Brasil en crisis: Avanzar hacia el pasado

Brasil en crisis: Avanzar hacia el pasado

Dawid Bartlet*

La primera Presidenta en la historia de Brasil fue forzada a dejar su cargo de forma anticipada. Su sucesor presentó su gobierno de “renovación nacional” compuesto por 23 ministros, todos hombres blancos, sin excepción. Con esto, la primera señal del vicepresidente Michel Temer fue bien clara: “Con dinamismo hacia atrás”. Tanto la composición de su gabinete como los puntos centrales de su programa de gobierno, que se publicaron hasta ahora, confirman que las élites de poder tradicionales buscan salvar al país con una vuelta al liberalismo económico del siglo pasado. Si de esta manera logran también salvar a la mayoría de la población brasileira, es una pregunta igualmente apasionante como abierta.

Llama la atención la ausencia de representantes de las mayorías de la población en el nuevo gobierno: no hay mujeres (el 51% de la población brasileira), ninguna persona "negro u oscuro” según la terminología de las estadísticas brasileiras (el 53% de la población), ningún representante de los 69 % de población que no gana más de dos sueldos mínimos (actualmente 220 euros). Hasta ahora, las mujeres estuvieron fuertemente sub-representadas en la política brasileira. Menos del 10% de los miembros del Congreso Nacional son mujeres. La introducción de un sistema de cuotas que obliga a los partidos políticos a presentar un mínimo de 30% de candidatas mujeres en cada elección no pudo revertir este escenario.

Temer, de 75 años de edad, es hijo de inmigrantes libaneses, profesor de derecho del estado federal de São Paulo, autor de unas de las obras estándares sobre derecho constitucional. Está casado con una ex modelo de 33 años que la revista política Veja presentó hace poco bajo el título “bonita, casta y doméstica”: un estereotipo de mujer que en el Brasil del siglo XXI al parecer no solamente agrada al nuevo Presidente. En contra del gabinete de hombres también hubo protestas masivas.

 Dilma tampoco nombró a negros o indígenas como ministros. En caso de que un Presidente – como fue ahora el caso con Temer – busque sus ministros dentro de la cámara de diputados, no encontrará candidatos/as. El parlamentario promedio es masculino, blanco, tiene alrededor de 50 años, un diploma universitario, es empresario o abogado y tiene un patrimonio de más de 250.000 euros. Solamente el 20% de los diputados y las diputadas son personas de color o negras. El parlamento que se eligió en 2014 es el más conservador en toda la fase post-dictatorial: la bancada transversal de representantes de intereses de los poderes religiosos fundamentalistas, de la agroindustria y  por parte de la política de seguridad con mano dura, tienen una mayoría clara. Temer escogió su gabinete de este lote. Antes el nuevo Presidente había anunciado su intención de formar un gabinete reducido de ministros expertos. Como esto no se refleja en el actual gabinete, el ex Presidente Fernando Henrique Cardoso criticó las medidas de Temer como “un engaño y ninguna medida de economía seria”.

El gabinete de Temer

11 partidos políticos forman parte del nuevo gobierno. De los 23 ministerios, siete quedan en manos del partido de Temer, el PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), el hasta entonces partido de oposición PSDB obtuvo 3 ministros. La lógica central fue darle al gobierno una base parlamentaria sólida. Solamente en casos excepcionales, la selección se basó en aptitud profesional. Una de ellas fue el nuevo ministro de Medio Ambiente Sarney Filho, del Partido Verde Brasileiro. En el pasado, Filho se destacó por su posición crítica hacia el uso de energía nuclear, una posición minoritaria en el país, y por su crítica al modelo agroindustrial. Será interesante como se posicionará en ambas temáticas por ejemplo en la confrontación con su colega Blairo Maggi, conocido como el “barón de la soja” también representa la minoría escogida por competencia profesional. Como ministro de Agricultura ciertamente defenderá los intereses de la agroindustria de forma tan eficiente como su antecesora Kátia Abreu. El nuevo ministro de Justicia Alexandre de Moraes se destacó antes como ministro de Seguridad del Estado Federal más importante, São Paulo, dónde adquirió fama como “hardliner”. Hace poco ordenó la represión violenta a estudiantes que manifestaron su protesta en contra de la malversión de fondos destinados para sus colaciones. Bajo su mandato aumentaron las cifras de personas muertas en confrontaciones con policías. Su bufete de abogados defendió al diputado Eduardo Cunha, acusado de recibir coima en sumas millonarias. Como presidente del parlamento empujó el proceso de impeachment en contra de Rousseff, pero solamente después de enterarse que ella no lo protegería en contra del cargo de corrupción. Y hablando de corrupción: el nuevo gobierno está bajo presión. Unos ya casi forman parte del banquillo de acusados. En contra de dos de los 23 ministros ya se iniciaron investigaciones relacionadas al escándalo Lava Jato, a siete más y al nuevo Presidente mismo se menciona en los sumarios del caso. Todos declaran no estar involucrados en actos ilegales. No es tan absurda la burla que Temer nombró a los siete involucrados prioritariamente para rescatarlos de las investigaciones judiciales: como ministros gozan de impunidad. A la vez Temer se pronunció claramente por seguir con las investigaciones del caso Lava Jato y aseguró que velará por la independencia de la Justicia.

Graciosamente, despúes de dos semanas, escuchas telefónicas publicadas por el diario Folha de São Paulo revelaron que políticos de más altos cargos del PMDB, entre ellos el presidente del senado Renan Calheiros, trataron de perjudicar las investigaciones de la operación Lava Jato y beneficiar personas presas por la misma. El poderoso ministro de planificación Romero Jucá, asesor de confianza del presidente interino Temer, tuvo que renunciar.

Además todavía no está resuelto si se iniciará un proceso de impeachment en contra de Temer: como vicepresidente firmó todos los decretos presupuestarios en los cuales se basan los cargos en contra de Rousseff.

Los jóvenes dentro del gabinete no representan tampoco el futuro sino más bien una continuación con el pasado. Deben sus carreras políticas a sus padres, o más exacto al principio dinástico que aglutina hace rato al sistema de poder brasileiro y lo reproduce. El Partido de los Trabalhadores (PT) logró romper con estos mecanismos solo de forma parcial.

Para la cartera de Educación estará responsable Mendonca Filho (es decir el hijo), para Minería y Energía Fernando Filho, para Integración Nacional Helder Barbalho y para Deporte Leonardo Picciani. Todos hijos de padres que fueron también diputados o senadores. El único con competencia profesional y simultáneamente el más viejo con sus 58 años es el ya mencionado José Sarney Filho, hijo del ex presidente conservador y presidente del Senado por muchos años, José Sarney. Marco Pereira representa el bloque fuerte de evangélicos en el parlamento. El obispo de unas de las iglesias evangélicas más grandes de Brasil estará a cargo de ofrecer salidas de la crisis para la industria, el comercio y el sector de servicios. José Serrá, candidato a la presidencia quien perdió en 2006 y 2010 en contra de Lula y Dilma respectivamente, se hará cargo de la Cancillería y dentro del gabinete representa a la hasta entonces opositora social democracia, el PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Una política exterior activa no fue exactamente una de las prioridades de Roussef, muy al contrario de su antecesor Lula. Observadores esperan que Serra concentrará la política exterior en la línea clásica de fomento de exportaciones, se alejará de las relaciones sur-sur y terminará con el apoyo a los gobiernos de izquierda en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Tras surgir una ola de protestas por parte de la sociedad civil y de reconocidos artistas por la decisión de absorver el ministerio de Cultura, Temer debió revertir esta medida, nombrando a Marcelo Calero como nuevo ministro de esa cartera.

Figura clave del nuevo gabinete es el nuevo ministro de Economía y Finanzas Henrique Mireilles. El éxito del gobierno depende de una recuperación económica rápida. En su mayoría la población aprobó la destitución de Rousseff porque le asignaron la responsabilidad por la crisis económica. Mireilles es uno de los cuatro personajes de la guardia nueva que ya tuvo un cargo bajo los gobiernos de PT: fue jefe del Banco Central en los gobiernos de Lula.

…. Con nuevos y viejos políticos

Mireilles anunció lo que el PMDB reformuló hace un par de semanas como “puente para el futuro”. Se trata de un catálogo de medidas liberales clásicas. La responsabilidad por el sistema de pensiones paso del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Hacienda, con consecuencias inmediatas: en adelante, independiente del tiempo que contribuyeron al sistema, hombres no se pueden jubilar antes de cumplir 65 años, mujeres con 60. El ministro anunció adaptar los sueldos mínimos con cierto atraso a la inflación. La legislación laboral se flexibilizará y se subordinará a potenciales convenios colectivos. El Banco Central perderá su autonomía.

En un país que se diferencia de los países industrializados por sus desigualdades y sueldos notablemente más bajos y su expectativa de vida más reducida – aunque fuertemente creciente –especialmente la reforma de pensiones se confronta con críticas ásperas. Hasta ahora los criterios para jubilarse fueron los siguientes: un mínimo de 95 años acumulados para hombres y 85 para mujeres (la suma entre 30 años mínimos de contribuciones y la edad de las personas). Para ahorrar dinero el gobierno considera reducir el sector público inflado por llamados “puestos de confianza” y aumentos cómodos de sueldos. Se estima que solamente los costos de remuneraciones de lxs funcionarixs y empleadxs de gobierno se suman a 500 millones de euro mensuales.

Temer ya anunció que no tocará los programas de transferencias sociales del gobierno del PT – el programa de transferencias condicionadas (PTCs) Bolsa Familia, el programa de vivienda social, cuotas y becas universitarias para hijos e hijas de familias negras o pobres. Estos programas no despiertan muchas simpatías entre las familias de la clase media tradicional por miedo de competencia indeseada por cupos universitarios. Sin embargo, los costos para el fisco son limitados, los beneficios simbólicos altos y una derogación podría revitalizar las energías de movilizar masivamente a los partidarios y las partidarias del PT. Hasta ahora hay pocas señales de una resistencia pública masiva en contra de la destitución de Rousseff. Los temores de los que esperaban un paulatino desmantelamiento de los programas sociales no fueron infundadas: Hace poco el nuevo gobierno anunció el congelamiento del gasto social. Simultaneamente anunció su intención de evaluar los criterios de acceso para asegurar que programas sociales “realmente sólo benefician al 10% más pobre de la población”. Según el gobierno, solamente en los sectores de educación, salud y seguridad, el Estado debería tener un rol protagónico y retirarse de los demás ámbitos. Se terminará con el “programa para el aceleramiento del crecimiento económico” financiado por el presupuesto público. En su lugar, el gobierno intenta fomentar crecimiento y eficiencia simultáneamente a través de los instrumentos añejos de “concesiones” y PPPs ( public prívate partnerships). En esta lógica, el nuevo gobierno ya anunció una ola de privatizaciones: entre otros, las siguientes instituciones se abrirán a inversiones de capital privado: correos, el Banco Federal, la parte seguros de los cajas de ahorros, la empresa nacional aeronáutica y 230 empresas energéticas. Adicionalmente, el gobierno federal venderá su participación en la empresa de logística portuaria.

Sin confianza en la estabilidad de la situación económica, potenciales inversores no se moverán. Representantes de los empresarios enfatizaron que dentro del contexto actual no está claro, ni seguro si este grupo tendrá la confianza necesaria. Bolsa y mercados reaccionaron tibiamente positivos. Sin embargo, círculos industriales ya manifestaron sus críticas en contra de los planes del gobierno de aumentar impuestos, entre otra cosas a través de la reintroducción de impuestos por transacciones financieras. De hecho, Meirelles anunció una disminución de la carga tributaria, considerando el déficit de las cajas públicas tuvo que retroceder, diciendo que "aumentos no se pueden evitar, por lo menos no por el momento". Un discurso que especialmente los y las mayores entre los electores brasileiros escucharon más de una vez.

Al contrario de la apariencia que se quiere dar en el gobierno, en sus partes sustanciales no habrá cambio significativo de la política económica. Control de inflación, estabilidad del presupuesto y un cambio flotante también fueron cruciales durante los mandatos del PT, aunque Rousseff últimamente no logró cumplir con el objetivo de un superávit presupuestario. El agronegocio y la explotación de recursos naturales, como minerales de hierro, se mantienen como sustento de la economía de exportaciones, incluyendo todos sus fallas ecológicas y sociales. Ya bajo el gobierno de Lula se hizo un salto hacia atrás con los megaproyectos en el sector energético, las mega represas como Belo Monte y la reactivación del programa nuclear. Tanto Belo Monte como las plantas nucleares fueron proyectos originarios de los tiempos de las dictaduras desarrollistas de los años setenta. Nada señala un cambio de curso. La política de los gobiernos del PT nunca ha sido hostil para el empresariado. Al contrario, con subvenciones fuertes por parte del banco público BNDES (Banco de Desarrollo de Brasil), tanto productora de carne JBS como la empresa minera VALE se desarrollaron en gigantescas empresas transnacionales. Se reprochó al PT por su falta de inversión en infraestructura y productividad en tiempos de cajas públicas bien llenas. No fue solamente un tema de dinero sino de prioridades. En el campo de la educación, el PT sí logró llevar adelante reformas estructurales.

Hoy día el PT paga la cuenta de sus propias negligencias junto a la sociedad civil brasileira. Con la destitución de Rousseff se terminan 14 años de gobierno del PT. Es bastante poco probable que la destitución no se aprobará dentro del plazo de seis meses. Ya el 11 de mayo lxs partidarixs del impeachment tuvieron más de los dos tercios de los votos necesarios. Y no pocos dentro del PT están aliviados de deshacerse de su Presidenta poco querida. Aunque Rousseff junto a la cúpula partidaria declararon como prioridad luchar, tanto en la calle como en el parlamento por terminar con el proceso de impeachment, en realidad se están preparando por un periodo en oposición. Es una apuesta para darse un tiempo para la renovación programática y personal.

El PT es un ente ideológicamente y programáticamente heterogéneo, que hasta ahora logró amortiguar los conflictos internos por su determinación de mantenerse en el poder.

Las fuerzas de la sociedad civil, movimientos sociales y ONG hasta ahora se mueven solamente tímidamente. Ya durante la campaña electoral del 2014 prestaron su apoyo a Rousseff solamente de una forma vacilante, como un mal menor. La política de Rousseff contribuyó más a vulnerar que a proteger a los derechos de mujeres, indígenas, campesinxs y pobladores. Más aún, restó importancia a sus exigencias fusionando los ministerios de mujeres, derechos humanos e igualdad de raza.

En adelante estos temas tendrán menos relevancia y peso aún en el gabinete que subsumió estos intereses bajo el ministerio de Justicia, disolviendo el ministerio. Fuerzas de la sociedad civil a lo largo del país temen ahora que el golpe de la burguesía no se dirigirá solamente contra el PT sino en contra de todos los sectores progresistas de la sociedad y sus demandas. La suerte de los numerosos consejos, foros y otros comités con participación y voz de la sociedad civil está poco clara. Al menos se creó un Consejo Nacional para Seguridad Alimentaria la cual preside Maria Emilia Lisboa Pacheca de la ONG FASE, una contraparte de muchos años de la Fundación Heinrich Böll. Hay programas estatales para pequeñxs agricultores, incluso un programa público detallado para el fomento de la agroecología. Al menos unos indígenas y quilombolas (descendentes de esclavos fugados) lograron mejorar los títulos legales sobre sus territorios, y en particular en contra de las intervenciones de la agroindustria y la minería. Hacia el final de su mandato, el gobierno anterior expropió tierras para una reforma agraria y reconoció y protegió territorios indígenas y quilomberos. Ya en la primera semana después de asumir el poder Temer cumplió con sus promesas a la agroindustria de revocar los decretos presidenciales. Representantes del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) esperan que los conflictos territoriales aumentarán bajo Temer.

No es necesario simpatizar con el PT para entender que el proceso de impeachment es un peligro para la democracia. Su mensaje es ambivalente: Por un lado – al igual que el proceso de corrupción relacionado al llamada caso Mensalão en el Tribunal Supremo en 2013 y las investigaciones actuales sobre la corrupción dentro de Petrobras - el proceso de destitución da señales claras que incluso mandatarixs de los más altos rangos no están protegidos en contra de investigaciones jurídicas. El otra mensaje sin embargo dice: Electores, su voto por elegir directamente a la Presidenta vale poco. Si queremos sacar una mandataria poca querida antes de que termine su mandato, organizamos un bloque mayoritario en el parlamento. Lamentablemente, el electorado aparentemente aceptó esta justificación más que sospechosa.

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