En realidad tendría que haberse realizado ya en junio del año pasado- justo antes de la conferencia Rio +20. Pero la séptima cumbre UE-América Latina fue pospuesta para el 26 y 27 de enero de 2013. En principio y oficialmente, por problemas de agenda de los jefes de Estado y Gobierno. Pero probablemente, como algunos observadores indicaron, también porque el gobierno chileno como anfitrión en ese momento no tenía demasiada claridad sobre cómo perfilar políticamente este encuentro, aún menos durante un año de movilizaciones permanentes en las calles.
Se trata de la primera cumbre organizada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se constituyó en Mexico en 2010 como sucesora de la CALC y del grupo de Rio. Surgida entre otras razones como respuesta a la crisis financiera global, la CELAC se plantea dar una estructura política al papel cada vez más relevante de América Latina en materia económica y política, además de seguir metas de crecimiento y desarrollo a la par de la integración regional.
De ahí que la cumbre de Santiago se centre en las inversiones y relaciones comerciales entre la UE y Latinoamérica, si bien el borrador del plan de acción por decidir en la cumbre incluya un plan de cooperación entre ambas regiones en temas como ciencia, investigación e innovación, desarrollo sustentable, medio ambiente, energía y, cambio climático, integración, inclusión y cohesión social, migración, educación y empleo y también drogas. A instancias del gobierno chileno se incluyen además los temas seguridad pública, seguridad alimentaria, género e inversión.
No obstante, la primera propuesta de Santiago de incluir en el eje temático “seguridad humana” áreas como la seguridad pública junto a la alimentaria, la seguridad laboral y el medio ambiente fue discutida por algunos países de la región.
Continua y claramente han cambiado en los últimos años las circunstancias políticas y económicas que rodean a las cumbres entre la UE y América Latina. Si a finales del milenio seguían marcadas por la competencia con Estados Unidos y sus pretensiones de libre comercio, hoy encuentran un proyecto de ALCA sin perspectiva de éxito, una América Latina mayormente gobernada – si bien con matices notables- por la centroizquierda o izquierda y unos Estados Unidos focalizados en otras regiones del mundo y con menor influencia política.
No obstante, desde comienzos del siglo XXI Europa aparece como sólo uno entre muchos actores en América Latina. El comercio con Asia y en particular con China ha hecho posibles las altas tasas de crecimiento de los últimos anios y ha abierto al mismo tiempo nuevas opciones estratégicas a nivel mundial, opciones que muchos gobiernos intentan aprovechar - si bien los intereses y las posiciones de cada país tanto en la región como en el plano mundial pueden diferir tanto como sus orientaciones políticas reales.
Esta nueva situación impuso ciertos límites inesperados a las aspiraciones de libre comercio de la UE, que parecen estancadas tanto en el proceso de negociaciones con el Mercosur como en el intento de alcanzar un acuerdo con la Comunidad Andina CAN, en este último caso por la negativa de Bolivia y Ecuador a una serie de cláusulas de apertura. En respuesta, la Unión Europea negoció separadamente con Perú y Colombia y alcanzó un acuerdo de asociación con América Central, firmado en 2010 en Madrid y ratificado por el Parlamenteo Europeo en diciembre del año pasado, después de fuertes discusiones.
Duras críticas surgieron entre otros del grupo europarlamentario de Los Verdes por no incluir el acuerdo cláusulas sobre respeto a los derechos humanos, pero sí en cambio sobre apertura y desregulación en las industrias extractivas, las políticas de compra pública o la desregulación de los servicios financieros - en un momento, en el cual Europa está sufriendo más que nunca por la desregulación del sector, abrirían ahora además las puertas para transacciones y lavado de dinero del narcotráfico.
En efecto, desde la perspectiva de algunos países suramericanos, resulta al menos cuestionable porque la UE, frente a su –por lo menos- mejorable gestión de la crisis financiera, no dio una mirada más intensiva a algunas de las estrategias políticas financieras y económicas de países como Brasil y, por qué no, también Argentina. A pesar de sus particularidades y algunos problemas no resueltos, ambos países, desde el 2008 en adelante al menos consiguieron frenar una parte de la oleada de crisis con controles y regulaciones del mercado financiero, como también –en mayor o menor medida- sustentar con una política social activa algunos objetivos políticos como una mayor cohesión social.
Asimismo provocó cuestionamientos el fondo para proyectos de energía, transporte e infraestructura en América Central, que también fue acordado en Madrid, porque igualmente en este instrumento no están especificadas las condiciones para la utilización de los 125 millones de Euros de ayudas no reembolsable.
De estos convenios se desprende que posiblemente se volverá a utilizar el rótulo de “green economy” para discutir proyectos y negocios en áreas como la comercialización de servicios ambientales (¿?) e inversiones privadas en agua, bosques, agricultura o energía.
En la última cumbre de Madrid se creó además la Fundación UE-LAC con objetivos más bien generales de cooperación en ámbitos como comercio, sustentabilidad, educación, cultura, cambio climático y otros, pero sin un plan de acción concreto ni financiamiento aprobado. Si bien el tratado de creación prevé la incorporación de la sociedad civil y de actores sociales de ambas regiones en el trabajo de la Fundación, habrá que esperar a que se ocupen los distintos cargos directivos para ver si ésto se concreta - además de la presidencia, para la que fue nombrada la ex Ministra de Asuntos Exteriores austriaca Benita Ferrero-Waldner , asumió como director ejecutivo el embajador peruano José Luis Valdez Carrillo, hecho que a su vez ya levantó críticas por tratarse de un ex funcionario del gobierno de Alberto Fujimori.
Si no está claro todavía el perfil de la Fundación EU-LAC, tampoco lo está el contenido de la “cooperación estratégica” que las dos regiones impulsan desde hace una década. Más allá de los intereses concretos de comercio, es notorio el uso extenso de términos como democracia y derechos humanos, cohesión social o sustentabilidad, pero sin explicar o precisar estrategias y instrumentos políticos a aplicar para alcanzar estos objetivos frente a las realidades sociales muy diversas que existen dentro de América Latina. En particular Ecuador y Bolivia respondieron a sus déficits históricos y sus realidades culturales particulares por medio de procesos constituyentes y nuevos conceptos de reforma social como el “Buen Vivir”, que de todas formas merecen y requieren de una mirada diferenciada desde afuera – algo que las propuestas para un libre comercio de la UE no parecen reflejar.
La cumbre que se celebra este fin de semana en Santiago se realiza bajo el título “Alianza para un Desarrollo Sustentable: Promoviendo Inversiones de Calidad Social y Ambiental”, sobre todo por insistencia del anfitrión Chile. Así que, a pesar del abanico amplio de temáticas propuestas en los borradores y las declaraciones habituales, es de esperar que también este encuentro ponga el acento en la ampliación de las relaciones comerciales y económicas.
Este enfoque pareciera corresponder a la lógica de estado sobre todo (pero no solo) de Chile, que tiende a reducir el posicionamiento político regional y la orientación del país al desarrollo de cooperaciones comerciales. Desde hace 25 años el país prioriza los acuerdos bilaterales, lo que –en cierto modo- lo ha aislado también por mucho tiempo en el contexto regional. Recién bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) la política exterior se abrió a otras categorías más políticas en la región, sobre todo durante la crisis en Bolivia o entre Colombia y Ecuador . Si bien también el gobierno conservador de Sebastián Piñera tomó una posición bastante clara junto a otros estados de la región, con respecto por ejemplo a la crisis de Paraguay alrededor de la destitución del Presidente Fernando Lugo, pareciera que vuelve a primar en esta cumbre la razón de Estado del país a largo plazo.
No obstante e indudablemente, el desarrollo y las inversiones son también de central interés para gobiernos sudamericanos de otras orientaciónes políticas. Es el caso de Brasil, Argentina o Paraguay con su industria agrícola exportadora, pero también de países como Bolivia, con sus yacimientos de gas y su minería, que priorizan desenfrenadamente el crecimiento como instrumento de desarrollo e inclusión, lo que deriva en conflictos socioambientales cada vez más frecuentes en los territorios donde se instalan estos proyectos de explotación.
Sin embargo, el problema central sigue siendo el mismo en la mayoría de los países de la región, a pesar de las impresionantes tasas de crecimiento macroeconómico y de las medidas sociopolíticas para la reducción de la pobreza: la matriz económica se basa fundamentalmente (quizás con la excepción de Brasil y México) en la exportación de los recursos naturales, en el sector minero o agrario. Incluso Chile, que fue incorporado a la OCDE en el año 2010, basa su éxito económico y su estabilidad de precios en las exportaciones del cobre y de la agricultura, y en un sector de servicios muy dependiente de los sectores ya nombrados.
En este sentido no sorprende que el interés creciente del lado europeo por la región se concentre, además de en la exportación de bienes industriales, justamente en el acceso a estos recursos naturales, intensificado por un contexto de competencia con otros países como China, el cual se hace cada vez más visible también en términos políticos. En la región, en todo caso, se establece este nexo y las negociaciones para un tratado de libre comercio con el Mercosur se hacen cada vez más difíciles para Europa por la postura negociadora fortalecida de los países sudamericanos, basado en esta competencia. Por lo tanto, Europa no va poder imponer sus intereses y posturas particulares desde una posición de dominancia, como era posible todavía hace unos años.
No obstante, este nuevo “poder” de los países latinoamericanos no es necesariamente motivo de esperanza desde una perspectiva verde y socioambiental. Las posturas aparentemente progresistas de algunos países, como la insistencia en una reglamentación más abierta sobre patentes, surgen por ejemplo también del fuerte interés del sector agrario que no quiere asumir mayores costos por las semillas transgénicas. Así, por ejemplo en la cumbre de Rio, el gobierno argentino tomó una postura agresiva en contra de cualquier política de criterios “verdes” o socioambientales, los que considera trabas comerciales no tarifarias, supuestamente pensadas para garantizar los intereses del Norte. Aunque esa retórica haya surgido en parte debido a una disputa de política domestica, igual refleja que en la región se está estableciendo, sin duda, un entramado de intereses complejo y contradictorio, que, a su vez, multiplica los ya mencionados conflictos entre, por un lado, las comunidades afectadas por los proyectos mineros, agrícolas o de explotación de recursos naturales, y, por el otro, los gobiernos que quieren seguir utilizando el boom económica y políticamente.
En consecuencia, siguen siendo bastante difusas (o al menos no lo suficientemente precisadas) las características más políticas y los valores compartidos de esta cooperación y alianza entre las dos regiones, y, parece, que tanto por parte de los europeos como de los latinoamericanos, a pesar de todas las diferencias, sigue siendo prioridad el comercio recursos naturales a cambio de bienes industriales, aunque no se declare esto abiertamente.
Habrá que seguir, entonces, los hechos en detalle, ver cómo se manifiesta esta nueva alianza entre Europa y América Latina y sus objetivos orientados a la sustentabilidad y inclusión en las decisiones concretas entorno a nuevas formas y estrategias de inversión o, igual de importante, en tods los demás campos de los planes de acción que se decidan en la cumbre. Cabe preguntarse si eso será posible en los distintos sectores de la economía global de recursos naturales ante una creciente competencia global, y si puede emerger una nueva forma de gobernanza democrática y transparente, capaz de manejar los desafíos del boom en recursos naturales. Esas preguntas son preguntas claves también en un taller de la oficina Cono Sur en Santiago, que, paralelo a la Cumbre, ofrece un espacio de reflexión y de debate para actores de la sociedad civil y políticos de la región.
En las siguientes páginas, la Fundación Heinrich Böll ofrece análisis e informes de la Cumbre UE-CELAC en Santiago, así como información de fondo sobre el debate en torno a la explotación de recursos naturales.