La sinuosidad de la legalidad y el regreso de los dinosaurios

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Foto: Kaus Ehringfeld

 

 
por Gabriela Carías, Tegucigalpa

“Los amigos del barrio pueden desaparecer
Los cantores de radio pueden desaparecer
Los que están en los diarios pueden desaparecer
La persona que amas puede desaparecer.
Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire
Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle.
Los amigos del barrio pueden desaparecer,
Pero los dinosaurios van a desaparecer.”
Los Dinosaurios- Charly García

El 28 de Junio del 2009, América Latina y el mundo observó atónita en Honduras el regreso de los golpes de estado como modus operandi para derrocar a mandatarios legítimamente electos.

Lo que distancia éste golpe de estado de eventos similares en el pasado de la región consiste en que la aprehensión del Presidente del país fue realizada por las Fuerzas Armadas en seguimiento de una orden judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Esta medida se justificaba, según éste órgano del estado, por el desacato a las leyes por parte de Manuel Zelaya tras intentar realizar, el día de su captura y expulsión del país, una consulta popular no vinculante sobre una cuarta urna para las elecciones presidenciales a realizar en Noviembre.

Se trata, pues, de un golpe de estado perpetuado por las Fuerzas Armadas del país, en coalición con el poder legislativo y judicial. Se trata de un golpe de estado perpetuado desde el calor y la comodidad que proporciona la legalidad sinuosa y arbitraria de una democracia epidérmica en la cual, por una orden del poder judicial, deponer a un presidente y expulsarlo del país puede ser, a la sazón de muchos, constitucional y democrático.

Tras este razonamiento, las autoridades golpistas denominan al golpe de estado una “destitución constitucional”, abrigadas en la legalidad jurídica artificialmente construida para el beneficio de sus propósitos, y solicitan a la comunidad internacional no apresurar sus veredictos ante la necesidad de conocer a fondo la problemática.
A nivel nacional, los medios de comunicación han realizado una labor clave en la legitimización del golpe por parte de la colectividad, participando, de manera voluntaria o mediante la intervención del gobierno de facto, en un cerco mediático jamás visto en la historia democrática reciente del país. Las opiniones en contra de las acciones de destitución, aplacadas por la militarización de estaciones de radio y televisión, no han encontrado en el ámbito nacional suficiente espacio para hacer contrapeso a las masivas campañas a favor del golpe de estado.
De tal manera, en los días sucesivos a la expulsión del mandatario, la sociedad hondureña ha presenciado una suerte de medición de fuerzas desiguales, un pulso entre sectores sociales en el que los que están en contra del golpe y a favor del regreso del Presidente buscan denunciar el carácter represivo y autoritario del gobierno de facto; y los que están a favor buscan demostrar al mundo cuán democrático es derrocar, por medio de la fuerza militar y sin juicio pertinente, a un presidente democráticamente electo, en consideración de sus actos administrativos erróneos, y su relativa impopularidad. Se desea demostrar al mundo, desde aquellos que detentan el poder económico y político del país, la validez de la máxima “los fines justifican los medios”.

En el corazón de éste pulso social, la legitimización de un “golpe democrático” pasa también por una aprobación tácita o explícita por parte de la población de la máxima mencionada, y de los medios utilizados por el gobierno de facto para asegurar la estabilidad social. Por lo tal, muchos sectores sociales aprueban la suspensión de las garantías constitucionales durante el toque de queda impuesto hace una semana, y hacen caso omiso a la supresión de la libertad de movilización, de prensa y expresión, a la ocupación militar de las instituciones del estado, las represiones a las manifestaciones populares en contra del golpe, la persecución, secuestro y arresto de líderes sociales, la supresión de la libre circulación de personas, y una serie de violaciones a los derechos humanos ya denunciados por organismos intencionales. Estos sectores sociales, defensores por antonomasia de las libertades básicas asociadas a tradición liberal, aprueban bajo el régimen golpista medidas antaño consideradas inaceptables, bajo el espectro de una democracia tan elástica que abarca y perdona a todos los que creen en ella, y que se contradice en sus actos al declarase no golpista.

Tras la realización de una visita a Honduras por parte de la Misión por la Democracia y los Derechos Humanos Guatemala-Honduras, encabezada por Rigoberta Menchú, Premio Nóbel de la paz, la misión se pronunció sobre el involucramiento de todas las instituciones del Estado de Derecho en el golpe, incluyendo al mismo Comisionado por los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio. Asimismo, constató “el uso desproporcionado de la fuerza militar para reprimir acciones de objeción a la acción de facto… generando un número importante de violaciones a los derechos humanos…(que) ponen en riesgo además el derecho a la vida y a la integridad personal” . Igualmente, calificaron como críticas las condiciones del país, “en tanto que el golpe de estado ha conducido al sistema político, de derechos humanos y jurídico a una situación de ilegalidad que genera la desprotección de la ciudadanía, en general, y de las organizaciones sociales y de derechos humanos, en particular.”

La ironía de una democracia golpista, insustentable desde una visión externa, ha resultado en reacciones unánimes de amenaza de aislamiento diplomático y condena al golpe por parte de la comunidad internacional, y la solicitud de la restitución de Manuel Zelaya para propiciar cualquier proceso de diálogo y conciliación nacional.
En ese sentido, si bien es clave la beligerancia de la población y de la sociedad civil organizada en la exigencia de la reinstauración del orden constitucional violentado, la esfera de influencia de los organismos internacionales en la política formal del país pareciera ser la salida más inmediata y eficiente a la crisis.

La presión de bilateral y multilateral al gobierno de facto podría facilitar que actores estratégicos a nivel local - sector empresarial, diputados del congreso, medios de comunicación, representación estadounidense en Honduras- debilitaran su apoyo y aislaran al poder ejecutivo, y podría propiciar la apertura al diálogo nacional e internacional, tras la restitución del orden constitucional en el país.

De no otorgarse posibilidades al diálogo, los efectos de un aislamiento político y económico en un país tan empobrecido y dependiente del exterior como Honduras afectarían drásticamente las posibilidades de desarrollo de la población. La Organización de Estados Americanos ha expulsado a Honduras del organismo, lo cual podría implicar sanciones en diferentes niveles y formas, ya sean económicas, políticas y diplomáticas, a nivel multilateral y bilateral.

Los efectos económicos de éste aislamiento podrían pasar por una profunda afectación al sistema financiero, la disminución del flujo de petróleo, la disminución de exportaciones e importaciones, grave en un país con una balanza comercial desfavorable, entre otros aún por definirse.

Por otra parte, el Banco Mundial ha anunciado congelar los desembolsos al país mientras no se reinstaure el orden constitucional, y se espera reacciones encaminadas al aislamiento por diferentes representaciones diplomáticas de los países miembros de la Unión Europea.

Charly García, por medio de su canción “LOS DINOSAURIOS”, ofrecía a América Latina la promesa de que los golpes de estado, la represión y el secuestro de la población serían, en algún momento en el futuro, nada más que un fantasma de regímenes autoritarios desaparecidos. Lastimosamente, en las calles y el gobierno de Honduras los dinosaurios reaparecieron, y sus violaciones a los derechos humanos dejaron ya huellas indelebles en la memoria colectiva hondureña.

Más allá de las fronteras nacionales, los efectos de la continuación del gobierno de facto hondureño podrían representar, en América Latina, un retroceso de 50 años en la cultura política de la región, y el triste quebranto de la promesa hecha con tanta esperanza en un pasado que creíamos ya enterrado en los escombros más oscuros de nuestra historia.

Gabriela Carías trabajó en la Heinrich Böll Stiftung, Oficina El Salvador ,de junio 2006 hasta mayo 2009, ultimamente como coordinadora de proyectos.