Cada vez más personas en el mundo están preocupadas por la crisis climática. Ante todo, son los jóvenes los que están saliendo a las calles para presionar a sus gobiernos y a las empresas para que finalmente actúen y tomen medidas efectivas. Aunque en comparación con Europa las manifestaciones generalizadas en contra de la crisis climática en América Latina son aún relativamente débiles, movimientos como Fridays for Future o Extinction Rebellion también están germinando, por lo menos en los países más grandes y en las ciudades. Mucho más fuertes y de mayor alcance son las protestas y los movimientos en contra de megaproyectos energéticos y mineros concretos, así como de sus impactos negativos en el medio ambiente y en la población. En América Latina, la energía se sigue generando principalmente a partir de fuentes fósiles y de grandes centrales hidroeléctricas. El sector energético genera casi la mitad (alrededor del 46 por ciento) de las emisiones de gases de efecto invernadero del subcontinente. Si bien la participación de las energías renovables en la matriz energética de la región ha aumentado en los últimos años, si se excluye la energía producida por las termoeléctricas, dicha participación es inferior al 16 por ciento. Paralelamente, el fomento de la explotación de fuentes de energía no convencionales como el fracking sigue ganando importancia. Además de criticar las consecuencias ecológicas de la producción y el consumo de energía, no debe soslayarse su costo social. Y eso aplica no solamente a los productores de energía fósil, pues las energías sostenibles no son automáticamente la mejor opción en todos los sentidos. Las numerosas protestas en América Latina muestran que la diferencia decisiva radica más en la escala de los proyectos de desarrollo que en la fuente de energía. Para la quinta edición de Perspectivas pedimos a diversos autoras y autores latinoamericanos que abordaran el tema de la energía desde diversos puntos de vista. El resultado es este fascículo, que somete al sector energético en América Latina a duras críticas, y deja claro que una política energética sostenible debe siempre tomar en cuenta el contexto social así como considerar en igual medida los factores sociales, los económicos y los ecológicos.
Un buen ejemplo de ello son las turbinas eólicas del Istmo de Tehuantepec, México. En los últimos 15 años, se han instalado en esta zona 28 parques eólicos, que producen alrededor de la mitad de la energía proveniente del viento de México. Un primer e importante paso hacia la transición energética y al desarrollo de las energías renovables, podría pensarse. Sin embargo, las autoras Daniela Pastrana y Ana Cristina Ramos muestran en el primer artículo de este número el otro lado de la moneda: los parques eólicos se extienden por una superficie de 100,000 hectáreas, antes utilizadas para el cultivo de maíz, sorgo y caña de azúcar, así como para el pastoreo, y fueron construidos sin la participación y en contra de las protestas de la población local, la cual denunció durante años la corrupción y los efectos económicos y ecológicos negativos de estos parques. Es, ante todo, el recrudecimiento de la desigualdad social lo que se está convirtiendo en un problema cada vez mayor para la población local.
Angélica Hernández Téllez provee un panorama de la situación energética en América Latina, donde la mayor parte de la energía se genera a partir de combustibles fósiles, una tendencia que continuará durante los próximos 30 años. Esto no es sorprendente, dados los grandes depósitos de combustibles fósiles de los que dispone América Latina, como petróleo en Venezuela, carbón en Colombia, o petróleo y gas de esquisto en Argentina. A pesar de esta situación, las energías renovables han adquirido mayor importancia en los últimos años. Junto con este panorama, hemos incluido en el centro del fascículo los hechos y cifras más importantes sobre el tema de la energía, representados gráficamente.
Fernando Cabrera Christiansen y Santiago Cané analizan críticamente el megaproyecto Vaca Muerta en Argentina, potencialmente el proyecto más grande de fracking de toda América Latina. Abordan los graves daños ambientales causados por su explotación, los riesgos a la salud que implica para los trabajadores y para la población local, así como los embates contra la democracia del país, dada la criminalización de la resistencia al proyecto y la obstaculización del acceso a la información.
En Brasil, la energía nuclear marcha nuevamente hacia delante. Aunque con un 3 por ciento todavía representa una participación marginal en la generación nacional de energía, el presidente Jair Bolsonaro ha declarado la energía nuclear y, en particular, la explotación del uranio, una de las prioridades de la política energética de su gobierno. Maurício Angelo describe en su artículo las medidas previstas o anunciadas, así como qué peligros representan. Cabe destacar que en 1975 —todavía en tiempos de la dictadura militar— Alemania y Brasil concluyeron un Acuerdo de Cooperación Nuclear para Fines Pacíficos. El acuerdo se renueva automáticamente cada cinco años, si no se revoca con un año de antelación. Hasta ahora, ambos estados han evitado ejercer este derecho. A mediados de noviembre de 2019 surge nuevamente la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, las probabilidades de que alguna de las partes cancele el contrato son escasas.
La agenda de la política energética de México también se encuentra enfrascada en las recetas del pasado e ignora los desafíos de la política climática del futuro. Claudia Piña Navarro da cuenta de los intentos del presidente mexicano Manuel López Obrador por sanar a la empresa petrolera estatal PEMEX, deteriorada por la corrupción y los malos manejos. Para lograrlo, López Obrador no únicamente alude a los sentimientos nacionalistas, sino que reaviva una posibilidad de ingresos para el presupuesto federal. En este marco, el fomento de las energía renovables juega un rol meramente marginal.
Maria Fernanda Marcelino y Tchenna Fernandes Maso critican el modelo de generación de energía basado en proyectos hidroeléctricos de gran escala en el norte de Brasil. Mientras que estas termoeléctricas garantizan el abastecimiento de los centros urbanos e industriales ubicados en el sureste del país, el norte —ya de por sí desatendido y fuente de recursos naturales y mano de obra para los grandes proyectos de infraestructura— obtiene muy pocos beneficios en comparación con el sureste. Aunado a esto, es la población local la que resulta más afectada por las secuelas socio-ecológicas, en particular las mujeres, como muestran las autoras En su contribución, Natalia Orduz Salinas aborda los mecanismos de participación para la protección de los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, basados en la Convención 169 de la OIT y en otros importantes instrumentos de carácter nacional. No obstante, la experiencia de planeación e instalación de proyectos eólicos en La Guajira, Colombia, muestra que estos mecanismos resultan muy limitados si no existe la voluntad política para su aplicación, sobre todo debido a su baja efectividad práctica y a las condiciones materiales que dificultan la libre participación de los grupos indígenas.
Grupos indígenas de Guatemala han tenido experiencias similares cuando se han defendido de los grandes proyectos mineros e hidroeléctricos y exigido su legítimo derecho a la autodeterminación, así como a la realización de consultas previas, libres e informadas, para decidir sobre políticas y proyectos de construcción en sus territorios. En algunos casos, el Estado ha respondido con la criminalización de activistas defensores y defensoras de derechos humanos así como de abogados y abogadas, como lo relata Julio R. González en su contribución.
El último artículo de este número se concentra en una materia prima que hoy en día juega a nivel global un papel clave para la transición energética: el litio. Este mineral se utiliza en la fabricación de baterías de alta densidad energética para aparatos electrónicos, baterías a gran escala que estabilizan redes eléctricas, y pilas para vehículos eléctricos puros o híbridos. Esto permite que las energías renovables estén siempre disponibles y que se reduzcan significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, Pía Marchegiani utiliza el ejemplo de las zonas mineras de Argentina y otros países sudamericanos para demostrar que la extracción de este “mineral” maravilla conlleva un alto precio ecológico y social que, sobre todo, tiene que pagar la población local. La autora aboga por entender la transición energética no sólo como una sustitución de fuentes de energía, sino por el cuestionamiento crítico y la transformación de los modelos de producción y consumo anclados en todo el mundo.
Les deseamos una lectura enriquecedora.
Berlín, noviembre de 2019
Ingrid Spiller
Jefa de División América Latina de la Fundación Heinrich Böll