Ambos acuerdos son negociados a espaldas de la ciudadanía
El TPP (Acuerdo Transpacífico) y El TTIP (Acuerdo de Comercio e Inversión Transatlántico) son dos mega acuerdos comerciales que, como ha señalado Barbara UnmüBig, presidenta de la Fundación Heinrich Böll, han sido negociados como si se tratara de acuerdos entre privados. El secretismo que los cubre y las imposiciones de nuevas reglas de comercio, inversión y política interna, son algunos de los puntos más críticos de ambos Tratados.
Durante esta semana, entre el 26 de septiembre y el 01 de octubre, técnicos y ministros están reunidos en Atlanta, Estados Unidos, para intentar cerrar las negociaciones de uno de ellos: El TPP.
Los ministros de comercio de los 12 Estados de Asia-Pacífico que conforman este acuerdo espera cerrar a la brevedad el tratado que lleva más de 5 años negociándose en secreto. Según las informaciones oficiales, solo faltaría cerrar tres de los 30 capítulos que lo conforman. De todos los capítulos, una pequeña fracción corresponde a materias comerciales, el resto, son asuntos que, con creces, rebasan los límites del intercambio, como :propiedad intelectual, medicamentos, regulación de internet, mercados financieros, empresas estatales y medio ambiente, entre otros. Este marco configura un Tratado que no solo configurará el régimen comercial, sino también la estructura de las políticas públicas al interior de cada uno de los estados miembros.
La firma de este tratado, que lleva negociándose cinco años a espaldas de la ciudadanía, en primera instancia transgrede los derechos básicos de acceso a la información a la sociedad civil ya que hasta el momento sólo se han conocido tres capítulos a través de filtraciones. Más aún, ni siquiera los legisladores han podido tener acceso pleno a los textos del tratado. Por ejemplo, se ha denunciado que en los Estados Unidos, los legisladores tienen permiso de revisar los textos en salas especialmente acondicionadas, sin la posibilidad de llevar registros. Este ocultamiento, en si mismo constituye una transgresión de la potestad legislativa que tienen los parlamentos, pero además, configura un patrón peligroso de establecimiento de reglas de diversa índole. Además del secretismo en que se ha llevado a cabo esta negociación, la firma del TPP, vulneraría los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los países involucrados, además de enfatizar en la inequidad e insustentabilidad ambiental de los territorios comprometidos.
Uno de los aspectos que más preocupa y que afectaría directamente a la población es el establecimiento de reglas más estrictas en la propiedad industrial farmacéutica, lo que obviamente provocaría un alza de precios de los medicamentos afectando así en el derecho al acceso a estos, causando así la precarización en los sistemas públicos de salud. Para evitar estas nefastas consecuencias, más de cincuenta organizaciones, parlamentarios y ciudadanos de diversos ámbitos conformaron la plataforma ciudadana “Chile mejor sin TPP”, la que a través de una Declaración Pública, dieron a conocer el pasado lunes su rechazo a que Chile sea parte de este Tratado.
Además de manifestar al Estado su absoluto rechazo al TPP, esta articulación pretende dar a conocer a la población en general, todas las implicancias negativas que conllevaría esta firma en su vida cotidiana, efectos que hasta ahora son casi desconocidos para el común de la ciudadanía. Para la Fundación Heinrich Böll la aprobación de este Mega-Acuerdo es una gran preocupación a nivel internacional, debido a las distintas repercusiones que tendría en el estancamiento de las economías en desarrollo y en la sustentabilidad ecológica.
La fundación, en el marco sus objetivos de fortalecimiento de la democracia, apoya el desarrollo de instancias de reflexión que permitan el fortalecimiento de una ciudadanía conciente y emperadada de sus derechos fundamentales y que, a través de estos tratados (TPP y TTIP) se ven limitados, o derechamente vulnerados. El desafío actual, para la ciudadanía es convertir esta Plataforma en campos de articulación política que evite que los Estados superpongan los aspectos económicos por sobre los otros derechos humanos (Sociales, ambientales, culturlares)permitiendo que las desigualdades interdependientes acrecienten los patrones de inequidad global que caracterizan la etapa actual del modelo de desarrollo.
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