Brasil busca consolidarse como un actor central en la defensa del multilateralismo y del derecho internacional en medio de un escenario global marcado por crisis superpuestas y tensiones geopolíticas. Esta posición ha elevado las expectativas en torno a la COP30, que se celebrará en noviembre bajo la presidencia brasileña. Pero los desafíos que enfrenta el país son tan grandes como las esperanzas que despierta.
Después de tres años consecutivos de cumbres climáticas organizadas en países con regímenes autoritarios y restringidos para la sociedad civil, la cita de Belém despierta expectativas de renovación. Se espera que la COP30 logre avances concretos en las negociaciones, garantice una participación activa de la sociedad civil —tanto internacional como brasileña— e impulse una nueva etapa de cooperación multilateral. Sin embargo, las condiciones globales para una diplomacia climática efectiva no son alentadoras: los resultados de la COP29 en materia de financiamiento fueron decepcionantes, Estados Unidos se retira nuevamente del Acuerdo de París, crecen los llamados a reformar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Norte Global continúa perdiendo legitimidad.
Por primera vez desde el inicio de las negociaciones climáticas internacionales, Estados Unidos —el país con mayor responsabilidad histórica en las emisiones de gases de efecto invernadero— estará ausente. Aunque el retiro formal del Acuerdo de París, impulsado por la administración Trump, no se hará efectivo hasta enero de 2026, Washington ya se ausentó de las negociaciones intermedias celebradas en Bonn en junio de 2025.
La CMNUCC no solo enfrenta una crisis de financiamiento, sino también una crisis de legitimidad. Gobiernos, observadores y organizaciones de la sociedad civil coinciden en la necesidad de una reforma profunda que la vuelva más eficaz, amplíe la participación ciudadana y limite la influencia de los intereses fósiles y corporativos. La COP30 deberá contrarrestar el efecto de las últimas cumbres realizadas en contextos autoritarios, garantizando la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la participación social dentro y fuera del evento. Incluso en el propio sistema de la CMNUCC, estos espacios han sido restringidos, como ocurrió con las manifestaciones contra la guerra de Israel en Gaza, que organismos internacionales de derechos humanos y expertos del Holocausto calificaron como actos de genocidio.
La justicia climática entra en el derecho internacional
En julio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva histórica sobre las obligaciones de los Estados frente a la crisis climática, con implicaciones profundas para la COP30 y las futuras negociaciones. El dictamen establece que todos los Estados están jurídicamente obligados, bajo el derecho internacional, a proteger el clima y garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, independientemente de que sean o no parte de acuerdos climáticos. Además, la CIJ determinó que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) deben elaborarse con la máxima ambición posible para cumplir el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.
El calendario no podría ser más decisivo: antes de la COP30, todos los países deben presentar sus nuevas NDC, incluidas China y la Unión Europea. Pero incluso con esta nueva ronda de compromisos, difícilmente se cerrará la brecha de ambición necesaria. Muchos países del Sur Global condicionan su nivel de compromiso a la disponibilidad de apoyo financiero del Norte Global, apoyo que hasta ahora ha sido claramente insuficiente.
El dictamen de la CIJ también abre una nueva etapa en el debate sobre responsabilidad y reparación. Si los países incumplen sus obligaciones climáticas, podrían ser demandados y obligados a pagar compensaciones. Ante los resultados insatisfactorios de las negociaciones sobre la nueva meta global de financiamiento y la falta de recursos suficientes para el Fondo de Pérdidas y Daños (FRLD), esta decisión crea nuevas vías legales para exigir apoyo financiero. Es probable que esto impulse una nueva ola de litigios climáticos contra gobiernos y corporaciones
Financiamiento climático: el tema que sigue dividiendo al mundo
El financiamiento climático volverá a ser uno de los temas más conflictivos en Belém. En la COP29, celebrada en Azerbaiyán, se acordó un nuevo objetivo colectivo cuantificado (NCQG) de 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035, una cifra considerada insuficiente y carente de claridad. Por eso, las expectativas están puestas en que la COP30 logre definir un camino más concreto.
El eje será la llamada Hoja de ruta de Bakú a Belém hacia 1,3 billones, que propone movilizar 1,3 billones de dólares anuales, principalmente desde el sector privado, de aquí a 2035. Sin embargo, este objetivo requiere un plan operativo claro, más allá del informe preliminar elaborado por las presidencias de las COP29 y COP30, aún pendiente de negociación.
Se espera que la COP30 establezca submetas específicas para mitigación, adaptación y pérdidas y daños. Muchos países en desarrollo esperan que se confirme el compromiso de triplicar la financiación para la adaptación hacia 2030, superando la meta previa de duplicarla para 2025 respecto de los niveles de 2019.
No obstante, las negociaciones podrían volver a trabarse. El Sur Global exige incluir en la agenda el cumplimiento explícito de la obligación de los países desarrollados de proporcionar financiamiento público, como establece el Artículo 9.1 del Acuerdo de París, una demanda que las economías industrializadas siguen resistiendo. El debate sobre la calidad del financiamiento —subvenciones frente a préstamos, acceso directo para comunidades locales e integración de derechos humanos y equidad de género en los flujos financieros— sigue siendo central.
Adaptación: más recursos para una crisis que ya está aquí
La adaptación climática será una de las prioridades de la presidencia brasileña. En Belém, se espera avanzar en la definición de indicadores para la Meta Global de Adaptación (GGA), aunque las negociaciones siguen bloqueadas por la falta de consenso sobre los medios de implementación —es decir, financiamiento, transferencia tecnológica y apoyo institucional—. El Sur Global ha propuesto una nueva meta que triplique los fondos para adaptación entre 2025 y 2030.
Más allá de las cifras, el debate apunta a la calidad de los recursos: se requieren fondos públicos en forma de donaciones, especialmente para adaptación, evitando mecanismos basados en deuda que puedan desestabilizar a los países más vulnerables.
Transición justa y reducción de emisiones
Uno de los pocos avances registrados en las negociaciones intermedias de Bonn fue en el Programa de Trabajo sobre Transición Justa (JTWP), donde se mantienen demandas clave de la sociedad civil: diálogo social, respeto a los derechos humanos, inclusión del trabajo de cuidados y del trabajo informal, creación de un mecanismo formal y una hoja de ruta con plazos para eliminar progresivamente los combustibles fósiles.
También se espera discutir medidas comerciales unilaterales, como el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) de la Unión Europea, aunque los países industrializados rehúsan hacerlo. En general, prevalece un cauto optimismo: la atención se centrará en las nuevas NDC y en cerrar la brecha entre los compromisos actuales y lo necesario para mantener el aumento de temperatura bajo 1,5 °C. Sin embargo, el vínculo entre ambición y financiamiento sigue siendo determinante, y la dependencia de la hoja de ruta Bakú–Belém del sector privado no augura grandes cambios.
Mercados de carbono: una falsa solución que agrava la crisis
La adopción en la COP29 de los mecanismos de los Artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo de París abrió la puerta a un comercio masivo de emisiones bajo la lógica de la compensación. En julio, la Unión Europea decidió incorporar certificados de estos mercados internacionales para cumplir su meta climática de 2040, una medida muy cuestionada. En lugar de reducir sus emisiones internamente, el bloque podrá contabilizar reducciones logradas en otros países, muchas veces solo prometidas.
Esto debilita la acción climática y profundiza la injusticia: los mayores emisores deberían alcanzar antes que nadie el objetivo de emisiones netas cero dentro de sus fronteras, no comprar créditos en el extranjero.
El comercio bilateral bajo el Artículo 6.2 es aún más opaco, sin obligaciones de transparencia ni supervisión pública. Peor aún, los ingresos obtenidos podrían presentarse como “financiamiento climático”, sustituyendo los fondos públicos reales. En Bonn, solo se debatieron los enfoques no basados en el mercado del Artículo 6.8, aunque también allí persisten riesgos de mercantilización encubierta.
Pérdidas y daños: entre la inercia y la presión ciudadana
La creación del Fondo para Pérdidas y Daños (FRLD) en la COP28 fue un logro histórico, pero su implementación avanza lentamente y los recursos siguen siendo escasos. Se espera que antes de la COP30 se presente una estrategia de recaudación a largo plazo, mientras la campaña internacional #FillTheFund (“Llenen el Fondo”) busca mantener la presión política. Diversos actores reclaman que el tema vuelva a ocupar un lugar central en la agenda y que se retome la revisión pendiente del Mecanismo de Varsovia.
Evaluación global: qué sigue tras el primer balance
El primer Balance Global (Global Stocktake, GST) finalizó en Dubái en 2023. En Belém, el debate girará en torno a su futuro: si pérdidas y daños deben incluirse como categoría propia en los próximos balances y cuál será el rol de la ciencia y del IPCC. Otra discusión clave será si la implementación del GST debe centrarse en el financiamiento climático o también en otros compromisos, como triplicar la capacidad renovable y duplicar la eficiencia energética antes de 2030.
Derechos humanos y género: resistencias y oportunidades
La COP30 se celebrará en un contexto de retroceso mundial en derechos humanos e igualdad de género, tendencia que también afecta a la CMNUCC. Aun así, existe la expectativa de que se adopte un nuevo Plan de Acción de Género (GAP) en Belém.
El financiamiento vuelve a ser un punto de tensión: el GAP busca incorporar la perspectiva de género en el financiamiento climático y asegurar recursos para su aplicación. Temas como el reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado, la interseccionalidad y el uso de lenguaje inclusivo enfrentan resistencias. Queda por ver si la opinión consultiva de la CIJ servirá para reforzar la centralidad de los derechos humanos en el proceso climático.
Presidencia brasileña: equilibrio entre ambición y realismo
La presidencia de la COP30, encabezada por André Corrêa do Lago y Ana Toni, es reconocida por su apertura al diálogo. Se han establecido mecanismos de participación para pueblos indígenas, juventudes y organizaciones sociales, aunque persiste el debate sobre el grado real de influencia de estos espacios.
Esta apertura busca también contener las tensiones internas. El gobierno de Lula enfrenta presiones del sector petrolero y agroindustrial, mientras la aprobación de una ley que debilita estándares ambientales ha provocado críticas dentro y fuera del país. A ello se suman factores externos, como los aranceles punitivos de Estados Unidos y la polarización en torno al expresidente Bolsonaro. Todo ello eleva la presión sobre Brasil para lograr un éxito diplomático en Belém.
Uno de los anuncios esperados es el lanzamiento del Mecanismo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), un instrumento financiero creado en 2023 para incentivar la conservación forestal sin recurrir a créditos de carbono. El fondo, con participación pública y privada, invertirá en bonos soberanos y otros instrumentos financieros, generando rendimientos que se destinarán a pagos anuales de hasta 4 dólares por hectárea conservada, con deducciones por deforestación. Mientras algunos lo ven como una alternativa innovadora a los mecanismos de mercado, otros cuestionan su efectividad ambiental y su viabilidad económica.
Finalmente, la logística de la COP30 sigue siendo una gran incógnita: los costos de alojamiento son altísimos y existen dudas sobre la capacidad de Belém para albergar un evento de esta magnitud. Junto a las negociaciones oficiales, se desarrollarán múltiples espacios paralelos, entre ellos la Cumbre de los Pueblos, que reunirá a movimientos sociales, comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo.
Traducción de: https://www.boell.de/en/2025/08/08/cop30-without-us-climate-negotiation…;