“Los primeros 100 días de un gobierno se difunden como grandes anuncios y titulares, pero los derechos se miden en años, en actos y en vidas. Y cuando el ajuste se lleva la salud, no hay auditoría que justifique el costo humano.”
La velocidad con que se han implementado las primeras medidas del gobierno de José Antonio Kast, deja entrever que esto va mucho más allá de una mera instalación administrativa. Los primeros meses en ejercicio han mostrado el agresivo golpe de timón que marcará la navegación de estos próximos años. Desde una mirada feminista, resulta pertinente señalar que este forzado concepto de “emergencia” con que se ganaron las pasadas elecciones, requieren una estrecha vigilancia social sobre la responsabilidad estatal frente a los derechos de las mujeres, adolescentes y diversidades.
La discusión trasciende la coyuntura política y se inscribe en el marco vinculante de los tratados internacionales de derechos humanos. En 2024, Chile se sometió al último examen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, el principal tratado en la materia ratificado por 189 Estados miembros. Este mecanismo periódico funciona como un termómetro técnico y público: el proceso inicia con un informe oficial del Estado sobre sus leyes y políticas, el cual es contrastado con "informes sombra" de la sociedad civil y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que denuncian omisiones o regresiones. El ciclo culmina en Ginebra, donde un comité de expertos/as mantiene un "Diálogo Constructivo" con representantes del país, para emitir recomendaciones finales que el Estado debe abordar antes de su próxima revisión en 2028, donde Chile nuevamente deberá pasar por este examen.
Bajo este esquema, lo que ocurra durante estos primeros años de gobierno será parte integral de dicha evaluación; por tanto, cada reasignación presupuestaria en salud o previsión constituye una pieza clave del resultado. Es imperativo, entonces, desmitificar la neutralidad de las reformas técnicas: cuando se tocan los pilares del bienestar social, se pone a prueba la capacidad del Estado para garantizar derechos ya reconocidos. Esta rendición de cuentas cobra hoy una relevancia crítica, pues el programa local se alinea con una ofensiva regional de las nuevas derechas latinoamericanas que han puesto a los derechos de las mujeres en el centro de sus "batallas culturales". No es un fenómeno aislado: en Argentina, la administración de Javier Milei eliminó el Ministerio de las Mujeres y ha puesto bajo asedio la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo; en El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha ordenado el retiro de todo material sobre diversidad de género de las escuelas públicas y el sistema de salud; mientras que, en Brasil, el legado de la ultraderecha dejó intentos persistentes de criminalizar el aborto incluso en casos de violación.
Estas estrategias comparten un patrón: el uso del ajuste fiscal como pretexto para desmantelar la institucionalidad de género y el cuestionamiento férreo a los organismos internacionales. Chile, al replicar estas narrativas economicistas, se suma a un bloque regional que busca revertir consensos históricos en salud y autonomía
El acceso a una vida digna y a la igualdad de género no son variables de ajuste macroeconómico, sino imperativos éticos y legales que no admiten regresividad ni dependen del lugar donde se vive, del nivel de ingresos o de la voluntad política de turno. Chile estará bajo la mirada crítica y de ello dependerá su credibilidad en estas materias.
En el exámen periódico ante la CEDAW, también se reconocen diversos avances en materia de derechos de las mujeres y diversidades en Chile, que configuran un marco más amplio de políticas de género: la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y la adopción de normativas y programas orientados al cuidado y a la corresponsabilidad familiar. Estos hitos reflejan una mayor institucionalización de la agenda de género y contribuyen a consolidar derechos y garantías. Sin embargo, la existencia de estos instrumentos normativos e institucionales no asegura por sí sola su eficacia práctica; en muchos casos persisten brechas entre el marco legal y el acceso real a determinadas prestaciones, como se observa en el caso del aborto legal en tres causales, que es donde se hace más evidente.
A casi una década de la aprobación de la ley, persisten obstáculos que dificultan el acceso efectivo a una prestación garantizada por el Estado. Entre ellos destaca la objeción de conciencia. Según información del Ministerio de Salud actualizada a octubre de 2025, de un total de 1.412 médicos y médicas obstetras contratados en el sistema público, el 40,4% se declara objetor en la causal de violación, mientras que el 20% objeta en la causal de inviabilidad fetal.
En este punto es que hay que evaluar si las cifras entregadas tienen sustento en la realidad concreta, pues la sola existencia de la ley no garantiza por sí sola el acceso al derecho. Cuando una mujer depende de la disponibilidad de profesionales no objetores en su territorio, cuando las derivaciones se retrasan o cuando la información no llega de manera oportuna, el ejercicio de ese derecho se vuelve desigual y por tanto, no es eficaz. La desigualdad en el acceso también constituye una vulneración de derechos y contribuye a ofrecer una imagen inexacta de los avances de los gobiernos, ya que, si el acceso no es real, la política pública está ejecutándose con deficiencia.
El Estado proclama que el sistema público ofrece 13 métodos anticonceptivos gratuitos y programas como los Espacios Amigables —centros en entornos adaptados que deberían entregar atención integral y confidencial a adolescentes en salud sexual, mental y promoción de la salud—, pero esa retórica se quiebra frente a la realidad: ¿de qué valen las listas de servicios si falta stock, no hay cupos, o una niña debe viajar 200 kilómetros para poder acceder?
Las brechas territoriales, las desigualdades entre regiones y las barreras logísticas transforman derechos proclamados en letra muerta; cuando una adolescente no puede obtener información, consejería o métodos, el problema deja de ser individual y recae directamente en la responsabilidad del Estado. El examen de la CEDAW no evalúa anuncios ministeriales, sino si esos derechos llegan efectivamente —y si no llegan, exige, con fundamentos técnicos y políticos, que el Estado rinda cuentas y corrija las omisiones.
Por eso resulta preocupante que la discusión sobre el gasto público pueda desvincularse de sus consecuencias concretas sobre la vida de las personas. Las políticas de salud sexual y reproductiva no son un gasto accesorio ni una agenda secundaria. Son parte de las obligaciones que el Estado ha asumido para garantizar el derecho a la salud, la autonomía y la igualdad.
Los organismos internacionales han sido claros en señalar que los Estados no solo deben reconocer derechos, sino también adoptar medidas concretas para hacerlos efectivos. La obligación no se agota en la existencia de una ley o de una política pública; incluye garantizar acceso oportuno, no discriminación, continuidad de la atención y cobertura suficiente.
Los primeros 100 días de un gobierno se difunden como grandes anuncios y titulares, pero los derechos se miden en años, en actos y en vidas. Y cuando el ajuste se lleva la salud, no hay auditoría que justifique el costo humano.
Cuando Kast dice "no habrá tiempo" para debatir derechos, ya está diciendo todo: no habrá tiempo para las mujeres, no habrá tiempo para las adolescentes, no habrá tiempo para las personas mayores, no habrá tiempo para quienes necesitan el Estado. Y en 2028, CEDAW no preguntará si hubo tiempo: preguntará qué hiciste con los derechos que ya estaban ganados.
Columna publicada originalmente en https://www.lemondediplomatique.cl/2026/07/regresiones-en-igualdad-de-genero.html