Gabriel Boric y su gabinete: ¿Por dónde partir para construir un Chile Ecológico?

El nuevo gobierno se enfrentará a una extensa lista de desafíos ambientales a lo largo del país. Solo basta recordar que, por ejemplo, (1) Chile cumple 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad frente al impacto del cambio climático^[i]; (2) que la Convención Constitucional recibió más de 1.700 solicitudes de audiencia para hablar en la comisión de medio ambiente; (3) que se han identificado más de 100 conflictos socioambientales en Chile[ii]; y (4) que tenemos 15 planes de prevención y/o descontaminación atmosférica[iii] y (5) problemas hídricos en casi todas las regiones del país. Asimismo, el programa de gobierno reconoce este escenario y lista acciones en 16 frentes como: cambio climático, biodiversidad, agua y glaciares, zonas de sacrificio, institucionalidad ambiental, océano y pesca, bosques y plantaciones, energía, minería, soberanía alimentaria, impuestos, residuos, empleo verde, ciudades sustentables, transporte, y el acuerdo de Escazú. La pregunta que surge, entonces, es cómo el nuevo gobierno de Gabriel Boric se hará cargo de todos estos desafíos ambientales.

Afortunadamente, la designación del gabinete nos dejó a más de un/a profesional con formación y expertiz ambiental, propiciando un buen escenario para lograr acuerdos que cambien la forma de relacionarnos con nuestro entorno. Entre los nuevos nombres figuran Maisa Rojas, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y autora del IPCC, en el Ministerio del Medio Ambiente (MMA); Claudio Huepe, coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la UDP, en el Ministerio de Energía; y Juan Carlos Muñoz, Director del CEDEUS y del Instituto de Desarrollo Sustentable de la UC, en Transporte. También tendremos a Juan Carlos García, arquitecto especialista en urbanismo, en el MOP; a Marcela Hernando, una médica y política, en Minería; y a Esteban Valenzuela, político del Frente Regionalista Verde Social y activista ambiental de la Región de O’Higgins, en Agricultura.

Conformado el equipo con un buen elenco, el segundo paso es definir cuáles son las prioridades que el gobierno deberá abordar para construir un Chile ecológico. A continuación, una lista de 12 puntos ambientales clave, técnicos y humanos, para este primer año del nuevo gabinete:

1. Entender el medio ambiente como un tema interministerial: Durante años, el MMA ha sido visto como un Ministerio “de menor importancia”, recibiendo menos del 0,1% del presupuesto nacional[iv]. Una mirada absurda, si entendemos que el medio ambiente es la base en que nos desarrollamos y de la cual depende la economía. Se le trata como un tema técnico y hasta “bonito”, cuando de hecho es político y económico, transversal a todos los sectores. Esta visión es cada vez más clara en los fallos ambientales de la Corte Suprema; en el Congreso y la discusión del proyecto de Ley de Cambio Climático; e incluso en la Convención cuando se reconoce a la Emergencia Climática y ecológica[v] como contexto de redacción de la Constitución. Sin embargo, en el actuar del Poder ejecutivo, pareciera que el MMA defiende en solitario al planeta, sin que su eventual degradación cale profundamente en las políticas y el día a día de los otros ministerios.

Hago este contexto, para decir que el nuevo equipo tiene la oportunidad de comprometerse en ser un gabinete ecológico que trabaje desde una gestión proactiva para hacer frente a los efectos de la crisis climática y ecológica, en paralelo a la tramitación de nuevas leyes (que a veces toman años) e incluso de la Nueva Constitución. Se trata de adelantarse, por cierto, al espíritu de la próxima ley de cambio climático, que consagrará la figura del “Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático” y la obligatoriedad de generar Planes Sectoriales de mitigación y adaptación en cada Ministerio. Concretamente, este año se pueden fortalecer las alianzas y agendas interministeriales y reordenar las acciones de cada cartera, dando una fuerte señal para abordar temas como la pérdida de biodiversidad, contaminación, sequía, protección de glaciares, entre otros. En definitiva, se trata de ir pavimentando los caminos en todos los frentes posibles desde la gestión.

2. Implementar el derecho humano al agua: Afortunadamente, en el año 2022, es más evidente que el Estado debe resguardar este derecho a toda la población. Esta idea que fue planteada en el programa de gobierno de Boric y que también se debate como posible garantía constitucional dentro de la Convención Constitucional, se consagrará próximamente (y tras 11 años de tramitación) en el Código de Aguas, estableciendo que “el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado”. Así, uno de los desafíos del MOP es resolver las brechas hídricas en todos aquellos lugares del país donde las personas tienen dificultades en el acceso a agua potable y saneamiento como corresponde. Esto significará revisar - por primera vez - los derechos de aprovechamiento de agua en función de prioridades de uso. Sin duda es un proceso complejo y relevante, que esperemos de inicio al retroceso de la compra de agua a camiones aljibe, abastecidos con derechos de aprovechamiento de agua que inicialmente fueron otorgados gratuitamente por el Estado[vi].

3. Crisis Climática: Como ya ha señalado Maisa Rojas, es una prioridad lograr la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), que permitirá avanzar más rápido en la carbononeutralidad y la conformación de planes sectoriales en cada Ministerio. A la espera de este proceso, y en base al programa de gobierno, este año se puede avanzar en términos de gestión en la construcción de la “hoja de ruta para afrontar la crisis climática” que luego dará paso a una “Estrategia de Adaptación Transformadora a la Crisis Climática, de mediano a largo plazo y con enfoque en las regiones”, y en la creación del “Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático”. Para ambas acciones, se abre la oportunidad de la participación de diversos ministerios. Lo importante es avanzar en lo que sea posible y luego, cuando se apruebe la LMCC, hacer los ajustes que se requieran.

4. Fortalecer el “camarín” de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA): Los dientes de la institucionalidad ambiental están en la SMA. Tanto así, que es imposible poner fin a las zonas de sacrificio sin su apoyo. Esta institución, que goza de excelentes profesionales, en sus 9 años de funcionamiento pleno, ha manifestado reiteradamente la falta de recursos para abordar la carga de trabajo asignada. Esto pudo verse el año 2020, cuando la Contraloría emitió un informe indicando que el 44% de las denuncias recibidas por la SMA no habían tenido ningún tipo de gestión[vii] y ante lo cual, la institución explicó tener 88 fiscalizadores y fiscalizadoras en todo el país para el control de 17.000 autorizaciones ambientales[viii]. A este número cada año se suma más normativa a controlar. Junto a ello, recientemente, su funcionariado comunicaron diversos problemas internos que han tensionado el ambiente laboral[ix].

Si la SMA ya viene con una fuerte carga laboral, desafíos complejos, como terminar con las zonas de sacrificio, corren el riesgo de caerse antes de iniciarse. Por tanto, es imprescindible que el nuevo gobierno cuide a la SMA, dotándola de recursos acordes a las responsabilidades exigidas, pero también escuchando la experiencia de sus funcionarias/os que podrán brindar elementos técnicos a las expectativas del programa de gobierno y, sobre todo, aliviar las tensiones que permitan avanzar en la construcción de una institución más fuerte en lo humano. A veces, es necesario detenerse ante la vorágine de la inmediatez, replantear las perspectivas y solo entonces avanzar a paso firme.

5. Equipos coordinadores para el fin de las “Zonas de Sacrificio”[x]: Es increíble estar en 2022 y seguir diciendo que esto es un tema urgente, como si no hubieran existido iniciativas para la reparación de estas zonas. En el caso Quintero-Puchuncavi han sido años de episodios de contaminación y derrames de petróleo al mar[xi] y distintas iniciativas que comienzan con fuerza y luego decaen con el tiempo. Los últimos ejemplos son (1) el Programa para la Recuperación Social y Ambiental de Quintero de 2019 (PRAS)[xii] que generó un diagnóstico y un conjunto de más de 100 medidas a ejecutar, pero que luego presentó problemas en su ejecución y cumplimiento[xiii]; la Sentencia de la Corte Suprema de 2019[xiv] que dictó 15 acciones a distintos Ministerios para abordar la contaminación de la zona y que a la fecha no ha logrado ser ejecutada de manera integral; y recientemente el Tribunal Ambiental de Santiago ha ido a visitar la zona en el marco de un eventual acuerdo entre ciudadanía y empresas, por una demanda ingresada en 2016 por habitantes de la zona[xv].

Ya sea ejecutar el PRAS, la sentencia de la Corte Suprema o el eventual acuerdo vía Tribunal Ambiental, la reparación de estas zonas es un tema tan urgente y multidisciplinario que requiere una gestión centralizada. Así, para avanzar en la promesa del fin de las zonas de sacrificio, es prioritario que este año el MMA, en alianza con otros ministerios, de señales fuertes de implementación, por ejemplo, conformando equipos cuya única misión sea gestionar la reparación de estas zonas, coordinando los esfuerzos, diagnósticos, medidas y recursos en una agenda única, que además cuide las relaciones con y entre los miembros de las comunidades, establezca indicadores y metas para medir avances intermedios y, en definitiva, se encargue de avanzar (de una vez por todas) hacia el fin de las zonas de sacrificio.

6. Finalizar tramitación de la Ley SBAP: Hace más de 10 años se tramita la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y que se encargará de unificar la gestión de las áreas protegidas terrestres y marinas, que hoy es dispersa entre CONAF, SAG, SERNAPESCA, SUBPESCA, CMN, Ministerio de Bienes Nacionales y la Subsecretaría del Medio Ambiente. Entre sus herramientas, el SBAP podrá dar directrices claras sobre planes de manejo y administrar un sistema de monitoreo de biodiversidad que, por ejemplo, aborde las brechas identificadas por la Contraloría al diagnosticar que 50 áreas protegidas hoy no cuentan con planes de manejo e indicadores de biodiversidad[xvi]. A inicios de 2022 el gobierno actual le puso discusión inmediata a este proyecto, pero probablemente el tema será resuelto por el nuevo Congreso, cuyas fuerzas políticas se encuentran en equilibrio. El desafío entonces para el MMA, es conducir la discusión, de manera que el SBAP finalmente vea la luz e inicie su tan ansiada implementación.

7. Acción interministerial frente a la sequía: Un desafío urgente de abordar en el corto plazo son las consecuencias de la sequía de la zona central, que ya se extiende por más de 10 años, afectando a ecosistemas y comunidades rurales y urbanas[xvii]. Los efectos se ven en el descenso de ríos y acuíferos, pérdida de vigor en bosques, falta de agua para consumo y saneamiento, así como para las actividades agrícolas y ganaderas, potenciándose los conflictos por el agua. Entre las soluciones ya se habla de racionamiento de agua en la zona central[xviii]. Otra dimensión es el efecto que puede tener la sequía sobre la producción de energía hidroeléctrica. Abordar este tema tan complejo, representa un desafío de coordinación clave para este año, entre el MOP, MMA, Energía, Agricultura y gobiernos regionales, a lo menos, en esfuerzos que se han realizado en años anteriores sin suficiente éxito y que ponen de manifiesto la dispersión de atribuciones y responsabilidades en la materia dentro del aparato público.

8. Transición energética residencial: Entre las 10 ciudades con mayor contaminación del aire en Latinoamérica, 9 se encuentran en Chile: Osorno, Coyhaique, Valdivia, Padre Las Casas, Temuco, Santiago, Linares, Rancagua y Puerto Montt[xix]. La principal causa es el uso de leña para calefacción, que aporta el 85% de las emisiones de material particulado fino a nivel nacional, deteriorando la calidad de vida de la población y sobre todo de niños, niñas, adolescentes y personas mayores. El mismo problema se da a nivel rural. Esto representa un desafío interministerial para Energía, Vivienda, Transporte y el MMA, siendo prioritario seguir trabajando en la regulación de la leña y otros biocombustibles, recambio tecnológico, mejoras en aislación térmica y la promoción de medios de transporte y de carga no contaminantes.

9. Señales en la descentralización: Avanzar en la descentralización es clave en materia ambiental, existiendo infinitos ejemplos de cómo no ha funcionado el esquema de decisiones centralizadas de la región metropolitana. Si bien esto es un proceso de largo aliento, en el primer año de gobierno se tiene la oportunidad de dar señales fuertes, como eliminar la figura del Delegado/a Presidencial y abrir espacios de diálogo que den cabida a la participación de comunidades locales, movimientos sociales y universidades, entre otros, para visibilizar los desafíos ambientales como el avance de la sequía, efectos de la deforestación, los monocultivos, contaminación de aire, ríos y acuíferos, planificación de la zona costera, etc. La idea es ir encontrando espacios de acción, en paralelo a la tramitación de nuevas normativas.

10. Avances ambientales en el sector forestal y agrícola: Los incendios forestales deterioran el bosque nativo año tras año. Independiente de las razones (sequía, factor humano, etc.) el Ministerio de Agricultura (a cargo de CONAF) y MMA debieran impulsar el avance del proyecto de Ley que prohíbe, por 30 años, el cambio de uso de suelo hacia uno agrícola o para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, con el objetivo de propiciar la reforestación con bosque nativo de las zonas siniestradas.

También es importante avanzar en algún tipo de evaluación ambiental del sector forestal y agrícola que hoy no son analizados de manera integral por el SEIA o algún otro tipo de instrumento. En esta línea hay varias ideas sobre cómo hacerlo, lo importante es avanzar en esta discusión dados los efectos que generan estas actividades, sobre suelos y agua. Por último, existe una oportunidad en analizar la propuesta de “Ley marco de suelos”, como proyecto que busca el cuidado, recuperación y uso más sustentable de nuestros suelos.

11. Ley de Pesca y resguardo del borde costero: Un aspecto interesante del programa de gobierno es que propone eliminar la actual Ley de Pesca e impulsar una nueva legislación que garantice la sostenibilidad de los ecosistemas. Este tema también ha sido discutido en la Convención Constitucional bajo el enfoque de avanzar hacia una pesca más sostenible y garantizar una adecuada planificación del borde costero. Este último tema es muy relevante, si además se considera que tenemos un boom de plantas desaladoras - para abastecer principalmente a la minería -, sin una planificación del territorio, ni un análisis profundo de los impactos ambientales de la salmuera. En esta lógica el Ministerio de Economía (donde curiosamente se encuentra SUBPESCA y SERNAPESCA) en conjunto al MMA, pueden conducir un proceso de gestión el primer año que pavimente el camino hacia una mejor gestión del borde costero, pesca y cuidado del océano.

12. Fortalecer la Gestión de la Información Ambiental: Cambio climático, calidad del aire y gestión del agua son 3 temas –por lo menos– en los que se necesita asegurar la calidad de los datos ambientales que se toman en el país, junto a la profundización de estándares y metodologías que permitan la comparación de los datos en el tiempo. Por ejemplo, las evaluaciones a laboratorios ambientales han mostrado reiteradamente que, pese a estar regulados, frente a una misma muestra los laboratorios obtienen resultados diferentes[xx], lo que significa una incertidumbre en la toma de decisiones asociadas a regulación ambiental.

En materia hídrica, ha sido transversal el diagnóstico sobre la necesidad de centralizar todos los datos que se toman asociados a cantidad y calidad de aguas superficiales y subterráneas. De hecho, el actual Ministerio de Ciencias propuso a la Mesa del Agua, construir un Sistema Integrado de Información Hídrica[xxi] que aún no ha podido desarrollarse. También lo plantea el programa de gobierno señalando la idea de “Crear un Sistema Nacional de Gestión de Aguas” que, entre otras cosas “consolide un sistema integrado de información estandarizada, validada, transparente y actualizada sobre los recursos hídricos del país, que permita tomar decisiones de gestión basadas en la evidencia en cada cuenca”.

En este sentido, los ministerios de Ciencias, MMA y MOP tienen la oportunidad de formar alianzas junto a las Universidades, para el desarrollo de herramientas que fortalezcan tanto las capacidades de levantamiento de datos (estándares, laboratorio ambiental), como su administración en sistemas robustos basados en big data.

Sin duda tenemos tareas ambientales en múltiples frentes, siendo este listado solo una selección de 12 temas urgentes o que representan deudas muy sentidas a lo largo del país. Pero claramente, hay muchos otros temas en los que debemos seguir trabajando, como la implementación de la estrategia de hidrogeno verde y de la ley REP, las iniciativas de electromovilidad, el repensar nuestras ciudades bajo una mirada sustentable y la discusión ambiental sobre la extracción del litio y eventual conformación de una empresa nacional, sumado a los nuevos desafíos que pueden venir dado el contexto altamente cambiante y dinámico.

Lo importante, es que detrás de cada tarea, el nuevo gabinete avance en que el medio ambiente permee en las decisiones del día a día en todos los frentes, pues sólo cuando lo entendamos como la columna vertebral de nuestra sociedad, podremos dar pasos firmes y más rápidos hacia la meta de un Chile ecológico.