En 2012, a un año de la explosión social del descontento en torno a la educación chilena, el apoyo a las demandas no parece agotado y no hay razones para concluir que éste vaya a decaer; de acuerdo con la encuesta CEP de abril de 2012, el problema más importante al que debiese enfocarse el gobierno sigue siendo la educación, por sobre la delincuencia, salud u otros.
Magnitud y duración se conjugan en el conflicto de la educación en Chile, lo que no puede sino explicarse por una fractura en el consenso político-social que dio sustento al desarrollo del modelo educativo. La expresión de este quiebre redundó en la identificación del lucro como el elemento clave del problema, y los efectos perversos que pudieran suscitarse en un sistema donde más de la mitad de la matrícula se concentra en instituciones privadas.
Adicionalmente, a través del “problema lucro” se hizo evidente la falta de información fidedigna y oficial sobre el mercado de la educación superior, visibilizando el funcionamiento tipo “caja negra” que posee. Al respecto, cincuenta y seis diputados solicitaron la formación de una comisión investigadora que “inicie las indagaciones a fondo del sistema y su forma de ingreso, determine la legalidad del instrumento utilizado por las universidades para lucrar con la educación terciaria, evalúe los conflictos de interés que puedan existir, evalúe el financiamiento de las universidades
públicas, rendición de cuentas respecto de los dineros aportados por el Fisco de Chile y, en general, el funcionamiento de éstas, recabe información sobre todo lo que estime necesario recibiendo para tales efectos a los estudiantes, rectores, inmobiliarias, consorcios internacionales y demás actores involucrados, y proponga lo que considere pertinente para mejorar el Sistema de Educación Superior de Chile y, en particular, la Educación Superior Estatal”.
Del sistema se conocen, en general, los contornos de su diseño y la lógica que sustenta su desarrollo: ampliar el acceso a un bien esencialmente público mediante una estrategia de provisión privada del mismo. Son conocidos también los datos sobre evolución de la matrícula y el tamaño de las instituciones en esos términos. Sin embargo, y tal como se argumentó más arriba, la información de los flujos de dinero que se mueven en el mercado de la educación superior es prácticamente inexistente, cuestión de suyo relevante en la medida que los volúmenes monetarios que ingresan al sistema provienen, en su mayoría, de la capacidad de pago y endeudamiento de los propios estudiantes.
Todos estos temas e inquietudes están volcados en este informe preliminar de investigación realizado por el CEFECH con apoyo de la oficina Chile de la Fundación Heinrich Böll, con el objetivo de echar luz sobre los aspectos menos visibles y menos debatidos de la crisis de la educación a un año de las protestas estudiantiles que repercutieron en todo el mundo y dejaron de manifiesto el problema central del sistema universitario chileno.