A dos meses el primer caso de COVID-19 en Chile, uno de los aprendizajes más claros que nos ha dejado la pandemia ha sido la importancia de contar con acceso al agua para prevenir el contagio a través de medidas de higiene básica personal y de cuidado en el consumo de alimentos. En este sentido, las recomendaciones, tanto de la autoridad nacional (Ministerio de Salud) como internacional (OMS) comienzan por un constante lavado de manos, lo que supone un aumento del uso de agua.
En este escenario, el SEREMI de Salud de la Región de Valparaíso, emitió la Resolución Nº 456 de fecha 08 de abril[1], coherente con la OG Nº 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos, Sociales y Culturales, y necesaria por lo demás, dada la contigencia que vive nuestro país, en ella señala en su parte resolutiva, “que por los requerimientos de mayor dotación de agua para uso de la comunidad en condición del brote mundial del virus COVID-19, a contar de la fecha de la presente Resolución, el volumen de agua a distribuir para el consumo humano diario por persona, no podrá ser inferior a 100 litros”. Agregó a continuación, la habilitación de un número suficiente de estanques de almacenamiento de agua, considerando la dotación establecida y frecuencia de distribución según volumen de agua requerido por la comunidad abastecida.
Debemos tener presente que el consumo promedio de agua en Chile es de 180 litros por persona al día, y que la dotación promedio que se repartía en la V Región por medio de camiones Aljibe era de 50 litros diario por persona, lo que está por debajo de la recomendación de –a lo menos- 100 litros diario por persona de la OMS. De este modo, y sin perjuicio de la precariedad que implica el abastecimiento de agua a través de camiones Aljibe, la decisión contenida en la resolución del SEREMI era algo favorable a para localidades severamente afectadas por la la sobreexplotación del agua y escasez hídrica, como Petorca, San Felipe, Putaendo o Panquehue, en el contexto de pandemia.
Sin embargo, en forma sorpresiva, sin anuncios y por medio de una resolución sin fundamentos- el día 16 de abril, la misma autoridad dictó la Resolución Nº 458[2], que dejó sin efecto la Resolución Nº 456 ya mencionada, retornando con ello a la situación inicial menos favorable a personas en situación de necesidad de repartición de 50 litros de agua en promedio por persona al día.
La situación descrita revela el estado de incumplimiento de nuestro país de los compromisos internacionales adquiridos en virtud de la adhesión en el año 2010, a la Resolución 64/292 de la ONU, que reconoce el derecho humano al agua y saneamiento; a la agenda 2030 suscrita por Chile en 2015, que dispone los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS Nº 6 que establece el deber de los Estados de garantizar agua limpia y saneamiento para todos sus habitantes; y al sentido y alcance que tienen los derechos a la vida, y a la salud física y síquica, comprendidos en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Chile en el año 1972.
Refuerza lo anterior el discurso publicado en un vídeo[3], el pasado jueves 23 de abril, donde el Secretario General de Naciones Unidas, António Gutierres sostiene que “el mundo esta experimentando una crisis humana que se está convirtiendo con rapidez en una crisis de derechos humanos”, en la misma línea resaltaba que “Las organizaciones civiles y el sector privado tienen roles esenciales”. A lo que debemos sumar el contundente fallo que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante este mes, en el caso “Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina”[4], que estableció la responsabilidad del Estado Argentino por la violación de los derechos de propiedad comunitaria indígena, a un ambiente sano, a la identidad cultural, a la alimentación y al agua” y fija entre las medidas de reparación, la elaboración de un plan de acción por parte del Estado Argentino, que determine las acciones que realizará y el tiempo en que serán ejecutadas.
Exigimos a la autoridad que actúe a la altura de una situación de extrema vulnerabilidad que viven miles de compatriotas en medio de una pandemia global, y en coherencia con compromisos que hemos ratificado como país en materia salud, acceso al agua y derechos humanos.