Las empresas de combustibles fósiles han cabildeado con fuerza–y a menudo con éxito– contra las políticas climáticas eficaces. Pero un reciente informe del grupo de investigación ambiental CDP reveló que al menos 29 de las principales compañías, incluyendo cinco de las principales productoras de petróleo, están basando su planificación interna en el supuesto de que esas políticas –en concreto, un precio del carbono fijado por el gobierno– serán una realidad ya en 2020. La pregunta ahora es si los gobiernos y la ciudadanía de los países productores de petróleo comparten esta expectativa.
Los líderes mundiales están aparentemente comprometidos en mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de 2 °C en relación con los niveles preindustriales, ya que traspasar este umbral activaría los efectos más catastróficos del calentamiento global. De hecho, respaldaron el límite en la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático en Copenhague 2009 y de nuevo en Cancún al año siguiente.
El éxito requerirá que no se consuman el 80 por ciento de las reservas probadas de petróleo, gas y carbón. Esta conclusión determina el análisis de riesgo de estos activos de carbono, que es un importante aporte para la capitalización de mercado de sus propietarios. También está impulsando una campaña mundial para que las municipalidades, las universidades públicas y los fondos de pensiones se nieguen a invertir en combustibles fósiles.
Mientras que todavía parece lejana la posibilidad de lograr una política del cambio climático más responsable, en muchos países avanzados altos funcionarios y líderes empresariales han comenzado un trabajo serio para formular una. Esto porque, a diferencia de los ciclos de noticias (que se miden en días o semanas) o la dinámica de la política electoral (que se desarrolla a lo largo de meses y años), los cronogramas de inversión de las industrias extractivas son típicamente de 20-25 años.
Esto significa, por ejemplo, que sólo se tienen que proponer impuestos significativos al carbono para 2020 –dos administraciones de gobierno a partir de ahora en la mayoría de países de la OCDE– para que dichos impuestos afecten los retornos durante la mayor parte del tiempo de vida de una inversión hecha hoy. Cómo modelar dichas eventualidades es un simple asunto de gestión de riesgos.
La mayoría de los países productores de combustibles fósiles distan de estar al centro del desarrollo de las políticas de cambio climático, a pesar del impacto que tendrá en sus perspectivas económicas. De hecho, en el Oriente Medio, África y Asia no hay ningún debate público sobre el impacto específico que las políticas climáticas podrían tener en la producción de combustibles fósiles, más bien las discusiones se enfocan en el lado del consumidor –por ejemplo, las consecuencias potenciales de los precios del carbono para el crecimiento económico de la India y China. Como resultado, estos países siguen lamentablemente sin prepararse para lo que viene.
Como están las cosas, la mayoría de los contratos petroleros son estructurados para que en primer lugar, el inversionista recupere primero sus costos, después las ganancias restantes se dividen entre el productor y el gobierno que le otorgó la concesión. Esto significa que, si los precios del carbono reducen la rentabilidad del petróleo, como se busca, la pérdida en los ingresos del gobierno podría ser mayor que la caída de las ganancias totales.
Para complicar las cosas, los detalles de estos acuerdos son generalmente ocultados, para evitar así que los ciudadanos responsabilicen y llamen a rendir cuentas a sus gobiernos, lo que a su vez debilita la democracia y facilita la corrupción.
Para remediar la situación, los esfuerzos por incrementar la transparencia deben ir más allá de los flujos de ingresos –que pronto enfrentarán nuevos requerimientos de transparencia en los Estados Unidos y la Unión Europea– para incluir los contratos. Una vez que un contrato se hace público, se pueden modelar escenarios de precios a futuro del carbono para demostrar que la mayoría de los gobiernos ganará menos de lo que esperan y, lo más importante, que muchos proyectos potenciales y nuevos descubrimientos podrían convertirse en activos obsoletos.
Por ejemplo, los yacimientos de petróleo de Amu Darya en Afganistán que, tras muchos años de esfuerzos comerciales para desarrollar los activos de petróleo y minería del país (valorados en más de un billón de dólares por el US Geological Survey), se subastaron a la compañía nacional de petróleo de China a finales de 2011. Incluso en un escenario de precios modestos del carbono, Afganistán podría esperar ganar 570 millones de dólares durante los primeros diez años del proyecto bajo los perfiles actuales de producción. Esto equivale a unos 500 millones de dólares menos que en un escenario habitual–y menos de una cuarta parte de los 2.6 mil millones de dólares en ingresos que algunos funcionarios del gobierno afgano han proyectado.
La decisión de extraer los recursos de combustibles fósiles debe ser consciente, resultado del debate público robusto y de amplias consultas con expertos imparciales. Pero las discusiones casi nunca se dan así.
No obstante, la "decisión de extraer" está presente ya sea explícita o implícitamente en la mayoría de los paradigmas utilizados para la gobernanza de la industria extractiva, incluyendo los del Banco Mundial, Publish What You Pay y Revenue Watch. La Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) también se está acercando al tema; y aunque en su recientemente revisada norma no aborda específicamente la decisión de extraer, sí alienta las discusiones sobre políticas públicas más sustanciales en todas las etapas de la cadena de valor.
Teniendo en cuenta cómo se ha movilizado la sociedad civil en torno a estos temas, la decisión de extraer sería un punto de partida natural para el tan necesario debate público. Por otra parte, podría estimular un análisis costo / beneficio más realista del desarrollo de los hidrocarburos.
Dicho análisis coloca uno de los temas centrales de la gestión de los recursos naturales –la diversificación económica– en alto relieve. ¿Qué están haciendo los gobiernos para prepararse para un futuro post petrolero? ¿Qué vías de desarrollo alternativas existen? ¿Cómo deben aplicarse los escasos recursos públicos? Y ¿son escuchadas las voces de la ciudadanía?
En este sentido, el "carbono-no extraible" puede formar parte de una agenda política más amplia que vincule temas como gobernanza, consentimiento de la comunidad y transparencia con temas ambientales locales, cambio climático y un futuro sustentable. Eso sería bueno para todo el mundo.