográfico y mucho más. Justamente en lo que se refiere a música, arte audiovisual y cinematográfico, a primera vista podría parecer convincente el argumento de que un derecho de autor más restrictivo protege y fomenta una creatividad autóctona contra la importación invasiva de productos masivos y culturalmente alienados -podría parecer convincente y también coherente con una estrategia que apoya el desarrollo de actividades culturales no sólo como un factor económico-industrial sino como parte de una identidad propia recuperada, reafirmada y no obstante posibilitando su permanente evolución. 

Pero las estrictas normas argentinas actuales, aumentando y extendiendo temporalmente los derechos sobre las obras evitando así que caigan dentro del dominio público después de un plazo razonable, sobre todo benefician a las grandes empresas, en muchos casos internacionales, y entorpecen o impiden junto a una creciente fiscalización justamente la circulación de muchas de las grandes obras paradigmáticas de la cultura argentina -además con un impacto social no deseado en el todavía difícil contexto socioeconómico de la Argentina actual: los que no disponen de medios para comprar, simplemente no acceden (véase el artículo “La privatización del dominio público” de Beatriz Busaniche).

Si bien no se trata de propiciar una mentalidad de consumismo gratuito, sobre todo en lo que se refiere al uso de materiales y obras de carácter más bien de entretenimiento, y en el amplio campo de la creación artística tampoco de privar a los creadores de un legítimo derecho  a subsistir de sus obras, estos efectos descritos son diametralmente opuestos a la intención de facilitar el conocimiento como herramienta democratizadora en todos los sentidos. Aunque este sea el caso particular argentino, también en otras regiones del mundo se ven afectadas las posibilidades de todos los ciudadanos de acceder, dentro de sus muy distintas capacidades económicas, al conocimiento no sólo como una herramienta para su desarrollo socioeconómico, sino también como el fundamento de su participación activa como ciudadanos y de su identidad cultural. La globalmente creciente privatización del conocimiento, también en las llamadas sociedades desarrolladas, cada vez más segregadas socialmente, pues requiere de un debate abierto sobre todas sus dimensiones y todas sus implicaciones para la constitución democrática de las sociedades, y muy probablemente de una reflexión más profunda desde la sociedad civil y el Estado sobre los límites necesarios. 

Argentina, en el contexto regional y a pesar de la crisis, sigue siendo uno de los países con mayores y mejores índices de formación y conocimiento en todos los niveles, lo que es una precondición crucial para la implementación de una estrategia nacional que apuntaría a superar la dependencia de sectores primarios –y devastadores medioambiental y socialmente- como la agroindustria y minería y quisiera aterrizar finalmente en la sociedad del conocimiento del siglo XXI con una base económica-industrial, social y política diversificada y adaptada a los desafíos de la globalización y del cambio climático. No obstante, hoy en día el conocimiento no es producto solamente de un sistema educativo público adecuado y adaptado, sino mucho más el resultado de un intercambio y una interactuación continua y horizontal del saber entre diversos agentes y actores como expresión propia de un proceso de democratización. Por eso, una estrategia pública o estatal debería de tener en cuenta estas nuevas dinámicas y herramientas y no impedirlas o entorpecerlas, sino buscar un nuevo equilibrio entre los distintos derechos en disputa desde una perspectiva orientada a fortalecer las oportunidades democráticas -la buena noticia es que al parecer en un círculo creciente de actores de la sociedad civil y del espectro político argentino hay una mayor concientización sobre estas necesidades. 

Con ocasión de la presencia especial de la Argentina en la feria del libro 2010 de la ciudad alemana de Francfurt, la presente publicación, un proyecto editorial conjunto de la Fundación Vía Libre y la Fundación Heinrich Böll Cono Sur, apunta a ofrecer –a modo de insumo para el debate- un acercamiento a esta relación al menos compleja, sino complicada, entre una práctica legal de derechos de autor sumamente restrictiva y el acceso al conocimiento y a las herramientas educativas como elemento fundamental para el desarrollo y el fortalecimiento de una democracia más participativa y socialmente incluyente. 

Agradecemos a la Fundación Vía Libre, y especialmente a Beatriz Busaniche, el excelente e intenso trabajo editorial y organizativo, y sobre todo –no es cosa menor- la afinidad de ideas y visiones.

Por Michael Alvarez Kalverkamp
Director de la Oficina Cono Sur
Fundación Heinrich Böll

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