Manejo de pesquerías en Chile: De la Abundancia al agotamiento de los recursos pesqueros

Manejo de pesquerías en Chile: De la Abundancia al agotamiento de los recursos pesqueros

Chile es uno de los principales países pesqueros, y al igual que el resto del mundo enfrenta la sobreexplotación de gran parte de sus pesquerías, por un exceso de capturas y pocas medidas efectivas que propiciaran la salud de éstas.

La historia de las pesquerías en Chile es relativamente reciente, si bien los pueblos originarios que existían en el territorio con anterioridad a la creación de la República eran expertos pescadores y mariscadores, esto no se vio reflejado en los primeros años de la nación, donde
las actividades más importantes, en su mayoría, estaban ligadas con el trabajo de la tierra. Durante el siglo XIX existen algunas iniciativas para fomentar y ordenar una incipiente actividad pesquera, muchas de estas incentivadas por las capturas de barcos extranjeros, principalmente balleneros. Es así como se crea un reglamento para la pesca, se hace mención a la propiedad de los peces dentro del código civil, y se inician investigaciones hidrográficas por parte de la armada.

En los albores del siglo XX se comienzan a crear regulaciones que tenían como base dos pensamientos principales: que los recursos (muy abundantes en esa época) eran inagotables, y que la pesca era una actividad subvalorada que debía fomentarse. Distintas iniciativas, bajo esa lógica  de pensamiento, fomentaron la actividad pesquera dando paso a una intensa explotación de recursos, principalmente pelágicos de la zona norte del país destinados a la reducción (harina y aceite de pescado), donde la anchoveta (Engraulis ringens) era la especie predominante. La sobreinversión en el sector y el rápido crecimiento de las capturas, sumado a fenómenos oceanográficos naturales como
“el Niño” (ENOS) llevó rápidamente a la sobreexplotación del recurso, primeramente en 1965, y posteriormente y de manera más severa en 1973. El agotamiento de la anchoveta, llevo a la industria pesquera a redirigir sus capturas hacia especies menos explotadas como el jurel (Trachurus murphyi) y la sardina.

Durante esta época, se promovió el desarrollo industrial y el mejoramiento de la información biológica de los stocks de peces (con fines de explotación, no de conservación). En esta época se creó la Subsecretaría de pesca (entidad administradora de las pesquerías) y el Servicio
Nacional de pesca (entidad fiscalizadora). En 1991 entró en vigencia la Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley N°18.892). Esta legislación instauró diferentes medidas de ordenamiento, pero no contempló restricciones al número de barcos (esfuerzo pesquero). Se definía una cuota global anual de captura (cantidad de toneladas totales que se podían pescar de una especie por año), y los pescadores industriales inscritos debían pescar lo que pudieran hasta que esa cuota se agotara, esto se conoció como “carrera olímpica”. El resultado de esta
medida fue una gran cantidad de barcos pescando, que sumado a un insuficiente seguimiento de la salud de las pesquerías y la presencia de un fenómeno El Niño de gran intensidad en 1996 y 1997, redujo drásticamente la cantidad de peces, en especial del jurel, la principal pesquería nacional en ese momento (ver gráfico 1) y sacudió fuertemente los niveles de las capturas, esta situación llamó la atención sobre la necesidad de regular la carrera olímpica. La crisis de finales de los noventa, llevo a establecer un sistema de asignación de cuotas individuales (CIP) a través de la Ley 19.713 de Límite Máximo de Captura por Armador (2001), también se incorporaron requisitos de certificación de desembarques, se prohibió el descarte, se le dio al Consejo Nacional de Pesca el poder resolutivo sobre la CGAC.
Las medidas de esta ley permitieron un ordenamiento del sector, pero no ayudaron a mejorar la salud de las pesquerías, pues se definían cuotas globales de captura mayores a los niveles científicamente recomendados. Asimismo, se acentuaron prácticas como el descarte (aproximadamente el 40% de la pesquería) y el subreporte, el uso de redes de pesca dañinas y poco selectivas (como el arrastre de fondo), sumado a presupuestos escasos para investigación científica (Instituto de Fomento Pesquero) y fiscalización, entre otras cosas, mantuvo e incrementó el deterioro de las pesquerías. 

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Un escenario con las principales pesquerías sobreexplotadas o agotadas fue la antesala de la discusión de la Ley N°20.657. Previo al comienzo de la tramitación de la ley, el sector artesanal, industrial y el gobierno se reunieron para definir una división de la cuota global
anual de captura para algunas especies (ver gráfico 4). La nueva ley introdujo nuevas medidas para la recuperación de las pesquerías: principio ecosistémico y precautorio, incorporación de comités científicos técnicos y comités de manejo, evaluaciones periódicas
de las pesquerías, estimación de puntos biológicos de referencia y rendimiento máximo sostenible, protección de ecosistemas marinos vulnerables, planes de reducción del descarte, presencia de observadores científicos y videocámaras, entre otras cosas. Esta ley, ha sido altamente criticada por la opinión pública por perpetuar las CIP en los mismos actores que han llevado a la sobreexplotación a las pesquerías (Industrias pesqueras), y por la influencia que tuvieron empresas pesqueras sobre parlamentarios durante la tramitación de dicha ley.
Actualmente, Chile se considera dentro de los principales países pesqueros, con un 2,7% de las capturas a nivel mundial en 2014. Sin embargo, de 11 de las principales pesquerías del país 4 se encuentran agotadas y otras 4 sobreexplotadas (ver tabla 1). Es de esperar que se siga avanzando en medidas de recuperación de las pesquerías para asegurar la salud de estas y de los ecosistemas marinos. 

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