Las estrategias nacionales de hidrógeno verde deben configurarse de tal manera que los países productores no se limiten a seguir siendo exportadores de hidrógeno en bruto, sino que se beneficien de la creación de valor agregado a lo largo de la cadena de valor. En otras palabras, una vez montada la primera etapa de esta industria, el objetivo debe ser el desarrollo de proveedores locales de insumos intermedios y servicios tecnológicos que permitan dar soporte a una producción de mayor sofisticación tecnológica.
Las estrategias nacionales de hidrógeno verde deben configurarse de tal manera que los países productores no se limiten a seguir siendo exportadores de hidrógeno en bruto, sino que se beneficien de la creación de valor agregado a lo largo de la cadena de valor. En otras palabras, una vez montada la primera etapa de esta industria, el objetivo debe ser el desarrollo de proveedores locales de insumos intermedios y servicios tecnológicos que permitan dar soporte a una producción de mayor sofisticación tecnológica.
Chile está tratando de impulsar el desarrollo de una industria nacional del hidrógeno, debido a una proyección de menores costos de producción y su potencial uso como sustituto más limpio de los combustibles fósiles. Sin embargo, la inversión ha perdido dinamismo en relación a otros ciclos de convergencia a la frontera productiva internacional (por ejemplo 1990-1998), y se ha colocado como prioridad de las últimas administraciones elevarla nuevamente. Esto debido a que el ciclo tecnológico actual (electrificación de las economías) se acelera cada vez más y, con la baja inversión, se profundizan brechas tecnológicas, productivas, laborales, salariales, etcétera.
La estrategia de desarrollo chilena se ha basado en una estructura productiva de ventajas comparativas derivadas de la abundancia y explotación de materias primas. Es precisamente este modelo el que ha generado fuertes presiones sobre el medio ambiente local, lo cual ha tenido consecuencias en la conflictividad socioambiental de los proyectos provocando un impacto negativo en la inversión; la ralentización, judicialización o rechazo de las iniciativas ligadas a recursos naturales.
La agenda política en torno a la existencia de planificación territorial, diálogo y acuerdos de preinversión no ha avanzado con la celeridad suficiente para que esta dimensión no sea un cuello de botella para la inversión. Es decir, la falta de mecanismos extrajudiciales de resolución de controversias no permite a los interesados llegar a acuerdos, lo que supone un alto coste económico para el país, sus comunidades, y para las empresas privadas.
Ha sido extremadamente difícil avanzar hacia una lógica de reparto de beneficios con las comunidades y del cuidado del patrimonio natural y cultural colectivo. Pareciera que nuestra legislación y gobernanza ambiental y democrática está siempre un paso por detrás de los problemas.
Aunque esto se entiende, existe una resistencia muy fuerte al cambio. La forma en que Chile ha aprovechado sus ventajas comparativas atrayendo inversión extranjera directa (IED) ha operado en la llamada «competición a la baja» (race to the bottom). Esto es, el país busca posicionarse como uno de los mayores productores de hidrógeno verde (hidrógeno basado en fuentes renovables, con bajas emisiones de carbono) a nivel mundial, con un gran potencial de generación renovable, pero estando ubicado lejos y requiriendo nuevas rutas marítimas, tecnología e I+D, nuevas competencias laborales, infraestructura crítica para el desarrollo, entre otros.
Típicamente esto acaba convenciendo a los responsables políticos de que la mejor opción para resultar atractivos es reducir los estándares medioambientales y sociales. Esa es nuestra historia económica, y de buena parte de la región, con la minería, la acuicultura, la silvicultura, etcétera, como ejemplos. Más aún, competimos interregionalmente para atraer IED, generando incentivos aún más fuertes para tener regulaciones y estándares laxos. No es simple dejar de hacer lo mismo de siempre.
La Fundación Heinrich Böll y el Programa Pan para el Mundo (Brot für die Welt) decidieron emprender un proyecto para evaluar cómo podemos dejar de replicar los modelos históricos que hemos perpetuado. Así las Fundaciones consultaron a un amplio conjunto de partes interesadas a nivel local y nacional en siete países susceptibles de ser futuros exportadores de hidrógeno verde: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Marruecos, Sudáfrica y Túnez.
De este proceso surgieron criterios y medidas que permitirían que la producción y el comercio de hidrógeno verde se desarrolle en mejores condiciones, garantizando beneficios para la población local, las naciones exportadoras, así como para los países importadores, al tiempo que se mantiene la integridad medioambiental, la justicia social y los derechos humanos.
Los países exportadores necesitamos establecer hojas de ruta y estrategias nacionales o regionales en consonancia con un plan general de transición energética, para ofrecer una visión a largo plazo del hidrógeno verde. Es decir, se debe considerar un balance entre generar economías de escala para la producción y al mismo tiempo la política de generación distribuida como piedra angular de la transición energética justa. Estas estrategias deben basarse en normas sociales, democráticas y de sostenibilidad, incluido el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Las estrategias nacionales de hidrógeno verde deben configurarse de tal manera que los países productores no se limiten a seguir siendo exportadores de hidrógeno en bruto, sino que se beneficien de la creación de valor agregado a lo largo de la cadena de valor. En otras palabras, una vez montada la primera etapa de esta industria, el objetivo debe ser el desarrollo de proveedores locales de insumos intermedios y servicios tecnológicos que permitan dar soporte a una producción de mayor sofisticación tecnológica.
Esto permitiría dar un salto a una capacidad exportadora -no ya del commodity bruto- sino de insumos, servicios y aplicaciones de mayor valor agregado y complejidad económica, generando un círculo virtuoso en el empleo, los salarios y las oportunidades locales de desarrollo económico y social.
Para garantizar menores impactos medioambientales del hidrógeno verde, es condición necesaria el cumplimiento de los siguientes criterios:
- Minimización del uso del agua, garantizando que no se pone en peligro su suministro, y llevando a cabo la posible desalinización creando agua adicional para las comunidades locales. La industria debe ser un aporte para los desafíos que tenemos en escasez hídrica y crisis climática. Además, se requiere tener mucho resguardo de minimizar los impactos de la desalinización en los ecosistemas marinos. Es indispensable una normativa específica que regule la actividad de la industria desalinizadora en forma específica, además de la evaluación ambiental estratégica.
- Una cuidadosa planificación espacial de las instalaciones es clave, con sólidas evaluaciones de impacto ambiental y coordinación con las comunidades locales; deben evitarse las zonas ricas en biodiversidad como emplazamientos de la industria.
- Hay que minimizar el uso de recursos y promover el reciclaje, en particular de materiales/minerales raros. Se requieren soluciones circulares para los residuos. Por ejemplo, la utilización de la salmuera resultante del proceso de desalinización como fuente de sodio, calcio, yodo, litio, magnesio, potasio, bromo y otros materiales, los cuales pueden ser insumos para el desarrollo de baterías u otros desarrollos tecnológicos (brine mining).
- Requisitos de supervisión y mecanismos de control para evitar fugas de las tuberías. Certificación de la huella de carbono del hidrógeno y sus derivados en toda la cadena de valor (hydrogen leakage).
Para garantizar mayores beneficios sociales, también hay recomendaciones claves:
- La participación ciudadana es fundamental; asegurarnos de que las poblaciones y comunidades locales se impliquen para garantizar una transición energética justa, transparente y sostenible en su conjunto. Concretamente, promover la participación de las comunidades desde el diseño mismo de un proyecto, incluido el apoyo jurídico a las comunidades usuarias de la tierra para negociar con las empresas energéticas. En caso de conflicto respetar siempre el principio del consentimiento libre, previo e informado.
- Evitar el desplazamiento de las comunidades locales. En su lugar, promover usos sinérgicos de la tierra para evitar conflictos de uso del suelo; por ejemplo, para la energía solar, utilizar la energía agrovoltaica. También es necesario controlar o dirigir el fenómeno de gentrificación; es necesario encontrar un equilibrio entre el desarrollo urbano sostenible y la protección de los residentes de bajos ingresos y las comunidades históricas.
- Garantizar que los proyectos contribuyan al acceso a la energía y a la superación de la pobreza energética poniendo parte de la generación adicional de energía renovable/hidrógeno a disposición de la población local.
- Organizar la capacitación de las comunidades locales para que puedan obtener los nuevos empleos creados. Estos empleos deben basarse en la definición de trabajo decente de la OIT: empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.
- Los países importadores deben exigir que sus marcos de contratación y certificación para el hidrógeno verde incluyan normas internacionales de derechos humanos, sociales y medioambientales.
Una gobernanza adecuada es crucial para garantizar desde el principio que la industria del hidrógeno esté orientada a ofrecer también beneficios sociales y medioambientales, y acabe siendo más transparente, inclusiva y democrática de lo que han sido tradicionalmente los negocios en torno a los recursos naturales.
Lo fundamental es promover una agenda que siente las bases de un «modelo de mejores prácticas» (best practice) o un «estándar de referencia» (benchmark), en el que se incorporen los criterios descritos. Dicha agenda es la base de acuerdos de asociación estables y de largo plazo que nos permitan una transición energética global justa.
Ahora, los acuerdos de asociación desempeñan un papel importantísimo en la configuración de los estándares ambientales y sociales de las inversiones, sin embargo todavía quedan más dudas que respuestas sobre cómo serían concretamente; no es trivial su diseño e implementación.
En definitiva, la transición energética justa no ocurrirá de forma espontánea. El Estado es clave al proporcionar el marco normativo, los incentivos, y la planificación necesaria para promover un desarrollo sostenible, la adopción y la creación de fuentes de energía más limpias, contribuyendo así a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En última instancia, el equilibrio que logre el Estado entre la gobernanza e institucionalidad ambiental, y las reglas y certezas al mercado, determinarán en gran medida el grado de éxito y sostenibilidad de esta industria.
Artículo publicado también en el https://www.eldesconcierto.cl/bienes-comunes/2023/08/04/el-desafio-de-la-transicion-energetica-hidrogeno-verde-y-desarrollo-sostenible-en-chile.html