"Ni corruptos ni empresarios, que Chile decida su educación"

"Ni corruptos ni empresarios, que Chile decida su educación"

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El movimiento estudiantil chileno vuelve a marchar

Más de 100.000 estudiantes, representantes de movimientos sociales, de sindicatos y cientos de ciudadana/os enfadada/os se reunieron el pasado 16 de abril en la primera marcha del año 2015 convocada por el movimiento estudiantil por la educación y contra la corrupción política. Esto a sólo un año del inicio segundo gobierno de Bachelet, el que se ha visto inmerso en una profunda crisis política, marcada por la falta de confianza y las protestas crecientes provenientes de una sociedad civil chilena que, hasta hace poco, parecía más bien despolitizada.

Aunque los medios de comunicación y el público interpreten la crisis actual como un escándalo de corrupción, este término es insuficiente para describir la verdadera dimensión de la crisis política. Lo visto sobre los escándalos de los últimos meses refleja, sin duda, un problema estructural del sistema político chileno: la colonización del sistema político por parte del poder económico.

Durante las investigaciones del caso del Grupo Penta, las prácticas del financiamiento irregular de campañas políticas y del fraude fiscal –prioritariamente para políticos de la derecha– salieron a la luz. En tanto, las informaciones en el contexto del caso de la empresa minera Soquimich (SQM) que se hicieron públicas hasta la fecha prueban que partes relevantes del gobierno chileno y de la/os parlamentaria/os –incluyendo partidos políticos desde la derecha hasta la izquierda– recibieron dinero de grandes empresas por campañas electorales y/u honorarios por supuestos servicios prestados. Lo que incluiría incluso a ministros actualmente en ejercicio y más de 50 parlamentarios.

A principios de este año, el proyecto de una ley para la protección de los glaciares andinos, que representan reservas estratégicas de agua dulce, fue paralizado de manera abrupta, porque parlamentarios, incluyendo a los socialistas Daniel Melo y Maya Fernández, retiraron su apoyo para la protección de los glaciares y firmaron un protocolo del gobierno, que demoró en hacerse público y que, en lo central, no da certezas de protección efectiva sobre los glaciares y el entorno periglaciar y que sirve los intereses de la empresa minera estatal CODELCO. El proyecto, dadas sus características, solamente protege los glaciares en el sur del país, excluyendo los glaciares en el centro y el norte de Chile, donde CODELCO y otras empresas mineras querían evitar eventuales conflictos de intereses.

En otro ámbito, hace un par de días un grupo de pescadores artesanales presentó una denuncia contra la empresa pesquera del Grupo Angelini, Corpesca, por supuestos pagos de soborno a los senadores de la comisión de Pesca para influir la tramitación de la Ley Longueira que privatizó las recursos marinos en favor de empresas industriales.

Aunque las investigaciones penales no están terminadas aún, se evidencia un escándalo de una dimensión tan grande que no solamente lleva a las herramientas convencionales para la medición de democracia de Transparency International o el Freedom House Index ad absurdum, que siempre certifican notas excelentes para Chile, si no que desenmascara el carácter de la supuesta “democracia modelo”. Con solo la punta del iceberg a la vista, se puede afirmar el carácter plutocrático del sistema político chileno: es decir una influencia sobredimensionada de intereses empresariales tanto en las campañas electorales como en los procesos de toma de decisiones. Por tal motivo, el New York Times ya posicionó a Chile dentro del club de los demás países latinoamericanos caracterizados por escándalos políticos y de corrupción.

En el Chile post-autoritario no gobierna tanto el demos sino los empresarios, que se enriquecieron en el marco de las privatizaciones realizadas por el régimen militar y que estaban tratando de defender sus privilegios y intereses a cualquier precio contra las imponderabilidades de las decisiones mayoritarias y democráticas, pese a que la Constitución autoritaria de 1980 garantiza el control por parte de las minorías que favorece a la derecha; y que en su artículo 19 incluye sendas garantías para la protección de la propiedad privada y de los intereses empresarios. A pesar de la protección constitucional de sus intereses particulares en el Chile post-autoritario, las grandes empresas adicionalmente trataron de asegurar sus intereses vía un financiamiento extensivo de campañas políticas y pagos de “honorarios” a políticos. Aunque el fenómeno no es nada nuevo, solamente en el contexto de los últimos escándalos, estas prácticas abiertamente anti-democraticas se investigan por primera vez de fondo.

Como respuesta, el gobierno está recurriendo a sus medidas habituales: convoca a comisiones de expertos, con el objetivo de simular la proximidad al ciudadano y de hacer fin con las protestas o bien despolitizarlas.  Considerando el nivel de corrupción de la clase política y el hecho de que las instituciones son parte del problema, parece casi gracioso que los mismos políticos que están actualmente acusados de recibir financiamientos ilegales (o por lo menos democráticamente sospechosos) de sus campañas y/o por recibir honorarios de grandes empresas y/o fraude al fisco llaman a una solución institucional para salir de la crisis de legitimidad.

La sociedad civil, despolitizada en su mayor parte después de la última ola de movilizaciones estudiantiles, se despierta poco a poco y se escandaliza. “Que se vayan todos“, la demanda popularizada en Argentina durante la crisis del 2001, se transformó en el lema de los movimientos sociales chilenos, que salieron el 16 de abril a las calles no solamente en Santiago, sino en todo el país para una reforma estructural y/o una reforma constitucional. Dentro de este panorama hay cada vez más voces en la sociedad civil chilena que demandan una Asamblea Constituyente y que rechazan una solución “institucional”.

El éxito de una salida de la crisis a través de reformas estructurales dependerá, sobre todo, de la capacidad de organización y articulación de un movimiento social opositor –que hoy se encuentra fragmentado–; de su facultad de construir alianzas transversales franqueando diferencias estratégicas, ideológicas y de agendas entre el movimiento estudiantil que está luchando por la educación como bien público, los movimientos sociales luchando por la recuperación del agua, los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil como las que marcharon el 8 de marzo para defender los derechos sexuales y reproductivos en contra de estructuras patriarcales y los regionalistas pugnando por una agenda descentralizadora para canalizar y politizar las manifestaciones y empujar por una transformación de las estructuras oligárquicas de la sociedad chilena para abrir el espacio para una refundación democrática de la plutocracia chilena.

22.4.2015, Santiago de Chile, Ingrid Wehr, directora Oficina Regional Cono Sur Fundación Heinrich Böll

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