El pasado jueves 4 de julio se realizó el conversatorio sobre Acceso y Democratización a los Servicios Sanitarios en Zonas Urbanas, una iniciativa de la Mesa Ciudadana Sanitaria de Valparaíso en conjunto con la Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll. En la oportunidad expusieron diversos actores sociales y políticos de la región de Valparaíso, entre ellos Nataly Campusano - Consejera Regional por Valparaíso; Nicolás Bujes y Victor Bahamonde de MODATIMA; Juan Pablo Espinoza, Coordinador de Programas en Fundación Heinrich Böll; Monica Moreno - Dirigente vecinal del Sector Las Torres, Cerro Rocuant, Valparaíso; y Juan Ignacio Latorre - Senador de la Región de Valparaíso. El encuentro se realizó en dependencias de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
El extenso número de conflictos relacionados a la escasez de recursos hídricos, nos abre una serie de interrogantes en torno a la administración, uso y gestión del agua. Dentro de este ámbito creemos que el rol de las sanitarias en zonas urbanas ha sido un tema que ha quedado al traspié, pero que sin duda, se nos presenta como una necesidad de problematizar y dar respuesta desde las fuerzas sociales y políticas que aspiramos a ser una fuerza transformadora en nuestros territorios.
Es por eso que nace la necesidad de reflexionar en conjunto a los diversos actores sociales y políticos; primero sobre los principales nudos críticos del actual modelo de administración del agua, sus consecuencias sanitarias, ambientales y sociales; y segundo comenzar a diseñar una estrategia de reivindicación del derecho a un sistema sanitario que sea dignó, democrático y accesible para todas y todos.
Numerosos son los aspectos sobre los cuales se reflexionaron en el conversatorio, los cuales podemos resumir en los siguientes ejes:
Modelo de Administración ESVAL S.A
Durante el año 1998, la Empresa Sanitaria de Valparaíso ESVAL S.A., se convirtió en la primera sanitaria chilena vendida al sector privado. Desde entonces a la fecha, su composición accionaria ha experimentado variados cambios, siendo hoy la entidad controladora uno de los fondos de pensiones más grandes de Canadá: Ontario’s Teachers Pension Plan Board –OTPPB– (Junta para el manejo de las pensiones de los profesores de Ontario). Siendo por tanto, una empresa privada la cual toma el uso, administración y distribución del sistema de agua potable y alcantarillado en nuestra región.
La OTPPB es, en otras palabras, la dueña de ESVAL; sin embargo no es su único negocio, toda vez que es propietaria de varios malls en Canadá, del aeropuerto de Bristol en Inglaterra, también posee compromiso accionario en la Lotería inglesa e irlandesa, además de, por cierto, varias otras empresas sanitarias en distintas partes del planeta. Es así, como mientras en Chile, los profesores y - la mayoría de los trabajadores- se movilizan por mejores condiciones laborales, entre ellas pensiones dignas; sus colegas del norte del mundo, a través de sus operadores comerciales son dueños de empresas como ESVAL, que mantienen en vigilia los bolsillos de los ciudadanos chilenos. Según los datos oficiales de la SISS, en el período 2005-2015, ESVAL S.A. ha desembolsado utilidades del orden de $270.789.040 de pesos chilenos.
El mercado como distribuidor.
La Constitución de la República de Chile, el Código de Aguas y las leyes bajo las cuales se regula la industria sanitaria (DFL 382 - DFL 70- Ley 18.902, entre otras), entregan un escenario jurídico sustentado en que la función pública o social del agua es que esta se asigne al uso que le dé mayor valor, vale decir, la maximización de sus utilidades en desmedro del interés público, la sustentabilidad de las fuentes de abastecimiento y la óptima mantención de infraestructura (redes de agua potable y alcantarillado). Bajo esta lógica, el mercado es considerado el mejor sistema de asignación de los recursos; sin embargo, es amplia la evidencia empírica a nivel mundial de que esto no aplica a un bien común irremplazable como lo es el agua. La industria sanitaria en Chile es concebida como un negocio, donde la escasez propicia precios más caros y mayores utilidades.
Modelo Tarifario.
Antes de la venta de ESVAL S.A., el marco legal del sector sanitario ya establecía, desde 1988, un régimen tarifario único en el mundo, caracterizado por un profundo secretismo y prácticamente nula vinculación ciudadana. Los resultados de este modelo tarifario han permitido que las tarifas de ESVAL S.A. mantengan una fuerte y sostenida alza desde su privatización hasta la fecha, llegando a convertirse en una de las más altas de todo Chile en determinados sectores.
La ley que regula el proceso de tarificación del agua - DFL 70/1988 -, establece una restringida participación ciudadana y el secreto del procedimiento como sus principales pilares. Además, esta misma ley obliga al Estado garantizar un 7% de rentabilidad mínima sobre activos en favor de las empresas sanitarias, convirtiendo a la industria sanitaria chilena en un sector atractivo para los inversionistas a nivel global. No es casualidad la privatización del sector sanitario chileno haya favorecido la entrada de corporaciones multinacionales al sector (AGBAR - SUEZ, OTTPB, Marubeni, entre otros). Cabe recordar que el 96,05% de los clientes del sector es atendido por empresas operadoras de propiedad privada, mientras que un 3,95% corresponde a usuarios de concesionarias del Estado, de municipalidades o cooperativas (SISS, 2016).
Cobertura del sistema sanitario.
Uno de los principales nudos críticos, del actual sistema sanitario, dice relación con la cobertura del servicio. En este sentido, las empresas sanitarias tienen la obligación legal de mantener un Plan de Desarrollo a través del cual compromete las obras e inversiones necesarias para asegurar la provisión futura de los servicios. Sin embargo, no existe en la actual legislación, un mecanismo que obligue a estas empresas a dar factibilidad y alcance con sus servicios a las zonas más apartadas o periféricas en nuestras ciudades. Tampoco existe por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, las competencias que permitan fiscalizar y obligar a la empresa a realizar las inversiones, posibilitando que existan años como el 2013 donde ESVAL S.A. ejecutó menos del 60% de la inversión planificada por la empresa.
La experiencia de “Las Torres, Cerro Rocuant, Valparaíso”
Con ocasión del conversatorio, la dirigenta Mónica Moreno del sector Las Torres, Cerro Rocuant, Valparaíso, nos compartió su experiencia en una lucha que arrastra su población desde hace más de 50 años, por el acceso al agua potable y el alcantarillado. Y es que, el actual modelo de distribución del agua -que tiene como asignador al mercado- ha traído consecuencias dramáticas en la región de Valparaíso.
Sabido es que nuestra región -es una-, con la mayor cantidad de campamentos y déficit de vivienda en Chile y sin duda uno de las causas de estas cifras es el actual modelo sanitario. En muchas localidades de Valparaíso la empresa ESVAL, simplemente ha decido no factibilizar, ni ser parte de la urbanización de terrenos que permitan suministrar a miles de vecinas y vecinos, el agua potable y alcantarillado. En palabras de la dirigenta Mónica Moreno “El sector las Torres queda a 15 minutos del Congreso Nacional de Chile, sin embargo no hay servicios sanitarios. De esa forma queda demostrado la desigualdad y la falta de voluntad política de las autoridades”.
Democratizar los servicios sanitarios.
Las diferentes aristas que trae aparejado el actual modelo sanitario, nos deja un conjunto de desafíos, a nivel de actores sociales y políticos. En donde la evidencia internacional aparece como una luz de esperanza, de que efectivamente, es posible un modelo de administración sanitario que permita un servicio digno y accesible para todas y todos.
Para ello, es fundamental la articulación del mundo social, pero también del político. La necesidad de generar estrategias comunes de reivindicación de esta demanda que tiene por objeto un bien común tan esencial como lo es el agua.
Dicha estrategia, sin duda debe tener como horizonte -el de recuperar el agua para todos los habitantes de Valparaíso-, eliminando al distribuidor privado para que dicha administración pase a manos de un ente controlado por la Administración Pública; que no tenga fines de lucro y que busque entregar el agua potable y alcantarillado a toda la comunidad. Lo anterior, entendiendo que el agua es un bien común, pero por sobre todo un derecho humano básico y esencial para la vida de los habitantes de nuestras ciudades, que debe ser garantizado y resguardado por el Estado.
El presente artículo, es producto del aporte individual de los exponentes y de la reflexión colectiva que si dio con ocasión del conversatorio.
