Los efectos inmediatos de la insurrección de octubre son evidentes en el sistema político. La popularidad del gobierno y el presidente caen a mínimos históricos; las prioridades gubernamentales cambian en modo irreversible; un 86% de la población expresa su acuerdo con las movilizaciones, y porcentajes igualmente altos consideran necesario realizar cambios en pensiones, salud, protección social, incluyendo una nueva Constitución. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente en octubre de 2019? ¿Se trata de un movimiento social, de una serie de protestas o de algo más? ¿Y dónde reside su poder? Estas preguntas son clave para entender el significado de los eventos de octubre de este año, como también para especular sobre sus potencialidades y para identificar sus limitaciones.
En primer lugar, como adelantaba en el párrafo anterior, mi parecer es que los eventos de octubre son característicos de una insurrección. La cuestión del nombre podrá parecer una tecnicalidad, pero tiene relevancia porque el nombre designa el fenómeno. Empecemos con una definición básica: los eventos de octubre constituyen una sublevación social de gran escala, de carácter multiclasista pero con amplio arraigo en las clases bajas, de carácter espontáneo, y motivada por demandas socioeconómicas. No es una revolución, porque no ha resultado en un cambio de régimen ni se han constituido poderes duales. Pero tampoco se trata de un movimiento social, pues si bien se le parece en ciertos rasgos (como el recurso a marchas), no hay organizaciones que hubieran planificado el evento, ni las demandas son reducibles a un solo sector de política pública. Sin embargo, como las revoluciones, las insurrecciones son episodios cargados de historicidad, que marcan un quiebre de tendencias o dan luz a nuevos periodos históricos, porque producen -o tienen el potencial de producir- profundas consecuencias.
La capacidad actual y potencial de la insurrección de octubre para producir consecuencias proviene de sus peculiares características. Entre estas destacamos las siguientes:
- Disruptividad. Esta ha sido el sello de las protestas desde su inicio en las evasiones masivas en el metro, una acción típicamente de desobediencia civil. La vandalización de las estaciones de metro llevó la disrupción a un nuevo nivel, otra vez superado con los saqueos de supermercados y bodegas. La magnitud, masividad, simultaneidad y frecuencia de las acciones de desobediencia y violencia crearon condiciones de suspensión de normalidad. La cancelación de clases en escuelas y universidades, los constantes desvíos de tránsito, servicio de metro y buses interrumpidos o parcialmente restituidos, empleadores y gobierno anunciando comprensión con los trabajadores que llegaban tarde o salían temprano de su lugares de trabajo, cadenas de televisión con programaciones especiales, son todos indicadores de un nivel de suspensión de la normalidad solo comparable a lo ocurrido a causa de mega catástrofes naturales. Nadie podía negar estar viviendo días particulares. Nadie podía sustraerse a lo ocurrido. La presencia de militares en las calles, con tanquetas y fuertemente armados sólo reforzó este efecto, a la vez que hizo escalar el conflicto.
- Números. La masificación de las acciones es evidente también desde el primer día. Cada día más personas salían a la calle, y cada vez más eventos tenían lugar en modo simultáneo. Cuando el metro se vio obligado a cerrar la red y muchas estaciones fueron vandalizadas, la reacción popular sorprendió a todos. Sabiéndose dueños de una energía in crescendo, los insurrectos se propusieron romper las estadísticas, convocando a “la marcha más grande de la historia de Chile”. Curiosamente, en el curso de las dos semanas de insurrección, las acciones con componentes de violencia fueron más comunes al principio del episodio, mientras que las acciones masivas y más pacíficas se hicieron predominantes solo después de reducido el impulso de las primeras.
- Igualdad. Los temas que movilizan a la gente provienen de variados reclamos en contra de la desigualdad y el abuso. El sentido de los reclamos es profundamente igualitarista, democrático, inclusivo, y anti-elitario. En la medida que el “ellos” (los políticos y grandes empresarios) y el “nosotros” (la gente, los pobres, los desprotegidos, los que salimos a la calle) han quedado delimitados nítidamente, se podría decir que el caldo del populismo está servido. Con todo, la narrativa de las calles parece estar conectada con ideas y reivindicaciones planteadas por líderes políticos en el pasado, engarzando con idearios progresistas. Así, y a pesar de la amplia desconfianza hacia el mundo de la política tradicional, en principio esto crea oportunidades a actores que no pertenezcan ni provengan de las elites. O bien, a actores de elite que estén dispuestos a cruzar los rubicones reales o imaginarios de su sector (como en el pasado lo hicieron Alessandri Rodríguez en la derecha en Chile, o el mismo Perón en Argentina).
- Consenso social. Las encuestas disponibles (COES, Criteria Research, Cadem) indican que los ciudadanos respaldan las movilizaciones en modo abrumador: un 85% respalda las protestas, mientras que solo el 13% da su apoyo al gobierno. Ni siquiera las protestas estudiantiles del 2011 llegaron tan arriba en respaldo ciudadano, ni penalizaron tan drásticamente al gobierno. Estos datos son relevantes, y no solo porque todas las encuestas conocidas hasta ahora ofrecen resultados muy similares. Principalmente porque confirma que el apoyo a las demandas populares cruza las diferencias políticas, de posición socioeconómica y nivel educativo. Emergió un gran consenso que el sistema político ya no puede obviar.
- Heterogeneidad en la composición del movimiento. Las acciones de protesta, desobediencia y violencia tienen lugar en múltiples lugares que refleja la variedad socioeconómica de la insurrección social. A diferencia de las grandes protestas estudiantiles de 2006 y 2011, los sectores populares registran un alto nivel de movilización y son protagonistas netos. La insurrección popular suspendió las convenciones sociales que sostienen el orden. Los saqueos indican que una parte de los sectores populares aprovecharon la oportunidad para resarcirse de un sistema que les priva de formas legítimas de acceder a bienes de consumo. Esto, con independencia de apreciaciones normativas o las implicaciones legales, es clave para comprender en modo adecuado la situación actual. Hay evidencia de que los saqueos no fueron actos de pobladores ideologizados, como también de que las guardias de pobladores surgidas en modo espontáneo para proteger sus casas no pretendían erigirse en línea de defensa del viejo régimen. Esto es fundamental para comprender los límites potenciales de la insurrección de octubre.
- Sensibilización de los estratos altos. Lo nunca antes visto: amplias movilizaciones en barrios de clase media-alta y alta (como Las Condes y Providencia), despliegue de fuerza policial y militar en esas comunas, represión a manifestantes de estratos altos. Estos eventos evidencian que el reclamo popular fue comprendido por una parte no despreciable de la elite ¿Qué lo explica? ¿Se trata de un caso de solidaridad interclasista, o es más es bien un indicador de que la inseguridad económica afecta a dichos sectores en modos que todavía no conocemos bien?
- Empoderamiento. Los eventos de octubre, especialmente durante sus primeras dos semanas, crearon empoderamiento. Especialmente entre las personas comunes, de los estratos bajos, los jubilados con pensiones apenas por encima de la línea de la pobreza, los trabajadores precarios. Muchos se sienten autorizados a decir lo que piensan, a contar su propia experiencia de abusos, a decirle al gobierno lo que tiene que hacer, a encarar a militares y carabineros. Las redes sociales ofrecen vasto testimonio de esto.
El carácter insurreccional de los eventos de octubre se circunscribe al periodo que va desde la declaración de toque de queda (18 de oct.) por parte del presidente, hasta su levantamiento definitivo a fines del mes. A continuación, el conflicto parece tomar otras características, en la medida que el gobierno se empeña en desactivarlo usando una estrategia ya vista en 2011, y que los grupos movilizados se esfuerzan por mantener los mismos niveles de tensión y movilización de las primeras semanas.
Los saqueos a supermercados y bodegas se registran fundamentalmente en sectores de la periferia de Santiago y otras ciudades. En cambio, los eventos de violencia en el centro de Santiago y en los barrios de clase media y clase media alta parecen ajustarse más al repertorio tradicional, aunque con mayor intensidad y foco en las estaciones de metro. A falta de datos sistemáticos, se puede especular con una bifurcación del repertorio de la protesta, por el que las clases populares parecen más proclives a ciertos modos mientras que los sectores medios y medios altos parecen más proclives a otros. Si esto es así, cabe preguntarse si dicha bifurcación se verifica también en otros aspectos de la participación política (por ejemplo, las preferencias electorales), y si se consolidará o no en el futuro.
Es notorio que la clase social mantiene su cualidad de eje estructurante del conflicto social. La incapacidad de la elite política para interpretar el estallido proviene justamente de la autonomía que la política fue adquiriendo de los conflictos que estructuraban el dia a dia de los sectores populares. La despolitización progresiva de la clase social de los espacios de la política formal explica en parte la virulencia del estallido social de octubre. O para ser más precisos: mientras la élite y las clases altas cuentan con variados instrumentos para influir a su favor (incluyendo partidos que representan bien sus intereses), los sectores populares perdieron progresivamente voz en los lugares donde se toman las decisiones. Al día de hoy, el reclamo popular se encuentra con la tradición progresista e igualitarista. Pero como hemos visto en otros países, un desencuentro entre sectores populares y el ethos igualitarista (por ejemplo, por el fracaso de los actores progresistas en sintonizar y satisfacer dichas demandas) pudiera aupar a fuerzas con programas excluyentes y dar lugar a retrocesos democráticos.
¿En qué consiste la suspensión de la normalidad que provocó la insurrección de octubre? En que las estructuras de dominación se hacen transparentes, con todo lo absurdo, arbitrario y violento que las constituyen. En los primeros días de noviembre, a pesar de que la masividad y explosividad de las protestas no son idénticas a las de octubre, y a que el gobierno hace esfuerzos por forzar una vuelta a la normalidad, la situación continúa impredecible. Ningún escenario es totalmente descartable. La autoridad presidencial está severamente lesionada, con un Piñera que dice “comprender a la gente” a los medios internacionales, pero que insiste en medir su autoridad en el restablecimiento del orden público. Pero la brutalidad policial solo pone en evidencia el fracaso del gobierno en controlar las protestas. Las violaciones a los derechos humanos instalan al presidente y a sus colaboradores en la difícil tesitura de tener que enfrentar los tribunales de justicia o un juicio político en el congreso, o ambos.
La élite sigue aferrada a la idea de que el orden (o paz) social equivale, en la práctica, al silencio de la mayoría. Una asamblea constituyente, por definición, podría implicar que ésta arriesgue importantes parcelas de poder. El rechazo de la élite al cambio constitucional y a otras reformas que implican redistribución de poder o beneficios las ponen en evidencia. La insurrección de octubre revela la resistencia de las élites económica y política a perder su posición de ventaja. Por tanto, ésta puede ser vista como el intento los sectores populares de re-equilibrar el sistema en su favor, de corregir su sesgo de origen. En el clima actual, y a menos que alguien decida hacer un movimiento arriesgado y contra-intuitivo para su sector del tipo “Nixon va a China”, es improbable que figuras provenientes de la élite puedan ofrecer una salida creíble. Mientras tanto, la crisis política se profundiza.