Conversamos con Paul E. Maquet, comunicador especializado en temas ambientales y responsable de la estrategia de comunicación e incidencia política de CooperAcción, organización con casi tres décadas de trayectoria en el análisis del impacto del modelo extractivo en Perú y en la promoción de alternativas productivas sostenibles. Su experiencia en justicia climática ofrece una mirada clave para entender la brecha entre las promesas que Perú presenta ante la comunidad internacional y la realidad de su implementación a nivel nacional.
Aunque su versión oficial aún no ha sido publicada, el borrador de la NDC 3.0 ha circulado públicamente para recibir aportes de diversos grupos de la sociedad civil. Paul Maquet, además de liderar las comunicaciones, coordina el eje temático de cambio climático y transición energética en CooperAcción. Si bien aún no se conoce el texto final, comparte con nosotros los principales elementos que su organización espera ver reflejados en el documento oficial.
Perú aún no ha entregado su nueva actualización de la NDC, y la versión anterior mostraba áreas claramente perfectibles. Desde la perspectiva de CooperAcción, ¿qué elementos consideran prioritarios que el Gobierno incorpore en esta nueva versión para que sea más ambiciosa y efectiva, tanto en mitigación como en adaptación?
En primera instancia, las NDC de Perú son buenas, aunque podría haber una mayor profundización en la contribución de emisiones de sectores clave como el energético o transporte. A pesar de estas carencias, contiene propuestas interesantes y planes de implementación, como el del sector de agricultura, con una profundidad técnica idónea. “Son documentos importantes y que, si se cumplieran, impulsarían mucho las transformaciones en términos eco-sociales; el principal déficit es la implementación y el rol del Estado, que se refleja en el presupuesto público.”
Según evaluaciones del cumplimiento de presupuesto público, a los que CooperAcción tuvo acceso, el dinero destinado a políticas públicas medioambientales es insuficiente. En los últimos 10 años se ha invertido un presupuesto que acumulado llega a ser de manera directa solo el 11.4% de lo que el propio Ministerio del Ambiente ha calculado que se necesita. Las complicaciones presupuestarias no solo se detienen en los porcentajes monetarios, sino que también influye sobre los contenidos a los que son destinados. “Se incorporan en el presupuesto del cumplimiento de las NDC cosas que no son correspondientes a las NDC”.
En medidas sobre adaptación hídrica, por ejemplo, se consideran proyectos de provisión de agua potable, que son importantes pero desconectadas de la sostenibilidad ambiental del recurso. Mientras, iniciativas con impacto directo en la adaptación, como la conservación de los bosques, terminan con fracciones pequeñas de presupuesto. Hay muchos otros casos en que una proporción muy grande de ese dinero llega a parar a la burocracia, cuando se debería dar mayor relevancia a medidas implementadas en terreno.
La NDC ha sido capaz de contener buenos planes, de recoger demandas que la sociedad civil ha planteado por años, como el reconocimiento de saberes ancestrales o aspectos técnicos relacionados a la generación de emisiones del sector agropecuario, la principal fuente de gases de efecto invernadero en el país. Aborda temas prioritarios e incluye medidas sobre sectores productivos en crecimiento como la industria cementera. Sin embargo, si persiste el déficit en implementación, estos planes solo servirán para legitimar una agenda, sin generar transformaciones reales.
Perú es un país con abundantes recursos naturales, especialmente en las montañas andinas y la selva amazónica, donde la expansión de la minería y otras industrias ligadas a recursos naturales han tenido impactos sociales y ambientales significativos. Sin embargo, en la NDC vigente, los temas de justicia climática y socioecológica aparecen de manera limitada. Según la experiencia de CooperAcción, ¿cómo se están abordando estas problemáticas en la práctica y qué brechas ven entre las políticas nacionales y la realidad en los territorios?
“No hay una discusión de transición justa ni de transición en general en las NDC, pues no están planteadas bajo esa óptica”. Se le puede atribuir al empresariado minero la difusión del término “transición energética” en el país, con la idea de que “Perú es clave, pues tiene el cobre que el mundo necesita para la transición energética”. Las mineras y otros sectores interesados buscan legitimar bajo un marco verde de la urgencia de explotar dicho mineral. Desde ese discurso, se quiere plantear que la minería del cobre ya no estaría enfrentada con el medio ambiente, sino que sería necesario para luchar contra el cambio climático. Pero no hay una discusión en contexto de las NDC ni en otras instancias del Estado sobre qué significaría una transición “justa” en términos ambientales y sociales en relación a la extracción minera. “En el corredor sur andino, Apurímac y Cusco, hay cuatro o cinco minas de las cuales tres son megaproyectos, pero hay en cartera como 20 más, nadie se ha hecho la pregunta de si eso es posible”. Si hace unos años la actividad nacional destacaba por su producción polimetálica, ahora pasó a ser principalmente cuprífera. El debate nacional ha optado por concentrarse en la ventana de oportunidades que brinda el mercado internacional para el beneficio económico.
Así es como proyectos que anteriormente fueron rechazados por el rechazo de las poblaciones locales, están siendo aprobados por el Gobierno. Un ejemplo, es la reciente luz verde de inicio de obras de construcción de un complejo de extracción de cobre llamado Tía María, en Arequipa. La zona ha permanecido en conflicto medioambiental aproximadamente desde 2009 y ha contado por lo menos tres episodios graves de violencia, que han provocado hasta muertes.
No hay una mirada de conjunto, más bien es casuística, cada caso es una batalla de las comunidades para que haya menos impactos y más beneficios. Otro ejemplo mencionado por Paul es el Proyecto Antapaccay en la provincia de Espinar, Cusco. Ha supuesto un conflicto de más de 13 años por la contaminación de metales pesados en el medio ambiente, incluyendo su agua y suelo, los que llegan a parar inevitablemente en el cuerpo de las personas. A pesar de la evidencia, y sostenidos por la falta de una investigación base sobre el estado de los ríos y el ecosistema previos al desarrollo del proyecto, las empresas responsables siguen insistiendo en que es un efecto natural de la zona. En 2023, se conocieron estudios elaborados por la OEFA que determinan la causalidad de dicha contaminación, no cabía ninguna duda; el componente minero influye en los flujos de agua. El estudio sigue sin ser reconocido por la empresa como prueba verídica. El Estado solo facilita las inversiones por temor de convertir las problemáticas medioambientales en una traba para los proyectos.
CooperAcción trabaja directamente con comunidades afectadas por la explotación de recursos naturales y los impactos ambientales. Desde su experiencia, ¿cómo se podría fortalecer la participación ciudadana para mejorar la gobernanza ambiental en Perú, garantizando la protección de los ecosistemas y la gestión sostenible de los territorios?
Paul ha enumerado una serie de experiencias significativas, desde plataformas de afectados por contaminación de metales tóxicos, hasta frentes de defensa con alcances territoriales variados. Desde dicha experiencia es que han detectado desde CooperAcción, dimensiones clave de la actuación de las organizaciones civiles para que sean efectivas.
Como el apoyo técnico, para que las comunidades tengan herramientas de conocimiento científico y monitoreo para hacer sus reportes independientes de la situación ambiental de sus territorios, y así dar alertas tempranas en caso de alguna emergencia ambiental. Falta hacer más incidencia en Perú para que dichos informes independientes sean reconocidos como instrumentos válidos por la autoridad estatal, y que así se repliquen casos internacionales como el mexicano donde dichos reportes ya son reconocidos oficialmente.
También imparten capacitaciones en fortalecimiento organizacional, “lo esencial siempre será el fortalecimiento de las organizaciones porque las organizaciones que tienen una masa crítica de participantes estables, que están seguras en términos de su protección ante las amenazas externas, que tiene una vida organizacional constante y vital, son las que luego van a ser capaces de desarrollar cualquier estrategia que decidan”.
La protección de los defensores ambientales en contextos de criminalización es otra arista relevante. Por lo mismo incluso ayudan en procesos de defensa legal. Actualmente han encontrado mayores restricciones para ejercer esa labor que tanto los caracteriza, a mitades de este año se aprobó la norma de Cooperación Internacional de la APCI, que prohíbe a instituciones que reciben apoyo internacional hacer o apoyar demandas judiciales o administrativas en contra del Estado.
Aunque Perú no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, sí es altamente vulnerable frente al cambio climático, y la explotación de recursos naturales impacta directamente a ecosistemas clave. ¿Considera CooperAcción que la nueva NDC podría incluir medidas más robustas de adaptación y conservación ambiental? ¿Qué acciones adicionales recomendarían incorporar para enfrentar estos desafíos de manera efectiva y justa?
La visión de recuperación de ecosistemas es clave pues implica la restauración de capa orgánica en zonas altamente deforestadas y erosionadas. El 90% del suelo en la zona andina de Perú está erosionado, cálculos más conservadores lo dejan en un 60%. En cualquiera de los casos siguen siendo porcentajes alarmantes. La capacidad de retención de humedad del suelo es mínima, y por lo mismo, la perspectiva de servicios ecosistémicos está presente en las NDC. Pero como ya se ha dicho en esta entrevista los problemas surgen en la implementación, el grueso de los proyectos en adaptación se enfoca en la infraestructura gris. “Es más un problema del Estado que todo lo ve cemento” y que le cueste dirigir el presupuesto a otros proyectos.
En CooperAcción se está promoviendo fuertemente la agroecología tanto en zonas andinas como amazónicas. Busca un mejor diálogo entre la producción agropecuaria, la principal fuente de trabajo de Perú, pero también de alto impacto ambiental, con la conservación de ecosistemas y la reducción de emisiones. Paul comenta entusiasmado una experiencia que la organización está levantando en la Amazonía, área donde es normal la tala de bosque nativo para el desarrollo agropecuario, CooperAcción ha trabajado en chacras multiestrato de tres niveles, con cultivos integrados a la biodiversidad del bosque, así no le quita terreno, sino que lo complementa.
“Nos parece que ese tipo de cosas debería escalar en la mirada del Estado, pero que va contra corriente de lo que está ocurriendo”. Continuando con el ejemplo, la Ley Anti forestal aprobada el año pasado perdona el cambio de uso de suelo ya ocurrido, limita la fiscalización del Ministerio del Medio Ambiente y favorece la deforestación para la producción agropecuaria. No es solamente la falta de presupuesto, la descoordinación política entre los compromisos de la NDC y el parlamento es un obstáculo palpable.
La reciente inestabilidad política en Perú genera incertidumbre para cumplir los compromisos internacionales en materia climática y para avanzar hacia un desarrollo sostenible que integre justicia social y ambiental. Desde el punto de vista de CooperAcción, ¿cuáles son los principales riesgos y obstáculos, y qué estrategias consideran necesarias para asegurar continuidad y efectividad en las políticas climáticas del país?
Uno de los problemas de la desinstitucionalización que ha sufrido el país en estos últimos años es, por un lado, la mayor facilidad de penetración de intereses particulares en las políticas públicas. La influencia de la agenda política por grupos empresariales no es algo nuevo, sin embargo, dicho poder de influencia se ha democratizado, sectores como la minería ilegal o artesanal están desempeñando también estos roles, sobre todo porque aúnan muchos trabajadores y cuentan con dinero suficiente como para financiar campañas políticas regionales, hay muchos congresistas que están relacionados a estas actividades económicas, y que por consiguiente son muy sensibles a la que dichos sectores digan respecto a una ley.
“Hay un relajamiento del control del Estado sobre el tratamiento de la minería ilegal y eso impacta directamente en las NDC”. La minería es un factor importante en la deforestación del Amazonas, lo mismo en las zonas andinas con el estrés hídrico. Los sectores madereros también han tenido una influencia determinante en el rechazo a la ratificación del acuerdo de Escazú, haciendo grandes campañas en el Amazonas que pretenden que dicho instrumento sería contradictorio con el desarrollo económico de la región. Así y otros muchos ejemplos hay de la influencia de grupos similares para poner freno a políticas de protección medioambiental.
El otro gran problema es la desinstitucionalización del Ejecutivo. El paso acelerado y breve de ministros, vice ministros, directores, ha propiciado la pérdida del seguimiento a mediano plazo de proyectos y políticas. Entran autoridades que no manejan las temáticas que tienen a su cargo.
Habrá que ver cómo todo esto influirá en su participación en Belem, aunque teniendo en mente que, “hay una brecha en general entre los equipos especializados de la diplomacia climática y la política real del país”. Se firman cosas en el plano internacional, lo que no significa que ni el Ejecutivo ni el sistema legislativo tenga voluntad de aplicarlos. No son solo las NDC, esto se extiende a otros tratados o acuerdo internacionales. No hay que extrañarse que el equipo negociador en Belem esté dispuesto a asumir promesas que sabe que no logrará cumplir.
Finalmente, esta inestabilidad igualmente repercute en el involucramiento de la sociedad civil. Hay una dispersión de frentes, las condiciones son difíciles para que se desarrollen campañas exitosas en torno a un eje central. Hace poco se estaba luchando por la Ley Anti forestal, mientras se sucedía el conflicto en Tía María, que a su vez coincidía con los frenos de la Ley APCI, hay muchos ejes abiertos simultáneamente y todos con casi el mismo nivel de importancia.
Pero, además, “el tema ambiental para la opinión pública es la última rueda del coche, es lo que menos preocupa”. Por supuesto, en un escenario de agenda pública muy urgente de crisis política o de seguridad ciudadana, los conflictos medioambientales pierden relevancia ante preocupaciones más generales. En la actual ruta a las elecciones nacionales que tendrán lugar en abril, la pregunta es, qué capacidad va a tener la sociedad civil de lograr que se le preste un poco de atención a lo que los candidatos proponen en temas medioambientales, y a su trayectoria con dichas temáticas.