Un año de gobierno de Mauricio Macri: panorama de derechos en riesgo

Un año de gobierno de Mauricio Macri: panorama de derechos en riesgo

Marcha en defensa de La Ley de Medios - Argentina  Argentina, Congreso de La Nación, 16/12/2015Creator: Facción Latina. Creative Commons License LogoEsta imagen está bajo la licencia de Creative Commons License.

Por Beatriz Busaniche*

En diciembre de este año se cumple el primer año de la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Pasado el momento de bonanza y confianza con el que cuenta todo gobierno que recién inicia una gestión, los últimos tropezones en el congreso y el estancamiento de la economía aparecen como los primeros aspectos de preocupación para el oficialismo. Sin embargo, desde una perspectiva de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y desde los principios de Derechos Humanos la gestión ha marcado un punto de inflexión.

Entre los temas más preocupantes del primer año de gestión se cuenta la modificación por decreto de las leyes de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, los cambios y la restauración – también por decreto – de la estructura oscura y secreta de los organismos de inteligencia y la puja por una reforma política que resultó ser una propuesta exigua de modificación del método de votación de papel a electrónico.

La restauración por decreto

Una de las características propias del primer año de la gestión de Mauricio Macri al frente del Poder Ejecutivo Nacional tiene que ver con la inmediata restauración de algunos de los aspectos en los que la gestión de Cristina Fernández de Kirchner había avanzado positivamente. Una de las primeras medidas adoptadas por la nueva administración fue barrer de plano con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, uno de los principales aspectos de la puja abierta entre la gestión kirchnerista y los medios de comunicación más poderosos, encabezados por el Grupo Clarín.

En ese contexto, el decreto 267/15 estableció una modificación radical de la regulación de medios que había sido fruto de uno de los procesos más largos y amplios de discusión sobre un tema complejo en Argentina. La derogación de las cláusulas de desconcentración, principal foco de objeción de los grandes multimedios, así como la construcción de una autoridad de aplicación centralizada y con control pleno por parte del poder ejecutivo fueron las características salientes de la nueva administración. La ENACOM, nueva autoridad de medios y telecomunicaciones, tiene ahora por misión la redacción de un anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes que aún se demora. Mientras tanto, todos los cambios en la materia se han realizado por decreto y resoluciones administrativas mientras que se demora el debate en el congreso nacional, con el consiguiente riesgo para los derechos fundamentales en materia de liberad de expresión.

Otro tema de enorme trascendencia institucional que fue resuelto por decreto es la modificación de la Ley de Inteligencia. En mayo de 2016, el Poder Ejecutivo Nacional dio a conocer el Decreto Nº 656/16 que cambia radicalmente el estatuto de los servicios de inteligencia en Argentina.

Escasa repercusión pública tuvo este acto administrativo que en la realidad implica una restauración de las más complejas prácticas de los servicios de inteligencia del país. Este decreto establece la plena vigencia de los viejos estatutos concebidos hace cinco décadas. El decreto deroga prácticamente toda la normativa de la ley de inteligencia sancionada sobre el final del gobierno kirchnerista: la estructura orgánica y funcional de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), los regímenes profesionales para el personal y muy especialmente la administración de fondos, uno de los aspectos más problemáticos a lo largo de la historia de los servicios de inteligencia en Argentina.

El nuevo régimen establecido por el decreto del Presidente Macri restablece la disciplina del secreto, cláusula que desmantela uno de los magros avances producidos en la última modificación realizada en el congreso que apuntaba a la transparencia en los fondos y a establecer el secreto como excepción justificada y no como regla general. La decisión de restaurar la doctrina del secreto es totalmente infundada ya que no hay motivos reales que avalen que esa sea la forma apropiada de administrar este tipo de organismos salvo en casos donde esté en riesgo la seguridad o la vida de las personas. Además, es importante notar que tras sendos reclamos de familiares de víctimas del atentado a la AMIA, los propios organismos internacionales de Derechos Humanos habían instado a Argentina a establecer pautas de transparencia en el uso de fondos reservados y en la gestión de servicios de inteligencia. Es indispensable recordar que la política de transparentar la gestión de fondos del organismo a cargo de la inteligencia nacional fue un compromiso asumido por el Estado Nacional con las víctimas del atentado de la AMIA, como parte de una solución amistosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante el decreto 812/2005.

Otro cambio importante establecido en esta norma tiene que ver con la instauración de todo el personal de la Agencia como "personal de inteligencia", es decir, personas de identidad reservada incluso para tareas administrativas, ordenanzas, servicios de apoyo, entre muchas otras tareas que no revisten caracter secreto ni reservado. El decreto también derogó la metodología de trabajo de "inteligencia por problemas", que fijaba límites a la posibilidad de producir inteligencia y establecía que toda orden debía ser aprobada por el Director General a través de una directiva específica con fundamentación apropiada, tema específico y duración de la tarea. Esta medida de restricción de las operaciones apuntaba a prevenir las iniciativas individuales y debía operar como un resguardo frente a las tareas descontroladas de los servicios de inteligencia.

Desde la Iniciativa Ciudadana para el control de los Organismos de Inteligencia (ICCSI), la sociedad civil reclamó con énfasis al Presidente de la Nación que "revea la decisión tomada a través del Decreto Nº 656/2016, y al Congreso de la Nación que exija que se mantengan los estándares de publicidad de los actos de gobierno que se habían alcanzado. La vuelta a un sistema regido por el secreto solo favorece que sus recursos puedan ser nuevamente volcados a fines ajenos a la institución, ilegítimos, ilegales y contrarios al régimen democrático al que aspiramos." Esta nueva orientación, avalada por los polémicos directivos designados por el macrismo y avalados por un acuerdo precario en el Senado Nacional, confirman que los derechos en materia de privacidad y autonomía de los ciudadanos están en riesgo una vez más, frente a la ya habitual práctica de utilizar los servicios de inteligencia para operaciones sobre políticos, periodistas, sindicalistas, activistas sociales y cualquier otra figura que pueda resultar de interés para el gobierno de turno.

La perspectiva en este sentido no es positiva. Históricamente, el único órgano designado legalmente para llevar adelante el control de estos servicios es la Bicameral del Congreso de la Nación que ha brillado por su larga trayectoria de inactividad a lo largo de los últimos años. Mientras tanto, las escuchas legales siguen en manos de la Corte Suprema de Justicia, a la que fueron trasladadas también por decreto de necesidad y urgencia. No hay en ese campo un panorama claro de continuidad de las políticas de transparencia pública que había adoptado el Ministerio Público Fiscal durante el breve lapso en que las escuchas estuvieron a su cargo. La ICCSI seguirá atentamente este tema con pedidos reiterados de acceso a la información.

La promesa electoral: el voto electrónico

Una de las más fuertes promesas de la campaña electoral de Cambiemos fue el cambio drástico en la forma en que votamos los Argentinos. La promesa se repitió durante toda la campaña y fue eje central del discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso en 2016. El Presidente Macri jugó a todo o nada en el cambio del sistema electoral, tanto que no dudó un segundo en tildar de fraudulento e ilegítimo el sistema electoral por el que su alianza ganó las elecciones en los principales distritos del país, incluyendo la elección de la Provincia de Buenos Aires, diversos municipios, la Ciudad de Buenos Aires e incluso la elección presidencial.

La idea de deslegitimar el sistema electoral argentino se fue materializando paulatinamente en todas y cada una de las elecciones provinciales donde Cambiemos no obtenía los resultados deseados. Así, se afirmó que hubo fraude en las provincias de Santa Fe y Tucumán y se acusó al sistema de emisión de sufragios de los problemas de provincias como Santa Cruz, donde la gobernadora electa no fue la candidata que más votos recibió, sino que se consagró ganadora por la vigencia de la Ley de Lemas. Ni el sistema de acarreos en Tucumán o la Ley de Lemas en Santa Cruz son problemas que tengan algo que ver con el sistema electoral nacional. Sin embargo, fueron usados hasta el hartazgo para deslegitimar el proceso electoral a nivel nacional y justificar así lo injustificable: la implementación de un sistema de voto electrónico para las próximas elecciones de 2017.

El macrismo jugó su carta política más fuerte en la Reforma Electoral. Organizó reuniones y conferencias para tratar de construir un consenso que dio por hecho desde un principio, desoyendo sistemáticamente las advertencias de los expertos así como la experiencia a nivel internacional. A todas las objeciones técnicas se respondía lo mismo: son problemas de la implementación. Se descartó así la mirada de las principales universidades del país.

Constitucionalmente, las leyes electorales en Argentina requieren mayorías especiales en las dos cámaras legislativas, es decir, la mitad más uno del total de los integrantes de cada uno de los dos cuerpos. Por esta razón, el oficialismo apuntó a tratar de construir los mayores consensos posibles antes de enviar el proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Para esto, organizó reuniones y seminarios con diversos actores, especialmente partidos políticos, ONGs, universidades, entre otros.

La Fundación Vía Libre participó de todas esas instancias, y en todo momento presentó objeciones a la voluntad férrea de incluir una computadora como intermediaria entre el elector y la expresión de su voto. La soledad de las primeras reuniones fue mutando, con el correr de los meses, en un compromiso cada vez máyor por parte de los expertos en tecnologías de información y en seguridad de sistemas que paulatinamente y ante la inminencia de una votación favorable al oficialismo, sumaron sus voces para dar alerta sobre los riesgos de la implementación de voto electrónico.

Pese a las advertencias presentadas por diversos expertos del campo de la seguridad de sistemas, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma con 152 votos favorables. Todos los bloques acompañaron la iniciativa, a excepción del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y el Frente para la Victoria.

La media sanción aprobada cuenta con algunas características especialmente preocupantes, más allá de la inclusión de un sistema de emisión de sufragio mediado por tecnologías digitales. Fuera de esta pauta, el proyecto delega en el poder ejecutivo la definición específica del sistema electoral, cuyo desarrollo quedaría en manos del flamante ministerio de modernización creado por la gestión macrista en la órbita del poder ejecutivo nacional.

Otro elemento de enorme preocupación tiene que ver con la abolición de cualquier tipo de plan de contingencia. Ninguna de las propuestas realizadas logró perforar la convicción expresada por el Diputado Pablo Tonelli, presidente de la comisión de asuntos constitucionales, quien en la madrugada en la que se aprobó el proyecto expresó a viva voz que no hacía falta “plan B” porque “el sistema no falla”. Así, sin red, se pretendió abolir todo el sistema electoral tradicional, crear un sistema totalmente nuevo para cubrir las 95 mil mesas de votación de todo el país en el lapso de apenas unos meses, delegar en el poder ejecutivo el diseño, la compra y la implementación de los equipos, hardware y software para la elección, así como la capacitación de los votantes y los electores con miras a la primaria prevista para agosto de 2017. Otro aspecto de enorme gravedad de la propuesta, que despertó rechazo en toda la comunidad técnica y académica, fue la tipificación penal de cualquier práctica de auditoría independiente de los sistemas de votación.

Los únicos cambios progresistas incluidos en la reforma quedaron opacados por el capricho electrónico, entre ellos, el traspaso del escrutinio de manos del Poder Ejecutivo a la Cámara Nacional Electoral, así como la cláusula de paridad de género en las listas, una de las monedas de cambio utilizada por el oficialismo para lograr los votos necesarios para la reforma electoral.

Con una media sanción plagada de inconvenientes y problemas, con dudoso apego al orden constitucional, el Senado se aprestó a debatir la Reforma Electoral. El equilibrio de fuerzas en la cámara alta es diferente al de diputados, pero allí pesan más las políticas provinciales y los gobernadores cobran un rol preponderante. El macrismo creyó, quizás con ingenuidad, que el manejo de la caja y la negociación financiera con las provincias aseguraría los votos y se mostró optimista tras sendas reuniones en las que creía listo el escenario para el gran cambio electoral.

Sin embargo, el Senado se tomó su tiempo para debatir y convocó a varias decenas de expertos del campo de la informática, el derecho y los sistemas electorales para construir una mirada crítica. Desfilaron por los salones del Senado unos 40 expertos de todo el país que llegaron a manifestar su preocupación, incluso con demostraciones presenciales sobre las vulnerabilidades del sistema.

La posibilidad de manipular cualquier emisión de sufragio mediada por computadora quedó en evidencia, especialmente las demostraciones hicieron foco en la fragilidad del secreto del sufragio, principal garantía electoral desde la ya centenaria Ley Saenz Peña que el oficialismo se empeña en enterrar.

Más allá de las pujas partidarias, las prebendas políticas y los compromisos de los diversos actores, es claro que la presencia masiva de investigadores y académicos de las principales universidades del país marcó un antes y un después en el debate electoral.

               Como expertos en informática, como docentes e   investigadores que dedican su tiempo, su pasión y su energía a esta disciplina creemos que la tecnología tiene mucho para aportar a la sociedad. Sin embargo, también conocemos sus limitaciones y por eso somos conscientes de que es prácticamente imposible construir sistemas que brinden máximas garantías de inviolabilidad como las que requiere un sistema de votación.

              El proyecto de ley actualmente en debate en el Congreso de la Nación pena con años de cárcel el estudio o análisis de estos sistemas para encontrar vulnerabilidades, paso sin el cual no es posible mejorar ninguna  implementación. De ser aprobada esta ley no tendremos posibilidad de investigar su funcionamiento y podríamos llegar a ser tratados como criminales sólo por hacer nuestro trabajo. (Véase Solicitada de los Departamentos de Cs. De la Computación) 

Con estas palabras, los departamentos de Informática y Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Comahue, el Instituto de Investigación en Informática de UBA Conicet, se manifestaron enfáticamente y le dijeron a los legisladores que esta propuesta no era viable.

Sin embargo, pese a todas estas advertencias, el oficialismo tildó de ilusionistas y reaccionarios a los investigadores que expusieron las vulnerabilidades y fallas del sistema y trataron de reducir la discusión a muletillas basadas en la dualidad entre el fraude y la modernidad.

El senado cerró el año con el principal revés político del macrismo: dio por terminada la discusión sobre la reforma electoral en 2016, por lo que dejó prácticamente anulada toda posibilidad de usar el nuevo sistema en las elecciones generales de 2017, con lo que el oficialismo no podrá cumplir con una de sus más publicitadas promesas de campaña.

Al menos por ahora, la integridad y defensa de los derechos políticos de los ciudadanos argentinos primó por sobre el capricho electrónico de la reforma electoral.

 

Sobre la autora

Beatriz Busaniche, presidenta de Fundación Vía Libre y miembro fundadora de Wikimedia Argentina. Magíster en Propiedad Intelectual por la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) de Argentina, y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Las opiniones vertidas en este artículo pertenecen exclusivamente a su autor.

 

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