Los grupos de lobby corporativo han creado una amplia red de canales de influencia en torno al G20, con el Negocios20 (B20) en su centro. En el encuentro de Sherpas del G20 en Frankfurt durante los días 23-24 de Marzo, el B20 presenta sus recomendaciones de políticas a los gobiernos. Es hora de contrapesar la influencia corporativa sobre el G20.
Los grupos de lobby corporativo han creado una amplia red de canales de influencia en torno al G20, con el Negocios20 (B20) en su centro. En el encuentro de Sherpas del G20 en Frankfurt durante los días 23-24 de Marzo, el B20 presenta sus recomendaciones de políticas a los gobiernos. Es hora de contrapesar la influencia corporativa sobre el G20.
Durante los últimos ocho años, el G20 ha emergido como unos de los foros políticos más prominentes para la cooperación internacional, mucho más allá de su mandato original de afrontar la crisis económica y financiera global de 2007/2008. Hoy en día, su agenda cubre temas financieros y económicos, inversión (particularmente en infraestructura), mercado laboral y políticas de empleo, oportunidades y desafíos de la tecnología digital, cambio climático, desarrollo, agricultura, salud global, migración, contraterrorismo, y otros asuntos de importancia global.
Para las corporaciones transnacionales y sus asociaciones y grupos de lobby nacionales e internacionales, el G20 provee importantes oportunidades de dialogar con los gobiernos más poderosos del mundo de manera regular, moldear su discurso, e influir en sus decisiones. Para este propósito, los actores empresariales han creado una amplia red de alianzas y foros en torno al G20, con el Negocios20 (B20) como su símbolo más visible de compromiso corporativo.
El G20 es receptivo a las recomendaciones empresariales
Es difícil medir la influencia directa de los actores empresariales en el G20 y evaluar su impacto. Dada la falta de transparencia y apertura del G20, no hay información sistemática acerca de sus encuentros que se encuentre públicamente disponible. El B20 y la Cámara Internacional de Comercio (ICC) se atribuyen éxito influenciando la toma de decisiones del G20 en diversos reportes de impacto y en el Cuadro de Mando Integral de Negocios del G20, conduciendo a la conclusión de que el G20 es crecientemente receptivo a las recomendaciones prioritarias presentadas por ellos.
Sin embargo, no está claro si las coincidencias entre las posiciones empresariales y del G20 han sido causadas directamente por las intervenciones del B20, por el lobby de grupos empresariales nacionales en los países del G20, por métodos duraderos de influenciar discursos y procesos de toma de decisión política (incluyendo campañas de relaciones públicas e investigación científica encargadas por grupos de interés corporativo), o simplemente porque los gobiernos comparten ciertas miradas y análisis de los actores empresariales. Sea cual fuere el caso, la comparación entre las recomendaciones de negocios y los comunicados del G20 exhibe una gran proporción de posiciones coincidentes y lenguaje común. Esto señala el alto grado de influencia, directa o indirecta, que los actores empresariales ejercen en la configuración de la agenda y del discurso del G20.
Mensajes clave de los actores empresariales al G20 – y qué está mal con éstos
Al escuchar los conceptos clave de las recomendaciones los actores empresariales al G20, tales como fomentar la innovación, optimizar la regulación, o desarrollar gestión efectiva y eficiente, uno puede preguntarse “¿cuál es el problema?”. Pero una mirada más profunda tras este lenguaje florido revela que la participación corporativa en, y su influencia sobre el discurso del G20 entraña considerables riesgos y efectos colaterales. Los siguientes aspectos son de particular interés:
Obsesión con el crecimiento económico a expensas del medio ambiente: El B20 y la ICC han estado constantemente predicando el crecimiento económico como la panacea y como una condición sine qua non para la prosperidad y el desarrollo. Pero existe abundante evidencia que sugiere que el crecimiento no puede ser simplemente equiparado con prosperidad y sustentabilidad. Por el contrario, en décadas recientes, el crecimiento económico ha estado acompañado por creciente desigualdad y degradación medioambiental en la mayor parte de los países del mundo. El B20 sigue un enfoque de “más de lo mismo” que está en marcado contraste con conceptos más sofisticados de sustentabilidad.
Presión por desregulación: Los bancos transnacionales, empresas de inversión y sus grupos de lobby trabajaron duramente para debilitar las regulaciones destinadas a ayudar a disminuir el riesgo de otra crisis financiera. A nivel del G20, los representantes comerciales recomendaron que los líderes del G20 “hicieran una pausa”, criticaron la regulación ineficiente y la sobrerregulación de los negocios”, y llamaron al G20 a “optimizar” y “reevaluar” la regulación financiera post-crisis.
Promoción de los intereses de los inversionistas: Peticiones por la liberalización del comercio, mercados de inversión abiertos, y la eliminación de toda forma de medidas proteccionistas han sido siempre demandas nucleares de parte del B20 y la ICC al G20. Solicitan a los gobiernos crear o fortalecer la protección a la inversión y acuerdos de promoción e insisten en que estos acuerdos deben incluir fuertes disposiciones de arbitraje de diferencias inversor-estado (ISDS), otorgando a las corporaciones transnacionales el derecho a demandar a los gobiernos anfitriones por presuntas prácticas discriminatorias. La ICC misma es una de las principales instituciones internacionales que proveen servicios de arbitraje de diferencias. Pero las disposiciones de la ISDS potencialmente restringen el espacio normativo de los gobiernos para aprobar leyes que se hagan cargo de la salud pública, la protección medioambiental, y los derechos laborales. Le dan prioridad a los derechos de los inversores por sobre los derechos humanos.
Promoción de Asociaciones Público-Privadas (PPPs) y financiación privada de infraestructura pública: Los actores empresariales promueven las PPPs como un modelo particularmente promisorio para cubrir el déficit global de financiación de infraestructura, y solicitan a los Bancos Multilaterales de Desarrollo y a las naciones miembros del G20 que desarrollen PPPs viables con distribución de riesgos bien equilibrada y protección adecuada y de largo aliento a los inversores. Pero lo que el B20 realmente quiere decir con “distribución de riesgos bien equilibrada” en realidad parece implicar la minimización de los riesgos para el inversor privado maximizándolo para el socio público. Muchos estudios han demostrado que las PPPs conllevan riesgos y costos desproporcionados para el sector público. Pueden incluso exacerbar desigualdades y disminuir el acceso equitativo a servicios de infraestructura.
Trato preferencial para el lobby comercial en el gobierno global: Mientras que los actores empresariales han gozado constantemente de un trato preferente por parte del G20, así como un mucho mejor acceso a sus deliberaciones y procesos de toma de decisiones que las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones sindicales, continúan insistiendo en una relación más formalizada. La ICC, por ejemplo, declaró en Diciembre de 2016 que entre las recomendaciones duraderas del comercio al G20 eran peticiones en relación al establecimiento de representación comercial formal en los grupos de trabajo del G20 relacionados con energía.
Tiempo de contrapesar la influencia corporativa en el G20
El Programa Mejorado de Reformas Estructurales en la Cumbre 2016 del G20 en China es un buen ejemplo de la influencia corporativa sobre el G20. Refleja un entendimiento estrecho y puramente económico de la necesidad de un cambio estructural. Esto está en marcado contraste con el enfoque holístico del Programa 2030 para el Desarrollo Sustentable, adoptado por las Naciones Unidas (UN) en Septiembre de 2015. Mientras el Programa 2030 supone la necesidad de un enfoque integrado e indivisible del equilibrio de las dimensiones económicas, sociales y medioambientales de sustentabilidad, el Programa Mejorado de Reformas Estructurales del G20 menciona preocupaciones sociales y medioambientales sólo al pasar, e ignora completamente los derechos humanos como un principio rector para cualquier reforma estructural.
A fin de superar al menos gradualmente los desbalances descritos en las políticas del G20, así como el doble estándar en su apertura hacia los negocios y la sociedad civil, se requieren reformas sustanciales. Éstas se relacionan tanto a aspectos procedimentales como políticos del proceso G20.
Mejorar la transparencia y la apertura: Los procesos de discusión y toma de decisiones en el G20 ocurren mayormente a puerta cerrada. En orden a superar la falta de transparencia y comprender sus procesos de toma de decisiones, el G20 debería revelar completa y oportunamente todos los documentos relativos a sus reuniones, incluyendo Sherpa, grupos de trabajo, y encuentros ministeriales.
Proveer acceso igualitario a todos los grupos de compromiso, en lugar de trato preferente para los negocios: A fin de demostrar su apertura hacia los grupos sociales, el G20 ha establecido diversos Grupos de Compromiso. Pero los actores empresariales permanentemente han gozado de mejor acceso a los responsables de las decisiones. Mientras que el espacio para las organizaciones de la sociedad civil se ha estado reduciendo en varios países del G20 y foros intergubernamentales, el espacio para los grupos de interés corporativo se ha estado ampliando. El G20 debería elaborar estándares claros y consistentes para el involucramiento con actores no estatales que permitan la participación sistemática de las organizaciones de la sociedad civil en sus discusiones, previniendo al mismo tiempo la influencia indebida de grupos de interés corporativo. Toda forma de trato preferencial para los grupos empresariales en el G20 debería detenerse.
Tomar la coherencia política para el desarrollo sustentable en serio: A nivel de la ONU, Los Gobiernos G20 formalmente estuvo de acuerdo con un conjunto integral de principios y derechos humanos. Pero a nivel del G20, fallaron en armonizar sus políticas con éstos de manera efectiva. En lugar de subordinar sus políticas al principio fundamental de maximizar el crecimiento del producto interno bruto, el leitmotiv de sus políticas debería ser maximizar el bienestar de las personas sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras, mediante el respeto a las limitaciones planetarias. A fin de traducir este leitmotiv en práctica política, los Gobiernos G20 deberían asumir compromisos vinculantes con la coherencia política para el desarrollo sustentable. Específicamente, las políticas financieras y las políticas de intercambio comercial deberían ser coherentes con las políticas de desarrollo sustentable. La receptividad de las naciones miembros del G20 a los principios y metas del Programa 2030 para el Desarrollo Sustentable de la ONU debería ser sistemáticamente evaluada.
Fortalecer las políticas públicas en lugar de los derechos de los inversores: En las discusiones del G20, los grupos de lobby corporativo han estado propugnando enérgicamente en contra de la “sobrerregulación”, y precisamente en favor de aquellas reglas financieras, de intercambio y de inversión que han tendido a desestabilizar la economía global y a exacerbar las desigualdades tanto en el Norte como en el Sur. El G20 fundamentalmente debería repensar su aproximación hacia la liberalización del comercio y la inversión, y tomar en cuenta las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, personas indígenas, expertos en derechos humanos, y muchos otros, para posicionar los derechos humanos y los principios del desarrollo sustentable en el núcleo de todos los acuerdos comerciales y de inversión.
Repensar las PPPs en el proceso G20: Los actores empresariales y los grupos de expertos corporativos han estado promoviendo ininterrumpidamente las PPPs como el modelo principal para subsanar el déficit en la inversión en infraestructura. Sin embargo, muchos estudios han demostrado que las PPPs a menudo conllevan riesgos para el sector público, y pueden incluso exacerbar desigualdades y disminuir el acceso equitativo a servicios de infraestructura. El G20 debería tomar estos hallazgos y estas inquietudes en cuenta, repensar su enfoque hacia la participación del sector privado en la inversión en infraestructura, y explorar maneras alternativas de financiación para la infraestructura pública. Allí donde inversores institucionales de largo aliento estén involucrados en la financiación de la infraestructura, los Principios de Alto Nivel del G20 que guían sus actividades deberían ser revisados, para promover la coherencia con metas sociales y medioambientales.
Recalibrar el rol del G20 en el gobierno global – recuperar multilateralismo democrático: Las medidas antes mencionadas son indispensables para contrarrestar la influencia de los intereses corporativos en el discurso y las políticas del G20. Pero estas medidas no constituyen fines en sí mismas. Existe una necesidad de reconsiderar el actual enfoque dominante basado en el gobierno de “club” y “asociaciones” entre diversas “partes interesadas”. Crear estándares consistentes para la transparencia, el compromiso con actores no estatales, y la coherencia política no deberían conducir a un mayor fortalecimiento del G20. En lugar de continuar externalizando tareas a clubs con membresía limitada y asociaciones fragmentarias con estructuras deliberantes fuera de la ONU, los Gobiernos G20 deberían permitir que la ONU fuese el líder en el establecimiento del gobierno democrático global, y subordinar el G20 a ella.
Traducido al español por Gabriela Vega