En los últimos años, la transición energética ha sido un tema recurrente en los debates de desarrollo en Chile, dándose a entender que es una importante transformación a corto y largo plazo. Sin embargo, hace falta un análisis más profundo sobre las implicaciones y oportunidades que una transición energética bien planificada ofrece a un país con ventajas comparativas evidentes en generación renovable. Durante el año 2023, el 37% de la energía generada en Chile provino de fuentes de energías renovables no convencionales.
Para contextualizar, en 2021 Chile presentó durante la COP26 su Estrategia Climática de Largo Plazo, con el fin de alcanzar la Carbono Neutralidad al 2050. La estrategia contempla una combinación entre mitigación de diferentes sectores productivos y captura de emisiones, con un foco particular en la descarbonización y el sector forestal. Para abordar este objetivo, el Ministerio de Energía planteó tres posibles escenarios de transición hacia energías renovables, siendo el más ambicioso el escenario de Transición Acelerada. Este considera, entre una serie de hitos, el cierre total de las centrales termoeléctricas a carbón para el 2030.
La motivación tras este impulso a la transición energética no es únicamente medioambiental y social. Durante los últimos 10 años, los costos de generación de fuentes solares y eólicas han disminuido significativamente, haciéndolas más competitivas que nunca. A lo largo del país, ambas energías son viables con condiciones favorables tanto para la energía solar como para la eólica. Esta diversificación regional permite a Chile aprovechar sus características geográficas y climáticas únicas. En este contexto, la energía renovable no es solo una responsabilidad medioambiental, sino también una oportunidad económica considerable.
En este contexto, la Fundación Heinrich Böll promueve una transición energética que equilibre la justicia social y ambiental. Esto implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y usar los recursos naturales de manera sostenible, asegurando que los proyectos de energía renovable no dañen los ecosistemas. En términos de justicia social, se aboga por una transición equitativa que beneficie a todas las comunidades, especialmente a las vulnerables y rurales, mediante el acceso a energía asequible y renovable. Se requiere establecer marcos regulatorios que integren consideraciones sociales y ambientales, promover una gobernanza pública en red y asegurar financiamiento adecuado para la adopción de tecnologías bajas en emisiones.
Desde esta perspectiva, la generación distribuida se convierte en un componente crucial, ya que permite que hogares, comunidades y pequeñas y medianas empresas generen energía, reduciendo la dependencia de grandes plantas y mejorando la resiliencia del sistema eléctrico. Esto no solo democratiza el acceso a la energía limpia y reduce la pobreza energética, sino que también impulsa la economía local, aumenta la competencia, y fomenta el desarrollo de capacidades técnicas y profesionales especializadas, potenciando el desarrollo sostenible a lo largo de todo el país.
La mencionada falta de análisis de oportunidades cobra mayor relevancia al considerar las décadas de estancamiento de la productividad chilena, cuya desaceleración comienza a partir del año 1998-1999 tras la Crisis Asiática, y desde el año 2005 las cifras oscilan dentro del mismo rango acotado de valores. En uno de los principales estudios que se han hecho en el país sobre economía y energía[1] se estima que parte importante del estancamiento en productividad se deba al alza de los costos de la energía. En este sentido, el impulso hacia las energías renovables y la generación distribuida no solo se presenta como una solución a los problemas energéticos, sino también como una vía para reactivar y dinamizar la economía, abordando de manera integral los desafíos de productividad y sostenibilidad.
Al hablar de productividad, se hace referencia a la eficiencia, la tecnología y la especialización técnica, es decir, la capacidad de generar mayor producción con menos recursos. En sectores clave de la economía, esto puede impulsar su transformación y competitividad a nivel nacional e internacional. Las políticas que promueven la productividad en sectores estratégicos pueden modificar la estructura productiva hacia áreas con mayor complejidad económica y potencial de desarrollo a largo plazo. La transición energética no solo es esencial para la sostenibilidad ambiental, sino que también puede ser una palanca fundamental para dinamizar la economía y acelerar la transformación del país. La implementación de tecnologías limpias y la modernización de la infraestructura energética pueden mejorar la eficiencia en diversos sectores, generar empleos de calidad y atraer nuevas inversiones, contribuyendo así a superar el estancamiento productivo.
Sin ir más lejos, en febrero de este año se publicó un reporte anual respecto a Chile del FMI[2], en el cual se estiman mejoras sustanciales en la productividad agregada y, por lo tanto, en la modernización del país ante un reemplazo total de la generación a carbón por fuentes solares y eólicas de manera drástica. El organismo estimó que reemplazar la energía a carbón con energía solar y eólica aumentaría el nivel del PIB a largo plazo en al menos un 1%, mejorando la resiliencia económica frente a las fluctuaciones de precios de los combustibles fósiles. Dicho informe también sugiere apoyar al sector energético mediante políticas públicas activas y subsidios, dado que se considera vulnerable a distorsiones de mercado que le impiden alcanzar su máxima eficiencia.
Basándonos en las estimaciones del FMI, realizamos cálculos propios sobre posibles incrementos en el crecimiento de la productividad ante las proyecciones más optimistas de descarbonización del sector energético (escenario de Transición Acelerada del Ministerio de Energía). Encontramos que, si se sigue esta ruta de manera eficiente, podría generarse un incremento acumulativo que impulsaría la reactivación del crecimiento de la productividad. El crecimiento tendencial del período 2024-2033 está estimado en un 0.35% para la productividad y un 1.9% para el PIB, según el último Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre de 2023 sobre este tema. Con las mejoras sostenidas en la productividad al implementar las políticas de la Transición Acelerada, para 2033 se proyecta una tasa de crecimiento de la productividad del 1.54%, lo que representa un aumento acumulado del 1.19% respecto a la tasa tendencial del IPoM. Mediante un ejercicio de contabilidad del crecimiento, esta aceleración en la transformación productiva se traduce en un incremento del valor agregado tendencial de la economía hasta alcanzar un crecimiento proyectado del 3.1% para el año 2033. En el siguiente gráfico se presenta la dinámica de la productividad de la economía chilena, además de las proyecciones para 2033:
El gráfico anterior cuenta una historia sumamente interesante sobre la dinámica de la economía chilena. Con el retorno a la democracia, Chile diversificó su base de exportaciones y mejoró su logística. Se desarrollaron y profundizaron actividades económicas como la salmonicultura, la industria agroalimentaria, la fruticultura, la vitivinicultura o la minería. Paralelamente, se amplió el uso de mano de obra calificada gracias a la expansión de la educación, incluyendo un aumento significativo en la matrícula universitaria. Se realizó una inversión considerable en infraestructura a través del sistema de concesiones.
En el ciclo económico posterior, la economía chilena consolidó los sectores productivos del ciclo anterior, pero no logró diversificar significativamente su matriz productiva. Hubo un movimiento, especialmente por parte de las grandes empresas, hacia el sector servicios, donde la estrategia combinó la exploración de nuevos mercados en el extranjero con una expansión hacia actividades financieras. El boom de las materias primas ocurrió principalmente entre mediados de la década de 2000 y principios de la década de 2010. Sin embargo, este impacto positivo no se aprovechó completamente para diversificar la producción o cambiar la composición de las exportaciones. El súper ciclo de las materias primas desvió la atención de una necesaria agenda de productividad. Luego vino un ciclo marcado por shocks, y desaceleración del ritmo de crecimiento de la productividad.
Chile se encuentra actualmente inmerso en un nuevo ciclo tecnológico caracterizado por la electrificación de las economías. La implementación de tecnologías renovables ofrece al país la oportunidad de desarrollar capacidades locales y aumentar la innovación y especialización técnica en energías limpias. A nivel microeconómico, esto podría resultar en una significativa reducción de los costos energéticos, beneficiando tanto a empresas como a hogares. Esta disminución en los costos de uso del capital también impulsaría la inversión, debido al surgimiento y desarrollo de nuevas empresas. Una reducción en los costos energéticos disminuiría las facturas del hogar, aumentando el ingreso disponible. Esto permitiría a los hogares destinar más recursos al consumo, ahorro e inversiones en mejoras como la eficiencia energética. A nivel macroeconómico, esta transición podría tener un impacto significativo en la política monetaria, al influir en la inflación y las tasas de interés. Además, al reducir la dependencia de importaciones de combustibles fósiles, mejoraría la balanza comercial. La inversión en infraestructura y proyectos de energías renovables no solo tiene el potencial de atraer capital y generar empleo, sino que también puede contribuir a la estabilidad ante shocks externos.
La velocidad de transformación es esencial; tanto para la baja en costos energéticos, como para la competitividad internacional. El mercado de tecnologías bajas en carbono está aún lejos de saturarse, pero economías de todo el mundo ya están aprovechando su potencial. En la actualidad, el desarrollo de energías renovables no convencionales se conforma como una oportunidad industrial, especialmente para países importadores netos de combustibles fósiles, como es el caso chileno. Sin embargo, la mayor proporción de patentes de estas tecnologías proviene de países activamente capaces de invertir en políticas industriales verdes.
Tal como nos advierten economistas de la talla de Daron Acemoglu (MIT) o Philippe Aghion (Harvard), si nos limitamos a permitir que las señales de precios guíen los cambios estructurales, corremos una serie de riesgos significativos. Esto incluye el rezago y posibles pérdidas de oportunidades de inserción en el mercado internacional de tecnologías verdes, el retraso en la disminución de las tarifas eléctricas tanto para los hogares como para las empresas, así como el aplazamiento y la limitación de la transformación productiva interna. Además, enfrentamos el peligro de una distribución desigual de los beneficios y las cargas ambientales de la transformación. La falta de coordinación podría profundizar otras problemáticas derivadas de la crisis climática que afectan al país, como la crisis hídrica, la pérdida de biodiversidad, el manejo de pasivos ambientales, y los conflictos socioambientales. Es fundamental adoptar medidas proactivas y políticas deliberadas para abordar estos desafíos de manera efectiva y justa.
Es imperativo recordar lo siguiente: la transición energética no es una opción, sino un ciclo tecnológico inevitable que debemos abrazar con determinación y del cual tenemos fuertes ventajas. El enfoque que adoptemos para este cambio determinará si obtenemos simplemente mejoras marginales y relegadas a los eslabones iniciales de las cadenas globales de valor, o si impulsamos una transformación que potencie la productividad junto con una distribución equitativa de sus beneficios. La capacidad de aprovechar plenamente las oportunidades que esta transición ofrece está al alcance de nuestras manos, pero requerirá una planificación minuciosa y un compromiso inquebrantable con los valores de justicia social y ambiental.
[1] García, C. J. (2015). Economía y energía: La experiencia chilena. Ediciones Universidad Alberto Hurtado.