Tras el anuncio de Mauricio Macri, Presidente de Argentina, de iniciar el plan de explotación de Vaca Muerta (principal reserva de gas de esquisto de Argentina). Las organizaciones vinculadas al debate energético y socioambiental del país, Taller Ecologista y el Observatorio Petrolero Sur, pertenecientes al Enlace por la Justicia Energética Socioambiental (EJES), manifestaron a través de una declaración su rechazo por los graves impactos negativos medioambientales y socioeconómicos que conlleva el fracking (fractura hidráulica), técnica de extracción que se utilizará en este yacimiento petrolífero.
Investigaciones realizadas por las organizaciones que componen la Alianza Latinoamericana frente al Fracking, revelan que la explotación gas y petróleo no convencional a través de la fractura hidráulica provoca daños ambientales irreversibles en los territorios, contaminación de las aguas subterráneas, escasez, problemas a la salud, cáncer, malformaciones congénitas, etc. Esto, sumado al desplazamiento de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas.
Tal como lo señala la ALFF (Alianza Latinoamericana frente al Fracking), "promover el fracking es una mala decisión política, económica, social y ambiental. Profundiza la dependencia en los combustibles fósiles, malgasta los esfuerzos y recursos que deberían dirigirse al desarrollo de energías renovables y aumenta el impacto de nuestros países sobre el cambio climático.
A continuación la Declaración de EJES
Energía como derecho, planificación democrática para el bien común
Como organizaciones, manifestamos nuestro profundo rechazo al conjunto de medidas impulsadas para explotar Vaca Muerta y otros yacimientos no convencionales, y alertamos de las graves consecuencias que podría acarrear acentuar la escala e intensidad del megaproyecto, donde no se toman en cuenta los crecientes costos y baja productividad de los no convencionales ni el contexto de crisis climática acuciante.
En primer lugar, manifestamos que las medidas vertidas implican un mayor autogobierno y autonomía por parte de los ámbitos estatales y privados, que reduce la capacidad y acceso a la toma de decisiones y planificación de la vida por parte del conjunto de la sociedad. Los nuevos acuerdos firmados no han sido divulgados abiertamente y tenemos como alerta el éxito parcial obtenido en el acceso al contrato entre YPF y Chevron y los resultados encontrados. El llamado “proceso de diálogo” se centró en una cooperación y negociación a puerta cerrada de algunos actores, olvidando que, por las implicancias del megaproyecto, millones de personas estamos siendo afectadas.
Es así que, como segundo punto, tales medidas no han sido consultadas a las organizaciones sociales, las indígenas, las ambientales, otros sectores sindicales y la ciudadanía en general, que también tendrían mucho que decir de Vaca Muerta y otras formaciones no convencionales, incluído el creciente veto al desarrollo mismo. Cuando se elige este último camino, la respuesta muchas veces es la violencia institucional, represión de la protesta y judicialización de quienes se manifiestan.
Si bien se han perforado poco más de mil pozos de la decena de miles proyectadas, el camino emprendido por este tipo de iniciativas nos ha dejado un tendal de degradación ambiental en amplias zonas y ha generado daños concretos tanto en el presente como pasivos y reducción de caminos alternativos a futuro. Advertimos también sobre la flexibilización laboral y al enorme riesgo al que se somete a los trabajadores, primera línea de fuego de exposición a la fractura hidráulica y otras instancias de la cadena productiva, como la extracción misma de arenas. No nos cansaremos de decirlo: el fracking daña la reproducción misma de la vida y no existe un mecanismo que permita balancear los beneficios y costos que implica sobre el conjunto de la sociedad. A esta conclusión han llegado numerosas instituciones públicas y países, por lo que las acciones anunciadas por el ejecutivo no pueden pretender omisión.
En tercer lugar, en cuanto a usuarios y usuarias, (más que “consumidores”), la decisión de aumentar sideralmente las tarifas para garantizar pisos de rentabilidad y dar señales de precio atenta contra el acceso y ejercicio de derechos, donde se incluye la energía como elemento central. Pedir el ahorro en función de expandir la capacidad productiva no es “cuidar el planeta”, sino transferir el costo de acumulación del capital de un sector a otro. En un escenario de ajuste, las ingentes masas de subsidios públicos a las petroleras se incrementan, al tiempo que nuestras tarifas de servicios públicos se dolarizan y se atan a las variables más onerosas, conjunto de medidas que responden a políticas de manual de corte neoliberal. En la misma línea, es preocupante que se anuncien, una vez más, obras de infraestructura específicas financiadas por el ámbito público. Tales resultados se reflejarán como mayor eficiencia en los balances contables de las empresas antes que en la mejora concreta a la población en general.
En cuarto lugar, como detallamos abajo, la creación de consensos rápidos en torno a propuestas mesiánicas obedece a intereses particulares específicos, y no pueden ser extrapolables al conjunto de la sociedad como dice el presidente. A nuestro entender, la creciente fijación de inversión pública en proyectos hidrocarburíferos, la degradación ambiental inherente, el daño social y sanitario, la capacitación de trabajadores en la industria y otro sinnúmero de decisiones que apuntan a reforzar el poder de fuego extorsivo de las empresas, más que abrir espacios de posibilidad para la surgencia de bien común.
Por último, queremos resaltar que este tipo de ecuaciones y estrategias encuentran también eco en otras latitudes del continente. En México, revueltas populares con decenas de personas detenidas están buscando frenar el aumento del llamado ‘gasolinazo’. La lógica aplicada (dar señal de precios para estimular inversión extranjera) como medio para ‘liberar’ la energía en 2018, son puntos desprendidos de la Reforma Energética, proceso de cuña neoliberal que comprendió en parte una privatización de Pemex. Dentro del mismo, el peso de los subsidios a petroleras se pasa del Estado a quienes usan y consumen energía. Como aquí, la pregunta se limita a quién paga y no el por qué y para qué se paga a las petroleras y energéticas.
En suma, creemos que “volver a darle el valor que tiene la energía en una sociedad y en el planeta” es crear cambios estratégicos que logren transiciones productivas y energéticas, políticas que busquen una sociedad pospetrolera sobre la base de la justicia socioambiental y energética. Sin estos cambios, estaremos reeditando y acentuando los viejos problemas de desigualdad, explotación y degradación ambiental.
Taller Ecologista y Observatorio Petrolero Sur, en EJES (Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental) – 10/01/2017
