En un llamado a la acción, diversas organizaciones y colectivos de la región acordaron avanzar en la consolidación de una red transfronteriza destinada a proteger la libertad de expresión, promover estándares compartidos y articular respuestas coordinadas frente a riesgos crecientes para el ejercicio del periodismo y la participación ciudadana. La iniciativa, que parte de propuestas previas presentadas por expertos y medios independientes, busca transformar acuerdos puntuales en protocolos operativos y capacidades concretas a nivel regional.
Encuentros en Buenos Aires: Diálogo Regional por un Periodismo Seguro
El Foro Latinoamericano y Caribeño de Periodistas (FLAP), la Fundación Heinrich Böll y la Unesco realizaron dos reuniones de trabajo con periodistas y académicos de América Latina en Buenos Aires durante la primera semana de septiembre de este año, con la finalidad de aportar al fortalecimiento de un periodismo seguro en la región. Estos encuentros consolidaron espacios de articulación para avanzar en políticas públicas, investigación y formación en torno a la protección de quienes trabajan en la comunicación.
La Fundación Heinrich Böll tuvo un rol en el apoyo de la Ley Modelo, como facilitadora de todos los encuentros y procesos de sistematización asociados, mientras que el Foro Latinoamericano y Caribeño de Periodistas (FLAP) actuó como ente organizador y coordinador de la red, garantizando la articulación entre actores y la continuidad del proceso.
La actividad tiene su marco institucional en el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la UNESCO, que promueve el desarrollo de los medios en contextos en desarrollo, transición o postconflicto y apoya proyectos que garanticen un entorno saludable para una prensa libre y plural. En esta ocasión, el objetivo estratégico se centró en el proyecto “Empoderamiento de periodistas desplazados (fase II): Impulso al Plan de Acción para Periodistas Afectados por Conflictos en América Latina y el Caribe”, aprobado en la 68ª Sesión de la Oficina del Consejo Intergubernamental del PIDC en 2024.
El primer momento del ciclo, los días 1 y 2 de septiembre, constó del Encuentro Regional sobre la Ley Modelo y Otras Iniciativas Legislativas Sobre Protección al Periodismo en América Latina. El objetivo fue compartir experiencias y desafíos en la promoción de estrategias de incidencia para el diseño y la aprobación de iniciativas legales que protejan a periodistas y personas trabajadoras de la comunicación.
En esta actividad, participaron periodistas y expertos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, así como representantes de organizaciones profesionales y de defensa de la libertad de prensa: Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI), Colegio de Periodistas de Chile, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Sindicato de Periodistas del Paraguay, Red Centroamericana de Periodistas, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF) y el propio FLAP. El encuentro se realizó en la oficina de la Fundación Heinrich Böll en Buenos Aires.
Los organismos participantes desarrollaron siete mesas de debate y un taller de cierre, identificando necesidades de trabajo en relación con la protección de periodistas e iniciativas para fortalecer la resiliencia de periodistas y medios en situaciones de vulnerabilidad. FLAP se comprometió a remitir un informe preliminar a los participantes para su debate y aprobación, antes de la elaboración del informe final que será remitido a la UNESCO.
La propuesta plantea crear mecanismos permanentes de cooperación que incluyan: protocolos de respuesta rápida ante agresiones o censura; facilitación de apoyo legal y psicosocial para periodistas y activistas; intercambio de buenas prácticas sobre seguridad digital y física; plataformas de verificación colaborativa para enfrentar desinformación; y estrategias comunes para asegurar financiación sostenible e independiente. También se contempla la elaboración de estándares éticos y técnicas de capacitación continuada para medios comunitarios y alternativos.
La red no es solo una suma de recursos, sino una infraestructura política y técnica que permita acuerdos operativos entre organizaciones con realidades diversas. Entre las prioridades figuran la implementación de alertas tempranas, marcos de defensa jurídica regionales y alianzas con organismos internacionales y defensores de derechos humanos para amplificar casos de vulneración a la libertad de expresión.
El segundo momento, los días 3 y 4 de septiembre, correspondió al Encuentro Regional de Universidades por la Libertad de Expresión y el Periodismo Seguro, cuya finalidad fue impulsar una red de trabajo académico en torno a estos temas. Participaron académicos de la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional de Asunción, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de La Frontera y Universidad de Antioquía, además de un delegado de la rectoría de la UBA.
Durante la reunión inicial se dialogó sobre la constitución de una Red de Cátedras UNESCO. Las universidades presentes acordaron impulsar una Red Cátedras UNESCO sobre Libertad de Expresión, Periodismo y Democracia. El Foro Latinoamericano y Caribeño de Periodistas (FLAP) apoyará técnicamente la elaboración de la propuesta.
Ambos encuentros contribuyeron al fortalecimiento de una red regional —académica, profesional, sindical— orientada a la protección del periodismo y la defensa de la libertad de expresión. La articulación lograda constituye un avance significativo para impulsar marcos legales, investigación, formación y acciones colectivas que mejoren la seguridad y la resiliencia de quienes ejercen el periodismo en América Latina y el Caribe en un contexto de crecientes amenazas para el ejercicio de la profesión y del rol de periodistas como defensores y defensoras de derechos humanos.
Analistas y actores de la sociedad civil presentes en los encuentros, señalan que, en varios países de la región, la orientación de las administraciones y sus políticas públicas tiende actualmente hacia posiciones conservadoras y en algunos casos, autoritarias, lo que hace urgente la adopción de medidas que pueden restringir espacios de pluralidad informativa. Ese giro —que se manifiesta en mayor control sobre medios públicos, intentos de regulación ambigua sobre contenidos, y el uso de herramientas legales o económicas para presionar voces críticas— incrementa la vulnerabilidad de periodistas independientes, organizaciones comunitarias y plataformas de verificación.
En ese escenario, una red robusta facilita varias cosas: visibilizar patrones de afectación que trascienden fronteras; activar solidaridad internacional para reducir el costo de la represión selectiva; ofrecer mecanismos concretos de protección y recuperación para quienes sufren ataques; y sostener esquemas de financiamiento y capacitación que mantengan independientes a los medios locales. Fortalecer acuerdos comunes permite, además, negociar desde una posición colectiva ante organismos multilaterales y fundaciones políticas democráticas, y construir criterios técnicos que limiten el uso arbitrario de leyes para acallar opiniones.