Violencia de Género y Políticas Públicas de Comunicación
El informe, Violencia de Género y Políticas Públicas de Comunicación, elaborado por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad junto a la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur, da cuenta, a través de una exhaustiva investigación, sobre cómo el Estado argentino ha implementado en sus políticas de gobierno, sus compromisos adquiridos con respecto a la libertad de expresión y la erradicación de la discriminación por género.
El presente informe revela la forma en que se ha llevado a cabo la implementación de las políticas públicas de comunicación y género durante los últimos años en Argentina, a partir de la modificación del marco normativo establecido en el año 2009. Se hace referencia, específicamente a la aprobación de la Ley de Protección Integral de la Violencia hacia las Mujeres y de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La primera incluyó las figuras jurídicas de violencia simbólica y mediática mientras que la segunda incorporó entre sus principios la protección de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual.
La instalación de estas normativas, permitió en los años siguientes el diseño e implementación de políticas públicas que marcaron un antes y un después en relación al accionar del Estado en la protección de derechos vinculados a temas de género en los medios. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual y las nuevas tareas asumidas por el Área de Fiscalización de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) se sumaron a organismos preexistentes como el Observatorio para la Discriminación en Radio y Televisión y el Instituto Nacional para la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Las principales acciones que ejecutaron estas entidades fueron: la prevención y la eventual sanción de la violencia mediática y la discriminación de género en los medios.
No obstante, al asumir Mauricio Macri a la presidencia de Argentina en diciembre del 2015, una de sus primeras medidas de gestión, fue la disolución del AFSCA, organismo que regulaba y velaba de forma autónoma por el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta permitió la apertura y democratización del sistema de medios audiovisuales que permanecía bajo control de las grandes empresas de medios, fundamentalmente del Grupo Clarín.
Bajo este escenario, hasta la fecha, el actual gobierno no ha manifestado compromiso alguno de mantener o avanzar en las disposiciones vinculadas a género ni menos en materia de derechos humanos.
La investigación además da cuenta de la serie de vacíos y falencias que incluyen estas políticas, como por ejemplo, el escaso acceso a la justicia, información y participación ciudadana, como así también la baja implementación de sanciones ejemplares en casos de violencia mediática hacia las mujeres en contenidos masivos.
Se destaca también, la poca responsabilidad que se les atribuye a los medios de comunicación en su rol social de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las ciudadanaos y ciudadanos. Por esta razón, se hace imprescindible generar conciencia de los efectos nocivos que generan los mensajes sexistas y violentos en la población, los que refuerzan los estereotipos que justifican la violencia hacia las mujeres.
Es por esto que en la presente publicación se destaca la importancia de la participación activa por parte de las organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo y regulación de las políticas públicas, para así saber si efectivamente la integración e implementación de estas medidas, están realmente protegiendo y garantizando los derechos humanos a través de acciones concretas.