La contradicción de Argentina en el G20: evocar futuros sustentables y promover un megaproyecto de energía fósil

La contradicción de Argentina en el G20: evocar futuros sustentables y promover un megaproyecto de energía fósil

Con la Cumbre de los mandatarios del G20 concluye la presidencia de Argentina. En ese contexto, en junio pasado, los ministros de energía los países que integran el grupo firmaron un comunicado donde destacaron el papel del gas natural en "respaldar las transiciones hacia sistemas de energía de emisiones más bajas", con "potencial para expandirse significativamente en las próximas décadas". En Argentina, esa posición se articula con el fuerte programa de subsidios focalizados en el gas fósil no convencional, fundamentalmente en áreas del megaproyecto Vaca Muerta, único éxito y esperanza del gobierno de Mauricio Macri, que termina el año muy golpeado por las variables económicas. La extracción hidrocarburífera de ese reservorio, realizada mediante el cuestionado método del fracking, tiene un negativo impacto ambiental, social, climático y a la vez económico para el país.

Versión en inglés La contradicción gubernamental es notable: a la vez que respaldan una necesaria transición hacia una energía más sustentable centran las expectativas energéticas y económicas de Argentina en el desarrollo de Vaca Muerta, una bomba de carbono. Para ello garantizan un precio mayor a la producción de gas: a los proyectos seleccionados para el subsidio se les pagó US$3,50 por sobre el precio de mercado de US$4,00 por MMBTU. La gran beneficiada por ese subsidio ha sido Tecpetrol, perteneciente al grupo ítalo argentino Techint. Un área de esa empresa produce actualmente el 10% del total del gas nacional, cuando su aporte en 2017 era prácticamente insignificante.

Sobre el megaproyecto Vaca Muerta existen más de 30 proyectos de explotación. Además de las compañías nacionales, están presentes en la zona BP (que posee el 50% de Pan American Energy, la segunda productora de crudo), Total (segunda productora de gas), Shell, Wintershall, Equinor, ExxonMobil, Chevron, CNOOC, Dow y Petronas, entre tantas otras.

En septiembre Argentina volvió a exportar gas, propósito que había sido abandonado en 2007 cuando el país no llegaba a autoabastecerse. “No vamos a parar hasta que desde Vaca Muerta exportemos 30.000 millones de dólares en gas y petróleo, y para hacer eso hayamos generado más de medio millón de puestos de trabajo en todo el país”, sostuvo Macri hace pocas semanas, en un contexto en el que únicamente el billonario préstamo del FMI logró calmar temporalmente el desastre macroeconómico que se plasma en una devaluación anual de la moneda que supera el 90%.

La infraestructura

Uno de los ejes de trabajo del G20 este año fue la “infraestructura para el desarrollo”. Dos ideas fundamentales se presentaron desde la presidencia al respecto: hay un “creciente déficit en infraestructura [que] es un problema que sufren los países del G20, en especial, las economías emergentes” y que impulsarían “una mayor participación del sector privado en el financiamiento de proyectos de infraestructura”. En este sentido, el gobierno ya promociona la financiación vía Participación Público Privada para lo cual promulgó una ley específica en 2016. Todavía no se han concretado las inversiones esperadas.

Para el desarrollo de Vaca Muerta se anunció el llamado a licitación para la recuperación de 850 kilómetros de vía férrea que unirán la explotación hidrocarburífera en la Norpatagonia con el puerto de Bahía Blanca en el Atlántico. El presupuesto del proyecto se estima en US$1.285 millones y una vez concluido logrará disminuir un 10% el costo de cada pozo. Hasta el momento la convocatoria fue pospuesta en dos oportunidades, aunque el ministro de transporte recientemente aseguró en una reunión con empresarios que la licitación se concretará antes de fin de este año.

Las críticas al megaproyecto

Contrariamente a las expectativas gubernamentales, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU recomendó al Estado argentino “reconsiderar” la explotación de Vaca Muerta debido a la afectación climática que implicaría. “La explotación total, con la fracturación hidráulica, de todas las reservas de gas de esquisto (de Vaca Muerta) consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de un calentamiento de 1,5ºC”, indicó el documento publicado en octubre. Una investigación realizada por la organización Oil Change International alcanza una conclusión similar. Explotar todas las reservas de esquisto de Argentina a su máximo potencial consumiría hasta el 15 por ciento de todo el presupuesto global de carbono para alcanzar la meta del Acuerdo de París de 1.5ºC.

El documento de la ONU advirtió también sobre las afectaciones territoriales, la falta de consulta a las comunidades y la carencia de una regulación acorde a los riesgos de la fractura hidráulica. Habilitados por las inversiones realizadas para explotar Vaca Muerta, en los últimos años se comenzaron a producir una serie de proyectos de tight gas en las inmediaciones de una de las cuencas hídricas más importantes del país, poniendo en riesgo el acceso a ese recurso para gran parte de la población de la Norpatagonia. Además, muchas perforaciones se asientan en zonas de histórica producción frutihortícola y en periferias urbanas. Advertidos de los riesgos del fracking, una decena de municipios de la región han prohibido la técnica, pero la justicia ha declarado inconstitucional varias de esas normas por considerar que extralimitan potestades comunales.

Recientemente, la surgencia de un pozo que derramó hidrocarburos y lodos de perforación afectó unas 45 hectáreas (según se informó oficialmente) y puso de relieve los riesgos y accidentes que regularmente ocurren en la actividad. La oficina ambiental informó que en la provincia de Neuquén se constatan dos derrames por días. Al mismo tiempo, se conoció el fallecimiento del quinto obrero petrolero en la región en lo que va del año. La aceleración de los tiempos de producción y la flexibilización de la normativa comienza a dar muestras palpables del daño ambiental y humano.

En términos nacionales la política energética es fuertemente cuestionada, fundamentalmente por los altos aumentos de tarifas de los servicios energéticos. El acuerdo con el FMI exige continuar ese camino para reducir el déficit fiscal. La notable devaluación del peso con una tarifa en dólares hizo que las tarifas suban a valores imposibles de pagar para comercios, industrias y familias. El aumento promedio del gas de los últimos 24 meses ronda el 1.300%. La oposición a los “tarifazos” sumó al repudio general al gobierno y logró reunir a toda la oposición en una ley que hubiera retrotraído los aumentos a noviembre de 2017. El presidente Macri vetó esa norma en mayo y pocos días después desplazó a su ministro de energía.

En este difícil contexto, desde el Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental promovemos el debate en torno a la necesidad (o no) de nuevos proyectos de combustibles fósiles y impulsamos que se concrete una disminución administrada de los existentes. Además, pretendemos que se pongan en marcha planes ambiciosos en torno a energías limpias con una intervención estatal profunda, que proporcionen empleos decentes y respeten los derechos de las comunidades a controlar el desarrollo en sus tierras. ¿Energía para qué? ¿para quién? y ¿cómo? Son los interrogantes con los que invitamos a pensar la construcción de un futuro mejor.

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