El estallido social en Chile y sus efectos en la Agenda Climática y la COP25

save the planet

Por Ingrid Wehr,  Sebastián Ainzúa y Javiera Valencia 

El estallido social y la demanda por un nuevo contrato socioambiental

Las movilizaciones sociales se iniciaron a partir del aumento en la tarifa del sistema integrado de Transporte Público de Santiago, que fue la gota que rebalsó el vaso. Este aumento siguió a una serie de incrementos tarifarios que afectan a gran parte de la población, incluida una clase media altamente endeudada.

Actualmente, para un grupo importante de la población chilena el transporte puede significar entre el 20 % y el 25 % del ingreso familiar. Los costos de educación y salud también son altos: el sistema de pensiones administrado por privados se basa en cuentas individuales y genera importantes ganancias para las empresas, pero también pensiones que en su mayoría están por debajo de los niveles de ingreso mínimos y que discriminan especialmente a las mujeres.

Las protestas iniciales llevaron a una escalada de protestas masivas a lo largo de todo el país (desde Arica hasta Magallanes), incluyendo a todos los grupos etarios (nietos que marchan con sus abuelos) y a casi todos los estratos sociales. A diferencia de otras oleadas de protestas, los partidos políticos, los principales sindicatos e incluso los movimientos sociales más visibles, como el movimiento contra el sistema privado de pensiones, “No más AFP”, han sido relegados a roles de observadores.

Son los ciudadanos los que han organizado miles de marchas mayoritariamente pacíficas, intervenciones artísticas y acciones como cicletadas y conciertos de manera descentralizada y autónoma. Las demandas por acceso a salud y educación pública, un sistema de pensiones distinto y acceso al agua, que ha sido casi completamente privatizada pese al estrés hídrico extremo en el país, desembocaron rápidamente en una gran solicitud: un nuevo pacto social y una nueva constitución para reemplazar la escrita por los "Chicago Boys" durante la dictadura militar.

Las 130 organizaciones que componen la Sociedad Civil por la Acción Climática, SCAC rápidamente sumaron el tema de la justicia ambiental a la discusión sobre un nuevo contrato social, insistiendo en que la crisis social que desencadenó las protestas masivas también es medioambiental.

Teniendo en cuenta el hecho de que Chile es altamente vulnerable al cambio climático y uno de los 18 países del mundo que sufren el estrés hídrico más grave, los miembros del movimiento medioambiental reunidos en la plataforma SCAC enfatizaron que el nuevo contrato social y una nueva constitución deben tomar en consideración los principios de la justicia ambiental.

La dimensión ambiental de la crisis social de Chile

En pocas palabras, el estallido social en Chile es el resultado de una crisis multidimensional en la que convergen los siguientes elementos: desigualdad estructural intransigente, crisis de legitimidad política, endeudamiento de los hogares y proliferación de conflictos socioeconómicos debido al modelo de desarrollo extractivista.

Tal como ocurre en muchos países latinoamericanos, la economía chilena se basa en la explotación incesante de recursos naturales de baja elaboración y que se destinan a la exportación a los mercados internacionales. Esto ha generado altos costos medioambientales: la creación de las llamadas zonas de sacrificio en todo el país, donde se concentran las centrales termoeléctricas que generan energía sucia para la industria minera, y la presión sobre el suministro de agua, que pone en peligro el derecho humano al agua.

La industria exportadora chilena depende muchísimo de un recurso escaso: el agua. El 80% de toda el agua dulce es utilizada por la agroindustria para la producción de frutas, verduras y vino que se exportan a los mercados internacionales. La industria minera utiliza menos agua, pero opera principalmente en las zonas más áridas del norte del país, como el desierto de Atacama.

Además, la carrera por el nuevo oro blanco, el litio, está teniendo un fuerte impacto en el agua fósil y en la biodiversidad de los frágiles ecosistemas andinos. Mientras Chile literalmente exporta agua, más de un millón de ciudadanos no tiene acceso a agua potable ni a sistemas de alcantarillado.

Pese a su parecido con modelos de desarrollo similares en América Latina, el modelo chileno tiene algunas particularidades que forman parte de un experimento más radical. Estas características han llevado a:

  • un alto grado de privatización de la mayor parte de las empresas de servicios públicos, así como de numerosos bienes naturales estratégicos, y
  • un alto grado de mercantilización de la naturaleza, incluido un mercado altamente volátil y no transparente (negro) de los derechos de agua, con escaso control público y que no prioriza el consumo humano, lo que lleva a una violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado chileno.

Las particularidades del modelo de desarrollo chileno están estrechamente relacionadas con los altos niveles de desconfianza de los partidos políticos, lo que explica su ausencia durante el levantamiento de octubre. La mayoría de los partidos políticos, desde la derecha a los socialistas, se ha beneficiado de la privatización de los bienes públicos y los bienes comunes.

Militantes del Partido Demócrata Cristiano están entre quienes concentran la mayoría de los derechos de aguas y los socialistas son dueños de concesiones viales y empresas de suministro de agua, por nombrar solo algunos ejemplos. En los últimos años, un número considerable de escándalos ha revelado contribuciones ilegales de empresas extractivistas a campañas electorales que han involucrado a casi todos los partidos.

Hoy, muchos chilenos ven a los partidos políticos como parte de la coalición de distribución que compite por las rentas de la explotación de los recursos naturales. La valoración de los partidos políticos se ha reducido al 9%. Chile suele ser etiquetado como una economía de mercado neoliberal, caracterización que no entiende lo central. Debido a las limitadas capacidades del Estado para regular la economía y la falta de leyes antimonopolio, Chile tiene más en común con los estados rentistas, que se caracterizan por un capitalismo de amigotes, donde un número limitado de familias controla gran parte de la economía. Como resultado, sus principales empresas no crecen gracias al riesgo y la competencia, sino más bien a los retornos sobre el dinero acumulado a través de un vínculo entre la clase empresarial y la clase política.

Dado que las contradicciones del modelo de desarrollo ya no pueden abordarse dentro del marco constitucional existente, debido a que el derecho institucionalizado a veto de la minoría de derecha no deja espacio para las reformas necesarias, las demandas del movimiento social han desembocado en el reclamo de una nueva constitución.

Esta dinámica ha unido las agendas de las organizaciones sociales y medioambientales y ha dado lugar a una oportunidad histórica de crear nuevas alianzas para redactar los puntos principales de un nuevo contrato socioambiental como base para el proceso constitucional. Aunque ha sido ampliamente criticado por su falta de transparencia y la nula participación de las organizaciones de la sociedad civil, el acuerdo alcanzado el 15 de noviembre abre el camino a una constitución escrita por una Asamblea Constitucional, compuesta principal o exclusivamente por ciudadanos, si la mayoría del electorado vota favorablemente en un plebiscito programado para abril de 2020.

La cumbre latinoamericana que no fue

En medio de la agitación política y social, sin consultarlo con las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno chileno decidió unilateralmente suspender dos cumbres internacionales: la cumbre APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) programada para mediados de noviembre y la COP25. La cancelación de último minuto ha movido la COP25 a Madrid, ya que España aceptó el desafío de organizar el evento, aunque Chile mantendrá la presidencia de la Conferencia de las Partes.

Para las organizaciones y movimientos medioambientales chilenos y latinoamericanos, la repentina reestructuración fue una sorpresa y una gran decepción. La realización de una cumbre de la COP en la región habría sido una excelente oportunidad para relevar los problemas medioambientales del continente y mejorar los espacios de negociación en asuntos como financiamiento, adaptación, así como pérdidas y daños, que son particularmente importantes para un grupo de países caracterizados por altos niveles de vulnerabilidad al cambio climático. Los observadores latinoamericanos del proceso de la COP expresaron su preocupación de que el estallido social y político generalizado en la región, que no se limita a Chile sino que también incluye a Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, junto con la relocalización de la COP25 en Europa, dañen seriamente la posibilidad de que las voces latinoamericanas sean escuchadas claramente en las negociaciones internacionales sobre el clima.

¿Qué queda de la agenda climática de la sociedad civil chilena?

La crisis medioambiental es parte de las preocupaciones que originaron el estallido social, a pesar de que los problemas medioambientales no siempre encabezan la lista de preocupaciones de las organizaciones y actores sociales. Además de presionar a la presidencia de la COP25 para que desempeñe un papel activo en las negociaciones climáticas e inste a una mayor ambición, los grupos ambientalistas chilenos han centrado sus esfuerzos comunes en los siete conflictos socioambientales que dominan la agenda medioambiental chilena:

  1. Cerrar las centrales eléctricas a carbón del país y convertir las llamadas zonas de sacrificio [1]  -un término acuñado como lo opuesto a "polos de desarrollo"- en espacios habitables libres de contaminación. La industria del carbón tiene un bastión en la matriz eléctrica de Chile. Actualmente hay 28 centrales termoeléctricas a carbón que generan aproximadamente el 40% de la electricidad del país. Estas representan el 90% de las emisiones de CO2 del sector eléctrico, concentradas en seis ciudades del país.
  2. La salida del carbón es particularmente urgente en el caso de Puchuncaví-Quintero, en el centro del país. La zona tiene una alta tasa de contaminación por centrales eléctricas a carbón que proporcionan energía sucia a la industria minera, lo que causa enfermedades crónicas que afectan especialmente a mujeres y niños.
  3. Detener el invasivo proyecto cuprífero Dominga y el nuevo Mega Puerto Cruz Grande, ubicado en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Ambos ponen en peligro un área rica en biodiversidad.
  4. Recordarle al gobierno que cualquier agenda para una "COP azul", es decir, cualquier protección significativa de los océanos y las líneas costeras significa regular el crecimiento adicional de la invasiva industria salmonera y una prohibición total de la explotación en áreas marinas protegidas.
  5. Conflictos por el agua: Chile es rico en glaciares y recursos hídricos, pero es uno de los países con niveles extremadamente altos de estrés hídrico. Cualquier agenda para una "COP azul" también debe incluir la protección de los 24.000 glaciares del país, que corresponden al 80% de todos los glaciares sudamericanos, y de otros recursos de agua dulce en general contra la explotación por parte de empresas mineras y monocultivos agrícolas, que destruyen la calidad del suelo, desplazan a pequeños productores y dejan a gran parte de la población sin acceso al agua potable.
  6. Extracción del litio: una de las principales contradicciones de la transición energética mundial es la gran demanda de litio, que afecta el equilibrio de los frágiles ecosistemas andinos, destruye su biodiversidad y alimenta una verdadera guerra del agua en el desierto más árido del mundo.
  7. La negativa de Chile de firmar el Acuerdo de Escazú[2] y la agenda de derechos humanos. Este último punto requiere de un análisis más detallado.

Principales demandas de las organizaciones de la sociedad civil chilena que componen la alianza climática SCAC

El gobierno chileno reaccionó al levantamiento de octubre con una política de mano dura que incluyó dictar un estado de emergencia, desplegar a los militares en las calles e imponer toques de queda, que inmediatamente despertaron recuerdos traumáticos de la dictadura militar. En un mes, más de 6.362 personas fueron arrestadas, 23 perdieron la vida, casi 2.400 resultaron lesionadas y 222 manifestantes perdieron sus ojos y/o la vista debido a las lesiones causadas principalmente por perdigones y bombas de gas lacrimógeno.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha denunciado la violación sistemática a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden, y delegaciones internacionales de derechos humanos han llegado a Chile en las últimas semanas para recopilar información sobre violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional publicó un informe que acusó al gobierno de represión sistemática y violación a los derechos humanos, incluida la mutilación como forma de intimidación contra los manifestantes. Actualmente, una misión de investigación de la Comisión Interamericana está investigando las violaciones masivas a los derechos humanos.

Las organizaciones medioambientales han criticado continuamente la falta de protección de los activistas medioambientales en Chile. Le piden al gobierno que reconsidere su posición sobre el Acuerdo de Escazú, el equivalente latinoamericano de la Convención de Aarhus. América Latina es una de las regiones del mundo donde los activistas medioambientales están en mayor riesgo. En Chile, los activistas medioambientales, especialmente aquellos que son indígenas, han sufrido diversas formas de represión, desde amenazas de muerte hasta abuso de medidas legales, a fin de disuadir las protestas sociales contra las empresas contaminantes.

La muerte de Macarena Valdés, que luchó contra un proyecto hidroeléctrico en territorio indígena y las circunstancias del encarcelamiento del ganador del Premio Medioambiental Goldman de este año, el lonco[3] Alberto Curamil, han aparecido en la prensa internacional.

Considerando las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, las organizaciones chilenas que forman parte de la alianza climática SCAC han acordado incluir el tema de los derechos humanos en la agenda climática como uno de los tres puntos principales:

  • Hacen un llamado a los representantes de la comunidad internacional presentes en la COP25 en Madrid a insistir en que Chile, que a pesar de la reubicación de la conferencia mantiene la presidencia de la COP, haga un esfuerzo creíble por investigar a fondo las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas militares durante las últimas semanas. "¡No a la impunidad!" será una de las principales demandas de las organizaciones medioambientales presentes en Madrid, además de presionar para que se firme y ratifique el Acuerdo de Escazú para dar una protección mayor a los activistas medioambientales que están en riesgo.
  • Además, las organizaciones chilenas insistirán en un aumento en las ambiciones climáticas nacionales (especialmente las NDC, contribuciones determinadas a nivel nacional).
  • Poner fin a las zonas de sacrificio fomentando la descarbonización de la matriz eléctrica.

Representantes de SCAC viajarán a España para participar en los eventos paralelos de la COP y la cumbre paralela organizada por la sociedad civil española. Junto con las plataformas de movimientos sociales y organizaciones de América Latina, las organizaciones unidas bajo la alianza SCAC han preparado un proceso de diálogo para un Manifiesto de Acción Climático Latinoamericano, que se presentará el 9 de diciembre en la COP25 en Madrid. El manifiesto busca resumir las demandas de esta región tan vulnerable y entregar una perspectiva latinoamericana sobre los principales desafíos del proceso de negociación, centrándose en la adaptación, la reducción de emisiones y el acceso al financiamiento.

Aunque la COP25 se trasladó a Madrid, las organizaciones latinoamericanas de la sociedad civil están haciendo un esfuerzo para hacer oír su voz en Europa. Esto es particularmente importante teniendo en cuenta que la actual agitación política en la región es causada principalmente por la crisis social y ambiental generada por la dependencia unilateral de la explotación de los recursos naturales. Las crisis sociales de América Latina no pueden resolverse sin una acción climática ambiciosa, justicia ambiental y la defensa de los activistas medioambientales que están en riesgo.


[1]  Las zonas de sacrificio son áreas que sirven como vertederos y se ven obligadas a soportar altos niveles de contaminación de industrias como fundiciones y centrales termoeléctricas. Sus residentes viven con niveles de contaminación que exceden la norma aceptada y tienen niveles de mortalidad más altos que el promedio nacional.

[2]  El Acuerdo de Escazú es una convención vinculante sobre el derecho a la información y la participación en asuntos relacionados con la justicia climática. Fue adoptado en 2018 por 24 países latinoamericanos y es la primera convención sobre democracia ambiental que incluye explícitamente la protección a los activistas medioambientales. Luego de su rol pionero en el impulso al Acuerdo de Escazú, Chile abandonó el acuerdo el año pasado, una decisión que ha sido cuestionada por las organizaciones de la alianza SCAC.

[3]  Autoridad tradicional mapuche.