La Década del Agua y los Objetivos del Desarrollo Sostenible: Chile otra vez en contra de la corriente | Heinrich Böll Stiftung - Santiago de Chile | Chile | Argentina | Paraguay

Desde el 17 al 23 de marzo dos acontecimientos de escala global relacionados a este bien común tuvieron lugar en la ciudad de Brasilia (Brasil).

El primero es la octava versión de El Foro Mundial del Agua (18 al 23 de marzo) organizado por el Consejo Mundial del Agua (WWC por sus siglas en inglés). El evento, inaugurado el día lunes 19 de marzo en Brasilia por el presidente Michel Temer, reunió a representantes del ámbito político, instituciones multilaterales, la academia, la sociedad civil y el sector privado.

Durante el 8º Foro Mundial del Agua, fue lanzado el último Informe Mundial de Desarrollo Hídrico de Naciones Unidas (WWDR por sus siglas en inglés), el cual aborda el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) para afrontar los desafíos de la gestión del agua. Según el informe, hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de acceso a agua potable y más del doble no cuentan con servicios de saneamiento seguro. Debido al rápido crecimiento de la población mundial, se prevé un aumento de la demanda de agua en casi un tercio para el año 2050. Además, se estima que la población que vive en áreas con riesgo de sufrir escasez de agua al menos un mes al año puede alcanzar entre 4.800 y 5.700 millones en 2050. Las tendencias alarmantes en cuanto a la disponibilidad y calidad del agua van acompañadas de cambios previstos en los riesgos de inundaciones y sequías. Se prevé que el número de personas en riesgo debido a las inundaciones pase de los 1.200 millones actuales a alrededor de 1.600 millones en 2050, es decir aproximadamente el 20% de la población mundial. La población afectada por el deterioro de la tierra/desertificación y la sequía asciende a 1.800 millones de personas.

El informe advierte que, ante un patrón de consumo acelerado, el creciente deterioro del medio ambiente y los impactos multifacéticos del cambio climático se precisan nuevas formas de gestión de los recursos de agua dulce. El WWDR 2018 propone trabajar con la naturaleza en lugar de en contra de la misma. Las SbN estarían inspiradas y respaldadas por la naturaleza y utilizan o imitan procesos naturales para contribuir a la gestión o rehabilitación de los ecosistemas naturales y/o la mejora o creación de procesos naturales en ecosistemas modificados o artificiales. Las SbN apoyan una economía circular, restauradora y regeneradora por diseño, y fomentan una mayor productividad de los recursos para reducir su desperdicio y evitar la contaminación. En el documento se destaca la importancia de los bosques, humedales y las praderas y de la agricultura de conservación en la gestión de la calidad del agua. A la vez, tal como ha sido la tónica de las versiones anteriores del Foro Mundial del Agua, el informe mantiene una visión poco crítica frente a los conceptos del crecimiento y la economía verde (por una visión crítica vea publicación de la Fundación Heinrich Boell) y contiene una justificación de la atribución al sector privado de un papel esencial en la gestión de los recursos hídricos.

El Foro Oficial del Agua terminó con un “llamamiento urgente para una acción decisiva” a los Gobiernos del mundo a velar por la preservación de un recurso que está amenazado por diversos factores, que van desde el impacto del cambio climático hasta las malas gestiones, la corrupción, las deficiencias en las infraestructuras y el derroche. Lamentablemente ninguna de las cinco declaraciones firmadas tiene carácter vinculante.

En contraposición al Foro organizado por la WWC, se realizó en la misma ciudad el Foro Alternativo Mundial del Agua (FAMA) entre el 17 y el 22 de marzo. La actividad reunió a activistas socio-ambientales, líderes populares y representantes de la sociedad civil de más de 38 países comprometidos con la causa del agua como un bien público.

A partir de la premisa: “El agua es un derecho, no una mercancía”, se realizaron actividades auto-gestionadas, asambleas y plenarias unificadas con el propósito de acercar los esfuerzos de diferentes movimientos sociales alrededor del mundo y así transformar el acceso al agua en un derecho, principalmente en aquellas poblaciones que sufren los rigores de la pobreza, exclusión social y situaciones de guerra (civil). Las experiencias compartidas en el foro mostraron que para muchas comunidades, el agua se vuelve en un recurso inalcanzable, debido a que grandes corporaciones utilizan el agua como mercancía amparados en modificaciones institucionales provenientes desde los Estados que permiten la privatización de este bien común.

En el encuentro, comunidades campesinas, indígenas y diferentes movimientos sociales provenientes de diversos países del mundo compartieron experiencias de lucha y resistencia ante la profundización de las lógicas neoliberales en diferentes países que implican la privatización y la apropiación del agua por parte de gobiernos y empresas transnacionales mineras, petroleras, agro-exportadoras, eléctricas, forestales, entre otras.

En la fotografía: Leó Heller: Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento.

Entre los principales temas abordados en el Foro Alternativo, se encuentra la importancia de promover una gestión comunitaria del agua como espacios de autonomía, poder popular y convivencia social, basados en principios fundamentales como solidaridad, respeto, reciprocidad, justicia y hermandad; la importancia del reconocimiento y aplicación de la cosmovisión indígena acerca del agua que nos permite comprender a este elemento como un ser vivo y como un componente que sostiene toda la estructura de los ecosistemas y de la vida; el reconocimiento de las mujeres en el proceso de recuperación del agua para las comunidades y la necesidad de generar un nexo entre organizaciones feministas ligadas a luchas reproductivas -principalmente urbanas- con movimientos de mujeres campesinas; y principalmente, la necesidad de una articulación internacional, que involucre a todos los territorios afectados por lógicas que conciben al agua como una mercancía.

En Chile, los criterios adoptados por el ordenamiento jurídico para administrar y gestionar este bien común a partir de valores utilitarios y concepciones instrumentales de la naturaleza, han provocado grandes inequidades. En un escenario de cambio climático, agotados los ríos, sobre-otorgadas las aguas subterráneas y contaminados los recursos hídricos, vastos sectores de campesinos y campesinas han experimentado radicales mermas en la disponibilidad de agua para el riego y consumo humano. Poblaciones completas del norte, centro y sur del país han tenido que adecuarse a vivir sin agua potable gran parte del año, o a ser abastecidas esporádicamente y en cantidades insuficientes, a través de camiones aljibes, muchas veces de mala calidad. Actualmente 61 de las 346 comunas de Chile, es decir 2,6 millones de ciudadanxs están abastecidxs de esta manera. Además 14 comunas de la Región de Valparaíso y toda la Región de Coquimbo han sido declaradas como zona de catástrofe hídrica. Según una investigación de CIPER Chile el Estado chileno gastó el equivalente de 126 millones de euros en los últimos seis años para abastecer la población con camiones aljibe. Los costos se socializan porque se pagan del presupuesto público, mientras las ganancias se concentran en manos de privados. El Código de Aguas del año 1981 junto con el artículo 19, No. 24 de la Carta Magna de la República permitieron la privatización del agua tanto en sus fuentes como en su provisión, entregándosela a los grandes sectores económicos de la megaminería, la agroexportación, la industria forestal y la producción de hidroelectricidad. La mayor parte del agua dulce (alrededor de tres cuartos de las aguas superficiales y casi la mitad de las aguas subterráneas) se gasta en el sector agro-industrial e forestal. Puesto de otra forma, el agua que le falta a la población rural humilde de Chile, se exporta al extranjero en forma de fruta o pulpa de celulosa. A pesar de la creciente desertificación y del hecho que Chile es uno de los 10 países más vulnerables a efectos climáticos extremos, la actual legislación no protege el derecho humano al agua. No se prioriza el uso humano por sobre otras formas de uso y la institucionalidad que regula los mercados de agua en Chile es fragmentada y carece de capacidad fiscalizadora. Las multas por usurpación de agua son demasiado insignificantes para incentivar un cambio de conducta de los grandes usuarios.

El arranque de la Década del Agua para el Desarrollo Sostenible encuentra a Chile mal preparado para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sustentable No. 6 que prioriza el derecho humano al agua y la protección de fuentes de agua dulce. Hasta ahora, intentos de reformar la legislación vigente para garantizar la prioridad del uso humano y el derecho humano al agua han fracasado en gran medida. El reconocimiento y la aplicación en el derecho chileno de estas temáticas, se han visto siempre enfrentadas a la concepción del agua como bien económico, lo que deviene del modelo de desarrollo que impera en el país. En este sentido, cualquier modificación de la regulación de las aguas debiera pasar por un cambio del modelo de producción industrial con altos insumos de agua y fertilizantes lo que escapa de las simples modificaciones normativas que hemos visto desde la institucionalidad en la última década. Estas reformas han abordado de forma insuficiente las bases y los orígenes de los graves problemas relacionados con el agua que existen en el país, al no limitar ni menos suprimir el derecho de propiedad pleno y absoluto sobre los derechos de aprovechamiento, y al no modificar el mecanismo de mercado de asignación del recurso, continuando con el supuesto de que los privados son más eficientes en esa tarea. Por otro lado, la discusión sobre la grave crisis hídrica se concentra más bien en temáticas de soluciones tecnológicas, no exactamente muy cercanas a las propuestas por el último informe WWDR. Mientras tanto organizaciones ambientales y de derechos humanos a lo largo del país critican que se requieren soluciones políticas y no meramente tecnológicas para abordar la creciente crisis hídrica que además de afectar los derechos y la dignidad de un número creciente de la población chilena tiene costos elevados para el presupuesto público.

Breve registro fotográfico FAMA