Chile es un país muy vulnerable al cambio climático y uno de los países más afectados por la escasez hídrica que se vive a nivel global, situación que se ve agravada por la existencia de un modelo de desarrollo económico construido sobre la base de la sobreexplotación de los bienes naturales. En este contexto, la Fundación Heinrich Böll Cono Sur organizó el “Ciclo de Charlas por el Agua”, consistente en tres conversatorios que se desarrollaron entre los meses de septiembre y diciembre del presente año, y que contaron con la participación de destacados expositores y expositoras para abordar el derecho humano al agua y su vinculación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la responsabilidad empresarial y los tratados de libre comercio.
La Fundación ve con preocupación la vulneración del derecho humano al agua y al saneamiento, ambos consagrados en diversos tratados como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006). Estos derechos también fueron reconocidos explícitamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas el año 2010 (Resolución 64/292).
La primera charla titulada “Derecho Humano al Agua y Niñez” tuvo como panelistas a Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez y a Léo Heller, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, y fue moderada por Ingrid Wehr, Directora de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur.
En dicho encuentro se destacó cómo en Chile no se reconoce ni se garantiza el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano, y que más bien el agua es concebida como un bien de consumo. En ese sentido, el Estado de Chile estaría incumpliendo los instrumentos internacionales de DDHH que ha suscrito y ratificado en dichas materias. Léo Heller recordó que mientras el gobierno instaba a la gente a lavarse las manos varias veces al día, en Petorca se disminuyó la dotación diaria de agua. El Relator de la ONU agregó que “el agua está priorizada para una actividad económica y no para las necesidades de personas que tienen necesidades muy básicas” y que “(las personas) no consiguen acceder al agua sin que el Estado o los proveedores se la entreguen en cantidad suficiente”.
Por su parte, Patricia Muñoz comentó que esta situación es aún más grave por la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), señalando que nadie podría cuestionar que el agua sea esencial para la vida y “desde ahí que la imposibilidad de acceder a este elemento esencial tiene un impacto significativo no solo en el ámbito de salud de los NNA, sino que también en todo lo que involucra su desarrollo armonioso e integral, que es lo que la Convención de los Derechos del Niño les pretende asegurar”. Además, enfatiza que “es violento que les estén diciendo todo el día en la tele que para no contagiarse se tienen que lavar las manos por más de 20 segundos con agua corriendo, cuando ellos ni siquiera tienen agua para poder comer”.
La segunda sesión, que llevó por título “Derecho Humano al Agua y Responsabilidad Empresarial”, contó con la participación de Marcela Paiva, jefa de División de Conducta Empresarial Responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y de Juan Pablo Orrego, presidente de la ONG Ecosistemas, y fue moderada nuevamente por la Directora de la Fundación HBS Cono Sur, Ingrid Wehr.
El encuentro parte destacando la necesidad de legislar en materia de cadenas de valor para que las empresas respeten tanto los derechos humanos como ambientales. Europa ya ha ido avanzando estos temas, particularmente Alemania, que ya cuenta con un proyecto legislativo que busca regular las cadenas de valor y las responsabilidades de las empresas, con el objetivo de prevenir abusos a los DDHH y al daño medioambiental, así como también garantizar el acceso a la justicia y reparación a las víctimas.
Chile no cuenta con una ley que asegure el debido proceso y fiscalice las responsabilidades de las empresas sobre las consecuencias que traen sus negocios tanto para el país como para el exterior. Según el diario sustentable al menos el 50% de las multinacionales implementan políticas de responsabilidad social empresaria en su gestión, sin embargo, desde la sociedad civil han habido muchas críticas.
Juan Pablo Orreglo apuntó que “nos hemos encontrado con una tremenda irresponsabilidad empresarial, permanente, crónica y profunda (...) Si no fuera por la ciudadanía y poblaciones locales, Pascualama estaría construyéndose o construido, destruyendo todos los glaciares”. Por otro lado, Marcela Paiva mencionó que “desde el Ministerio se está promoviendo el concepto de ‘debida diligencia’ no solamente en las empresas multinacionales, si no que en toda empresa porque todas ellas debieran ser conscientes de sus riesgos e impactos”.
El tercer y último webinar del año “Derecho Humano al Agua y TLCs” tuvo como panelistas a Anna Cavazzini, eurodiputada del Partido Verde Alemán y la Alianza Libre Europea, a Lucio Cuenca, representante de Plataforma Chile Mejor sin TLC y a la Investigadora de Fundación Sol, Andrea Sato. En esta oportunidad, la charla fue moderada por Gloria Lillo, Coordinadora de Programas de Fundación HBS Cono Sur.
Este último evento dio cuenta de cómo las actividades extractivistas -que consumen grandes cantidades de agua- se han visto aceleradas a partir de los Tratados de Libre Comercio y han disminuido el rol del Estado en temas tan relevantes como la alimentación. La consecuente desregulación de los mercados ha impactado directamente el abastecimiento de agua potable en varias comunidades, vulnerando con ello el derecho humano al agua.
Además, respecto a la desconcertante noticia sobre la cotización del agua en Wall Street, Lucio Cuenca señaló que en Chile esta es una situación que ha estado ocurriendo desde hace muchos años, puesto que el agua se transa de manera indirecta en la bolsa al ser los derechos de agua parte del activo de las empresas transnacionales que operan en el país.
La Fundación Sol presentó un estudio que reveló que el 75% de las inversiones nacionales de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) se destinan a empresas extractivistas y de alto impacto ambiental que operan en Chile, de las cuales 915 millones de dólares van a empresas de agua potable y saneamiento. Según Andrea Sato, quien participó en dicha investigación, los TLCs impiden que los países puedan realizar cambios en las políticas públicas en materias como estas.
"El abandono por parte del Estado y la desregulación han empeorado el desabastecimiento de agua potable en numerosas comunidades rurales que han debido sobrevivir con un volumen muy inferior a lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como mínimo digno para asegurar condiciones básicas de higiene" afirma Gloria Lillo, coordinadora de programa HBS Cono Sur.
Las Charlas del Agua instan a reflexionar sobre las consecuencias que acarrea nuestro estilo de vida y el actual sistema productivo, tanto para las personas como para los ecosistemas. Mientras algunos disfrutan de alimentos con una alta huella hídrica -como en los países del norte global-, en alguna parte del mundo existen territorios que se están quedando secos, dejando a comunidades completas sin el abastecimiento de agua requerido para cubrir sus necesidades más básicas.
En Chile hay miles de familias que no cuentan con este vital elemento en cantidad y calidad suficiente, y que a su vez ven aumentada su vulnerabilidad en un contexto de crisis sanitaria que exige mantener una higiene adecuada y lavarse las manos frecuentemente para hacerle frente. En esto radica la importancia de legislar en materia de responsabilidad de las empresas, y en hacer efectiva la responsabilidad que adquiere el Estado al adherirse a tratados internacionales. La crisis climática e hídrica es real, y si no nos hacemos cargo ahora, las violaciones a los derechos humanos seguirán multiplicándose.
Revisa aquí en el siguiente enlace el Ciclo completo de las Charlas de Agua de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur