Argentina, Chile y Uruguay cuentan con legislaciones que permiten acceder al aborto legal, cada una con sus particularidades. Sin embargo, hay trabas que se repiten: la falta de acceso a la información y capacitación del personal de salud junto con la objeción de conciencia. En el caso de Paraguay, no ha presentado grandes cambios por lo que en esta nota no se ha abarcado.
El aborto siempre ha sido tema del cotidiano aunque eso no significa que haya estado presente en la agenda política y mediática con la misma intensidad. En los últimos años ha regresado con fuerza y los embates que recibe también. En el Cono Sur nos encontramos con un escenario en constante movimiento.
Así observamos que Chile está atravesando un momento político histórico, en el que 155 constituyentes -1 renunció a su cargo recientemente- comenzaron a debatir en octubre pasado los contenidos para una nueva Constitución y los derechos sexuales y (no) reproductivos entrarán sin dudas en el debate.
“El Estado tiene el deber de entregar las herramientas materiales y de protección que permita a las personas tomar decisiones orientadas al bienestar, en condiciones de respeto e igualdad”, declara Alejandra Pérez, Coordinadora de la Mesa Acción por el Aborto en Chile (MAACH), que nuclea a 14 organizaciones, cuando se le consulta sobre las expectativas en este proceso.
Menciona además que desde la MAACH buscan “aportar al fortalecimiento de una Constitución democrática y soberana, donde se reconozca la importancia de los derechos sexuales y reproductivos y del acceso al aborto como indicadores de democracia”.
Ahora bien, estos derechos podrían ser incorporados a la Constitución a través de alguna cláusula pero esto no sería suficiente. Así lo explica Corporación Humanas en el documento “Derechos Sexuales y Reproductivos en la Nueva Constitución”. Allí expresa que se debe incluir “la autonomía de todas las personas para decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad y reproducción y definiendo además las obligaciones de los órganos del Estado en la materia, conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en el país”.
Además, la nueva Carta Magna debe “señalar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las obligaciones y mandatos de actuación que les corresponden en orden a promover, respetar, proteger y garantizar dicha autonomía y el conjunto de derechos que permitan materializar o concretar sus decisiones a todas las personas”.
En otras palabras, para que los derechos sexuales y reproductivos y el acceso al aborto sean garantizados en la nueva Constitución, se necesita de una bateria de medidas, instituciones y políticas articuladas.
¿Basta una ley de 3 causales?
A la discusión actual se suman dos cuestiones a atender en el futuro inmediato. Por un lado, la ley 21.030 que regula la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales - riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación-, que fue aprobada en 2017, no sólo resulta insuficiente sino que su implementación presenta fallas.
Así lo releva el último Informe de Monitoreo Social, elaborado por la MAACH en el cual se menciona que la falta de acceso a la información y la capacitación del personal de salud son barreras constantes. Además, puntualiza que preocupan los “objetores simbólicos”, considerados como aquellas “personas que intentan trabar directa o indirectamente la implementación de la ley aun cuando no sean formalmente objetores de conciencia”.
El documento lo ejemplifica en los siguientes casos: “cuando se sube el volumen en una ecografía para que las mujeres escuchen el latido fetal, o se las felicita por sus embarazos aun en conocimiento de la situación que están enfrentando, el uso de lenguaje religioso y de condena moral”. También se hace referencia a profesionales que solicitan mayores evaluaciones de las necesarias para establecer un diagnóstico, obstruyendo así la posibilidad de decisión.
Sobre esta ley, en 2015 ya se sabía que sólo afectaría al 3% de los casos de aborto. Los restantes seguirían realizándose por el camino de la clandestinidad. Es por ello, que aprovechando el envíon del país vecino, el cual había aprobado recientemente una ley de mayor amplitud, se comenzó a debatir en el Congreso chileno un proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación. El 28 de septiembre pasado , la Cámara Baja le dio el primer visto bueno. Ahora habrá que esperar a una segunda revisión y votación y de aprobarse definitivamente, pasaría al Senado.
Se observa que la ciudadanía da señales para seguir avanzando en derechos. Según la consultara Ipsos, el 73% de la población está de acuerdo con el aborto, de las cuales el 41% señala que debería aprobarse el aborto libre y el 32% bajo ciertas cincustancias.
Con este panorama, las expectativas de cambio desde la raíz en Chile siguen siendo altas. Sin embargo, los resultados de la primera vuelta en las elecciones presidenciales, el 21 de noviembre, dejan claro ningún derecho está ganado para siempre. Las hojas para una nueva Constitución aún están en blanco pero hay que seguir accionando para que pronto se tiñan de verde y violeta.
Argentina: Avanza en derechos pero falla en su ejecución
Este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, fue diferente porque se cumplieron nueve meses de aprobada la Ley 27.610, que regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
Si bien existe una coincidencia en las organizaciones de mujeres y derechos humanos en cuanto a reconocer que esto resultó un avance después de tantos años de lucha, al igual que en Chile, aún se detectan fallas en su implementación.
Recientemente, Amnistía Internacional dio a conocer que uno de los principales obstáculos para acceder a los servicios de aborto se debe “a la ausencia de campañas públicas de información. A ello se suma el colapso del 0800 de Salud Sexual, la línea de consulta sobre dónde y cómo acceder a la interrupción voluntaria y legal (ILE) del embarazo”.
Según la organización internacional, “el acceso al aborto presenta un mapa desigual y selectivo” y asegura que “en las zonas alejadas de centros urbanos aún no hay disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado”.
Así lo detalla La Hoguera, organización feminista de Tierra del Fuego, quien hace unas semanas dieron a conocer que en el Hospital Regional de Río Grande -ciudad ubicada al norte de la capital en la que viven más de 60 mil personas-, “no hay profesionales que garanticen el acceso a la práctica, ya que como es de público conocimiento todes son objetores de conciencia”.
Tolhuin, ciudad situada entre Ushuaia y Río Grande, no cuenta con hospital público por lo que se deben derivar a las mujeres, niñas y personas gestantes a la ciudad de Ushuaia. “Esto implica gastos económicos, de organización familiar y que en muchos casos se trasladen soles sin un lazo cercano que pueda acompañarles”, asegura Ayelén Martínez, integrante de la organización.
Para La Hoguera “es necesario una mayor intervención estatal para que la implementación de esta ley sea efectiva en la provincia”.
Por otra parte, desde Córdoba, Mayca Balaguer, Coordinadora de Asuntos Legales de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) e integrante de la Campaña por el Aborto Legal, reconoce los avances en la provincia puesto que “se han llevado adelante capacitaciones e instancias de formación para lograr la construcción de una red provincial de atención y derivación oportuna”, sin embargo, puntualiza que “el acceso sigue siendo muy dispar”.
Explica que “aún no se conoce en profundidad el nuevo marco legal, y tanto profesionales de la salud como usuarias presentan dudas respecto de la práctica y posibles complicaciones”.
La objeción de conciencia sigue apareciendo como barrera. Balaguer especifica que “hay obstáculos en el sector privado, ya que son varias las instituciones que se han manifestado como “objetoras” a pesar de que la ley no contempla esa posibilidad”.
Además de lo mencionado, también fueron iniciadas más de 35 acciones judiciales con el objetivo de suspender la ley. Ninguna ha prosperado hasta el momento, lo cual resulta en una excelente noticia, pero es necesario seguir el proceso de cerca.
En Argentina, el avance en la letra implica que los esfuerzos deben ir en esa dirección. Falta profundizar en la práctica.
Uruguay: “La IVE se defiende”
Este fue uno de los lemas utilizados el 10 de noviembre pasado, cuando feministas autoconvocadas se concentraron en la plaza Independencia de Montevideo, para pedir que se cumpla con la ley de interrupción del embarazo aprobada en 2012. “Estamos conformes con la ley que tenemos, nosotras consideramos que el derecho a la autonomía es uno de nuestros derechos fundantes”, manifiesta Patricia Totorica, antropóloga y parte del movimiento Feministas por Nuestros Derechos.
Según explica, se autoconvocaron porque “se sumaron algunas señas que ha dado el gobierno actual”. En ese sentido enumera: “primero, el presidente se declaró provida, después el director de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que también es provida, declaró públicamente hace 15 días que iban a revisar los procesos de acceso al aborto porque dijo que veía que se estaban aprobando automáticamente. La ley establece que si la mujer tiene 12 semanas de gestación se acoge a su derecho”.
Por lo dicho, aclara: “si una autoridad dice que tienen que aprobar el procedimiento, la señal que se otorga desde el estado es que la decisión depende de médicos y médicas y no de la mujer, cuando esto no es así según la ley. Nos parece grave que se declare algo así porque él puede pensar lo que quiera, pero no puede manifestarlo en su rol”.
Por último, el gobierno actual designó recientemente a una médica ginecóloga también objetora de conciencia como referente de Salud Sexual y Reproductiva de la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana de la ASSE. Esta misma profesional fue denunciada a su vez por una paciente. “Lo que hizo la médica fue dificultar el proceso para que pasen las 12 semanas. Nosotras estimamos que no debe tener un lugar en Salud Sexual y Reproductiva”, concluye la antropóloga feminista.
Por su parte, el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) elaboró el documento “Objeción de conciencia en cifras” que fue presentado este 2021. En este se especifica que en “1 de cada 3 servicios no hay información oficial sobre objeción de conciencia” y que “cerca del 5% de los servicios de aborto tienen 100% de objetores”.
A pesar de llevar casi una década de ley IVE, el país se enfrenta constantemente a la amenaza de los conservadurismos. En la región esta situación se repite, por lo que feministas y personas defensoras de los derechos humanos deben seguir alerta y elevando los pañuelos para que funcionen como faro.
*Este texto fue originalmente escrito a inicios de noviembre 2021