La impunidad es un fenómeno social de largo alcance. Para quien ha sido víctima de un crimen impune los efectos de ese crimen se perpetúan en el tiempo, pues la falta de sanción produce una sensación de reiteración permanente del delito que dificulta su elaboración. Cuando se trata de crímenes contra la humanidad cometidos por el Estado la cuestión es mucho más compleja. En este caso la impunidad afecta no sólo a los allegados directos sino conjunto de la sociedad y pone en cuestión las bases mismas de la cohesión política y social de un país.
De la impunidad a la indiferencia
Los especialistas en traumas históricos coinciden en que la falta de castigo a los responsables de crímenes atroces perpetúa los efectos del trauma vivido entre los sobrevivientes o familiares de las víctimas: al no ser sancionado, es como si el crimen continuara produciéndose. Esto se agrava en el caso de la desaparición de personas, que es de por sí definida como un “crimen permanente” (pues se sigue cometiendo mientras el Estado no responda por los desaparecidos) y, queda así como un trauma abierto sin “resolución”. Sin embargo, no sólo entre los afectados directos la impunidad produce efectos desintegradores y desestructurantes. La falta de castigo implica una amenaza en potencia para la sociedad en su conjunto, pues diluye los lazos de confianza básicos que dan cohesión a la vida social. Si el Estado no está en condiciones de garantizar la vigencia de la justicia, investigando los crímenes y sancionando a los culpables, se quiebra un fundamento básico del pacto social básico sobre el que se sostiene toda sociedad.
Significativamente, sin embargo, los juicios contra represores que tienen lugar actualmente en Argentina son recibidos de forma muy despareja por distintos sectores de la opinión pública. Actores vinculados a los organismos de derechos humanos, el ámbito universitario y el periodismo independiente sí organizan acciones que dan cuenta de la importancia histórica de los juicios. Pero en los medios de comunicación masivos, llamativamente, los juicios no ocupan el lugar destacado que se esperaría de un hecho tan decisivo para la consolidación democrática del país. La impresión que obtiene un lector de la prensa masiva, por el contrario, es que los juicios son un tema menor en la agenda política, que interesa sólo a un reducido grupo de afectados, y no que se trata de un hecho de trascendencia y relevancia histórica únicas –no sólo para el país mismo sino también por su proyección y carácter ejemplar a nivel regional e internacional. ¿Por qué los grandes diarios no publican a diario las novedades de los juicios a los represores? ¿Y por qué los ciudadanos no acuden en masa a presenciar las audiencias donde se juzgan los crímenes de Estado más atroces que se hayan visto en la Argentina del siglo XX?
La actitud de la prensa
El procesamiento de los responsables de crímenes atroces tiene una importancia crucial para la consolidación de la democracia argentina y el fortalecimiento de la confianza en sus instituciones. Los dos grandes periódicos del país (La Nación y Clarín), sin embargo, se ocupan de los juicios sólo en forma esporádica y superficial. En los informes periodísticos, cuando sí se publican, tienden a destacarse aspectos anecdóticos y sensacionalistas de los testimonios presentados ante los tribunales, apelando no a la reflexión y conciencia cívica sino más bien al morbo y la curiosidad vouyeurista del lector. Salvo excepciones (como en el diario Página/12, que tradicionalmente ha dedicado abundante espacio a cuestiones relacionadas con los derechos humanos) no hay un seguimiento sistemático de los juicios ni se leen análisis de fondo que permitan situar la acción judicial en un contexto de comprensión más amplia de la dictadura y sus efectos.
Esta falta de interés, o interés sesgado, en los juicios a militares llama especialmente la atención si se la contrasta con el exagerado énfasis que los medios masivos dedican a la supuesta falencia del Estado en garantizar “seguridad” en relación a la delincuencia común. Políticos y formadores de opinión fomentan en los medios un clima de peligro, alimentando el temor a ser víctima de un delito común y denunciando a la “inseguridad” como un problema de mal gobierno. Pero cuando el Estado incentiva el juzgamiento de delitos contra la humanidad la acción es criticada como instrumentalización política o, sencillamente, ignorada. Paradójicamente, entonces, se desvaloriza la importancia histórica de que se juzgue a responsables de crímenes atrocen cometidos en nombre del Estado pero se estimula la indignación y se reclaman penas más duras para delitos menores cometidos por delincuentes comunes. La impunidad de los delincuentes civiles es presentada como un problema mucho más grave y desestabilizante para el país que la impunidad de los responsables de la mayor masacre del siglo XX argentino.
Sociedad civil y dictadura: una cuenta pendiente
Hay que destacar que no toda la sociedad civil, sin embargo, tiene una recepción semejante de los juicios a los represores. La Universidad de Buenos Aires, a través de las Facultades de Derecho y de Ciencias Sociales, por ejemplo, ha impulsado varias iniciativas para fomentar que los estudiantes acudan a presenciar las audiencias y que su interpretación y análisis se incorporen a su estudio e investigación. Varias organizaciones civiles, por otra parte, ofrecen en internet blogs de seguimiento a los juicios y brindan toda la información necesaria para quien quiera presenciar las audiencias.
Es la falta de presencia y aval a los juicios desde la prensa masiva la que parece revelar un problema de fondo: el de las responsabilidades y complicidades civiles durante la dictadura.
Recientemente el gobierno ha enviado al parlamento un proyecto de investigación sobre el modo en que tres grandes diarios argentinos (precisamente, La Nación, Clarín y La Razón) obtuvieron durante la dictadura la propiedad mayoritaria de la empresa de papel para periódicos Papel Prensa, en una maniobra comercial sumamente sospechosa avalada por el régimen militar. Quizás lo que la relativa indiferencia de amplios sectores de la sociedad esté poniendo en evidencia es la incomodidad que el tema de la dictadura aún genera en parte de la sociedad argentina. Algunos sectores de las clases medias y altas y, sobre todo, del empresariado, fueron cómplices o beneficiarios de las políticas de la dictadura y no han revisado aún su parte de responsabilidad –directa o indirecta– en la creación del clima de consenso del que gozó en parte el régimen militar. Esta responsabilidad, que requiere una elaboración colectiva y, más allá de los innegables y positivos avances en el terreno jurídico, sigue siendo un debate pendiente para la sociedad argentina