Nada como los tiempos excepcionales para avanzar sobre derechos individuales de la ciudadanía. La Covid-19 ha generado un estado de emergencia de salud pública a nivel global como pocas veces se ha visto en el mundo. Producto de este mundo globalizado que permite conectar geografías lejanas en cuestión de horas, el nuevo coronavirus se propagó por todo el globo causando no sólo víctimas fatales sino el colapso catastrófico de los sistemas de salud de los países más desarrollados del mundo.
En este contexto, las sociedades que aplicaron técnicas de vigilancia más invasivas aparecen como las más eficientes a la hora de atacar la proliferación de casos. El modelo asiático de mayor control y vigilancia parece ser el ejemplo exitoso frente al descontrol de países con tradiciones democráticas de libertades individuales más arraigadas como EEUU, Italia, España, entre otros. En este contexto, la demanda de respeto por las libertades individuales, los derechos democráticos y especialmente la protección de la privacidad de las personas parece de importancia secundaria.
Sin embargo, es indispensable pensar cómo será el futuro de la vigilancia tras el colapso provocado por la pandemia y advertir que los sistemas de monitoreo y vigilancia que se desarrollen con un fin exclusivamente sanitario no deben normalizarse ni mantenerse cuando hayan acabado su función.
Las técnicas de mapeo, geolocalización, cruce de información con las entidades de la salud pública han sido históricamente la base de la lucha contra las diversas epidemias a las que la humanidad se ha enfrentado. Uno de los padres de la epidemiología moderna, el británico John Snow (1813-1858) realizó enormes contribuciones para la lucha contra uno de los brotes de cólera más fuertes que se hayan registrado en el Reino Unido al identificar casos, mapear, geolocalizar y cruzar datos con los hospitales donde se produjeron los decesos de la gran epidemia del Soho en 1854. Esa cartografía de Snow permitió que las autoridades retiraran los pozos de agua desde los cuales se transmitió la enfermedad. Es decir: la historia de la epidemiología moderna se basa en la necesidad de mapear contagios. Cada sanitarista ha utilizado técnicas de este tipo a lo largo de la historia para el bien común.
No es la primera vez que el Estado utiliza su capacidad de monitorear a la ciudadanía y esto no siempre, o no necesariamente, ha dañado la democracia. Sin embargo, las tecnologías disponibles hoy tienen diversas particularidades que debemos observar con detenimiento mientras que no siempre son los Estados los que están en capacidad de hacer ese monitoreo. El sector privado hoy juega un rol fundamental y muchas veces tiene incluso más capacidad que los propios estados para hacerlo.
Veamos algunos ejemplos en el marco de la pandemia de Covid-19.
China, el país que primero detectó y dio aviso sobre el nuevo coronavirus allá por el mes de Enero de 2020, tenía montada una infraestructura de control social reticular. Tecnologías de vigilancia de espacio público, videovigilancia extendida, reconocimiento facial, seguimiento de las personas mediante un sistema de crédito social, es decir, un control milimétrico de su población.
Por supuesto, China es un país muy alejado de los estándares de lo que consideramos una democracia con pleno respeto de los Derechos Humanos. Sin embargo, no fue el único país asiático que atacó la epidemia con mecanismos de este tipo. Taiwán, sin ir más lejos, centralizó las bases de datos de salud pública y privada y servicios farmacéuticos con las bases de datos de migraciones y viajes. Corea del Sur utilizó aplicaciones de celular para geolocalizar en forma permanente los movimientos de las personas. En Hong Kong se incorporaron muñequeras y tobilleras electrónicas para los recién llegados a fin de corroborar que cumplieran con el aislamiento obligatorio. La vigilancia a través de los dispositivos tecnológicos se convirtió en uno de los instrumentos para lidiar con la pandemia.
Muchas de las medidas adoptadas en Asia entrarían en colisión con las regulaciones de protección de datos y privacidad de los países occidentales, especialmente con el reglamento de protección de datos personales de la Unión Europea y con las legislaciones vigentes en algunos nuestros países latinoamericanos. Buena parte de los países de Occidente llegaron tarde y con medidas tibias a la hora de atacar la pandemia en curso y pronto testimoniaron cómo el crecimiento exponencial de la pandemia hizo colapsar sus sistemas sanitarios generando tasas de fallecimiento récord para un período de tiempo tan corto.
El debate sobre los espacios democráticos y el derecho a la intimidad de las personas siempre fue difícil en América Latina. Hoy, cuando la pandemia arrasa de manera dispar la región, con países que tomaron medidas tempranas de aislamiento social como Argentina frente a extremos de irresponsabilidad como Brasil, la incorporación de tecnologías que faciliten el trabajo de las autoridades sanitarias parece aceptada por la ciudadanía.
En diversos lugares se desarrollan aplicaciones de celular para quienes arriban al país y deben cumplir un aislamiento estricto por ser posibles portadores del virus hasta la posibilidad de hacer cruces de datos de relaciones entre personas (contact tracing). Este procedimiento se lleva adelante para identificar personas que pueden haber estado en contacto con una persona infectada y recolectar información de esa cadena de potenciales contagios. Este tipo de técnicas se usan en otras enfermedades ya conocidas y es, al estilo Snow, una de las herramientas de lucha contra las epidemias. El objetivo de estas tecnologías es interrumpir la cadena de circulación de una epidemia, alertar a las personas, ofrecer asesoramiento, diagnóstico y tratamiento. Estos mapas de contactos permiten entender la configuración particular de una epidemia en una determinada población. Son hoy día una herramienta fundamental para la lucha contra la Covid-19.
El sector privado, específicamente Google y Facebook ya han ofrecido sus servicios para la reconstrucción de estas cadenas de contactos. ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué mecanismos de control público? ¿Con la auditoría de quién? ¿Bajo el control de quién?
A la vez, la súbita e improvisada transformación digital a la que muchos sectores se han visto forzados, la incorporación repentina del trabajo remoto, la proliferación de las compras online, la incorporación de reuniones virtuales en plataformas de dudosa seguridad, la exigencia de escuelas e institutos de enseñanza de diverso tipo de instalar aplicaciones para mantener las actividades en marcha suponen la urgente necesidad de revisar los términos de uso, las pautas de seguridad y las condiciones de privacidad de estos nuevos entornos.
En este contexto, la pregunta por la privacidad y los derechos en democracia no debe ser minimizada. ¿Cómo se construye la vigilancia epidemiológica sin que arrase con los derechos en una sociedad democrática?
En primer lugar, cualquier avance que implique invasión de los derechos de una persona, en particular considerando que entran en juego datos sensibles como la información médica, deben ser realizados bajo un marco legal apropiado, con información transparente para la ciudadanía y con un estricto control sobre los datos personales.
Un segundo aspecto central es que esos datos deben ser siempre mantenidos bajo la órbita de la salud pública, evitando a como de lugar la intervención de fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, policías, milicias o servicios de inteligencia de cualquier tipo.
En tercer lugar, aunque de forma prioritaria, esos datos deben ser custodiados de manera feroz, aislados de cualquier otro cruce con información personal, crediticia, financiera, laboral, de migraciones o de género, pertenencia social, política, etc. La protección estricta de los datos médicos es central, especialmente en una coyuntura en la cual las personas potenciales portadoras del virus, sus familiares, allegados e incluso el personal médico puede ser víctima de agresiones o discriminación.
Todo el procedimiento debe ser transparente y contar con la mayor cantidad de información pública posible para generar y sostener la confianza.
Es lamentable observar cómo los debates públicos en las grandes cadenas de televisión, radio y medios impresos transitan por falsas dicotomías. La salud pública versus la economía. La salud pública versus la privacidad y los derechos de la ciudadanía.
Las situaciones de crisis y de total excepcionalidad como la que vivimos suelen ser aprovechadas para avanzar con medidas de control social reñidas con el estado de derecho. El miedo que atraviesa la vida de cada una de nosotras frente a la incertidumbre de una amenaza invisible como esta siempre es terreno fértil para generar un clima de aceptación sobre medidas de corte autoritario. El control social, la biovigilancia de los cuerpos, la política de la inmunidad, la vigilancia horizontal, el miedo al otro han tocado nuestras puertas.
El estado de derecho no se puede ni se debe sacrificar con el argumento de sobrellevar la pandemia. Un gran desafío de nuestras organizaciones de la sociedad civil será volver a trabajar y fortalecer la legitimidad de un reclamo a favor de la privacidad en una sociedad en la que nada volverá a ser igual.