La búsqueda de verdad, justicia y reparación en América Latina sigue enfrentando dificultades para que los Estados asuman plenamente su responsabilidad en los crímenes cometidos durante períodos dictatoriales y conflictos armados
Aunque en Chile se han establecido comisiones importantes como la Rettig y la Comisión Valech, estas documentaron violaciones a los derechos humanos, no lograron generar mecanismos institucionales efectivos para un proceso de justicia transicional integral, en parte por condicionamientos políticos.
En 2023, el gobierno de Gabriel Boric presentó el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, una política pública destinada a esclarecer desapariciones forzadas, facilitar el acceso a información y garantizar reparaciones, abordando así una insuficiencia institucional persistente. En el contexto del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, se analizan los avances y desafíos del plan, enfatizando la importancia de su implementación para fortalecer la verdad y la justicia.
Con motivo del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora cada 30 de agosto, conversamos con la subsecretaria de Derechos Humanos Daniela Quintanilla Mateff para identificar cuáles son las claves y los frutos principales de la implementación del Plan, y las proyecciones y desafíos que involucran a sus temáticas centrales.
¿Cómo evalúa usted la situación actual del compromiso del Estado chileno con la verdad y la justicia para las víctimas de desaparición forzada?
Daniela Quintanilla (DQ): Yo creo que hay que partir por reconocer que la deuda que tenemos como Estado en esta materia es enorme. Es de muchas décadas, es de una magnitud y una profundidad que realmente es muy difícil, 52 años después, saldar. Sin embargo, nosotros vemos con mucha esperanza y tenemos una evaluación muy positiva de lo que ha sido la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Esta es una política que por primera vez reúne en una estrategia común a las distintas instituciones y los distintos poderes del Estado que tienen un mandato en esta materia.
Nosotros como órgano ejecutor, como ente a cargo de la implementación de esta política hemos velado por que, desde su diseño, y en todas las distintas fases y aristas de su implementación, contemos con la participación y presencia activa de los y las familiares y de las organizaciones y sitios de memoria que han sido parte central de este esfuerzo. Son ellos y ellas quienes han liderado la tarea de búsqueda durante muchas décadas, y por cierto hoy día nos toca como Estado asumir la responsabilidad de liderar este trabajo, de hacernos cargo de la búsqueda como no solamente un mandato ético, sino también un mandato de cumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales que tenemos en materia de derechos humanos. Tal como lo ha dicho el presidente Gabriel Boric, el Estado fue el responsable de su desaparición y por tanto es el Estado el responsable de su búsqueda durante todo el tiempo que sea necesario.
El Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas puede considerarse una política pública sin precedentes en Chile. ¿Cuáles han sido los principales avances y desafíos concretos de esta iniciativa hasta hoy?
DQ: Nosotros tenemos avances concretos que son bien significativos. Por una parte, tenemos consolidada la lista y la nómica única de víctimas oficiales y calificadas. Son 1.469 víctimas registradas hoy día, es decir, nosotros tenemos identificados los puntos desde los cuales cada una de las víctimas fueron detenidas, tomadas o privadas de libertad ilegítimamente por los aparatos represores de la Dictadura, todos los lugares por los cuales sabemos que pasaron, hasta el último lugar donde les perdemos la huella. Y esto está georreferenciado a través de un mapa que muestra a lo largo de todo el país como se desplegó el fenómeno de la desaparición forzada y los patrones macrocriminales de la Dictadura para hacer desaparecer a nuestros compatriotas. Esperamos que sea un mapa dinámico, que vaya nutriéndose de mayor información a medida que el Plan vaya avanzando.
Por otro lado, las diligencias en terreno han ido aumentado significativamente a lo largo de la implementación de esta política. Nosotros el primer año de implementación, que fue a finales del año 2023, tuvimos 6 diligencias en terreno vinculadas al Plan. El año 2024 tuvimos 44 diligencias a lo largo del país y en lo que va del 2025 ya llevamos más de 70 diligencias. Tenemos 57 causas judiciales de distinto nivel, tanto cuadernos administrativos de búsqueda como causas judiciales por inhumación y exhumación ilegal que hemos abierto a propósito del Plan, más allá de las más de 400 causas que el programa de derechos humanos tramita para la búsqueda y determinación de responsabilidad penal por las desapariciones y ejecuciones de víctimas calificadas en nuestro país.
Hemos tenido un despliegue a lo largo del país que ha tenido un aumento muy significativo, abriendo nuevas hipótesis de búsqueda y poniendo a disposición de los ministros y ministras en visita no solamente mayor presupuesto para las diligencias, sino también el uso de nuevas tecnologías y de nuevas herramientas de búsqueda que nos han permitido avanzar en esa dirección.
La mesa técnica de archivos que establece y consagra el Plan ya tuvo su primer año de trabajo con un catastro consolidado de más de 36.000 unidades documentales alojadas al interior de distintas instituciones públicas que tuvieron a cargo la administración del Estado durante el régimen dictatorial. Ahora estamos avanzando en la indagación más detallada de todos esos archivos documentales, en la digitalización de estos acervos que también, en la medida que sus mecanismos de publicidad lo permitan, se irán poniendo a disposición de los equipos de búsqueda y trayectoria.
Hay, además, consolidado al interior del programa de derechos humanos un equipo sobre búsqueda y trayectorias. Es un equipo interdisciplinario, lo que también es un avance bien significativo respecto de las lógicas históricas en esta materia, que habían sido abordadas de una manera bien jurídico-judicial. Hoy día tenemos además otras disciplinas como arqueología, antropología, profesionales de archivística que están trabajando en conjunto para poder darle una nueva mirada a esos expedientes judiciales, a ese trabajo de búsqueda que históricamente se ha llevado adelante para poder abrir nuevas hipótesis de investigación, que están siendo trabajadas en una coordinación, que, además, creo es muy sustantiva y bien inédita, con el Poder Judicial y los ministros y ministras que están a cargo de esta materias. En el Servicio Médico Legal también hay ya un equipo instalado con dedicación exclusiva para estas materias.
Una de las críticas recurrentes hacia las políticas públicas de memoria refiere a su supuesta "politización". ¿Cómo se asegura desde la Subsecretaría de Derechos Humanos que el Plan mantenga un enfoque ético, técnico y centrado en los derechos humanos, independientemente de las condiciones políticas más contingentes?
DQ: Yo creo que es bien importante el trabajo de diseño e implementación que tuvimos sobre esta política pública para que sea efectivamente un instrumento trabajado con la mayor rigurosidad y responsabilidad institucional de cara a este desafío. El Plan Nacional no es una declaración de voluntades ni un mero establecimiento de objetivos, sino una matriz de compromisos y de acciones intersectoriales coordinadas, que tiene indicadores de seguimiento, que tiene su estructura de gobernanza, una instancia de participación no solamente de víctimas y familiares, sino también de académicos y académicas con vasta y destacada trayectoria en esta materia, de expertos que han trabajado en estas materias desde distintas lógicas y ópticas y disciplinas. Dentro del Comité de Seguimiento y Participación está también representada la Iglesia católica, que tuvo un lugar importantísimo en el acompañamiento a familiares en la Dictadura y en los procesos judiciales para la búsqueda de verdad y justicia; y participa además el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de manera que creo quedan cristalizadas allí las distintas esferas de la sociedad que tienen responsabilidad y compromiso en esta materia de una manera muy transversal.
Además, una de las garantías importantes de continuidad de esta política pública es que, como señalé, comprende y consolida compromisos de distintos poderes del Estado. Esta no es una política sectorial de un gobierno de turno, sino una cristalización de obligaciones estatales que son del más alto nivel. También hay compromisos del Plan que están siendo cristalizados y que van a quedar consagrados en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que es otra de las políticas públicas centrales de nuestra institución, para garantizar que las acciones que se desarrollan y despliegan no sean solamente acciones de corto plazo, sino acciones de mediano y largo plazo, lo que resulta de especial trascendencia en momentos donde vemos que el propio orden democrático y los sistemas internacionales de protección de derechos humanos están dando cuenta de su fragilidad. En momentos en que como país enfrentamos una crisis de seguridad que es ineludible, las instituciones tenemos que darle garantías a las personas que habitan nuestro territorio nacional de que estamos llamadas a protegerlas y no a ser responsables de las vulneraciones de sus derechos. En ese sentido, asumir las responsabilidades del Plan y avanzar en justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición es también una garantía de seguridad del orden democrático en el presente.
Actualmente, es probable que sectores de ultraderecha, que, por ejemplo, han negado e incluso reivindicado crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile, expandan su presencia institucional luego de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año. ¿Cree que la continuidad del Plan y otras iniciativas de verdad, justicia y reparación están bajo riesgo?
DQ: Creo que el Plan está suficientemente institucionalizado y ha tenido un compromiso activo de distintas instituciones y poderes del Estado que da cuenta de que es una política que va a continuar. Todos los gobiernos de turno tienen ciertas agendas prioritarias, ciertas temáticas o dimensiones en las que depositan más o menos interés. Sin embargo, desde el inicio esta es una política pública que no se sostiene sobre la base de compromisos contingentes, sino sobre la base de obligaciones estatales de distintos órganos y de distintos poderes del Estado. Más allá del reconocimiento evidente de ciertos discursos que pretenden reescribir la historia, negar el pasado, relativizar e incluso justificar los crímenes perpetrados por agentes del Estado en el régimen dictatorial, lo cierto es que hemos tenido un apoyo bastante transversal en esta materia tanto en el Congreso y en el poder judicial como en los organismos autónomos de derechos humanos. Tenemos instancias de colaboración entre estos distintos poderes que dan cuenta de ese compromiso. Hemos tenido avances legislativos importantes, por ejemplo, en el proyecto de ley que crea el registro de ausentes por desaparición forzada y la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada, que ya está en su segundo trámite constitucional y pronto será revisado por la Comisión de Hacienda del Senado para pasar a la votación en sala. Todas estas señales van dando cuenta de que más allá de ciertos sectores que están impulsando, a mi juicio, una suerte de polarización en esta materia, buena parte de las fuerzas políticas con representación en el Congreso Nacional han dado un apoyo hacia las iniciativas vinculadas al Plan y al reconocimiento de la calidad jurídica de ausente por desaparición forzada y a la responsabilidad del Estado en esas desapariciones. Confiamos en que estos esfuerzos democratizadores, de ejercicios de memoria y de compromiso con el orden democrático van a prevalecer más allá de los resultados electorales que se vengan hacia el futuro.
Por último, ¿qué mensaje entregaría a las generaciones más jóvenes respecto al valor de la memoria, la verdad y la justicia, y también de la democracia?
DQ: Cuando decimos que el ejercicio de memoria no es un ejercicio del pasado, sino del presente; apostamos justamente a que las nuevas generaciones puedan valorar las garantías que nos da en nuestra dignidad y en nuestra vida cotidiana la institucionalidad y la posibilidad de resolver nuestras diferencias por mecanismos democráticos. Más allá de las valoraciones que pueden tenerse sobre los procesos constituyentes que acabamos de atravesar, como país logramos resolver esas diferencias por la vía democrática, y eso es un valor importante. Son importantes los ejercicios de memoria. Si 52 años después es tan difícil lograr encontrar hallazgos, identificar osamentas, no es solamente por el paso del tiempo, es porque aquí hubo un aparato que, desde el Estado, desde las instituciones que tenemos el llamado y la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos de nuestra patria ejecutó a grupos de la población por pensar distinto y los hizo desaparecer. Develar aquello, hacernos responsables desde las instituciones, que fuimos las responsables de desapariciones, continuar esa búsqueda es un mandato que, como decía al inicio, es tanto ético como legal. Es parte de las obligaciones que tenemos como Estado con la sociedad. Y yo diría que ese es un llamado que tenemos que hacerles también a las nuevas generaciones: hacernos parte de esa historia, hacernos parte de ese ejercicio de memoria en el presente para poder construir un futuro que sea realmente más respetuoso, donde se valore de una manera más robusta y sustantiva la dignidad de las personas como eje central de un orden social.