No se puede combatir una pandemia en un país que viola sistemáticamente el derecho humano al agua: Chile como “worst case” en tiempos de COVID19

Al contrario de otros años, estoy escribiendo esta columna de opinión sobre el día internacional de agua en arresto domiciliaria voluntario, intentando de hacer un modesto aporte individual a la lucha épica global de frenar la expansión del coronavirus. Según los datos facilitados por el centro de información sobre COVID19 de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos hay 303 mil casos de infectada/os globalmente. Vivimos una crisis sanitaria global cuyo impacto humano, económico y político aún no logramos dimensionar. Lo que sí aprendimos, es que lavarse las manos minuciosamente es clave para evitar el contagio del coronavirus. Es decir, tener acceso a agua en cantidad y calidad suficiente es absolutamente crucial para enfrentar de forma eficiente a esta pandemia que ha cobrado más de 13 mil muerto/as hasta el día de hoy (21 de marzo 2020). Sin embargo me tocó vivir la corona crisis en uno de los 18 países más afectados por una grave crisis hídrica: Chile. Aunque supuestamente un país rico en recursos hídricos, debido a la mercantilización y el saqueo del agua por la agroindustria, la industrial forestal y la megaminería - agravado por un contexto de una creciente sequía causada por el cambio climático - gran parte del territorio chileno se ha convertido en zona de catástrofe hídrica. Un estudio de la Fundación Amulén muestra que más de 383 mil viviendas en zonas rurales están afectados por la escasez hídrica. Se estima que alrededor de un millón de personas de la población chilena de 18,8 millones no tienen acceso a agua o saneamiento. Estamos hablando de un país que es miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con una precariedad de acceso al agua comparable con países como Jordania, Bahrain, Quatar, la India o Pakistán. Actualmente hay un total de 136 comunas del país, equivalente al 39% de las comunas al nivel nacional, que han sido declaradas como zonas de escasez hídrica a través de decretos emitidos por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), entre 2019 y a marzo de 2020. La situación hídrica está particularmente grave en comunas entre las provincias de Coquimbo y el Maule, es decir, en la zona central de Chile dónde se concentra la mayoría de la población del país. Las personas afectadas están abastecidas con agua por camiones aljibe, en muchas comunas con apenas 50 litros al día (por debajo del mínimo que establece la Organización Internacional de Salud) y muchas veces de dudable calidad. Lo que llama la atención es la precariedad hídrica de familias muy vulnerables que viven en campamentos. Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo solamente en la región de Antofagasta hay 7640 familias que viven en 79 campamentos sin agua. Pero también en la ciudad porteña Valparaíso y en la V. región la situación es dramática. La provincia de Petorca, ubicada a dos horas al norte de la capital Santiago, se hizo tristemente “famoso” al nivel internacional porque la agroindustria a base de monocultivos de paltos está saqueando a los ríos y territorios, dejando los pequeños agricultores y la gente humilde sin acceso a agua potable. Mientras tanto, el agua dulce se exporta – en forma de palta – a la Unión Europea. En resumen, alrededor de un millón de personas en Chile, especialmente en zonas rurales y sectores vulnerables de la población, no cuentan con suficiente agua para cumplir con los requisitos de higiene en el contexto de la corona crisis. La vulneración del derecho humano al agua impacto directamente en el derecho a la salud. En un circulo vicioso, la crisis hídrica y la crisis sanitaria se potencian mutualmente, sin que este problema – hasta ahora – logró despertar mayor interés de la prensa nacional o de las autoridades políticas.

Aunque el cambio climático y la creciente sequía agravan la crisis hídrica, el problema es político. Chile es el único país en el mundo que tiene el agua casi completamente privatizada y convertido en mercancía. A partir de los años 80 del siglo pasado, el estado regaló agua a privados que ahora pueden especular libremente en un mercado – no regulado – de agua con un bien cada vez más escaso. Adicionalmente se privatizaron casi todas las empresas sanitarias a partir del año 1998. Con la Ley Nº 19.549 se permitió el ingreso de capitales privados a la industria sanitaria, dando inicio al proceso efectivo de privatización de las empresas sanitarias hasta entonces públicas. Bajo este nuevo escenario el Estado vendió paulatinamente su participación accionaria –y con ello la concesión sanitaria, obras de infraestructura y totalidad de derechos de agua destinados a la producción de agua potable- en ESVAL (V Región), EMOS (Región Metropolitana), ESSEL (VI Región), ESSBIO (VII Región) y ESSAL (X Región), manteniendo sólo en algunos casos un porcentaje testimonial de participación. Las privatizaciones se justificaron con la falta de presupuesto público para inversiones necesarias.  A 20 años de la privatización, el balance no es nada favorable. Debido a la falta de normas estrictas para planes de inversión y la débil fiscalización en caso de incumplimiento de las normas laxas, las empresas sanitarias no están preparadas para los desafíos del cambio climático. Según las estimaciones del Ministerio de Obras Públicas, la inversión en obras que se deberán realizar dentro de los próximos años para adaptar la infraestructura hídrica a los desafíos del cambio climático ascendería a los 700 millones de dólares incluyendo la construcción de pozos profundos, y mega ductos y plantas desaladoras cuestionados por su impacto ambiental. Debido a la falta de inversiones, la infraestructura sanitaria no está solamente mal preparada para los desafíos del cambio climático sino en mal estado. “Un 33,8% del agua que distribuyen las sanitarias se pierde entre las cañerías, un dato alarmante en medio de las advertencias sobre posible racionamiento”, según el Ministro de Obras Públicas en una entrevista con CNN Chile. Chile cuenta con una larga historia de cortes de agua por falta de mantención de infraestructura. El caso más reciente y significativo de corte de suministro de agua potable en zonas urbanas se produjo en la ciudad de Osorno entre los días 11 y 21 julio de 2019. En esta ocasión cerca de 140.560 habitantes fueron afectadas por cortes de suministro de agua potable cuya prestación se encontraba a cargo de la empresa concesionaria privada ESSAL S.A. filial de la empresa Aguas Andinas -que detenta un 53,5% de su propiedad accionaria- y parte del Grupo Suez que controla más del 43% del “mercado” sanitario urbano. El hecho de no contar con servicios de agua potable ni alcantarillado durante diez días provocó una grave crisis sanitaria que puso en riesgo la salud de la población al impedir actividades básicas de saneamiento, aseo e higiene personal y la evacuación de aguas servidas, favoreciendo el aumento de enfermedades gastrointestinales, entre otras patologías[1]. Si un caso tan grave como el de ESSAL en Osorno se repite en medio de la grave crisis sanitaria provocada por la pandemia global del coronavirus, esto ciertamente causaría un número elevado de víctimas fatales.

Chile presenta un “worst case” en materias de combate del COVID19:  El país combina un sistema fragmentado de salud sub-financiado con un sistema de mercantilización de agua sin garantía del derecho humano al agua, afectando especialmente a los grupos más vulnerables. Para revertir la perversa situación hídrica que impide desarrollar políticas públicas sanitarias, un cambio constitucional es imprescindible. Sin revocar el Art. 19,24 último párrafo que convierte el agua en propiedad privada a perpetuidad, no se puede garantizar el derecho humano al agua, ni desarrollar una política pública sanitaria capaz de contener la expansión de COVID19 en Chile. Aunque el virus aplazó el plebiscito previsto para el 26 de abril al 25 de octubre, hoy más que nunca, se requiere un debate ciudadano sobre una nueva constitución que garantice el derecho humano al agua y su protección como bien común.