En mayo pasado podía leerse en la prensa internacional que Marruecos, ese lejano país africano, había dado un paso hacia adelante al legalizar el aborto en caso de violación y malformación del feto. Por su parte, la República Dominicana, hacia finales de 2014, dejaba de estar en la exclusiva lista de países que penalizan totalmente el aborto al modificar su legislación, prohibiendo criminalizar a las mujeres cuyas vidas están en riesgo producto de un embarazo o bien por inviabilidad extrauterina del feto o en casos de violación o incesto.
Marruecos está más adelantado que Chile en materia de derechos reproductivos. Si observamos la región, Chile está a la altura de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití y Surinam y si lo comparamos con los europeos, viola los derechos humanos de las mujeres al igual que Malta o El Vaticano, ese pequeño Estado cuya población de féminas es rotundamente menor al de los hombres y del que bastan apenas unos minutos para que puedan ingresen a la vecina República Italiana y practicarse un aborto durante los tres primeros meses de embarazo en cualquier circunstancia.
Hablar de aborto en el país del sur resulta difícil de dimensionar cuando los datos no recogen la realidad que atraviesan las mujeres. Algunos estudios hablan de entre 60.000 y 70.000 abortos al año y otros los sitúan en 160.000. Los datos oficiales del Ministerio de Salud, señalan que se produjeron más de 33.000 interrupciones al año promedio desde el 2001 al 2012 y, en este último período, las estadísticas permiten conocer que 130 niñas de entre 10 y 14 años abortaron, más de 3.000 en el rango comprendido entre los 15 y 19 años y casi 27.000 entre los 20 y 44. Sin embargo, hablar de cifras nos sitúa en un escenario en el que pareciera perdemos la capacidad de profundizar sobre el tema que estamos hablando y perdemos la perspectiva de la terrible situación que significa someterse a un aborto. Más aún, no existen datos oficiales sobre la cantidad de mujeres y niñas que como consecuencia de una violación quedan embarazadas. En definitiva, no es posible conocer a cuántas mujeres el Estado está obligando a asumir una maternidad forzada o a abortar de manera clandestina.
El aborto terapéutico estuvo legalizado en Chile desde 1931 hasta que justo antes de de que el dictador Augusto Pinochet dejara el poder en 1989, cuando aseguró su prohibición total. Desde entonces no hubo gobierno democrático que moviera una coma a la normativa vigente, aunque los intentos fueron variados pero sin resultados positivos. El año 2015, inició con el envío por parte de la presidenta Michelle Bachelet al Ejecutivo de un proyecto de ley que en su articulado propone la despenalización del aborto bajo tres causales: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad del feto y violación y el que a su vez, en su introducción plantearía la posibilidad de brindar acceso a servicios seguros en los casos mencionados.
La violación sexual es la causal que corre mayor riesgo de ser aprobada en el Congreso. Su negación está basada en el atropello a los derechos humanos y en la mirada misma del sistema patriarcal. El machismo históricamente se ha encargado de construir a las mujeres como objetos y no como sujetos de derechos y de decisión. Objetos disponibles para uso y disfrute y posterior deshecho. En este contexto, a inicios de año, escuchábamos la postura del diputado de la DC Pablo Lorenzini en una radio al referirse a la causal: “Hay miles de casos de mujeres que tienen relaciones porque, a lo mejor, tomaron un traguito de más o estaban apenadas, o por las circunstancias que pasan en la vida, que el hombre es muy hábil y las convenció y ella no quería, en ese caso ¿es violación también?”. Parlamentarios que tienen la responsabilidad y el mandato de legislar para la mayoría de la sociedad se atreven a poner en duda relatos de mujeres que han sido violentadas sexualmente. Afirmar que hay mujeres que son violadas porque visten de una manera u otra, porque toman una copa de más o de menos, es el inicio mismo de una violación, es dar el claro mensaje de que los cuerpos de las mujeres están disponibles para ser sometidos contra su voluntad.
El Estado de Chile ha suscrito a diversos tratados internacionales que lo obligan a garantizar que toda mujer o niña que haya sufrido una agresión sexual debe recibir apoyo médico, psicológico y legal, incluyendo la opción de un aborto seguro si así lo decidiere. Si Chile obliga a las mujeres y niñas a continuar un embarazo no deseado, eso se traduce en trato cruel, inhumano o degradante desde la mirada del derecho internacional de los derechos humanos.
Según datos que aporta el Ministerio Público, 17 personas son violadas al día en Chile, pero cuando se habla de delitos sexuales, los datos arrojan que en 2014 se registraron más de 20.000 y en el primer trimestre de 2015, ya llevan más de 4.400. De sumar las cifras y establecer un parangón, podría decirse que toda la población de Puerto Aysén fue violentada sexualmente. La violencia sexual sigue siendo tabú en el país y las cifras sólo muestran la punta del iceberg de esta realidad.
En este escenario, por primera vez desde la vuelta a la democracia, hay una posibilidad certera de avanzar para recuperar un derecho que había sido ganado al comienzo del siglo pasado pero que fue arrebatado por la dictadura pinochetista. Diputadas y diputados junto con la sociedad civil iniciaron el debate en el mes de marzo en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el pasado 7 de julio debía votarse en general la idea de legislar pero la DC pidió retrasar la votación para discutir internamente la postura que tomaría ante el tema. Finalmente se decidió lo que ya se había sostenido en alguna oportunidad: libertad de acción.
Existe un compromiso programático de gobierno asumido por la Nueva Mayoría para legislar en materia de aborto. Sin embargo, habría determinados parlamentarios y parlamentarias que buscan desviar el debate o retrasarlo para seguir violando los derechos humanos. El 70% de la población está a favor con la despenalización del aborto en 3 causales. Si la ciudadanía de verdad gobernara a través de sus representantes o los representantes gobernaran de acuerdo a los intereses ciudadanos, entonces el proyecto ya se habría convertido en ley y hablaríamos de que Chile estableció un piso mínimo sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Pero esto aún no ha ocurrido y habrá que esperar al próximo martes 4 de agosto cuando, finalmente, se vote en la comisión de Salud la idea de legislar sobre el proyecto de aborto para entrar en un debate más profundo.
Viviana Lorente; Coordinadora de Democracia y Derechos Humanos, Fundación Heinrich Böll para Cono Sur