Tras las lluvias torrenciales del último fin de semana, la empresa sanitaria Aguas Andinas cortó el suministro dejando a más de 4 millones habitantes de la capital sin agua potable debido a la turbiedad del Rio Maipo. Mientras el servicio se restituyó para los santiaguinos, un número creciente de chilenas y chilenas se quedó sin acceso a este bien de primera necesidad debido a la escasez hídrica.
El imperante sistema mercantil y la ferviente expansión de los agronegocios, transformó hoy en día, al agua en objeto de lucro y usura. Chile es el único país del mundo donde el agua se privatizó tanto en sus fuentes como en su provisión. El Estado dejó el suministro en en unas pocas empresas transnacionales, renunciando así, una vez más a asumir su papel regulador en aras del bienestar ciudadano. Es decir, lo que debería ser un derecho fundamental y un bien público se convirtió en mercancía. Esta injusticia, ha sido la que desde 2013 viene reuniendo a diversas organizaciones y movimientos sociales y a la ciudadanía en general, en la lucha del agua como bien común y público. En este contexto, es que se realizará la IV Marcha Plurinacional por la Defensa de las Aguas y los Territorios en Temuco, sur de Chile y capital de la Araucanía. Históricamente la región enfrenta serios conflictos territoriales debido a la continua usurpación, saqueo y aprovechamiento de los territorios de las comunidades indígenas por parte del Estado y de las grandes empresas vinculadas con la agroindustria, hidroeléctricas, mineras e industria forestal, entre otras.
"La marcha se llevará adelante en el territorio más emblemático del país, el Wallmapu, que se encuentra absolutamente criminalizado por el gobierno actual, sitiado por el Estado de Chile, donde han sido usurpados los derechos ancestrales del pueblo mapuche y despojados de bienes esenciales como el agua y la tierra", afirmó Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento en Defensa y Recuperación del Agua, MODATIMA. Por su parte, Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram aludió que "necesitamos mucha fuerza local y territorial para comprender el tema del agua y generar los cambios que necesitamos. Este año es clave en ese sentido porque hay elecciones municipales, entonces impulsar una agenda del agua a nivel territorial podría ser un buen desafío para el año 2016".
La privatización del agua y su acaparamiento por parte de las grandes empresas, son, sin duda, dos de los problemas más urgentes que sufren las comunidades del país. El 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas se encuentra en manos de firmas mineras y agroexportadoras , lo que está causando graves efectos nocivos en la salud de las personas, degradación del ecosistema y migraciones forzadas. "Si tuviéramos que elegir cuál es el problema más apremiante que está generando mayor presión y sufrimiento en las comunidades, que está generando migraciones masivas y grandes pérdidas productivas en sectores campesinos de subsistencia e incluso también en sectores exportadores de productos agrícolas, es el conflicto del agua, el que lamentablemente es irreversible", señaló Sara Larraín, directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable, y agregó que "entre la Araucanía, el sur del Bío-Bío y partes de la región de los Ríos, tenemos en territorio indígena unos 60 proyectos hidroeléctricos sin ninguna consulta, lo que es una colonización energética brutal”.
Derecho Humano al agua
El Comité de las Naciones Unidas de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó, en noviembre de 2002 una observación general en la que establece que "el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna" y lo define a este como “el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico”. Asimismo, en 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
Sobre esta política, en Chile, el Código de Agua formulado en el año 1981, durante la dictadura pinochetista se encargó de transformar el agua en un bien de capital. Si bien existen intentos por modificarlo, para Mundaca la reforma al Código de Agua que envió Michelle Bachelet al Congreso es meramente cosmética porque no aborda cuestiones que son esenciales como la derogación del artículo 19, numeral 24 de la Constitución política del ochenta, que declara las aguas como bien privado y no aborda la necesidad de derogar el artículo 55 del Código de Agua que le confiere prerrogativas al uso de las aguas para la extracción de minerales".
En el país, la lucha por la recuperación del agua en la V Región, cada vez toma mayor fuerza. La Ligua y Petorca son las comunas mayormente afectadas por la crisis hídrica. Los habitantes no tienen otra opción que abastecerse de agua por camiones aljibes y apenas les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. En estos lugares, el problema principal radica en el alto consumo de agua que utilizan los grandes empresarios para el cultivo de paltas, siendo uno de los principales dueños de estas plantaciones el empresario y político demócrata cristiano, Edmundo Perez Yoma, quien ya en reiteradas ocasiones ha sido acusado de usurpar el agua de los campesinos de Petorca.
Es tal el impacto medioambiental y social que está generando la crisis hídrica en estas localidades, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dio cuenta, en el Informe de Observación de la Provincia de Petorca del año 2014, de la grave violación de derechos humanos que existe a los habitantes de estas comunas. El documento determina que "de acuerdo a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, al INDH le parece fundamental que el Estado tenga presente su obligación de brindar una protección efectiva frente a los abusos de derechos humanos cometidos en este caso por empresas agrícolas y mineras presentes en el área. Para ello, considera fundamental que este adopte con urgencia medidas que incluyan la adopción de medidas de legislación reglamentación y sometimiento a la justicia frente a la afectación por estas empresas del derecho al agua".
Los gobiernos siguen haciendo oídos sordos ante la demanda, sin embargo, se espera que la marcha, en su cuarta edición siga generando conciencia ciudadana pero sobre todo presionando a los gobiernos de turno para que realicen el cambio constitucional necesario que eleve al agua a su categoría de derecho humano fundamental.