Es bajo este lema que diversas organizaciones sociales convocaron la “Tercera Marcha Nacional por la Recuperación del Agua y de la Vida” para el 22 de abril en la ciudad de Valparaíso, exigiendo la derogación del Código de Aguas de la Dictadura y rechazando la privatización de los recursos hídricos del país. Más de cuatro mil personas representando alrededor de 100 organizaciones de todas partes del país caminaron por las calles del puerto desde la Universidad de Playa Ancha, pasando por la Plaza Sotomayor hasta el Parque Italia para crear conciencia por la situación crítica de escasez en el centro y el norte del país, los problemas de contaminación causados por la mega minería y los impactos irreversibles producidos por gigantescos proyectos de generación hidroeléctrica.
La marcha se realizó por primera vez en la ciudad de Valparaíso, la sede del Congreso Nacional, el lugar donde, según los organizadores, “se deben realizar las modificaciones legales para poner fin a los abusos e irregularidades que se generan en torno a la distribución y uso del recursos hídricos”
El Código de Aguas en Chile, para regular el uso y consumo de las aguas dulces, es único en el mundo. Este código, aprobado por el régimen militar de Pinochet y vigente en el país desde 1981, transformó el agua en propiedad privada y lo declaró como un bien económico. Además separó la propiedad del agua del dominio de la tierra y entregó derechos de agua gratuitos y perpetuos a los privados, permitiéndoles comercializarlo sin tomar en consideración prioridades de uso. Por último, creó dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas: consuntivas (no devuelven un caudal al río) y no consuntivas (devuelven un caudal al río).
La privatización del agua llevó al establecimiento de un libre mercado de agua sin regulaciones estatales. El código sufrió solamente de unas modificaciones pequeñas en 2005 con respecto al funcionamiento del mercado de aguas, pero estas modificaciones – tan exigidas por los movimientos sociales - no tocaron el carácter central de la política del mercado para la regulación del acceso al agua. Como consecuencia, hoy en día existen monopolios, tanto de los derechos consuntivos que se encuentran fundamentalmente en manos de empresas mineras, forestales y agroexportadoras, como de los derechos no consuntivos que se encuentran por más de un 80% en manos de empresas transnacionales como ENDESA. La privatización de los servicios sanitarios causó un crecimiento de las tarifas de manera continúa en los últimos años, transformando los precios en los más altos en toda América Latina.
Debido a este sistema de gestión de aguas, han surgido diversos conflictos a nivel nacional entre las grandes empresas mineras, agrícolas y las centrales hidroeléctricas de un lado y comunidades indígenas y rurales en muchas partes del país del otro lado. Por ello, no solamente participaron estudiantes, trabajadores y diversos manifestantes de la región sino también representantes de organizaciones y movimientos provenientes desde Caimanes, Alto Maipo, Petorca y Villa Alemana, Curarrehue y Ñuble y Quintero.
Finalmente, no sólo la creciente demanda de agua por parte de las grandes empresas del país – especialmente la mega minería – sino también la administración del recurso a través de más de 40 organizaciones del estado, que tienen competencias en materia de agua, es parte del problema. A lo largo de los años la Dirección General de Aguas (DGA) ha sobre-otorgado derechos de agua en siete regiones del país que experimentan hoy en día problemas graves de abastecimiento hídrico, en términos de cantidad y calidad de agua, de modo que tienen que ser suministrados con camiones aljibe.
Frente a esta problemática hídrica que sufre el país, el gobierno parece haber perdido – o emitido - el control público sobre la propiedad de agua, como muestra actualmente el caso del proyecto de Ley de Protección de Glaciares que fue modificado a lo largo de casi 10 meses de tal manera que al final sirve más los intereses mineros en vez de garantizar la real y efectiva protección de los glaciares.
La falta de una participación democrática en la administración y gestión del agua representa en problema estructural en el sistema político chileno y ha generado múltiples conflictos a nivel local y nacional en los últimas dos décadas. Los manifestantes reunidos en Valparaíso querían dar una señal al Congreso Nacional: basta con el lucro con este recurso tan vital para la vida humana. Ante de la Sede del Congreso, donde la marcha culminó, exigieron la regulación de la protección de los glaciares, la reestructuración de instituciones como la DGA y la realización de una asamblea constituyente con el objetivo de garantizar una gestión democrática, equitativa y eficiente de agua en Chile.
27.4.2015,Santiago de Chile, Marie Von Schlieben, Oficina Regional Cono Sur, Chile, Fundación Heinrich Böll